4 iniciativas que apoyan a la población LGBTI en el mundo, ¿cómo funcionan?

Tener datos oficiales de cómo viven las diversidades sexogenéricas en Ecuador es apenas un primer paso. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ publicada en 2026 encontró, por ejemplo, que el 53,5% de las personas encuestadas experimentó violencia a lo largo de su vida. Ese y los demás datos, de acuerdo al propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), deberían servir para crear políticas públicas que garanticen sus derechos.

Es decir, el siguiente paso es decidir qué hacer con la información. Eso no solo implica pensar en cómo reaccionar cuando una persona ha sufrido violencia o discriminación, sino también en cómo prevenirla y cómo ofrecer una atención que tome en cuenta sus necesidades particulares.

Alrededor del mundo existen iniciativas de la sociedad civil y del Estado que promueven la prevención y buscan una mejor calidad de vida para esta población.

Te explicamos cómo funcionan cuatro.

Alemania: un proyecto de alto impacto financiado con fondos públicos

Una experiencia en Berlín, Alemania, muestra cómo una idea bien planteada y ejecutada puede generar cambios positivos a largo plazo para la población LGBTI: L-Support. La organización, creada en 2015, atiende a personas afectadas por violencia lesbofóbica y queer. 

Comenzó como una iniciativa de mujeres lesbianas que identificaron un vacío. Benje Labidi, integrante de L-Support desde 2019, cuenta que las fundadoras partieron de una pregunta básica: a dónde podían acudir las lesbianas cuando sufrían violencia. En sus primeros años, la organización no tenía financiamiento y un pequeño grupo de voluntarias sostenía el proyecto y atendía la línea telefónica, según Charlotte Kaiser, del área de Gestión de proyectos.

Hoy L-Support ofrece varias puertas de entrada. Una persona que ha vivido una agresión o un acto de discriminación puede reportarlo mediante un formulario, incluso de manera anónima. También puede llamar a una línea de atención los fines de semana o solicitar acompañamiento psicológico. La organización ofrece también talleres de prevención, resiliencia y empoderamiento.

La posibilidad de reportar un hecho sin necesidad de presentar una denuncia ante la Policía es una parte importante del modelo. Labidi explica que muchas personas queer no acuden a la Policía después de sufrir violencia: algunas desconfían de la institución, otras consideran que lo que les ocurrió —un insulto, por ejemplo— no fue suficientemente grave para denunciarlo. 

La organización registra esos casos y, dice Kaiser, comparte sus estadísticas con Berliner Register, una red que documenta incidentes de discriminación y violencia en la ciudad.

Si una persona quiere ser contactada después de llenar el formulario, puede dejar sus datos y recibir asesoría de L-Support. Si necesita acompañamiento psicológico, puede tener una o varias sesiones, dependiendo de su situación. Y si requiere un servicio que L-SUPPORT no ofrece, la organización trabaja con una red de otros proyectos especializados a los que puede derivarla.

También mantienen contacto con la Policía de Berlín, pero procuran conservar su independencia. Si la Policía necesita asesoría técnica, L-Support puede proporcionarla. Labidi considera importante mantener esa comunicación para que la institución conozca mejor las preocupaciones de la población LGBTI, pero una relación demasiado cercana, opina, podría afectar la confianza de las personas que acuden a la organización.

L-Support recibe financiamiento público. Sus recursos provienen del Senado de Berlín —como se conoce al gobierno local— que tiene un fondo para políticas sociales, antiviolencia, antidiscriminación y diversidad. Aunque el trabajo de la organización es permanente, recibe un financiamiento pensado para proyectos anualmente. Eso significa que debe volver a aplicar cada año, después entregar informes sobre lo que hizo y cómo utilizó el dinero.

Pero la relación con el Estado va más allá del financiamiento: L-Support participa en mesas de trabajo con distintas áreas del gobierno y mantiene reuniones con actores políticos para aportar el conocimiento que ha adquirido trabajando con personas lesbianas, trans y no binarias. Kaiser cuenta que actualmente participan en discusiones para crear una nueva regulación sobre violencia, buscando que se incorporen las necesidades específicas de personas trans y no binarias.

