El polémico proceso de juicio político —impulsado por el correísmo— contra Fausto Murillo, actual presidente del Consejo de la Judicatura, su ex presidenta, María del Carmen Maldonado, y los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, ha llegado a su clímax. La tarde del 28 de agosto de 2022, el pleno de la Asamblea Nacional decidió llamarlos a juicio político.
Con 87 votos a favor y 49 abstenciones, el pleno tomó esta decisión por considerar que existen motivos para procesarlos por supuesto “incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación y remoción de jueces y conjueces, así como en la selección de fiscales provinciales”.
El asambleísta Fernando Cedeño, de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) mocionó aprobar el inicio de juicio político. Cedeño adujo que el Consejo de la Judicatura se tomó atribuciones que no le correspondían. En el debate, que duró poco más de seis horas, intervinieron 12 asambleístas.
Ahora que el juicio político fue aprobado, los vocales deberán enfrentarlo durante la primera semana de septiembre de 2022. Para concretarse su destitución, deben existir 92 votos a favor.
Un día después de que se confirmó el juicio político, el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, dijo en entrevista con Ecuadoradio, que “estos partidos [en referencia al PSC y el correismo] ya tuvieron la justicia en su poder entre el 2011 y 2018 y el país sabe con seguridad todas las atrocidades que hicieron”. Murillo aseguró que no hay causal para el juicio político.
Las alianzas entre bancadas legislativas de la oposición al gobierno de Guillermo Lasso parecen quebrarse, mientras las conversaciones por conseguir y cambiar votos continúan en la Asamblea.
Te explicamos los principales puntos para entender el proceso.
Quién enjuicia a quién
En enero de 2022, el entonces asambleísta correísta Fausto Jarrín —quien renunció a su curul el 14 de julio de ese mismo año— y su coidearia, la asambleísta Viviana Veloz, presentaron una denuncia contra cuatro funcionarios:
- María del Carmen Maldonado, quien fue presidenta del Consejo de la Judicatura hasta el 2 de febrero de 2022. Ese día, presentó su renuncia al cargo.
- Fausto Murillo, quien era vocal del Consejo cuando los legisladores Jarrín y Veloz plantearon la solicitud de juicio político. El 3 de febrero, un día después de que Maldonado dejara su cargo, fue designado como presidente temporal de la institución.
- Juan José Morrillo, actual vocal del Consejo.
- Maribel Barreno, actual vocal del Consejo.
Jarrín y Veloz pidieron el juicio político tras recoger 36 firmas de respaldo de la banda de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES).
La solicitud de juicio político por presunto incumplimiento de funciones estaba argumentada, de acuerdo con los interpelantes, en siete cargos.
Según sus acusadores, ese incumplimiento se habría dado principalmente en el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución de magistrados.
De ahí nacen todos los demás señalamientos. Jarrín y Veloz adujeron una supuesta “extralimitación” de competencias por parte del Consejo en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Según los interpelantes, ha habido “inconstitucionalidad” en varias resoluciones del Consejo.
Otro punto en el que alegan que hubo incumplimiento de funciones es en el nombramiento de conjueces temporales, el concurso de selección de jueces de la Corte en 2020, no haber hecho la renovación parcial de la Corte Nacional. Finalmente, dicen que también faltaron a sus obligaciones al hacer nombramiento de fiscales provinciales posesionados como funcionarios encargados.
La evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, origen del conflicto
Para entender el juicio político que podrían enfrentar los vocales de la Judicatura, hay que retroceder al menos tres años y recordar la crisis que vive la institución.
El 4 de junio de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, liderado por el ya fallecido abogado Julio César Trujillo, cesó a cinco vocales de la Judicatura, incluido el entonces presidente del organismo, Gustavo Jalhk.
La decisión, que fue tomada en consenso, se dio porque el CPCCS transitorio consideró que esos vocales “permitieron conflictos de intereses” intervinieran en la ejecución de sus funciones.
El 19 de junio de ese año, Trujillo posesionó a los nuevos vocales del Consejo, quienes ocuparían sus puestos de forma temporal. Para entonces, ya debía haber comenzado la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, no ocurrió.
El abogado Marcelo Merlo presidió la institución. Meses más tarde, en septiembre de 2018, el CPCCS sesionó y resolvió que el Consejo de la Judicatura transitorio tenía prohibido evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Fue una Judicatura fallida y fracturada, cuya gestión no prosperó—incluso el abogado Juan Pablo Albán, que fue vocal en la institución durante ese año, decidió renunciar.
En enero del año siguiente, el CPCCS designó a los nuevos vocales del Consejo: María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Maribel Barreno, Patricia Esquetini y Juan José Morrillo.
Cuando la Judicatura quedó nuevamente conformada, la resolución del CPCCS lo exhortó, en la resolución en la que formalizaron a los vocales en sus cargos, que “ante el clamor ciudadano” procediera a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de “los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura”.
Maldonado asumió la presidencia de la institución. En junio de ese año, Esquitini renunció, alegando “falta de liderazgo” en el Consejo.
El proceso de evaluación —que debe realizarse cada tres años para que coincida con la renovación de la Corte Nacional de Justicia— comenzó. Se creó un reglamento y al término del proceso, más de 26 jueces y conjueces fueron destituidos en noviembre de 2019. Es decir, dos tercios del total de magistrados que cumplían funciones en la Corte fueron removidos de sus cargos.
