La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización regional integrada por profesionales que promueven el Estado de derecho en América Latina, dijo que estaba preocupada por la independencia judicial de Ecuador después de que el Presidente de Ecuador se reunió con los principales representantes de las instituciones de justicia.

En un comunicado, publicado el pasado 3 de mayo, la organización hace referencia a la reunión privada del 24 de abril, que tuvo el presidente Guillermo Lasso con autoridades de la Función Judicial para hablar sobre los “problemas de seguridad interior” y el otorgamientos de hábeas corpus “en favor de personas acusadas de delitos graves como narcotráfico y corrupción”. 

A la reunión asistieron la Fiscal General Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván Saquicela, y Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. 

¿Qué dice la carta de la Fundación?

La carta de la Fundación, para argumentar su preocupación, dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en varias sentencias que “el principio de independencia judicial incluye la garantía frente a presiones externas”. 

El comunicado menciona que luego de la reunión de Lasso, el presidente del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia enviaron  una carta a la Corte Constitucional para que “aclare los alcances del proceso de hábeas corpus”.  

La DPLF dice que está preocupada porque convocar a hablar sobre decisiones judiciales de instancias inferiores puede alentar a “injerencias indebidas en su independencia interna, incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos”. 

Al final del comunicado, la Fundación dice que los pedidos a la Corte Constitucional no solo desconocen sus competencias sino que “buscan involucrarla indebidamente como parte activa en la resolución de problemas de seguridad, lo que corresponde a otros poderes del Estado”. 

La Fundación recuerda que responsabilizar a las altas cortes por lo que ocurra con políticas de seguridad u otro tipo, “ha sido en otros países de la región, la antesala a ataques más graves que han afectado la institucionalidad de la justicia y la democracia”.

La abogada María Dolores Miño dice que esta carta de la DPLF “no es cualquier cosa”. Miño explica que esta Fundación es la organización internacional más prestigiosa a nivel regional en materia de independencia judicial. 

“Debería  preocuparnos que la DPLF, entre todas las cosas que tiene que hacer, emita una alerta en este sentido a favor de la Corte [Constitucional]”, dice Miño.

La DPLF es la misma organización que publicó en 2014 el informe ‘Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana’ que reveló que había corrupción en el sistema de justicia. El documento, conocido como informe Pásara, concluyó que en Ecuador existía “una utilización política de la justicia que compromete seriamente la independencia judicial en los casos en los que está de por medio el interés gubernamental”. En ese entonces, el presidente era Rafael Correa. 

¿Por qué hay ataques contra la Corte Constitucional?

La publicación de la carta de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) se dio en un contexto en el que la Corte Constitucional enfrenta una campaña de desprestigio, según la abogada Miño. 

Hace algunos días, por ejemplo, el asambleísta Fernando Villavicencio comenzó a criticar el trabajo de la Corte Constitucional en redes sociales. Uno de esos ataques fue la publicación de una foto de Ali Lozada, presidente de la Corte, junto a Pedro Moreira, juez que concedió el hábeas corpus a Junior Roldán, cabecilla de la banda delictiva Los Choneros. 

Tras la publicación de Villavicencio, el juez Alí Lozada explicó de dónde venía la fotografía. Lozada dijo que la foto había sido tomada seis meses atrás, en el “Foro Presencial: Garantía de la Motivación-Análisis de la Sentencia Nro. 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional”. El Foro había sido organizado por la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y estaba dirigido a jueces y juezas. 

Según Lozada, “es usual que, en este tipo de espacios universitarios, alumnos o asistentes al evento se tomen fotografías” con los ponentes, como él. El juez además dijo que no conocía personalmente a Moreira y que la fotografía había sido “usada para engañar”. 

La abogada especializada en Derechos Humanos, María Dolores Miño, dice que esta campaña “viene del Ejecutivo, de la Función Judicial ordinaria, y del Legislativo a través de Fernando Villavicencio”. Miño dice además que también han habido ataques por parte de “abogados afines a  la voz oficial”, es decir cercanos al gobierno, pero no dio ningún nombre.

Según Miño, estos ataques, que se han intensificado en las últimas semanas, buscan dos cosas en particular. Una, desviar la atención “de la incapacidad del Ejecutivo de desarrollar un plan de política pública en materia de seguridad ciudadana que sea efectivo”. Y dos, desviar la atención del Consejo de la Judicatura y del sistema de justicia ordinario, y el hecho de que “han seleccionado y mantienen en el cargo a jueces evidentemente corruptos”. Miño no dio ningún nombre.

Miño explica que el gobierno de Lasso ha venido “demostrando una absoluta incompetencia y en materia de seguridad ciudadana” que ha causado un malestar ciudadano. Entonces, explica, lo que está haciendo el gobierno para manejar ese malestar es “buscar un chivo expiatorio”. 

La Corte es ese chivo expiatorio, asegura Miño, porque hay resentimientos con algunos entes del sector público. 

¿Cuáles son los presuntos resentimientos?

La experta dice que en primer lugar, la Corte Constitucional —como cualquier otra alta Corte— es incómoda para el gobierno porque “tiene la posibilidad de revertir ciertas decisiones que al poder político no le convienen”. 

Por ejemplo, dice Miño, la Corte Constitucional podría emitir fallos que tienen que ver con limitaciones al extractivismo; algo que sería peligroso para los intereses del gobierno de Guillermo Lasso —que ha sido enfático en aumentar el extractivismo. 

Actualmente, en la Corte hay dos acciones de inconstitucionalidad contra decretos ejecutivos relacionados con el tema. Hay una acción contra el decreto 95, que habla de duplicar la extracción de petróleo y otra acción contra el decreto 151, que habla de la política minera del país. 

