Las políticas minera y petrolera del presidente Guillermo Lasso han sido rechazadas por organizaciones y nacionalidades indígenas. En octubre de 2021, con una movilización de delegaciones de toda la región amazónica, las organizaciones presentaron una demanda de inconstitucionalidad al decreto 95 que delinea la política petrolera: se duplicará la producción. En diciembre, presentaron otra contra el decreto 151: da luz verde para ampliar la frontera minera a gran escala. 

Estos decretos fueron emitidos por el Presidente en los primeros seis meses de su mandato. Su ejecución preocupa a las organizaciones indígenas por la vulneración de los derechos colectivos y de la naturaleza que ellos implican. Por un lado se duplica la producción petrolera y minera, y por otro no se respeta los derechos colectivos, entre ellos el derecho a ser consultados sobre si aceptar o no este tipo de actividades en territorios indígenas.

“Llevamos años demostrando que nuestra subsistencia no ha cambiado con la explotación petrolera y minera. Nuestros dirigentes de base llevan décadas arriesgando su vida, diciendo que extraer recursos de sus territorios no les ha dejado más que destrucción, conflictos sociales y desastres ambientales”, dijo Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) —una de las que presentó las demandas. 

Los nuevos proyectos, como los liderados por el Consorcio petrolero Bloque 28 —Petroamazonas EP, Enap Sipetrol y Belorusneft—, o por las empresas Solaris Resources o EcuaSolidus,  implicarían una afectación a los ingresos fiscales del Estado en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. 

Esto porque en el caso de las petroleras se impone un modelo de contratos de participación que aseguran las ganancias a las empresas, y traslada el costo de los riesgos al Estado. Es una situación similar a lo ocurrido en décadas anteriores en el caso de la empresa Occidental o el caso Chevron Texaco. Ambos tuvieron perjuicios económicos para el Estado.

El decreto petrolero protege los intereses del sector privado y las entidades financieras al proponer una “transición” en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasen de las manos del Estado a las empresas transnacionales. Este traspaso implica que el Ejecutivo revise, acelere y flexibilice varios procesos habilitantes que autorizan la licitación o concesión de bloques petroleros.  

El decreto minero, en cambio, pretende posicionar al país como un atractivo de inversión minera, mientras —de manera equivocada— establece una narrativa que promociona la minería como el camino hacia el desarrollo y la alternativa para la superación de la crisis económica. Esto, a pesar de que economistas han debatido que la minería a gran escala no daría las ganancias prometidas, como el caso de los proyectos Mirador, Fruta del Norte, San Carlos Panantza.

Las organizaciones indígenas están preocupadas pues muchas de ellas —dueñas ancestrales del territorio— se han declarado libres de minería, amparados en los derechos colectivos consagrados en la Constitución y los tratados y acuerdos internacionales como la Declaración 169 de los Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El nuevo decreto podría desencadenar en incrementos de los ataques y la estigmatización a las personas que se oponen a la actividad minera. Es un patrón recurrente, afirman ciento de líderes ambientales y defensores de territorios de América Latina: se crea una ley o una norma legal que promueve el extractivismo y ellos sufren más amenazas y violencia, como lo recoge el proyecto trasnacional Tierra de Resistentes. Ese sería el caso de la lideresa Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam, que ha sido llamada “irresponsable” por el gobierno por defender su territorio. Tunki dice que su vida ha sido amenazada por un empleado de la empresa Solaris Resources, aunque la empresa ha insistido que ninguna amenaza ha venido de la compañía como tal.

De igual manera, este decreto propone la revisión y la aceleración de los procesos en curso de licencias ambientales y sociales de concesiones mineras. También propone cambios de las condiciones contractuales entre las partes que debilitan la posición del Estado, y extienden facilidades para que las empresas puedan operar libremente. 

Ambos decretos habilitan los canales institucionales para expandir el extractivismo, en un contexto en el que se reportan dos derrames petroleros por semana en la Amazonía norte. En un panorama en  el que las empresas mineras en el suroriente avanzan a un ritmo acelerado de compra de conciencias con la consecuente división social dentro de las comunidades. Este fue el caso de Vicente Numi, ex presidente del Pueblo Shuar Arutam, quien pasó de demandante contra la empresa Solaris Resources a ser funcionario de la misma empresa. 

