En las últimas semanas, a las personas que se han cruzado por mi camino –estudiantes, taxistas, amigas, hijas, vendedoras, cuidadoras, parientes, profesionales— les he preguntado cómo van a votar en la consulta popular. Pero la gran mayoría no tiene idea de qué va ni para qué sirve.
El gobierno nos vende la idea de que esa consulta va a resolver tres problemas que tenemos en el Ecuador: la inseguridad ciudadana, la falta de representación democrática en la Asamblea Nacional, y la crisis ambiental.
Tenemos estos tres problemas, sin duda, y los sentimos cotidianamente. Pero no son los únicos. Por nombrar algunos que no tienen atención ni eco en la consulta están la desnutrición y la mortalidad infantil, el empleo precarizado, el problema de un seguro social que pagamos y que nos bota al lucrativo negocio de las aseguradoras privadas, la violencia intrafamiliar, entre muchos más.
Pero aquí quisiera evaluar si la consulta popular planteada por el gobierno de Guillermo Lasso es honesta y de buena fe. Para ello utilizaré tres parámetros: cuánto la consulta contribuye a la profundización de la democracia, qué tan comprensibles son las preguntas, y qué tan eficaz es la consulta para resolver los problemas planteados.
La profundización de la democracia
Una consulta popular, a primera vista, es un mecanismo democrático que permite la participación de la ciudadanía. Suena a un mecanismo que nos permite, con nuestro voto, participar en las decisiones que toman las autoridades.
Sin embargo, no siempre una consulta popular profundiza la democracia. También la puede distorsionar, se presta a la manipulación y puede, incluso, ser una burla.
Para poder saber si una democracia se enriquece o empobrece con una consulta usaré el concepto de alta y baja intensidad.
En una democracia de alta intensidad la consulta es un punto de llegada. Por ejemplo, el diagnóstico del problema, la formulación de la pregunta y la implementación de la consulta son el resultado de un proceso de participación democrática amplia, lenta e inclusiva. La participación es, como suelen decir: desde abajo. Esto significa que la iniciativa viene desde los barrios, la gente, “el pueblo”, las personas más vulnerables que sufren los problemas.
Este proceso, que se da en una democracia de alta intensidad, requiere tiempo, paciencia, información, debate y consensos.
La democracia de baja intensidad, en cambio, es un punto de partida. La iniciativa viene de quien ejerce poder y de su círculo cercano. Atrás hay una motivación que suele ser elitista, que desconfía del pueblo para comprender los problemas y para formular las preguntas. Cuando se hace una consulta desde quien ejerce el poder político, sin contar con la gente que sufre los problemas, la perspectiva es miope, no llegan al fondo de los problemas y suele haber una mirada interesada. Además, se vulnera un principio básico de la democracia: las personas tienen derecho a participar en todos los asuntos que son afectadas.
Históricamente, las consultas populares en Ecuador han sido de baja intensidad. La planteada por el gobierno de Lasso no es la excepción.
Por otro lado, cuando no se llega al fondo de los problemas planteados con la consulta, lo más seguro es que haya otros intereses políticos o económicos: por ejemplo, hacer la consulta plebiscitaria para conseguir legitimidad política o para cambiar las regulaciones ambientales.
En otras palabras, cuando la consulta es fruto de un proceso deliberativo (democracia de alta intensidad), entonces enriquece la participación ciudadana. Por el contrario, cuando es una mera formalidad y no cuenta con la comprensión y participación de las personas consultadas, la democracia se empobrece y se tiende a la manipulación política.
El proceso deliberativo más cercano a una democracia de “alta intensidad” se dio cuando se abrió la posibilidad de dialogar con el movimiento indígena, después de las protestas de junio de 2022. Las mesas de diálogo tuvieron una agenda de 10 puntos que iban desde subsidios a combustibles, moratoria de deudas, precios justos, empleo, moratoria ampliación frontera extractiva, derechos colectivos, no privatización sectores estratégicos, control de precios, salud y educación, seguridad ciudadana.
Si se compara estos 10 temas con el sentido de las preguntas de la consulta de febrero de 2023 en los asuntos de seguridad ciudadana, democracia y ambiente, es evidente la enorme distancia que hay entre ambas. Con esta comparación, se podrá concluir que no hubo relación entre lo discutido en las mesas y lo formulado en la consulta popular.
Por eso, me temo que la consulta del presidente Lasso se enmarca en un proceso electoral propio de una democracia de baja intensidad.
