A Junior Roldán —segundo al mando de Los Choneros, involucrado en las masacres carcelarias y líder de la organización Los Águilas— la libertad no le duró ni una hora y media. Después de recibir una polémica prelibertad, alias JR dejó la prisión, donde cumplía su condena poblado de privilegios y armas, pasadas las seis de la tarde del 15 de diciembre de 2022,. Pero dos horas después, iba de regreso a la Unidad de Flagrancia, junto a otras 36 personas, que, de acuerdo con la Fiscalía, serían parte de su anillo de seguridad. La Policía confirmó que 13 del total de detenidos tienen antecedentes penales.

  • Jorge Enrique León Quiñónez, cabo primero de la Armada ecuatoriana con 14 años de servicio activo. Estaba de franco —es decir, en día de descanso. En la cuenta de Facebook de la empresa de seguridad VIP Halcones, del que León sería miembro, hay fotografías en las que aparece junto al actual asambleísta Ronny Aleaga, de la bancada correísta Unión por la Esperanza, junto con otros hombres que dan servicio de seguridad privada. También aparece con el uniforme blanco de su institución durante una jornada de condecoraciones. «Gracias a nuestro jefe y amigo, Ronny Aleaga, por motivarnos a seguir creciendo en nuestros trabajos». 
  • Paúl Cedeño, militar en servicio pasivo que tenía una boleta de captura. 
  • Ronald Francisco Cantos Sacón, abogado de alias JR. Fue candidato a asambleísta en 2013 por el extinto movimiento político Prian, de Álvaro Noboa.  
  • Federico Gómez Quinde, conocido cabecilla de Los Choneros cuyo alias es Fede. De acuerdo con registros judiciales públicos, tiene antecedentes por asesinato, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita. Él estaría encargado, según la Policía, de las operaciones del narcomenudeo en El Triunfo. Y no es un rol cualquiera: lidera el microtráfico del cantón natal de JR. 

A las ocho de la mañana del 17 de diciembre, la resolución llegó: la jueza Dirce Juzmán, de la Unidad Judicial Multicompetente de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule, dictó prisión preventiva para Junior Roldán y otras 32 personas, incluido el cabo Jorge León y el militar en servicio pasivo, Paúl Cedeño. El abogado Ronald Cantos y dos personas más recibieron medidas sustitutivas: tienen prohibido salir del país y deben presentarse periódicamente ante la Fiscalía. El adolescente de 16 años fue trasladado al Centro de Adolescentes Infractores para cumplir con la medida socioeducativa de internamiento, confirmó la Corte Provincial del Guayas. 

JR y sus custodios fueron llevados a la cárcel regional, donde el líder vuelve a sus privilegios cotidianos. Todos enfrentan cargos por tráfico ilícito de armas, que se sanciona con una condena de entre 5 y 7 años de prisión.

Última Actualización: 26 marzo, 2023
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Ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), ni la Corte Provincial del Guayas coinciden en sobre quién recae la responsabilidad de la resolución judicial que le otorgó la prelibertad a alias JR. La prelibertad es un beneficio penitenciario fijado en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, que se extinguió en 2014, cuando el Código Orgánico Integral Penal. Aún sigue aplicándose para personas que fueron condenadas antes de ese año. 

Tampoco hay un consenso entre la Policía y la Fiscalía en torno a un supuesto ataque contra JR, minutos después de salir de prisión, en la vía a Salitre, en Daule, que culminó —sorpresivamente— con la detención de más de una treintena de personas armadas con fusiles, subametralladoras, granadas y chalecos antibalas. 

Por un lado, la institución policial y el Ministerio del Interior insistían en una alerta de ataque. La Fiscalía ecuatoriana, en cambio, no habla de un ataque, sino disparos que fueron detonados por presuntos custodios de alias JR. Pero, con el paso de las horas, la versión de la Policía fue cambiando.

Todo ocurre en medio de arrestos de líderes de bandas enemigas —como ocurrió con Luis Arboleda, alias Gordo Luis, uno de los cabecillas de alto rango de Los Lobos—, un atentado contra el hijo de Adolfo Macías, alias Fito, el repetido cuestionamiento a funcionarios del sistema judicial de Ecuador —como el juez que falló a favor de Gordo Luis y Daniel Salcedo— y la incertidumbre de personas presas en las cárceles ecuatorianas, principalmente, en el complejo carcelario de Guayaquil. 

La Fiscalía dijo —en un comunicado del 15 de diciembre— que investigará de oficio a “todas las personas que hayan tenido participación y que tengan alguna relación con la favorabilidad del régimen de prelibertad” a favor de JR. Sin embargo, el departamento de Comunicación de la institución confirmó a GK que aún no se ha abierto una indagación por los funcionarios vinculados a la resolución judicial. 