También han participado en espacios para discutir estrategias contra la violencia hacia personas queer, donde pueden identificar vacíos y proponer medidas desde su experiencia. 

Para esa interlocución hay además políticos o funcionarios públicos especializados en asuntos LGBTI. L-Support trabaja con personas dentro de partidos políticos e instituciones públicas que tienen estos temas entre sus prioridades no solo por mandato sino por interés genuino. 

Pero llegar a esos espacios tomó tiempo. Kaiser dice que una parte importante de su trabajo todavía es buscar contactos, asistir a reuniones y construir vínculos. La diferencia es que, después de años de trabajo y de aumentar el número de casos que monitorean, ahora las instituciones también buscan a L-Support.

México: la prevención desde la juventud

En octubre de 2022, The Trevor Project comenzó a operar en México con un objetivo muy específico: ofrecer intervención en crisis y prevención del suicidio a juventudes LGBTQ+. Fue la primera expansión internacional de una organización que había nacido en Estados Unidos más de dos décadas antes.

El foco en la salud mental responde a un problema que la organización ha podido dimensionar también con datos. En 2024 publicó su primera Encuesta sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México, realizada con 10.635 personas de entre 13 y 24 años. Más de la mitad dijo haber considerado seriamente el suicidio durante el año anterior y una de cada tres reportó haberlo intentado. 

Erika Barrera, directora de los servicios de intervención en crisis de The Trevor Project México, dice que esas cifras permitieron dimensionar algo que ya aparecía en las conversaciones que recibía la organización: sentimientos de soledad y desesperanza entre las juventudes LGBTQ+. También permitieron observar diferencias dentro de una población que no enfrenta los mismos riesgos de manera uniforme.

La principal actividad de la organización es un servicio gratuito y confidencial que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Una persona puede escribir por WhatsApp o utilizar el chat disponible en la página de la organización. El servicio está enfocado en jóvenes LGBTQ+ aunque atiende a personas de todas las edades.

Lo que ofrece la organización no es atención psicológica ni un proceso terapéutico; es intervención en crisis y prevención del suicidio. Las personas que atienden no necesariamente son psicólogas, sino consejeros capacitados en un modelo específico de intervención.

Cuando alguien se comunica, primero responde algunas preguntas que permiten conocer su situación. Después es conectado con una persona capacitada. Durante la conversación se evalúa el nivel de riesgo y si existen ideas suicidas. A partir de allí, la intervención se concentra en identificar qué recursos tiene esa persona: qué le ha funcionado antes, con quién puede hablar, cuáles son sus redes de apoyo y qué puede hacer para atravesar ese momento.

La intención, explica Barrera, es ayudar a desescalar la angustia y que la persona salga de la conversación con recursos que pueda utilizar si vuelve a encontrarse en una situación similar, sin quitarle autonomía sobre las decisiones que toma.

Desde que comenzó a funcionar en México en 2022 hasta septiembre de 2026, The Trevor Project ha atendido más de 100 mil conversaciones. Barrera considera esa cifra positiva en términos del alcance, pero evita describirla como un éxito: que tantas personas necesiten el servicio habla de la soledad y desesperanza que enfrentan las juventudes LGBTQ+.

Una parte importante de esa capacidad de atención depende del voluntariado. Aproximadamente la mitad de los servicios son atendidos por personas voluntarias y actualmente el programa tiene más de 80. Durante las conversaciones no trabajan solas: cada atención es monitoreada en tiempo real por personal contratado con experiencia, que puede ayudar a formular preguntas o decidir cómo continuar la intervención.

La intervención en crisis es solo una parte del trabajo. El proyecto tiene también un centro de recursos digitales con guías, artículos y manuales sobre salud mental y temas LGBTQ+. A diferencia del servicio de crisis, enfocado en juventudes , estos materiales pueden ser utilizados por cualquier persona o institución. Hay recursos dirigidos, por ejemplo, a quienes quieren aprender cómo acompañar a una persona joven LGBTQ+ o crear espacios más seguros en escuelas y lugares de trabajo.

