Con ocasión del Día de los Derechos Humanos hacemos una pausa para reflexionar sobre los retos y oportunidades para lograr sociedades justas, pacíficas e inclusivas en nuestro amado Ecuador, en el marco del Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 16 de la Agenda 2030. Cuando, al parecer, estamos superando la pandemia y avanzando hacia la recuperación socioeconómica, gracias a la exitosa campaña de vacunación, nos enfrentamos a una nueva amenaza: la del crimen organizado y la violencia.
El incremento de homicidios intencionales en 2022 se estima en 86.6 puntos porcentuales, en comparación al 2021. Se ha registrado, también, un crecimiento histórico en la tasa de femicidios de 33 puntos porcentuales, más alto que el promedio de América Latina y el Caribe. El número de homicidios intencionales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes se incrementó en 2022, duplicándose y triplicándose incluso, dependiendo del rango de edad. La crisis penitenciaria ha cobrado 400 vidas entre 2021 y 2022, y los medios reportaron 145 explosiones solo en 2022.
Más allá de estas cifras, el aumento de la delincuencia y la violencia está teniendo un profundo impacto en la sociedad, en las comunidades locales y en las personas, especialmente en provincias costeras. La actividad económica está siendo amenazada por la extorsión y los ingresos están disminuyendo debido al miedo y a los toques de queda. El acceso a la educación se ha complicado por la inseguridad alrededor de las instituciones educativas. Los niños y jóvenes están en mayor riesgo frente al reclutamiento para actividades ilícitas, particularmente en aquellas zonas afectadas por la pobreza y la falta de oportunidades.
A pesar de los desafíos, hay señales positivas.
Desde ONU Ecuador reconocemos los esfuerzos para fortalecer el tejido social, reducir las desigualdades, y fortalecer las instituciones. Para el 2023 está prevista una inversión social de más de 15 mil millones de dólares, además está en marcha el proceso de regularización migratoria para personas venezolanas y se creó el nuevo Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Nuestro trabajo ha apoyado la creación de la nueva Política Pública de Rehabilitación Social, de la nueva legislación sobre el uso de la fuerza y en los diálogos con las organizaciones indígenas.
Es necesario pensar juntas y juntos las mejores estrategias para combatir las preocupantes tendencias y evitar un retroceso en el desarrollo del país. El Estado debe mantener un compromiso irrenunciable con la justicia pronta e imparcial, diseñar políticas públicas basadas en evidencia y con participación ciudadana, y mantener canales de diálogo para prevenir tensiones sociales.
Las soluciones duraderas solo podrán ser construidas a través de alianzas.
Las nuevas autoridades locales deberán poner a las personas y a las comunidades en el centro de su trabajo. Los medios de comunicación pueden generar conciencia sobre cuestiones de derechos humanos y empoderar a las personas. La comunidad internacional puede apoyar con mejores prácticas, asistencia técnica y financiera, y el involucramiento constructivo con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a nivel comunitario, pueden continuar documentando y levantando la voz frente a posibles vulneraciones.
Las respuestas a las mayores crisis actuales nacen en la garantía de los derechos humanos, a través de instituciones sólidas, eficaces y responsables, como lo plantea la Agenda 2030 para el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 16. Y cuando enfrentemos juntos las dificultades propias de la construcción de la paz y el desarrollo, siempre volvamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos para inspirarnos en el camino hacia un país más justo, igualitario, pacífico e inclusivo, sin dejar a nadie atrás.
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