En este texto, te presentamos un recuento de las dobles y triples versiones del fallo judicial, liberación y detención de Junior Roldán, uno de los líderes criminales más peligrosos del país. JR, junto a Fito, lideran las organizaciones Los Choneros, Los Águilas, Los Fatales y los Gángsters, vinculadas al cártel de Sinaloa. 

Las primeras versiones: el supuesto “atentado” y los custodios armados 

El extracto del parte policial se suscribió a las 7 y 01 de la noche. El titular era: “disparos en contra de Junior Alexander Roldán Paredes”, que, además, viajaba custodiado por un contingente policial. Era un texto breve, en el que un mayor contaba que, mientras alias JR viajaba por la vía a Salitre, en Daule, a la altura de una urbanización privada, habría sido atacado. Pero no fue herido. De acuerdo con el documento, varias unidades especiales de la policía se movilizaron, sobre todo, las motorizadas. 

Para la ciudadanía y los habitantes de urbanizaciones cercanas, fueron momentos de temor. Un morador del sector, que pidió que su identidad no fuera revelada, relató que no solo el tráfico se pausó, sino que conductores salieron despavoridos ante el miedo de salir heridos.

Poco más de una hora después, pasadas las 8 de la noche, llegaron las primeras imágenes en las que aparecían —al menos— 15 hombres detenidos, aunque minutos después se confirmaría que la cifra era mayor. Los hombres, vestidos de jean y camisetas de diferentes colores, estaban acostados, con el rostro contra el suelo. En los vehículos de alta gama en los que viajaban —al menos diez— fueron halladas 17 armas de fuego, entre ellas una subametralladora, un lanzagranadas y tres granadas de fragmentación. 

A las 8 y 56 de la noche, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la “alerta de ataque” contra JR, que ratificaba el primer informe al que tuvo acceso GK, y otros medios de comunicación.  

Pero, veinte minutos después, a las 9 y 6 de la noche, la Fiscalía aumentó el número de detenidos y, al contrario de la Policía, no habló de atacantes. La institución dijo que 30 personas fueron detenidas en delito flagrante por tenencia ilegal de armas y explosivos. Entre ellas, alias JR, fueron detenidas portando “armas de grueso calibre”. De acuerdo con la institución, los hombres capturados serían parte del anillo de seguridad de Roldán. La jueza Yanina Villagómez presidirá la audiencia de formulación de cargos para JR y los otros hombres. Hasta las tres de la tarde del viernes 16 de diciembre, no se conocen aún los resultados de la diligencia. 

A las once de la noche del 15 de diciembre, una fuente policial dijo a GK que, en realidad, el fuego cruzado se había desatado porque “JR no viajaba solo pues, si iba con toda la seguridad en esos carros blindados y encima acompañado por la policía. Los otros policías lo detienen y ahí se arma la bala”, dijo. 

El 15 de diciembre terminó con más dudas que certezas. 

El operativo que deja dudas: no fue un atentado 

El 16 de diciembre amaneció con nuevos anuncios. A las 8 de la mañana, la Fiscalía ecuatoriana informó que, entre los detenidos, había un menor de edad y dos militares: un cabo de la marina que lleva 14 años  en servicio activo  y un miembro del Ejército en servicio pasivo. Tanto la Armada como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazaron la actuación de sus miembros. La Armada, incluso, habló de “cero tolerancia” a casos como el del cabo recién detenido, aunque mantiene su silencio en otros, como el de la reincorporación de Pedro Chiriguay, señalado como integrante de una banda de sicariato, a sus filas. 

Una hora más tarde, a las 9 de la mañana, la Fiscalía confirmó que eran 37 los detenidos. El comandante de la Policía, Fausto Salinas, ratificó el mismo balance. 

Había varias preguntas que hasta ese momento aún no recibían una aclaración oficial: ¿qué pasó con el supuesto atentado y por qué alias JR iba custodiado por agentes policiales? 

Para responder esas preguntas, la versión policial se reajustó. 

El comandante Salinas dijo que, cuando JR salió de la cárcel regional, hubo un “dispositivo de seguridad” como parte de un operativo para garantizar la integridad de Roldán. Es decir, un contingente policial, sobre todo, de agentes motorizados. Su compañero, el policía Juan Carlos Soria, jefe de la Zona 5, afirmó en una rueda de prensa que de la línea de seguridad policial motorizada y personal de Inteligencia surgió una “alerta” sobre la “presencia de vehículos polarizados de alta gama y en cuyo interior probablemente se encontraban personas armadas”. 

Soria no habló de un “atentado” contra JR. En cambio, dijo que, cuando la policía quiso interceptar a los vehículos, los hombres respondieron con detonaciones de arma de fuego y una granada tipo limón que lanzaron para evitar el control, que “gracias a Dios no se activó”, aseguró Soria. 