Ese trabajo ocurre en un contexto en el que organizaciones locales identifican todavía vacíos en la respuesta estatal frente a la violencia y discriminación. Alen Pinzón, director general de Vive Libre, una organización comunitaria que desde 2019 trabaja en prevención y acompañamiento en México, señala especialmente la falta de recursos para llevar el enfoque de derechos humanos a la práctica dentro de las instituciones públicas. Su diagnóstico incluye otro vacío: “No se están haciendo capacitaciones, no se están haciendo campañas”, dice sobre la prevención de la violencia y la formación de servidores públicos.

The Trevor Project ha encontrado precisamente en la capacitación una vía de relación con el sector público. La organización no desarrolla directamente política pública, pero ofrece talleres, charlas y herramientas educativas a instituciones públicas y privadas. Una de esas experiencias llegó a la Cámara de Diputados y al Senado mexicanos, donde desarrollaron una capacitación de sensibilización.

La manera en que se abrió ese espacio muestra también la importancia que puede tener un aliado dentro de una institución. Barrera cuenta que el acercamiento se produjo a través de un representante del Senado de la población LGBTQ+, que quería que sus colaboradores incorporaran una mirada inclusiva en su trabajo.

Argentina: una ley específica que los respalda

Una persona LGBTI+ puede enfrentar discriminación no solo en la calle, en su familia o en su trabajo. También puede ocurrir cuando acude al Estado: en un hospital, una comisaría, un juzgado o cualquier otra institución pública. Argentina tiene desde 2019 una política que intenta intervenir precisamente ahí: capacitar a quienes trabajan para el Estado para que puedan reconocer las desigualdades y violencias relacionadas con el género y transformar la manera en que responden ante ellas.

Se llama Ley Micaela y establece que todas las personas que trabajan en la función pública nacional deben recibir capacitación en género y violencia, independientemente de su cargo o jerarquía. La obligación alcanza a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en 2017. Su asesinato expuso, entre otros problemas, las consecuencias que pueden tener las actuaciones estatales que no incorporan una perspectiva de género. La respuesta que planteó la ley fue sencilla pero ambiciosa: quienes toman decisiones públicas o atienden a la ciudadanía necesitan formación para reconocer esas desigualdades.

Luego, su implementación incorporó también las experiencias y derechos de la población LGBTI+. Materiales oficiales utilizados para la formación incluyen conceptos sobre orientación sexual, identidad y expresión de género, las desigualdades que enfrenta esta población y, de manera específica, la violencia institucional contra personas LGBTI+. También abordan los travesticidios y transfemicidios y ofrecen herramientas sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia.

La idea es que esos conocimientos tengan consecuencias en el trabajo cotidiano de los funcionarios: desde cómo se realiza un trámite o una intervención hasta cómo se diseña un proyecto de ley o una política pública. 

La Ley Micaela establece que cada organismo debe organizar las capacitaciones de acuerdo con sus funciones, siguiendo los contenidos y lineamientos establecidos para su implementación. 

La experiencia también se extendió a las provincias y municipios. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, aprobó en 2019 su propia Ley Micaela. En otros gobiernos locales los contenidos son todavía más explícitos: Una capacitación municipal de Saavedra-Pigüé, en 2025, incluyó un módulo específico sobre diversidad sexual, con contenidos sobre orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y diversidades corporales. 

La norma también estableció mecanismos de seguimiento: la autoridad responsable debe publicar información sobre el porcentaje de personas capacitadas y elaborar indicadores para evaluar la implementación y los efectos de la formación.

La política alcanzó una escala considerable. En agosto de 2023, el último balance general publicado por el gobierno nacional dice que cerca de 232 mil personas fueron capacitadas en casi 500 talleres y que hubo la participación de 150 organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desde la entrada en vigencia de la ley.

Para entonces, el modelo también había salido de las instituciones estatales y generado programas dirigidos a sindicatos, medios de comunicación, organizaciones comunitarias, espacios deportivos y partidos políticos.