Lasso, el 29 de marzo de 2022, cuando habló sobre la posibilidad de una consulta popular. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicación.
Qué tan comprensibles son las preguntas
El decreto ejecutivo que justifica y enuncia las preguntas para la consulta tiene 41 páginas.
Las preguntas ya pasaron el filtro de la Corte Constitucional. Se supone, entonces, que las preguntas respetan la libertad del elector, y que son claras. Pero, ¿realmente son fáciles de entender? Además de aburrido, me parece que los textos tienen complejidades que dificultan comprender el contenido de la consulta.
Dos cosas me llaman la atención: la primera es que cada pregunta viene acompañada de una cantidad excesiva de anexos que confunden cuando lo que debe hacer el ciudadano es decidir entre un sí y un no. La segunda es la atribución para legislar que tendría el ejecutivo y otras entidades estatales no parlamentarias, si la consulta se aprueba.
Un anexo, en los trabajos académicos, suele contener todo lo que se tuvo que sacar del cuerpo de una investigación, o lo que resultó prescindible en ese texto principal. Pero no es el caso en esta consulta: acá el anexo es lo más importante. En ellos está la enmienda de la Constitución, y es clave revisarlos pero, al hacerlo, también es complicado entender el alcance de la consulta.
Las preguntas de la consulta popular tienen que ser coherentes con la explicación de por qué se las están planteando —a esto le llaman “considerandos”— y también con los problemas que abordan. Ahí parecen existir dificultades: en las papeletas que recibamos los ciudadanos al momento de votar, no estarán esos motivos por los que se plantea la consulta. Tampoco estará lo que dice la Constitución vigente y lo que se propone para reformarla.
En conclusión: para la ciudadanía no es evidente entender lo que la enmienda deja, quita, o agrega a la Constitución vigente.
Los anexos, además, tienen una sorpresita: a las enmiendas se añaden normas derogatorias, generales y transitorias. Es decir, en la consulta existe un verdadero paquete de reformas constitucionales que, como en todo proyecto que busca cambiar las normas, debió haberse sometido a una deliberación y a una decisión aprobada por una mayoría en la Asamblea.
Si antes de leer el “es decir” no saben qué significa esto, entonces vayan viendo que la consulta no es clara.
Por ejemplo, la pregunta 5 está planteada de una manera muy compleja: elimina cuatro numerales de un artículo constitucional, elimina dos artículos de la Constitución y reforma otro, agrega un numeral a un artículo, cambia de numeración a cuatro normas, agrega otros tantos 9 artículos (que tienen a su vez 15 numerales sumados).
En total, esa enmienda contiene más de 50 disposiciones normativas que afectan a la Constitución vigente.
El segundo tema que preocupa sobre las preguntas, como lo mencioné, son las atribuciones temporales para el Presidente y otras instituciones del Estado.
En el anexo a la pregunta 1, 3, 7 y 8 se establece que, hasta que la Asamblea Nacional reforme las leyes pertinentes, el gobierno —a través de los ministerios correspondientes— expedirán normas para adecuar la Constitución enmendada. En las preguntas 2 y 4 también se delega que la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE), respectivamente, expidan normas.
Acá aparece un régimen de excepción muy poco democrático en el que órganos no parlamentarios (Fiscalía y CNE por nombrar a dos) establecen normas con igual peso que una ley. Esto podría ocurrir, de acuerdo con nuestra Constitución, solo cuando ha operado la muerte cruzada y se ha disuelto la Asamblea. En este caso excepcional, la Corte Constitucional controla que no haya vulneraciones a la Constitución.
Pero si esta consulta se aprueba, habría un régimen de excepción y sin control constitucional.
El poder ejecutivo, en algunos de los temas, va a legislar. ¿Dónde queda, entonces, la división de poderes durante ese tiempo?
Muchos dirán que de otra manera la consulta no sería inmediatamente efectiva y que la Asamblea Nacional, como ya conocemos, hace todo menos legislar de forma oportuna. Y estoy de acuerdo.
Pero aun así no deja de llamar la atención que una consulta promueva una acumulación de poderes en una función del Estado, y que en ciertas normas suprima el debate parlamentario por más de un año.
Tantos temas y tan complejos, difíciles de comprender, no se pueden regular de forma adecuada mediante una consulta. El mejor mecanismo es la deliberación parlamentaria, es decir un debate en la Asamblea. En este punto la consulta, una vez más, tiene un déficit democráctico considerable.
