Ocho preguntas para la consulta popular fueron presentadas por el presidente Guillermo Lasso la mañana del 12 de septiembre. Una de ellas, la última, está relacionada con el rol que juegan los ciudadanos en la conservación de la naturaleza. 

La pregunta ocho dice: ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

Te contamos qué opinan los expertos sobre la pregunta.

¿Qué son los servicios ambientales?

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Para entender las opiniones de los expertos sobre la pregunta 8 de la consulta popular, primero es necesario entender qué son los servicios ambientales. 

Estos servicios son aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficios para las personas y las comunidades. Por ejemplo, se consideran servicios ambientales a: 

  1. la regulación de los gases de efecto invernadero que se consigue gracias a la conservación de los bosques,
  2. la regulación del clima y la temperatura global,
  3. la regulación hídrica, que provee agua para el consumo humano, el riego, y la agroindustria,
  4. la polinización,
  5. la producción de alimentos, 
  6. los recursos genéticos que existen en los ecosistemas.

En la actualidad, en varios países del mundo hay mercados en los que se ofrecen servicios ambientales. La lógica de este mercado se basa en que cuando estos servicios que se consideran gratuitos empiezan a escasear —por la contaminación o sobreexplotación— estos adquieren un valor económico.

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Los ríos proveen de servicios ambientales. Fotografía de Windsor Aguirre.

Sin embargo, los científicos que trabajan con esta clase de mercados dicen que para que los esquemas de servicios ambientales funcionen, es necesario que los derechos de propiedad estén claramente definidos. Esos derechos de propiedad son precisamente los que plantea la pregunta 8 de la consulta popular. 

¿Es buena idea?

Belén Páez, presidenta de Fundación Pachamama, dice que “en este momento Ecuador está perdiendo cientos de millones de dólares por no tener una ley y una norma clara sobre el tema de los mercados voluntarios de servicios ambientales que puedan incluir una gama y una variedad de inversiones”.  

Páez dice que en el país se podrían hacer muchas inversiones para proteger los bosques, reducir la deforestación e incluso para cumplir con los compromisos del Estado relacionados con la conservación. Pero no está sucediendo porque no hay reglas claras. Según Páez, para todo esto se necesitan grandes inversiones que tengan una clara comprensión sobre todo, de que los pueblos indígenas son sumamente importantes.

La experta asegura que una opción para Ecuador y la ciudadanía es sin duda, avanzar con este tema como ya está pasando en Perú, Brasil y la cuenca amazónica. “Ecuador no tiene por qué quedarse atrás siendo esta una inversión importantísima para conseguir las metas de reducción de la deforestación y apoyar a las comunidades locales en sus formas de vida”, dice Páez.

Algo similar opina Tarscicio Granizo, director de la organización ambiental WWF en Ecuador y ex ministro de Ambiente. Granizo dice que la pregunta 8 de la consulta “es pertinente”. El experto explica que siempre ha habido un candado constitucional que dice que los servicios ambientales no pueden ser privatizados. Sin embargo, con esto, dice Granizo “yo creo que no estamos  hablando de privatizar los servicios ambientales pero sí de reconocer que los servicios ambientales pueden ser una alternativa económica para las comunidades locales”. 

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Las comunidades deben beneficiarse de las compensaciones por servicios ambientales, dicen los expertos.

Al igual que Páez, Granizo dice que hay que tener muy claro que el trabajo con “los servicios ambientales planteados en la pregunta tienen que estar muy bien reglamentados”. Según el experto, esto es fundamental para que sean las “comunidades locales, las más pobres, las que se beneficien de las compensaciones y no los mismos de siempre, las élites o los grupos de poder”. 

La inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas

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La experta dice que hace algunos meses se ha venido trabajando con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y las poblaciones indígenas sobre cómo se puede incidir mejor para que haya un esquema de compensación por los servicios ambientales. 

Páez explica que en Ecuador es necesario que haya una alta y efectiva participación de los pueblos indígenas en el diseño de políticas sobre los servicios ambientales porque son ellos, quienes en su mayoría, cuidan los ecosistemas para que todos nos beneficiemos de sus servicios.

