Dar el voto a la gente por medio de una consulta popular, como sucederá el 5 de febrero, no puede ser interpretado como un método de debilitación de la democracia, como algunos lo han hecho. La consulta, como su nombre lo insinúa, es una vía de democracia directa; por consiguiente, la fortalece. Aunque parezca una premisa obvia, no han faltado comentarios de académicos y políticos, quienes han sugerido que la consulta popular 2023 propuesta por Guillermo Lasso, debilita el sistema democrático. 

Más bien, más allá de analizar las preguntas, es necesario ver el contexto: la cultura ecuatoriana que no dejará de ser corrupta o inmadura políticamente, por más que las preguntas estén bien planteadas. Si la intención del Ejecutivo es generar institucionalidad, vale recordar que ella no está en las instituciones y sus políticas, sino en las personas que las conforman.

El ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, afirmó que la consulta no soluciona los 3 problemas que esta propone enfrentar: la falta de representatividad, la inseguridad y el cuidado del medioambiente. Esta lectura, aunque investida de autoridad, no es del todo correcta. Y digo “del todo” porque se puede llegar a una conclusión similar pero por otras razones.

Regresando la mirada hacia la ciudadanía, lo primero que hay que resaltar es que como sociedad estamos acostumbrados a los milagros y a los salvadores. Y en una versión de esto adaptada a la política, queremos recetas mágicas que le quitan complejidad al mundo y resuelvan todo mal institucional de una vez por todas. 

Hay quienes votarán por el “no” en la pregunta de la extradición porque esta no es la solución completa y definitiva al problema de la inseguridad. O porque creen en una supuesta manipulación por parte del Gobierno hacia la ciudadanía. Votarán “no” porque no les basta con que la extradición sea una herramienta que, en cierta medida y de forma parcial, ayude a frenar el problema del crimen organizado. Es todo o nada.

En segundo lugar, la crítica a la consulta por parte de ciertos sectores también podría estar influida por las falsas dicotomías que nos caracterizan. Describir algo como bueno o malo; feo o lindo; útil o inútil. En el medio están todas las demás posibilidades y para llegar a ellas se deben abandonar los amores políticos y el fanatismo que a cada quien le sale por distintos poros. 

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El voto por el “todo sí” o por el “todo no” entonces no es un voto por quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la potestad de designar autoridades o por reducir el número de asambleístas. Hay quienes no leerán las preguntas, ni se tomarán el tiempo de informarse y ejercer sus derechos políticos, paradójicamente porque tienen una postura política. 

Es decir, el voto no es una respuesta responsable al contenido de las preguntas sino un apoyo o rechazo a Guillermo Lasso. Casi en todas sus declaraciones públicas la Subsecretaria de Asuntos Regulatorios, Karen Sichel, intentó posicionar, seguramente en vano, que la consulta no tiene bandera política. 

Lo cierto es que varias preguntas podrían resultar útiles en un camino hacia el fortalecimiento de la democracia, más allá de quién las proponga. Y si se intentara verlas fuera de las ideologías, tal vez podrían leerse como más sensatas. Un ejemplo es la que implica quitarle al CPCCS la facultad de designar autoridades. 

El fondo de esta pregunta es reconocer que la función de Transparencia y Control Social incluida en la Constitución de 2008 no tuvo el efecto de participación ciudadana y de control de las autoridades como pretendía. También hay que reconocer que los gobiernos de turno influyen en este órgano, y por ello, en la designación de autoridades por parte del CPCCS. Que el Ejecutivo hoy pretenda poner un freno a un abuso que podría cometer el mismo Ejecutivo, no suena a manipulación. 

Asimismo, la pregunta de la extradición está dentro de la consulta porque la Constitución actual la prohíbe. Esta pregunta pretende que Ecuador sea parte de una cooperación internacional para poner frenos al crimen transnacional y reconoce que en la actualidad hay jueces corruptos que están amarrados con el narcotráfico. En otros países, como Colombia, esta cooperación ha tenido resultados: entre 2006 y 2020, Estados Unidos solicitó la extradición de 2300 personas al gobierno colombiano. 

Por consiguiente, sería útil que otro país, el cual ha sido afectado por delitos relacionados al mismo, pueda pedir la extradición de personas que participan en él. 

El problema, de todas formas, no es lo adecuadas que son las preguntas o las intenciones que hay detrás de ellas. El problema es que, la cultura ecuatoriana, al hacer la ley, de inmediato, hace la trampa. 

No hay diseño institucional ni pregunta que pueda suplir la responsabilidad ciudadana y la de los políticos en funciones. Valores como la responsabilidad, la honestidad y el trabajo transparente, no brotan de la nada. Si hay un obstáculo en la consulta popular, tal vez este no sea la supuesta mala intención del Gobierno o el populismo que algunos ven en ella. Del otro lado de la moneda, culturalmente hay un pensamiento mágico de soluciones inmediatas, falsas dicotomías y la normalización de la deshonestidad.

Así como la gente invoca salvadores cada cuatro años desde las urnas, espera también que las preguntas de la consulta cambien en 180 grados la situación actual del Ecuador. Porque si ellas no lo hacen, los ciudadanos las interpretan como trampas, politiquería y populismo. 

La verdad es que, frente a la falta de interés ciudadano en informarse y participar en la política de manera responsable, o la corrupción que está impregnada en la cultura vertebral del ecuatoriano, jamás habrá una pregunta que pueda hacer milagros.

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María Cristina Bayas
Magíster (ALM) por la Universidad de Harvard. Directora Académica de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad de las Américas (UDLA). Profesora a tiempo completo en la UDLA. Amo los gatos y la música. Mamá de Agustín.
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