Denuncié al país la metida de manos en la justicia, ahora soy víctima de persecución. Me van a suspender y luego el CJ [Consejo de la Judicatura] pretende destituirme”, dijo Iván Saquicela el pasado 22 de mayo de 2022. 

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Lo dijo antes de que el Consejo de la Judicatura formalizara su suspensión temporal durante 90 días por una presunta “infracción gravísima de manifiesta negligencia”, el viernes 22 de mayo de 2022. Con la resolución del consejo, presidido por Fausto Murillo, la pugna entre esa institución y Saquicela llegó a su punto más álgido, lesionando aún más la institucionalidad del sistema de justicia ordinaria ecuatoriana. 

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En un comunicado del 20 de mayo el Consejo explicó que el 19 de mayo de 2022 recibió una denuncia formal contra Saquicela vinculada a un “supuesto retardo” en la tramitación de un caso de extradición, que recayó sobre el presidente de la Corte.

Sin embargo, la noche del 29 de junio de 2022, el pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvió que Iván Saquicela “no cometió negligencia manifiesta” en el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa.  

La resolución fue adoptada “por unanimidad” de los jueces y podría permitir que Saquicela retome las funciones de las que ha estado suspendido por poco más de un mes. La decisión será enviada al Consejo de la Judicatura. 

La suspensión de Saquicela

La suspensión del presidente de la CNJ tiene su origen en una denuncia que recibió el Consejo de la Judicatura contra Saquicela por un “supuesto retardo” en la tramitación de un caso de extradición. 

El caso de extradición al que se refiere sería el del expresidente Rafael Correa. Un comunicado del 22 de abril de 2022 de la Corte Nacional dice que Saquicela solicitó a Bélgica el 21 de abril a las 17:30, la extradición de Correa. 

Un documento al que GK tuvo acceso menciona el mismo día y hora para el proceso de extradición con número 44-2021. Ese mismo número aparece en el confuso comunicado del 20 de mayo del Consejo de la Judicatura como fundamentación de la sanción a Saquicela. 

El Consejo dijo que su decisión está fundamentada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el que se tipifican las causales de infracciones gravísimas. En el caso de Saquicela, argumenta la institución, califica en la causal de “intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”. 

El pleno del Consejo decidió sancionar a Saquicela y dictar su suspensión como medida preventiva. Por la orden, Saquicela quedará suspendido, sin pérdida de su remuneración, por un período máximo de noventa días hasta que se resuelva su situación

¿Qué decía la denuncia contra Saquicela? 

El Consejo no especificó el nombre del denunciante, que según la institución es un abogado. 

En el escueto y otra vez confuso comunicado del Consejo, se dice que la secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte certificó el 11 de agosto de 2021 que la sentencia contra el ciudadano a ser extraditado estaba en firme. 

Sin embargo, Saquicela recién habría enviado el pedido de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores el 22 de abril de 2022; es decir, más de 8 meses después de que la sentencia había sido declarada ejecutoriada. 

“[E]l señor Presidente [Saquicela] a todas luces actuó sin la debida diligencia que se debe tener en este tipo de casos, demorando de manera negligente el velar por el fin de cumplimiento de una orden impartida, además de inobservar el principio constitucional de celeridad”, dice la denuncia, según la nota del Consejo. 

Saquicela cuestionó la decisión y dijo, en su cuenta de Twitter: “Me acaban de notificar la suspensión de funciones, para que con ello no prospere el trámite de extradición del ex presidente Rafael Correa. Quieren impunidad, cuando hay verdad y derecho no hay temor”. 

La polémica entre Judicatura y la Corte Nacional, resumida

Son varios hechos los que han marcado la pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional. Uno se originó a partir de una terna presentada para elegir al nuevo Presidente del Consejo de la Judicatura, cuyo cargo es ocupado temporalmente por Fausto Murillo. 

El proceso comenzó el 2 de febrero de 2022, luego de que María del Carmen Maldonado renunciara a la presidencia de la institución judicial. Después de 20 días, la Corte planteó una terna y la envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pasaron más de 80 días sin que el Consejo llegara a una resolución para nombrar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. 

Entonces, el 16 de mayo último, el presidente Iván Saquicela anunció el retiro de la terna y lo atribuyó a que “hay la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia”, según declaró en una rueda de prensa. Para Saquicela, ese intento estaría relacionado con la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

En la rueda de prensa, Saquicela cuestionó al Consejo de Participación Ciudadana —encargado de la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura, según la ley— por la falta de celeridad para elegir al nuevo titular de la institución. 

Tres días después, el 19 de mayo, la Judicatura exigió a Saquicela, en un confuso comunicado, que integre la Sala Especializada de lo Penal y despache causas. El Consejo pide que el presidente de la Corte se sume a la Sala y pueda despachar causas por “eficiencia”.

Los intentos de Saquicela por defenderse

La noche del 22 de mayo de 2022, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, presentó una acción de protección con medida cautelar. Según el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), la acción se presentó contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y todos los vocales del Consejo. 

Saquicela presentó el recurso tras la suspensión temporal de su cargo. En la acción, el presidente de la CNJ dice que sus derechos fundamentales “se encuentran con un daño grave y verificable”. Según Saquicela, se abrió un proceso disciplinario en su contra “sin que existan los argumentos necesarios para aplicar la excepcionalidad de su suspensión sin remuneración”. 

En el recurso, Saquicela dice que el tiempo que se mantenga su suspensión causará “un daño irreparable a la institucionalidad”. Por eso, buscaba que la acción de protección dejara sin efecto su suspensión.

Sin embargo, la noche del 23 de mayo de 2022, un juez de la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer de Cuenca negó el recurso presentado por Saquicela. La decisión se conoció en un comunicado del Consejo de la Judicatura

El comunicado que fue publicado en su cuenta de Twitter dice que el juez negó el recurso por dos razones. Una, porque “no existe la necesidad temporal de adoptar la medida cautelar”. Y otra porque la solicitud “no cumple con los presupuestos establecidos” en una sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. 

Aunque el juez ya tomó una decisión, el próximo jueves 26 de mayo será la audiencia pública de la acción. 

Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.

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