El texto de la pregunta 5 de la consulta popular que ha planteado el gobierno de Guillermo Lasso, es claro:
¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
Con esa pregunta, el gobierno busca que, en caso de ganar el sí, se produzca un mayor control de los movimientos políticos que hay en Ecuador.
Según la sustentación detrás de la pregunta, para el gobierno, la existencia de 272 movimientos políticos “no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros” dicen los anexos que el gobierno ha entregado a la Corte Constitucional para su revisión.
El propósito de la consulta es que, a través de una enmienda constitucional se reforme el artículo 109 de la Constitución del país para que entre otras cosas determine que:
- Los afiliados a un movimiento político no pertenezcan a otro.
- Los afiliados conozcan los principios ideológicos de la organización.
- Se haga auditoría constante del CNE del registro de afiliados.
- Se modernicen los sistemas del CNE para verificar identidad de afiliados, consultar estado de afiliación y proteger datos.
Dentro del número mínimo de afiliados no hay variación. La norma vigente habla de un número no menor al 1,5% del “registro electoral utilizado en el último proceso electoral”. En caso de ganar el sí, se mantendría el mismo porcentaje. Para 2023, esta cifra será de 201 750 afiliados, pues el padrón electoral asciende a 13,45 millones de electores.
El ajuste vendría en que ese porcentaje sea de afiliados o adherentes permanentes —es decir, que tengan una participación activa en el movimiento— ya que actualmente se habla de “adherentes o simpatizantes”.
Las intenciones detrás de la reforma
En un conversatorio realizado el 13 de septiembre de 2022, Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia para la consulta popular, se refirió a lo que busca el gobierno con la pregunta cinco.
Habló de una intención de revolucionar la democracia desde las bases, a través de un cambio de fondo y estructural de los movimientos políticos.
“Existen actualmente movimientos políticos de una persona y que pueden proponer candidatos y que reciben dinero del Estado para proponer candidatos”, dijo Sichel, al mismo tiempo que aseguró que el crimen organizado estaría detrás de algunos de estos movimientos “para influir en políticas públicas”.
Para Mónica Banegas, directora ejecutiva del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, la intención política detrás de esta pregunta es depurar los movimientos políticos.
“Con esta exigencia será más difícil que subsistan luego de dos elecciones”, dice. Desde su perspectiva, con la consulta se busca más control a través de la auditoría constante, que no se encuentra definida en los artículos 320 y 322 del Código de la Democracia, que refiere a la conformación de partidos y movimientos políticos.
“Los actuales artículos no dicen auditoría, pero el CNE tiene atribución de control”, explica. “El CNE dirá que no hay norma, pero otros aducen falta de voluntad”, matiza Banegas.
Para Sichel sí es necesaria esa reforma ya que el Código de la Democracia, “de una manera bastante inconstitucional, ha definido que apenas el 10% de ese 1,5% tiene que ser adherentes permanentes. Y el resto es cualquier transeúnte (…) personas que ni siquiera tienen que conocer los principios ideológicos de la organización”.
Sichel afirmó en el conversatorio que las “trampas y artimañas” del Código de la Democracia son un problema ya que el CNE “no tiene ninguna obligación legal ni reglamentaria para fiscalizar a los adherentes de los movimientos políticos”.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.
