La Asamblea archivó el juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura. Te explicamos

La Asamblea Nacional no tuvo los votos suficientes para destituir y censurar a tres vocales del Consejo de la Judicatura, incluido su presidente temporal, Fausto Murillo, en medio de un juicio político en su contra. La ex presidenta María del Carmen Maldonado también era parte del juicio político pero ella dejó su cargo en febrero pasado, por ende, en caso de que sí se aprobaba el juicio político, no aplicaba la destitución pero sí la censura. 

Se necesitaban mínimo 92 votos a favor, y hubo solo 86 

El juicio político empezó la noche del 31 de agosto en el pleno, se extendió hasta la 1:30 de la madrugada del 1 de septiembre, y se retomó a las 10 de la mañana de ese mismo día. En esa primera votación no se concretó la destitución: solo hubo 87 votos a favor, 49 abstenciones, 0 en blanco y 0 en contra. Esa sesión se suspendió antes de que los asambleístas pudieran pedir la reconsideración del voto. 

Pero el 8 de septiembre de 2022, el asambleísta Gruber Zambrano, del Partido Social Cristiano, pidió la reconsideración durante la sesión 798. Que fue aceptada con 85 votos —se necesitaban 70. Sin embargo, luego de esa votación, el presidente del legislativo, Virgilio Saquicela, dijo que la votación no se podía llevar a cabo porque en el pleno estaba ausente la asambleísta que mocionó el juicio político, Viviana Veloz. En medio de críticas, la votación de canceló. 

Finalmente, el 13 de octubre se hizo la reconsideración de la votación, pedida por Zambrano un mes antes, para decidir sobre el juicio político contra los vocales y la ex presidenta del Consejo de la Judicatura. En esta reconsideración tampoco se alcanzaron los votos para la destitución y censura. La asambleísta Veloz volvió a presentar una moción para la censura de Maldonado y los tres vocales, pero por falta de votos, el juicio político fue archivado. 

El archivo del juicio político es un evento más que se suma a una pugna que ha durado meses en la que ha habido acusaciones entre partidos de querer controlar la justicia. Además, ha estado marcada por conflictos entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia.

Una presunta reunión

La mañana del 13 de octubre de 2022, cuando los asambleístas votaron por el juicio político de los vocales y Maldonado, se hizo público un video de una presunta reunión entre autoridades de la Asamblea y de la Corte Nacional de Justicia. 

Teleamazonas reveló un video en el que se ve que el martes 4 de octubre de 2022 quien sería Esteban Torres, jefe del bloque del Partido del Social Cristiano y vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL)— ingresa a la casa de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Minutos después, muestra el video, se ve que entra otra persona, que sería Iván Saquicela —presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien fue suspendido del cargo temporalmente por el Consejo de la Judicatura.

Teleamazonas le preguntó a Torres sobre el presunto encuentro. Al principio de la conversación, cuando le preguntaron si se reunió en la casa de Virgilio Saquicela, Torres contesta “Eh. No me he reunido yo. Pero, no sé si han oído conversaciones, ¿no?”. Luego, Torres le pregunta a Fausto Yépez, el periodista que lo entrevista: “y a usted quién le informó que hubo una reunión”. 

La entrevista continúa con Yépez contándole a Torres que hay un video de registro de la reunión. “¿Hay un video? Ah; no he sabido. Pero bueno, en todo caso…” le contesta el asambleísta Torres mientras levanta los hombros. La conversación continúa con Torres diciendo que ha participado en varias reuniones, pero sin confirmar directamente que estuvo en la reunión del 4 de octubre con Virgilio e Iván Saquicela. 

Virgilio Saquicela también le negó a Teleamazonas que se reunió con Esteban Torres e Iván Saquicela al mismo tiempo. El Presidente de la Asamblea dijo que los vio por separado “para cuestiones particulares” y añadió que Iván Saquicela es su familiar. “No hemos estado los tres”, aseguró Virgilio Saquicela a Teleamazonas. 