Las organizaciones dicen que los decretos 95 y 151 es inconstitucional. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la COICA.

También, dice Miño, la Corte Constitucional ha emitido fallos que van en contra de la ideología del Presidente, como la sentencia que despenalizó el aborto por violación. Pero no es lo único, Miño dice que en general, la corte ha emitido fallos bastante progresistas —que van a tono con las altas cortes de la región y del mundo— que pueden parecer “disonantes con lo que el Presidente espera a nivel personal”. 

Con respecto al sistema de justicia, la Corte Constitucional también ha hecho fallos en contra. Miño dice que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura “tiene un resentimiento con la Corte por una sentencia que limitó la facultad del Consejo de determinar situaciones de error inexcusable para destituir a jueces”. Es decir, que se usaba la excusa de que los jueces habían cometido una equivocación que no tenía disculpa para expulsarlos de sus cargos. María Dolores Miño dice que incluso “organismos internacionales alertaron sobre el uso abusivo” de esta figura. 

Entonces, dice la abogada, los ataques que han habido contra la Corte buscan crear un clima de desprestigio y rechazo ciudadano “para que los jueces constitucionales se asusten, y no se atrevan a hablar en contra de los intereses del gobierno”. 

Miño asegura que estos intentos serán en vano porque quienes conforman la Corte son “personas probas, suficientemente fuertes para aguantar embates, y que no se van a dejar amedrentar”. 

Miño dice también que lo que está pasando es un “intento de injerencia en la justicia constitucional”. 

Esto además de ser peligroso, dice Miño, es “absolutamente inaceptable sobre todo porque la Corte Constitucional ecuatoriana es muy importante y prestigiosa a nivel regional”. 

Los actuales jueces de la Corte Constitucional. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Corte Constitucional.

Marcelo Espinel, abogado constitucionalista, dice que el pedido de modificar una sentencia de la Corte Constitucional podría considerarse “no válido” y una “afrenta” a la independencia de funciones que debe existir en cualquier democracia. Y “al parecer el desconocimiento de las propias atribuciones que tiene el Ejecutivo sobre el desarrollo del poder Ejecutivo y las atribuciones y límites de la Corte Constitucional”. 

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dice que hay que tomar en cuenta que la Corte Constitucional es una de las pocas instituciones que funcionan en el país. “Hay que cuidar esta poca institucionalidad que aún está disponible y no caer en el juego de atacarla o de afectar su independencia”, dice. 

La reunión privada de la Función Judicial

Tras la reunión, las autoridades de la Función Judicial pidieron a la Corte Constitucional delimitar el alcance de la acción de hábeas corpus. Según Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, el hábeas corpus había sido pervertido para la impunidad, refiriéndose a dos casos en particular: 

• El hábeas corpus otorgado el 10 de abril al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por cohecho y peculado.
• El hábeas corpus concedido a Junior Roldán, líder de la banda delictiva Los Choneros, el 22 de abril. 

Tras la reunión, abogados constitucionalistas cuestionaron la reunión y la solicitud que se envió  a la Corte Constitucional con respecto al hábeas corpus. 

El presidente Lasso junto al presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela y el presidente del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo. Fotografía de la cuenta de Twitter de Guillermo Lasso.

Ramiro Ávila Santamaría, ex juez de la Corte Constitucional, dijo en su cuenta de Twitter que “el abuso del hábeas corpus no se resuelve con botar la pelotita a la Corte Constitucional”. La abogada Lolo Miño dijo que la corrupción en el sistema judicial no era culpa de la Corte Constitucional y que hacía falta que el Consejo de la Judicatura capacite bien a los jueces que conocen garantías. La misma Corte Constitucional respondió criticando la reunión. 

 El 26 de abril, en el espacio gubernamental con periodistas, el presidente Guillermo Lasso dijo que la reunión que tuvo con representantes de las principales instituciones de la Función Judicial “no se trataba de una metida de manos a la justicia”. Tampoco “una violación a la independencia de la justicia”.

Así respondió la Corte al pedido de que “aclare los alcances del hábeas corpus”

Un día después de recibir la carta del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada respondió su petición con un video. Ahí dijo que las “manifestaciones públicas de Saquicela y Murillo parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional”. 

Además, dijo Lozada, los jueces del tribunal más alto de la nación consideran que la carta y los pedidos “constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que rechazamos de manera firme y enfática”. 

Por eso, dijo Lozada, los jueces de la Corte Constitucional responden que: 

• “La Corte Constitucional habla solo a través de sus sentencias”, dijo Lozada. El presidente de la Corte dijo que emiten “jurisprudencia en respuesta a casos concretos puestos a su conocimiento sobre posibles vulneraciones a la Constitución y a los derechos fundamentales”. Aseguró que fuera de esos límites “no es competente para regular procedimientos judiciales ni para absolver consultas informales de otras funciones del Estado”. 
• “Las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables”, aseguró Alí Lozada. Dijo que para que el tribunal más alto del país desarrolle “su jurisprudencia o, excepcionalmente, se aleje de ella, no basta un oficio”. Enfatizó en que es necesario que se someta a su juzgamiento un nuevo caso concreto con características idóneas para ello, no solo una carta con pedidos. 
• Lozada dijo que desde 2019, la Corte Constitucional ha establecido jurisprudencia obligatoria sobre el hábeas corpus en más de 20 sentencias. Esa jurisprudencia, dijo Lozada, permite identificar de manera clara cuando esa garantía ha sido objeto de abuso.  Para asegurar que eso se cumpla, Lozada dijo que difunden sus sentencias por varios medios y que han dispuesto en varias ocasiones que el Consejo de la Judicatura “cumpla con su obligación de capacitar a jueces del país en garantías constitucionales”.