Ecuador: una organización que trabaja con el Estado sin reemplazarlo

En el país también existe una experiencia que combina atención directa a personas LGBTIQ+, producción de información y trabajo con instituciones públicas. Diálogo Diverso nació en 2018 y trabaja en cuatro áreas: asistencia y protección de derechos, género, participación democrática y emprendimiento. Pero su programa más grande es Mi Casa Fuera de Casa, creado especialmente para atender a personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana.

Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso, explica que el programa nació como un espacio seguro para una población que enfrentaba una vulnerabilidad doble: muchas de las personas LGBTIQ+ que migraban sufrían discriminación no solo en los lugares a los que llegaban, sino durante el propio trayecto migratorio. 

Con los años, el programa llegó a funcionar en Tulcán, Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca y, según Manzano, ha atendido de manera individual a más de 67 mil personas.

Mi Casa Fuera de Casa no es un albergue. Es un centro desde el que una persona puede acceder gratuitamente a trabajo social, asesoría legal, atención psicosocial y asesoramiento médico. Dependiendo de su situación, la organización también ha cubierto necesidades como alojamiento temporal, alimentación, transporte, medicinas y exámenes de laboratorio. Hoy tiene centros en Quito y Cuenca.

Pero una parte importante del trabajo de Diálogo Diverso ocurre fuera de sus propias oficinas. la organización ha buscado que las instituciones públicas tengan herramientas para atender mejor a las personas LGBTIQ+. Manzano dice que han capacitado a miles de funcionarios públicos de gobiernos locales y del gobierno central, especialmente del Ejecutivo. 

Las capacitaciones empiezan por conceptos básicos —qué es la diversidad sexual, qué significan la identidad y la expresión de género o la no binariedad— antes de abordar la prevención de la discriminación y la violencia.

La relación con las instituciones se ha construido de distintas maneras. En algunos casos es la organización la que busca abrir el espacio; en otros, son las propias instituciones las que solicitan capacitaciones. 

La colaboración también puede ocurrir en la atención cotidiana. Si una persona que llega a Diálogo Diverso necesita servicios que corresponden al sistema público de salud, los deriva. Manzano menciona el caso de personas que requieren una prueba de VIH: si el resultado es positivo, son conectadas con el Ministerio de Salud para continuar la atención y acceder al tratamiento. La idea, dice, no es trabajar de manera descoordinada con el Estado.

En el sur del país, la relación con los gobiernos locales ha incluido además recursos públicos. Trabajan desde hace varios años con la Alcaldía de Cuenca y la Prefectura de Azuay. Manzano describe el modelo como una forma de complementar capacidades: los gobiernos locales identifican en la organización una posibilidad de llegar a poblaciones a las que sus propios servicios no siempre alcanzan, mientras Diálogo Diverso ya tiene equipos y experiencia para implementar la asistencia.

A nivel nacional, un punto de encuentro ha sido la Subsecretaría de Diversidades. Creada en 2021, tiene entre sus responsabilidades promover los derechos de la población LGBTI+ y formular políticas, planes y estrategias para prevenir y erradicar la violencia y discriminación por orientación sexual y diversidad sexogenérica.

Manzano considera que la creación de esa instancia abrió un espacio específico dentro del gobierno central con el cual las organizaciones podían relacionarse alrededor de los derechos LGBTIQ+. Desde entonces, dice, Diálogo Diverso ha colaborado con la Subsecretaría y con distintos ministerios aportando conocimiento técnico, contactos y capacitaciones.

Tener clara esta coordinación entre sociedad civil y Estado permite entender también por qué la nueva Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ puede cambiar la forma en que se desarrolla esa interlocución. Durante años, organizaciones como Diálogo Diverso produjeron sus propias investigaciones para mostrar las condiciones en las que vivía esta población. Por ejemplo, estudios sobre movilidad humana, participación de mujeres lesbianas, bisexuales y queer, abuso sexual y políticas públicas locales.

Ahora existe información producida por el propio Estado. Para Manzano, eso ofrece una herramienta distinta para la exigibilidad de derechos. La encuesta puede no ser, dice, una radiografía absoluta de toda la población LGBTI+, pero permite discutir políticas públicas a partir de evidencia oficial. Ya no se trata únicamente de que una organización le diga al Estado que existe un problema: es información generada por una institución estatal la que muestra esas condiciones.