El jueves 20 de octubre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) eligió al nuevo Procurador General a partir de una terna enviada por el Ejecutivo el pasado agosto: Juan Carlos Larrea.
Larrea fue el elegido luego de que el CPCCS descartara de la terna a Juan Enmanuel Izquierdo Intriago —actual director regional de la Procuraduría— y Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón.
Tras la revisión de requisitos y la fase de impugnaciones, Larrea, un abogado guayaquileño, fue designado como Procurador General.
Larrea es socio de la firma guayaquileña LCB abogados —cuyo nombre es por las iniciales de los tres socios principales: Larrea, Juan Javier Canessa y Roberto Barriga.
En la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) tiene registrado el título de abogado, entregado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Según el sitio web de su firma de abogados, se graduó con honores (Magna Cum Laude).
Su perfil profesional en el sitio web de la firma de abogados dice además que ha sido profesor de Derecho Tributario, Derecho Comercial, Obligaciones en pregrado y Derecho de Competencia Desleal, en postgrado, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Juan Carlos Larrea Valencia abogado de los tribunales de la republica y catedrático universitario fue designado como primera autoridad de la @PGEcuador por el pleno del #CPCCS#DesignamosConTransparencia #DesignamosProcurador pic.twitter.com/6WWCFj6NRl
— Participa Ecuador (@CpccsEc) October 21, 2022
El perfil dice también que trabajó “en uno de los bancos más importantes del país (1996-1998)”; ocupó el cargo de Jefe Regional del Departamento Legal del Servicio de Rentas Internas, entre 1999 y 2000. Trabajó también como asesor legal del Ministro Coordinador de la Producción entre 2000 y 2001.
Según el sitio web la firma en la que aún es socio, ha trabajado en asuntos corporativos, comerciales, tributarios y administrativos, así como la coordinación del departamento litigioso de la firma. Juan Carlos Larrea fue luego el gerente legal de Holcim Ecuador, una de las corporaciones más grandes del país, entre 2011 y 2013.
En la información descargada de la Superintendencia de Bancos —un listado de 600 páginas— Larrea aparece como accionista del Banco de Guayaquil desde 2009,
¿Cómo se eligió a Juan Caros Larrea?
El Ejecutivo envió una terna en la que constaban tres nombres:
- Juan Enmanuel Izquierdo Intriago
- Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón
- Juan Carlos Larrea Valencia
El equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debió, en primer lugar, revisar que los tres cumplieran los requisitos para ser candidatos a Procurador General.
Una vez superada esta etapa, los ciudadanos podían impugnar los nombres presentados por el Ejecutivo. Esto quiere decir que cualquier persona que conozca alguna razón por la cual alguno de los tres ciudadanos no pueda participar en la selección, podía presentar sus argumentos ante el CPCCS.
De los tres, dos recibieron impugnaciones
La impugnación en contra de Yolanda Salgado fue porque, supuestamente, no contaba con la probidad necesaria para ejercer el cargo de Procuradora General. La impugnante, María Belén Delgado, aseguró que existe una denuncia pública porque Ecuador habría hecho un préstamo de armas antidisturbios al gobierno de Bolivia, a través de un proceso poco transparente, cuando Salgado era Coordinadora Jurídica del Ministerio del Interior —entidad que habría estado a cargo de hacer el supuesto préstamo.
Según los señalamientos de la impugnación, esta denuncia implicaría, al menos, un caso de omisión frente al manejo responsable de los fondos públicos.
Salgado se defendió diciendo que entre sus competencias no constaba la facultad de autorizar ni intervenir en el caso y que no existe prueba alguna que la involucre, ni directa ni indirectamente, en esa supuesta entrega de armas a Bolivia.
El nombre de Juan Izquierdo también fue impugnado por Sohar Romero. El impugnante argumentó que Izquierdo fue parte de supuestas irregularidades en el proceso de funcionamiento y operación de dos yates para las islas Galápagos, mientras Izquierdo era funcionario de la Dirección Regional de la Procuraduría General, es decir funcionario público, “intervino en el secuestro de los barcos por parte de una compañía transnacional que posteriormente intervino en el mismo caso, en nombre de la Procuraduría y que usó la credencial de esta entidad para visitar a jueces y funcionarios municipales con el fin de perjudicar a la empresa nacional”, según consta en el sitio web del CPCCS.
Izquierdo reconoció que presenció una de las diligencias en este caso porque el abogado que representaba a la empresa involucrada era su familiar. Dijo que acudió “a presenciar” la audiencia, pero “fue un sábado y fuera del horario laboral”, dijo.
Juan Carlos Larrea fue el único postulante que no recibió impugnaciones.
Ambas impugnaciones fueron rechazadas por el pleno del CPCCS y luego vino la última fase en la que cada candidato presentó su plan de trabajo y finalmente, en la sesión 40, del 20 de octubre, se designó a Larrea como el nuevo Procurador General.
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