Un extracto policial de la detención de los hombres, al que GK tuvo acceso, ratifica la versión de Soria. Allí, los policías detallan que hubo fuego cruzado. Pero antes, los hombres que viajaban en el vehículo, dice el documento, habían sacado a “relucir” las armas “a un vehículo” a la altura del pareja Chivería, en la vía a Salitre. 

El comandante Fausto Salinas dijo también que el contingente policial fue asignado porque, en abril de este año, hubo un ataque contra una ambulancia en el que se presumía que viajaba alias JR, tras recibir un habeas corpus parcial, dispuesto por el juez Pedro Moreira. 

Salinas se refiere al atentado de la noche del 22  de abril, en el que hombres armados dispararon contra una ambulancia que se trasladaba desde el hospital Abel Gilbert Pontón hasta un centro de salud en Milagro. El conductor del vehículo y el paramédico murieron. Otras tres personas resultaron heridas.

Ese día, Alias JR usó todo un arsenal legal para recuperar su libertad: interpuso tres acciones de hábeas corpus. . Lo insólito, para ese entonces, fue que el juez Moreira —que fue cesado tres días después— ya había dictaminado el traslado de alias JR al hospital Abel Gilbert Pontón el 20 de abril, pero él prefirió permanecer en la cárcel regional por seguridad, hasta que llegó la nueva resolución del juez. 

El peligro de un nuevo ataque fue, aseguró Salinas, el motivo por el que JR fue escoltado el 15 de diciembre. Y no solo por policías. Salinas dijo, en diálogo con Radio Centro, que incluso miembros de una compañía de seguridad privada fueron contratados para custodiarlo. Aún así, ninguno de los agentes que lo custodiaba se dio cuenta de que Roldán estaba armado, sino hasta que se desató el fuego cruzado con otros policías. 

No hay aún una explicación que aclare cómo se produjeron los disparos, si los hombres detenidos son los propios custodios de JR. La Policía tampoco ha dicho si los hombres habrían intentado atentar en contra de uno de sus jefes de organización. 

El polémico fallo de un juez con el que nadie quiere cargar

Junior Roldán —después de ser favorecido con una serie de habeas corpus en este año— recibió la prelibertad de un juez penitenciario bastante conocido: Jorge Aldás Macías, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Ese beneficio se aplica para personas condenadas antes de que el Código Orgánico Integral Penal entrara en vigencia en 2014, y se fijó para cuando un interno alcanzara el 40% de su pena. JR cumplió con el 40% de su condena más antigua el 31 de octubre de este año. 

Si no hubiese sido detenido nuevamente, Roldán hubiese dejado la prisión tal como quien fue su jefe: Jorge Luis Zambrano, el fallecido ex líder de Los Choneros que dejó la cárcel tras un polémico y similar dictamen. 

El fallo del juez Aldás Macías, además, llegó un día después de la detención masiva de 23 presuntos miembros de Los Lobos en diferentes operativos en Guayaquil y Los Ríos. Entre ellos, Luis Arboleda, conocido como alias Gordo Luis, otro cabecilla reincidente detenido tres veces en 2022, a quien el gobierno ha responsabilizado del sicariato del director de la prisión de El Inca, Santiago Loza, el 2 de diciembre último. 

La decisión del juez Aldás ha sido ampliamente cuestionada. Y él, en sí, es un funcionario cuestionado —sus resoluciones, de acuerdo a los registros de la función judicial, acumulan más de 60 hábeas corpus en su contra. También ha recibido los reclamos de familiares de personas presas que han rechazado su demora en el trámite de diligencias y causas. Eso ocurrió, por ejemplo, con Freddy Salas, sobreviviente de cuatro masacres carcelarias, que había cumplido el 60% de su pena y podía acceder al beneficio del régimen semiabierto. 

El juez Aldás fue quien conocía su causa y la madre de Salas presentó más de cuatro escritos para que la audiencia se instalara. Finalmente, en diciembre de 2021, el joven dejó la Penitenciaría del Litoral. 

Pero, más allá de los cuestionamientos al juez Aldás, son varios los factores que parecen haber confluido para que alias JR, uno de los líderes criminales más sanguinarios del Ecuador, haya conseguido recuperar su libertad pese a tener, al menos, nueve sentencias condenatorias. Dos de ellas por asesinato. La más antigua data de 2009, cuando fue condenado a 35 años de reclusión. 

La audiencia de prelibertad se instaló a las 11 y 30 de la mañana del jueves 15 de diciembre. De acuerdo con la Corte Provincial del Guayas, tres autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) presentaron 299 documentos favorables, como parte del Informe de Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Prelibertad, un documento que el SNAI debe entregar obligatoriamente para que un juez o una jueza tenga una referencia a tomar en cuenta para su dictamen. 

