Las recientes acciones de hábeas corpus concedidas a personas como Jorge Glas, exvicepresidente del Ecuador sentenciado por el caso Sobornos, y a Junior Roldán, uno de los líderes de la banda Los Choneros, han causado indignación en la ciudadanía y la Función Ejecutiva.

La respuesta ante estos hechos será pedir a la Corte Constitucional que revise y delimite el alcance de la acción de hábeas corpus en el país. 

La decisión se tomó la mañana de hoy, 24 de abril de 2022, en una reunión convocada por el presidente Guillermo Lasso, a la que asistieron la Fiscal General Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván Saquicela, y Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura.

Las autoridades se reunieron a puerta cerrada en las instalaciones de la Gobernación del Guayas, en la ciudad portuaria de Guayaquil durante más de cuatro horas. El objetivo de la reunión, dijo Iván Saquicela, fue hablar sobre la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad. 

Saquicela dijo que si bien la acción de habeas corpus “es una institución importante no puede ser pervertida en un instrumento para la impunidad del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado”. Por eso, él y Murillo enviarán una carta a la Corte Constitucional solicitando que revise el alcance de la acción de hábeas corpus. También piden que se revisen otros dos temas.

¿Qué se pide a la Corte Constitucional?

La carta enviada por Iván Saquicela, presidente de la CNJ, y Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, tiene tres pedidos. 

El primero es que por vía jurisprudencial “se aclare el alcance y se delimite” la acción de hábeas corpus. El objetivo es eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso de esta figura. 

Iván Saquicela, hizo énfasis en que “no es tolerable que a través del hábeas corpus se pretenda la impunidad”. 

Saquicela dijo que se está abusando de la acción de habeas corpus. Fotografía del Flickr de la Presidencia.

El segundo pedido es que se revierta la decisión jurisprudencial de la Corte Constitucional que impide comenzar procesos por prevaricato en casos de acción de protección y hábeas corpus. Ahora, los jueces que actúan en casos de acciones de protección o habeas corpus no pueden ser investigados por fallar contra la ley.

Saquicela explicó que la anterior Corte Constitucional dijo, en una de sus sentencias, que “no hay prevaricato en acciones de protección y habeas corpus” y que esa decisión impide empezar procesos legales en algunos actos de corrupción. 

(El prevaricato es un delito que cometen los jueces, juezas u otros servidores judiciales cuando dictan una resolución sabiendo que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.​ El Código Orgánico Integral Penal lo sanciona con prisión de tres a cinco años.)

Finalmente, el último pedido es que se revisen los “límites de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura”. La carta dice que, en particular, se restituya la facultad de poder “actuar de oficio en casos de manifiesta negligencia”. 

Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, explicó que esta última solicitud se debe a que ahora el consejo tiene que esperar una denuncia o una sentencia para “iniciar de oficio los expediente disciplinarios”. Según él, esto entorpece el proceso y evita que se pueda combatir directamente los actos de corrupción.

¿Qué más dice la carta?

La carta que está dirigida a Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, dice que en las últimas semanas ha presenciado “una serie de decisiones judiciales que denotan un abuso de acciones constitucionales como el hábeas corpus”. 

Después de enlistar las solicitudes, Saquicela y Murillo explican que la solicitud recoge la preocupación e indignación de la ciudadanía ante “una situación que pone en peligro la institucionalidad, la seguridad y los propios derechos de los ecuatorianos” —refiriéndose a los hábeas corpus otorgados a Jorge Glas, sentenciado por el caso Sobornos, y Junior Roldán, alias JR, uno de los líderes de Los Choneros.

El documento finaliza diciendo que la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura llevarán adelante “todos los procesos para sancionar a aquellos funcionarios que se presten para la impunidad”. 

La carta está firmada únicamente por Saquicela y Murillo. La Fiscal General Diana Salazar abandonó la reunión antes de que esta terminara, pero no se sabe por qué. 

La Fiscalía no ha dicho cuál es su posición respecto a la reunión o a la solicitud enviada a la Corte Constitucional por las otras dos instituciones de la Función Judicial.

¿Qué más se dijo en la reunión?

En la rueda de prensa al finalizar la reunión, Iván Saquicela dijo que el crimen organizado pretende meterse en la justicia para lograr impunidad. El presidente de la Corte Nacional dijo también que “defendemos la independencia judicial”, pero que esta no significa que se debe permitir el abuso de las instituciones jurídicas, o que haya corrupción e impunidad. 

Saquicela dijo que en la reunión, tanto él como el presidente del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y la Fiscal Diana Salazar “expresamos que estamos dispuestos siempre a luchar contra la corrupción, incluso casa adentro”. 

Además, el presidente Guillemo Lasso dijo que no puede “permanecer indiferente ante situaciones que propagan el miedo y la indignación en la colectividad”, y que por eso llamó a la reunión. También dijo que confiaba en la decisión tomada por Saquicela y Murillo de hacer el pedido a la Corte Constitucional y que espera que dé resultado.

Contundente y con voz fuerte Lasso terminó su intervención diciendo que “jamás permitiré que el Ecuador se convierta en un estado sitiado por bandas de narcotráfico”.