Iván Saquicela dijo que hará un pronunciamiento más adelante sobre el tema. 

Hasta la tarde del 13 de octubre no se ha confirmado si en la reunión estuvieron presentes los tres al mismo tiempo ni los motivos del encuentro. 

El origen de la acusación del juicio político contra los vocales

En enero de 2022, el entonces asambleísta correísta Fausto Jarrín —quien renunció a su curul el 14 de julio de ese mismo año— y su coidearia, la asambleísta Viviana Veloz, presentaron una denuncia contra cuatro funcionarios: 

• María del Carmen Maldonado, quien fue presidenta del Consejo de la Judicatura hasta el 2 de febrero de 2022. Ese día presentó su renuncia al cargo. 
• Fausto Murillo, quien era vocal del Consejo cuando los legisladores Jarrín y Veloz plantearon la solicitud de juicio político. El 3 de febrero, un día después de que Maldonado dejara su cargo, fue designado como presidente temporal de la institución. 
• Juan José Morrillo, actual vocal del Consejo. 
• Maribel Barreno, actual vocal del Consejo. 

Jarrín y Veloz pidieron el juicio político tras recoger 36 firmas de respaldo de la banda de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). 

La solicitud de juicio político por presunto incumplimiento de funciones estaba argumentada, de acuerdo con los interpelantes, en siete cargos. 

Según sus acusadores, ese incumplimiento se habría dado principalmente en el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución de magistrados. 

De ahí nacen todos los demás señalamientos. Jarrín y Veloz adujeron una supuesta “extralimitación” de competencias por parte del Consejo en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Según los interpelantes, ha habido “inconstitucionalidad” en varias resoluciones del Consejo. 

Otro punto en el que alegan que hubo incumplimiento de funciones es en el nombramiento de conjueces temporales, el concurso de selección de jueces de la Corte en 2020, no haber hecho la renovación parcial de la Corte Nacional. Finalmente, dicen que también faltaron a sus obligaciones al hacer nombramiento de fiscales provinciales posesionados como funcionarios encargados. 

El vocal Juan José Morillo, el presidente Fausto Murrillo y la vocal Maribel Barreno del Consejo de la Judicatura. Fotografía tomada de cuenta de Twitter del Consejo de la Judicatura.

Un juicio político enmarañado en acusaciones y pugnas

El proceso de juicio político contra los vocales se ha hundido en la polémica y alterado la dinámica política en el país. Durante los últimos meses, audios filtrados, alianzas entre bancadas legislativas y la incertidumbre han marcado al accidentado procedimiento. 

El 23 de agosto de 2022, se filtró un audio en el que supuestamente Morillo asegura que el movimiento Pachakutik iba a apoyar a los vocales de la Judicatura. Aquello podría evidenciar el cabildeo entre funciones del Estados y, además, una ruptura de la alianza que una facción de ese bloque mantenía con el correísmo, el PSC, y la Izquierda Democrática. 

Morillo no ha respondido por la filtración de audio, pero sí ha dicho que “la evaluación a la Corte Nacional nos cuesta un juicio político y un ataque de sectores interesados en infiltrarse en la administración de justicia. Afrontaremos el juicio político con fundamentos jurídicos”. Morillo no especificó a quién se refería. 

La asambleísta Viviana Veloz dijo que las conversaciones continuarían en torno a los votos del juicio político. Adujo, además, que los vocales de la Judicatura habrían ofrecido notarías y cargos dentro de las estructuras de la función judicial, a cambio de votos que los exculpen.

Mientras el proceso llega a su conclusión, el Consejo de la Judicatura sigue en pugnas con la Corte Nacional de Justicia. En especial, con su presidente, Iván Saquicela. El juez Saquicela fue suspendido de funciones en mayo de este año por el Consejo, pero volvió al cargo. Ahora es uno de sus principales detractores.

Hay incluso acusaciones como las del legislador Dalton Bacigalupo, que dijo haber recibido una llamada del juez Saquicela, para presionarlo y promover el voto contra los vocales de la Judicatura.