Dice la Corte que la documentación “fue ratificada oralmente por los convocados durante su intervención en la audiencia”. 

Estas fueron las autoridades que estuvieron presentes en la audiencia para entregar los documentos: 

  • La abogada Génesis Carrión Valdéz, representante de la cárcel regional. 
  • El abogado Ramiro Malla Revelo, director de Beneficios Penitenciarios del SNAI.
  • El abogado Víctor Jácome, subdirector de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares del SNAI. 

La Corte asegura, además, que el fiscal asignado dijo —amparado en el artículo 4 de la resolución 01-2022 de la Corte Nacional de Justicia— que, si un juez convoca a una audiencia para resolver un cambio de régimen de rehabilitación social, “no deberá llamar a comparecer al fiscal, por lo que no serían parte procesal”. 

Pero la versión de la Fiscalía es otra. 

En un comunicado, la institución rechazó la decisión del juez Aldás y dijo que, en realidad, la interpretación del juez fue “subjetiva” y que, para la Fiscalía, es “contraria a la Ley”. La entidad asegura que “fundamentó de forma enérgica su oposición, por cuanto, para que pueda hacerse acreedora a este beneficio, la persona sentenciada no debe ser reincidente”. Alias JR no solo ha sido reincidente, su participación en las matanzas carcelarias —ha sido vinculado penalmente en la investigación de una de ellas— han sido evidenciados en las sanguinarias prácticas aplicadas en cada una de las masacres. 

Para la Fiscalía, la decisión de Aldás representa una vulneración “a la administración de justicia”, pese a que su versión no calza con la de la Corte Provincial del Guayas.

Pero hay un actor no menos importante en esta noticia: el SNAI. Después de confirmar, a través de un corto comunicado, que el Servicio acató la decisión del juez, explicó que el Informe de Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Prelibertad “no es vinculante” y que la capacidad de decisión recae solamente en el juez.  

Pero para un abogado guayaquileño —que trabaja en casos de garantías penitenciarias en la ciudad portuaria y pidió que su nombre fuera protegido porque trabaja en una institución pública— las tres instituciones son corresponsables de la salida de JR. En medio del incremento de la violencia en Ecuador, enciende las alertas aún más en torno a posibles nuevos atentados o muertes, tras el ataque contra Jair Macías, hijo de Adolfo Macías, alias Fito, en Manta. 

“Hace falta voluntad para hacer una depuración cabal. Basta revisar el nombre del juez Aldás en los links de consulta del Consejo de la Judicatura y podrán ver la decena de habeas corpus. Bastaría con que, de oficio, se solicitara una declaración previa de manifiesta negligencia”, cuestiona el abogado.

El abogado tampoco deslinda de responsabilidades al SNAI. “Emite ese informe que, si bien no es vinculante, pero yo, que trabajo con ese tipo de casos, sé que le sirven de referencia a un juzgador para resolver la causa. la Fiscalía también falla. Todos estos funcionarios deberían ser investigados para determinar si hubo un fraude procesal”, dice. Eso podría contrastarse, dice, con los documentos emitidos por el SNAI. 

Y quizá lo que más indigna, dice el jurista, “es que, a más de lo terrible de la decisión, evidencia cómo en algunos casos se agilizan. En otros, muchos que yo he manejado, han sido muy negligentes e incluso he tenido casos en los que personas presas han muerto mientras las causas se tramitaban”. 

Tras la decisión y la nueva detención de JR, el presidente Guillermo Lasso se dirigió a las juezas y los jueces  ecuatorianos en un comunicado para que “respeten el trabajo de la Policía Nacional” y que cumplan con su parte en “la lucha por la seguridad ciudadana”.

Un día antes, el 15 de diciembre, Lasso amenazó, en cadena nacional, con exponer a los “malos jueces que obstruyan la justicia”. Dijo que “serán llevados a la corte de la opinión pública”. 

Sin embargo, en Ecuador hay jueces que han conocido causas vinculadas a miembros de redes de delincuencia organizada, amenazados por los grupos criminales. “Ser juez es una carrera entre la vida y la muerte”, dijo Darío*, un magistrado costero que cumplía sus funciones y que, pese a pedir seguridad a través del protocolo del Consejo de la Judicatura, “han quedado solos”. Al menos seis funcionarios judiciales, entre jueces y fiscales, han sido asesinados en lo que va del año. 

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechazó las declaraciones de Lasso. “Es una velada amenaza a la independencia judicial (…)”, dice la Asociación en un amplio comunicado publicado la tarde del 16 de diciembre. Los jueces cuestionan que se quiera mostrar públicamente a los magistrados que no “procedan conforme su criterio personal, es decir, con desconocimiento de lo que existe dentro del proceso y exponiendo de forma generalizada a los jueces del país”. 

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