La lista de los generales a quienes les retiraron las visas estadounidenses podría ser entregada solo si es que se abre un proceso investigativo y se solicite esa información por medio de la cooperación penal. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, dijo que esa era la “única opción” porque la legislación estadounidense prohíbe que sus embajadas entreguen información específica sobre la entrega y suspensión de visas. 

Vela se refirió a los generales de la Policía Nacional a los que se les retiró las visas, según el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Él hizo esas declaraciones en una entrevista con el medio Primicias en la que también dijo que su gobierno estaba muy preocupado por la penetración del narcotráfico en Ecuador. El embajador dijo que uno de los casos a los que apuntaba Estados Unidos era el de los “narco generales”, a quienes se les habían retirado las visas, aunque no mencionó nombres. 

Vela hizo el anuncio en una comparecencia en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, el 12 de enero. Según ella, la información sobre las identidades de los generales se podría solicitar a través de “un mecanismo de asistencia penal internacional” que se haga dentro de “un proceso de denuncia e investigación”. 

La cooperación penal internacional

Según la Fiscalía, Ecuador está suscrito a “varios instrumentos internacionales relacionados a mecanismos de cooperación internacional en materia penal”. Por eso, en caso de que una investigación así lo requiera, la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía puede gestionar que se entregue información que está en el extranjero, o que se hagan diligencias fuera del país. 

Sin embargo, la ministra Vela dijo que todavía no se ha presentado una denuncia en la Fiscalía para que investigue el caso. Dijo que lo haría “en el instante en el que exista el más mínimo indicio de una infracción de carácter penal”. Por eso, aseguró, está esperando que le entreguen los informes que varias instituciones están haciendo sobre sus investigaciones del caso. 

Vela añadió que la Fiscalía General del Estado podría abrir una investigación de oficio “teniendo conocimiento la declaración del embajador”, refiriéndose a Fitzpatrick.

Los múltiples pedidos de información

Después de las declaraciones públicas de Fitzpatrick, los ministerios de Gobierno y de Defensa publicaron un comunicado conjunto en el que dijeron que a ninguno de sus generales se le había retirado la visa. 

Además, las dos instituciones pidieron en ese comunicado a la Embajada de Estados Unidos que entregue “la información relacionada con este tema para que, de manera inmediata, sea puesta en conocimiento de las instituciones ecuatorianas pertinentes y se inicien las investigaciones del caso”. En la comparecencia de ayer, Vela confirmó que también el Ministerio de Gobierno hizo el pedido la Embajada por escrito de manera oficial. 

Según Vela, el embajador Fitzpatrick respondió que retirar una visa era competencia exclusiva del gobierno de Estados Unidos. Vela contó que Fitzpatrick dijo que como consecuencia de esa potestad, el gobierno había decidido retirar la visa a algunos generales. Además, dijo que según la ley de su país, él no podía entregar la lista con los nombres de los generales a quienes les quitaron el documento. 

En la comparecencia en la Asamblea, Vela dijo que el Ministerio de Gobierno comenzó una investigación y una revisión del patrimonio de los 20 generales que están en servicio activo en la Policía Nacional y de su familia. La Ministra añadió que la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tienen investigaciones paralelas.

El único general que ha confirmado que su visa estadounidense fue retirada es Víctor Araus, quien fue cesado de sus funciones en agosto de 2021, después de 36 años de carrera. Él y otros tres de sus compañeros de promoción fueron cesados por no haber cumplido los requisitos para su ascenso. Después de un proceso judicial, un tribunal decidió que Araus seguirá en funciones y ratificó la cesación de los otros generales. 

Otras revocatorias de visas

Un mes después del anuncio de Fitzpatrick, el 10 de enero, la Embajada de Estados Unidos publicó un comunicado en el que anunció que revocó las visas a Estados Unidos a varios jueces ecuatorianos y a otros funcionarios que trabajan “en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas”. 

La embajada dijo que la decisión era parte de los esfuerzos del presidente Biden para “avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado” en el país. En este caso, la Embajada tampoco dio los nombres de los funcionarios públicos involucrados en esta revocatoria. 

La institución dijo que los registros de visas son reservados, de acuerdo con la legislación estadounidense, y que por eso no podía dar comentarios sobre los casos individuales de los jueces y personas del ámbito legal cuyas visas a Estados Unidos habían sido canceladas.

Horas después del anuncio de la Embajada, el Consejo de la Judicatura, el máximo organismo administrativo de la función judicial ecuatoriana, pidió a los jueces en funciones que informen si dichos permisos de entrada les han sido revocados. Además, dijo que Cancillería deberá pedir a la embajada de Estados Unidos más información sobre el tema. 

Las investigaciones han continuado esta semana. El 12 de enero de 2021, la Controlaría General del Estado anunció que revisará la declaración patrimonial de algunos jueces ecuatorianos. El contralor subrogante Carlos Riofrío dijo que hará una evaluación preliminar para “establecer qué funcionarios judiciales serán examinados, los periodos y alcances de las auditorías”. Riofrío confirmó que ya ordenó el inicio de acciones de control a la declaración patrimonial juramentada que cada juez, como todo funcionario público, debe presentar a la Contraloría.