Al abogado Pedro Moreira le duró solo cinco meses el cargo de juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. El pleno del Consejo de la Judicatura decidió cesar al ahora ex juez Moreira el lunes 25 de abril de 2022. Lo hizo luego del polémico hábeas corpus con el que concedió arresto domiciliario para Junior Roldán Paredes, alias JR, uno de los líderes de Los Choneros.

La salida de Moreira se da luego de la reunión entre los vocales del Consejo, los jueces de la Corte Nacional de Justicia y las autoridades de Fiscalía, que desembocó en un pedido a la Corte Constitucional para que revise y delimite el alcance de la acción de hábeas corpus en Ecuador. 

El Consejo dijo que el cese de funciones de Moreira no impedirá que su dirección en Guayas sustancie una denuncia disciplinaria presentada contra Moreira. 

El Pleno del #CJ, en uso de su atribución establecida en art. 40 del #COFJ, resolvió terminar el nombramiento temporal de juez de Garantías Penitenciarias de Guayas de Pedro Moreira. Esta decisión no impide que @CJGuayas sustancie denuncia disciplinaria presentada contra Moreira.

— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) April 25, 2022

El polémico fallo de Moreira 

La decisión de Pedro Moreira fue insólita. 

Pese a que alias JR cumple dos sentencias ejecutoriadas por asesinato —y ha enfrentado procesos penales por delincuencia organizada—, Moreira dispuso su traslado domiciliario “preventivo y temporal” a su domicilio, en el cantón agrícola El Triunfo, en la provincia del Guayas. La razón, según el entonces juez Moreira: el “inminente riesgo a su vida y a su salud”, según consta en la resolución.  

El 20 de abril, Moreira, que tramitó la segunda acción de hábeas corpus a favor de JR,  había dictaminado el traslado de Roldán al hospital Abel Gilbert Pontón. 

Sin embargo, el líder delictivo prefirió permanecer en la cárcel regional “por seguridad”. Después, llegó la nueva resolución del juez que —para sorpresa de la función judicial y la ciudadanía indignada— no se dio por una apelación del líder delictivo, sino por propia decisión de Moreira, que cambió la resolución que había dado oralmente y en su versión escrita, permitió el traslado a El Triunfo.  

El juez Moreira dijo que en aquella vivienda debe tener “equipos altamente tecnológicos” para atender a Roldán, similares a los que existen en el policlínico de la cárcel. La Policía estima que el Estado podría gastar al menos 20 mil dólares al mes por mantenerlo. Alias JR usó todo un arsenal legal para recuperar su libertad, alegando el padecimiento de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, esteatosis hepática grado 3 y cirrosis hepática, que son dos grados de una misma enfermedad. Lo hizo no en una sola acción de hábeas corpus, sino tres —dos de ellas interpuestas por terceros. 

En su primera resolución, dada oralmente, en la que dispuso un traslado hospitalario, el entonces juez Pedro Moreira aceptó el argumento de riesgo de la salud y vida de alias JR. 

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el fallo y dijo que, además de ser “ilegal”, era un abuso del derecho. Según Carrillo,  no existían, informes médicos avalados por el Ministerio de Salud Pública que confirmen los padecimiento del líder delictivo. Eso no fue todo: Carrillo aseguró que tampoco se hizo una inspección de seguridad para evitar fugas. 

Carrillo exhortó al Consejo de la Judicatura a que adopte “medidas correctivas y disciplinarias por el hábeas corpus concedido». 

Frente a los cuestionamientos, Moreira habló. Frente a medios de comunicación, el abogado dijo que actuó en estricto derecho y que, si JR llegara a fugarse, no era su responsabilidad, sino de la Policía, que debe resguardarlo. También lo hizo en Twitter: “La decisión se ha tomado en estricto derecho, he dispuesto traslado con resguardo policial, custodia policial permanente, imposición de dispositivo electrónico de rastreo”, escribió Moreira en una respuesta dirigida al ministro Carrillo. 

Estimado señor Ministro, con total respeto me permito responderle y aclararle. La decisión se ha tomado en estricto derecho, he dispuesto traslado con resguardo policial, custodia policial permanente, imposición de dispositivo electrónico de rastreo. 1/2

— Pedro Moreira Peña 🇪🇨 (@PedroMoreira85) April 22, 2022

Moreira, quien además promociona sus servicios jurídicos en Tik Tok, le dijo a Carrillo: “a mí me corresponde dentro de mi rol, tutelar derechos; a la noble institución que usted dirige le corresponde ejecutar mi decisión y garantizar que se cumpla. Únicamente estoy a servicio de la Constitución y la ley”. 

El foco se posa sobre los jueces 

Pedro Moreira no es el único juez cesado. Hoy, la Judicatura también anunció la suspensión de la jueza Érika Moriel, de la Unidad de Garantías Penales de Manglaralto. La suspensión, de noventa días, se da por una presunta “infracción gravísima” por haber dado un hábeas corpus a Vokshi Nezdet, un ciudadano con doble nacionalidad holandesa y albanesa, detenido en Ecuador por narcotráfico el 2 de abril pasado en la vía a Daule, en Guayaquil. 

Moriel fue denunciada por Iván Saquicela, quien preside la Corte Nacional de Justicia. Nezdet era requerido por la justicia de Países Bajos con una alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), pero fue liberado el 20 de abril por Moriel. 

La extradición de Nezdet, de hecho, estaba ya siendo tramitada por Saquicela. La Corte Nacional reclamó, diciendo que no fue convocada a la audiencia de hábeas corpus. Además, volvió a ordenar la detención del hombre. También pidió a la Fiscalía que investigue presuntos delitos de delincuencia organizada, asociación ilícita o fraude procesal. Además, solicitó que se suspenda a la jueza Moriel, y la revisión de su conducta por error inexcusable. 

El 22 de abril, dos días después del dictamen de la jueza, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos entre Santa Elena, Daule y Guayaquil para recabar indicios sobre todo el proceso judicial con el que se otorgó el hábeas corpus a Vokshi Nezdet. 

Ese mismo día, Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, anunció que se había abierto dos investigaciones en la dirección de Transparencia de la Institución contra la jueza Moriel y contra el juez Diego Moscoso, que dejó en libertad al ex vicepresidente Jorge Glas. 

Saquicela también solicitó la destitución del juez Moscoso, aunque no existe aún una resolución sobre su futuro en la cuestionada unidad judicial en la que también labora su colega, la jueza Moriel.