El ministro Francisco Jiménez después de entregar las tres preguntas extra de la consulta popular. Fotografía tomada de Twitter del Ministerio de Gobierno.
La eficacia de la consulta
El tercer y último punto que quiero plantear es cuán efectiva es la consulta. ¿En realidad vamos a tener seguridad ciudadana con la extradición y con el aumento de poderes de la Fiscalía?
La respuesta es no.
A partir de 1985, en Colombia, además de haber extraditado a varios de sus ciudadanos, se declaró una guerra contra las drogas.
Para esto se han invertido más de 4 mil millones de dólares para fortalecer a la Fiscalía y la Policía, capacitarlos y dotarles con recursos humanos y materiales, como parte del famoso Plan Colombia para combatir el narcotráfico. Es decir se hicieron en el país vecino más acciones concretas que las que proponen las preguntas de la consulta popular en Ecuador, para combatir el narcotráfico.
Sin embargo, en Colombia la producción de drogas, la violencia y la existencia de carteles no ha dejado de aumentar.
Las medidas planteadas en la consulta popular por la que votaremos en febrero de 2023 no son efectivas y, por sí solas, no van a dar un gramo más de seguridad ciudadana.
Otra duda sobre otras de las preguntas es si vamos a tener una verdadera democracia con el registro de los miembros de movimientos políticos y con la disminución de asambleístas, propuestos en la pregunta 4 y 5.
Hacer que los movimientos políticos se parezcan a los partidos políticos, al obligarlos a registrar y auditar a sus miembros, asume que mejorará la democracia. Pero la tragedia de la democracia es precisamente los partidos políticos. Los partidos son maquinarias electorales, dependen de caudillos, funcionan solo para procesos electorales, no hacen de intermediarios entre el pueblo y el Estado, no tienen mecanismos de formación ni participación política. No veo solución alguna en esa propuesta. Es más de lo mismo.
Por otro lado, reducir el número de asambleístas tampoco implica que mejorará la calidad de la representación política. La Asamblea tiene grandes defectos como la ineficacia o el incumplimiento de sus competencias básicas para legislar y fiscalizar. La disminución del número de representantes hará simplemente que las negociaciones políticas y los acuerdos ajenos a los intereses de las mayorías se hagan con menos gente.
Por ahí tampoco veo reforma profunda alguna.
La pregunta 7, en cambio, plantea incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero, este subsistema y tener compensaciones por los servicios ambientales ¿mejorará la protección del ambiente y la naturaleza?
En esta estoy seguro que la respuesta es no.
El ambiente no se mejora por una reforma normativa sino por decisiones concretas para frenar acciones que destruyen la naturaleza. Y esas acciones tienen que ver con las actividades extractivas e industriales a gran escala.
El gobierno ha apostado por el extractivismo minero y petrolero. Esto lo he escuchado y sentido en cada juicio que se ha hecho por proteger páramos, bosques, ecosistemas, el Yasuní, de actividades mineras y petroleras.
El primer defensor del extractivismo, aliado de las empresas transnacionales sin el mínimo empacho, que no muestra preocupación alguna por el ambiente y las comunidades en su mayoría indígenas, es el gobierno nacional. Por eso, es difícil creer en la intención de esas preguntas.
Además, hay dos cuestiones que resaltar: la primera es que la enmienda no es necesaria porque las fuentes de agua ya tienen protección constitucional y legal (artículos 405 de la Constitución y 78 de la Ley de Recursos Hídricos).
La segunda es que a un sujeto de derechos —la Naturaleza, según nuestra misma Constitución— no se le puede mercantilizar. “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación…”, dice el artículo 74 (el resaltado es añadido).
Por todos estos puntos, pienso que las preguntas no solo son demagogia pura y hasta hipocresía política sino que podrían tener una trampa perversa.
A pretexto de proteger el ambiente, se permite la regulación excepcional ambiental por parte del gobierno. El agua, que es fundamental tanto para un ecosistema como para una empresa minera, podrá ser regulada de tal forma que en lugar de protegerla se puedan establecer excepciones que beneficien más aún a las empresas mineras.
Piensa mal y no solo que se podría acertar sino que podría definir un voto en la consulta.
Para mí es claro que la consulta no contribuye a solucionar de forma alguna y profunda los problemas de seguridad, democracia y ambiente.
Los intereses tras la consulta van por otro lado. Y esos no los comparto.
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