En ese mismo mes, Judicatura designó a los conjueces que suplieron a las vacantes. Sin embargo, los magistrados destituidos protestaron contra aquella resolución: alegaron que fue un proceso de evaluación con un reglamento cuestionable, fuera del período en el que debían realizarse. Se presentó, incluso, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
En diciembre de 2021, la Corte Constitucional resolvió la acción. Declaró la inconstitucionalidad del contenido del reglamento para la evaluación de jueces y conjueces. Para la Corte, las disposiciones de la normativa no estaban enmarcadas en el término legal de tiempo establecido para la evaluación y renovación de la Corte, que debe hacerse cada tres años.
En su sentencia, la Corte ordenó un mecanismo de reparación a los jueces destituidos. Aquella reparación era una indemnización económica. Sin embargo, no significó su restitución a los cargos. Así mismo, la Corte aclaró que la sentencia surtía efectos a futuro, pero que no incidía de ninguna forma en los actos ya pasados.
Incluso, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, Diego Sayán, dijo en una carta dirigida al Estado ecuatoriano, que había “preocupación” por lo que consideraban fallas en el reglamento para la evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, la composición del Comité de Apoyo para la Evaluación integral, y el informe suscrito por el mismo órgano, a partir del cual se tomó la decisión de cesar a la más de veintena de jueces.
En el pedido de juicio político de Jarrín y Veloz, se plantea que el Consejo de la Judicatura delegó el análisis y calificación de las actuaciones de los jueces a un Comité de Expertos y Evaluadores. Según los interpelantes, aquello iría en contra de las normas legales pues era una competencia o facultad privativa del Consejo. Incluso se planteó una acción de inconstitucionalidad contra la destitución.
Detrás de la pugna que arrincona al Consejo hay alegaciones políticas. Ciertos actores aseguran que es un esfuerzo correísta por controlar al órgano disciplinario y administrativo de la función judiical. Del otro lado, hay quienes dicen que el objetivo de aquella depuración era sacar, en su gran mayoría, a jueces considerados “correístas”.
El actual presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, ha insistido en que la evaluación de jueces era urgente y que fue un exhorto que el mismo CPCCS les hizo. “Nosotros asumimos que debíamos proceder de inmediato”, dijo Murrillo, durante un panel en el programa Políticamente Correcto. Según Murillo, recién “dos o tres años” después, la Corte Constitucional ha cuestionado la temporalidad del concurso.
Ese es el génesis del pedido de juicio político, que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa el 18 de febrero de 2022. Luego, fue enviado a la Comisión de Fiscalización para que fuera tramitado.
La Comisión, presidida por Fernando Villavicencio, presentó su informe sobre el pedido el 22 de agosto de ese mismo año. El documento recomendaba que se archivara el juicio político.
En diez conclusiones y trece recomendaciones, la Comisión dio sus argumentos para considerar válida la evaluación a jueces y conjueces. Alegaba que no fue una resolución del Consejo de la Judicatura tomada de forma autónoma, sino que fue realiza con base en un exhorto hecho por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Además, afirmaba que lo que cuestiona la Corte Constitucional es la temporalidad del proceso evaluatorio, no una “interferencia en la independencia judicial”.
El informe recibió cuatro votos en contra —desde el correísmo y el Partido Socialcristiano— y tres a favor, que incluyó el voto de Villavicencio y los representantes de la bancada oficialista.
Un juicio político enmarañado en acusaciones y pugnas
El proceso de juicio político contra los vocales se ha hundido en la polémica y alterado la dinámica política en el país. Durante los últimos meses, audios filtrados, alianzas entre bancadas legislativas y la incertidumbre han marcado al accidentado procedimiento.
El 23 de agosto de 2022, se filtró un audio en el que supuestamente Morillo asegura que el movimiento Pachakutik iba a apoyar a los vocales de la Judicatura. Aquello podría evidenciar el cabildeo entre funciones del Estados y, además, una ruptura de la alianza que una facción de ese bloque mantenía con el correísmo, el PSC, y la Izquierda Democrática.
Morillo no ha respondido por la filtración de audio, pero sí ha dicho que “la evaluación a la Corte Nacional nos cuesta un juicio político y un ataque de sectores interesados en infiltrarse en la administración de justicia. Afrontaremos el juicio político con fundamentos jurídicos”. Morillo no especificó a quién se refería.
La asambleísta Viviana Veloz dijo que las conversaciones continuarían en torno a los votos del juicio político. Adujo, además, que los vocales de la Judicatura habrían ofrecido notarías y cargos dentro de las estructuras de la función judicial, a cambio de votos que los exculpen.
“La Asamblea Nacional seguirá con este proceso de Juicio Político contra los vocales de Judicatura y se culminará con la sanción y destitución de estos malos funcionarios”, @VivianaVeloz18 #JusticiaSecuestrada pic.twitter.com/QtTmRilKC3
— Bancada Unión por la Esperanza - UNES (@BancadaUNESec) August 23, 2022
Eso no es todo. Mientras el proceso llega a su conclusión, el Consejo de la Judicatura sigue en pugnas con la Corte Nacional de Justicia. En especial, con su presidente, Iván Saquicela. El juez Saquicela fue suspendido de funciones en mayo de este año por el Consejo, pero volvió al cargo. Ahora es uno de sus principales detractores.
Hay incluso acusaciones como las del legislador Dalton Bacigalupo, que dijo haber recibido una llamada del juez Saquicela, para presionarlo y promover el voto contra los vocales de la Judicatura.
LLAMADA DE IVÁN SAQUICELA NO RECIBIDA. pic.twitter.com/AmcuEleOhK
— Dalton Bacigalupo (@DBacigalupoB) August 24, 2022
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.