Todo esto ocurre mientras el Estado sigue vulnerando derechos y generando afectaciones en las comunidades, principalmente de Morona Santiago, como el caso de Nankints —aun con procesos judiciales vigentes. Otro caso es Warints —con una palpable división comunitaria— y Yaupi, en la Cordillera de Trans Kutukú, donde incluso la comunidad expulsó a la empresa minera Ecua Solidus el 2021. 

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Con la emisión de estos decretos retornamos a los años 70 y 80, cuando la política neoliberal dejó graves afectaciones como en el caso Chevron-Texaco. Hasta hoy, no se ha reparado a familias y personas afectadas en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana por el derrame petrolero más grande de la historia del Ecuador. 

Mientras tanto, tal como señalan las últimas cifras del último censo de población y vivienda, de 2010, que fueron analizadas por Amazon Watch, las poblaciones amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Napo han reportado los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas. En Orellana, se registra el 85%; en Sucumbíos, un 87%; y en Napo asciende a 94%. Las tres provincias son las más empobrecidas del país. 

Entonces ¿cuál ha sido el beneficio de ser zonas de explotación petrolera durante más de 40 años?  Ninguno, afirman los dirigentes indígenas del nororiente. Actualmente 120 comunas kichwa de la Amazonía norte esperan reparación, remediación y garantías de no repetición por parte de los tribunales de justicia ecuatorianos. Para exigirla, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), Confenaie y organismos de derechos humanos interpusieron una demanda de acción de protección contra las empresas estatales PetroEcuador y OCP y varias carteras de Estado. 

Comunidades indígenas de toda la Amazonía se oponen a la política minera del gobierno. Fotografía de Lluvia comunicaciones.

Tampoco hay, hasta la fecha, explicaciones sobre cómo se garantizarán los derechos de la naturaleza, humanos y colectivos de los pueblos indígenas y de defensores y defensoras ambientales. Muchos de ellos están criminalizados por ejercer su derecho a la resistencia y defender sus territorios frente a empresas extractivas. Algunos casos son los integrantes de los Consejos de Gobierno de la Conaie y Confeniae, según un informe de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

De allí que los compromisos ambientales firmados por Guillermo Lasso en la campaña política constituyen otro engaño para los pueblos indígenas, afirman los voceros del movimiento indÍgena.  

A través de los decretos, el Estado incumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú —que entró en vigencia en abril de 2021. Pese a esto, los ministerios siguen siendo parte de mediaciones institucionales que están al servicio de las empresas de extracción petrolera y minera. Lo vemos en cada juicio, como el iniciado por el derrame de petróleo en abril de 2020 aún en espera de un fallo por parte del tribunal de justicia a cargo.

El Estado debería estar abocado a la protección de los intereses colectivos de la población. Tanto los bloques petroleros como el catastro minero afectan a la mayoría de los territorios indígenas y la afectación sería mayor si se amplía la frontera extractiva —como prometen ambos decretos. 

Es difícil comprender cómo el actual gobierno impulsa estos decretos cuando la Agencia Internacional de Energía planteó en su último reporte la urgencia de detener la producción de materiales fósiles en la Amazonía. 

Nos encontramos en un punto de inflexión que define el destino de la humanidad. Este tipo de políticas son tan descabelladas frente a los hallazgos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que declaró que la emergencia climática sólo puede mitigarse si se toman decisiones urgentes desde los Estados para detener el calentamiento global. Entre ellas, la más urgente es el abandono rápido de la producción de combustibles fósiles y los vectores de deforestación y contaminación, como la minería.

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*El 31 de enero de 2022, la empresa Solaris envió una carta de aclaración sobre varios puntos de este texto de opinión. Tras el envío de su comunicación, hemos editado una partes que merecen una rectificación.La señora Josefina Tunki ha insistido en varios medios de comunicación que ha sufrido amenazas de muerte de parte de un empleado de la compañía Solaris. Sin embargo, no es posible afirmar que tales amenazas provengan de la compañía Solaris directamente. Para reflejar esta realidad, se ha aclarado este punto. También se especificó que cuando se menciona en el texto a los contratos de participación se refiere únicamente a las empresas petroleras, y no mineras porque estas tienen otro tipo de contrato con el Estado.