Es por eso, dice la experta, que se debe hacer un  benefit trading —beneficios de los mercados— que permita canalizar los recursos a los pueblos y nacionalidades, en base a sus planes de vida y a sus propios proyectos.

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Indígenas de la nacionalidad siekopai. Fotografía de Amazon Frontlines.

Sin embargo, Páez recalca que debe haber “una norma clara”. La experta explica que si se llega a aprobar esta pregunta, se deben establecer reglamentos que permitan que los pueblos indígenas negocien “directamente con los inversionistas de mercados voluntarios, con inversionistas que en este momento están preocupados por reducir sus emisiones al mayor corto plazo”.

¿Qué beneficios hay?

La experta Belén Páez dice que los mercados voluntarios de servicios ambientales “podrían constituirse no solo en una respuesta para reducir la deforestación sino también para beneficiar al país”. Páez dice que con los recursos que se reciban se pueden hacer proyectos en áreas protegidas, en zonas de  conectividad ecológica. 

Además, dice Páez, en un país tan biodiverso como Ecuador, las compensaciones por los servicios ambientales podrían ayudar al Estado a “resolver sus problemas de combate a la pobreza, de reducir las brechas que existen para pagar a profesores, etc.” 

¿Qué riesgos hay?

Belén Páez dice que el mayor de los riesgos es que no haya un reglamento claro que evite que los servicios ambientales sean puestos en especulación o aprovechados por personas que no tienen un verdadero interés por la naturaleza. Páez dice que se necesita establecer reglamentos que permitan que los pueblos indígenas negocien “directamente con los inversionistas de mercados voluntarios, con inversionistas que en este momento están preocupados por reducir sus emisiones al mayor corto plazo”.

La experta dice que las inversiones deben estar enfocadas en reducir la deforestación y además en contribuir a la permanencia de la diversidad de conocimientos que los pueblos indígenas están manteniendo. 

Sin embargo, dice Páez, se debe tener cuidado de los especuladores de carbono, “a los que también se les llaman también carbon cowboys que llegan a los territorios indígenas a vender la idea de que aquí hay dinero y les piden sus títulos de propiedad y juegan con la especulación del precio de los servicios”. 

Por eso, asegura la experta, “un buen pacto para el Ecuador es tener una norma clara que le permita tener una capacidad para regular y normar este tipo de especulaciones y cosas ilegales”. Las normas además deben tener la capacidad de regular los mercados y asegurarse de que los inversionistas realmente estén cumpliendo sus compromisos de bajar las emisiones y que no estén especulando o haciendo un greenwashing, lavando sus manos de la contaminación que están haciendo en otros lugares. 

¿Qué pasará si la pregunta es aprobada?

Si la mayoría de la ciudadanía ecuatoriana vota a favor de la pregunta 8, sobre los servicios ambientales se deberá reformar el artículo 74 de la Constitución. Con los cambios, el Anexo 8 dice que el texto quedaría así:

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. El Estado, en su calidad de administrador de los servicios ambientales, regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento y definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos.

¿Qué opinan de las dos preguntas ambientales de la consulta popular?

Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador, dice que “la consulta se queda corta porque hay otros temas fundamentales que deberían ser preguntados”. 

Algunos de los temas ambientales que Granizo considera que se debería haber incluído son: el tema de los tratamientos de las aguas residuales y el consentimiento previo e informado para todos. 

Granizo explica que en Ecuador, “menos del 8% de las aguas residuales del país se trata y yo creo que una de las preguntas hubiera podido ser si estamos de acuerdo o no en que la prioridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados sea el tratamiento de las aguas antes de su vertimiento en los ríos, arroyos y mares del país”.

También dice el experto, se pudo haber planteado que se establezca el consentimiento previo e informado para todos. “Creo que el consentimiento informado previo es fundamental para que las comunidades y las personas decidamos sobre si una obra de infraestructura es apropiada o no”, opina Granizo. 

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Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.
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