El presidente Guillermo Lassohizo varias acusaciones por presuntas irregularidades en el proceso de votación del proyecto de ley de inversiones en la Asamblea Nacional. La noche del 26 de marzo de 2022, Lasso envió una carta a Diana Salazar, fiscal general del Estado, para pedirle que investigue a un grupo de asambleístas que presuntamente habrían pedido “beneficios económicos” a cambio de votar a favor del proyecto de ley en el pleno. Sin embargo, el 25 de agosto el presidente Lasso pidió a la fiscal del caso que archive el proceso que él mismo había solicitado que se abra contra los asambleístas. 

El presidente Lasso dijo que pedía el archivo de la investigación “en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha”. Además, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia dijo en un comunicado que lo hacía “en pro de la unidad del país”. Sin embargo, en el texto no se da otros motivos ni profundiza en lo mencionado.

El 12 de octubre de 2022, en una entrevista, Lasso dijo que pidió el archivo de la investigación porque las personas que le contaron de la presunta corrupción ya no trabajaban en su gobierno y nunca le presentaron pruebas. 

La denuncia

La carta del presidente Guillermo Lasso, que fue publicada en su cuenta de Twitter, dice que ha “sido informado” de que los asambleístas de Pachakutik Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, y el asesor de Yucailla, Marcelo Rosero, se reunieron con colaboradores de la presidencia en marzo de 2022 para pedir estos presuntos beneficios económicos. A cambio, dice el Presidente, ofrecieron votar a favor del proyecto de ley presentado por el gobierno a la Asamblea el 22 de febrero. 

Dos días después, el 24 de marzo, el proyecto de ley de inversiones fue archivado por la Asamblea. Después de eso, Lasso publicó un video en su cuenta de Twitter en el que aseguró que la propuesta no fue aprobada “porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto”. 

En la sesión del pleno del 24 de marzo, los asambleístas Cerda, Quezada, Chumpi y Yucailla votaron a favor del archivo del proyecto de ley. La asambleísta Gisella Molina es la única de las mencionadas en la carta de Lasso que votó en contra del archivo del proyecto. Hasta el cierre de edición de esta nota, ninguno de los asambleístas mencionados en la carta ni Pachakutik había reaccionado públicamente a las acusaciones.

Rafael Lucero, coordinador de la bancada de Pachakutik, le dijo a GK que no puede adelantar una respuesta a las acusaciones del Presidente porque la denuncia “debe seguir el proceso respectivo”. Sin embargo, añade que desde la bancada se preguntan por qué no hizo las acusaciones “en el momento que supuestamente hubo esos requerimientos, ¿por qué lo hace después que no tuvo los votos?”. 

GK contactó a los 5 asambleístas mencionados en la carta de Lasso para conocer su reacción a las acusaciones. Sin embargo, hasta el cierre de edición de esta nota solo el asambleísta Edgar Quezada contestó diciendo que está preparando una respuesta. 

Los argumentos de Lasso para revelar la información

En la carta de la noche del 26 de marzo, Lasso dice que al darle esa información a Diana Salazar cumple con su “obligación moral, política y legal” para que “en ejercicio de sus competencias inicie las investigaciones que corresponden”. 

“Eso es gravísimo, señora Fiscal General, y ante ello no puedo permanecer silente”, dice el Presidente en la carta. Lasso dice que eso traicionaría sus obligaciones como Presidente de la República “y la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”. 

Lasso también dice que “permanecer silente” sería una infracción penal. El Código Orgánico Integral Penal dice que los servidores públicos que “conozcan de algún hecho que pueda configurar una infracción y no la ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad” serán sancionados con cárcel de 15 a 30 años.  

En la carta, Lasso recuerda que la Constitución prohíbe a los asambleístas “percibir dietas y otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a la función de asambleístas”. Además, dice que, según el COIP, quienes trabajan en una de las funciones del Estado —como la Legislativa— y “exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas” serán sancionados con hasta 5 años de cárcel. 

Otras acusaciones recientes del presidente Lasso

Estas no son las primeras denuncias por presuntas irregularidades del Presidente. El 26 de marzo de 2022, Guillermo Lasso envió una carta dirigida a Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la que detalla los impuestos declarados por el ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, y pide que se lo investigue “exhaustivamente”. Además, en su carta también pide que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) haga las investigaciones correspondientes.

En la carta que también compartió en su cuenta de Twitter, Lasso dice que el 22 de marzo tuvo una reunión de “carácter político” con Hervas por “asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea Nacional” del proyecto de ley de atracción de inversiones. Ahí, escribió Lasso en su carta, Hervas “en forma inaudita hizo referencia, como si de moneda de cambio se tratase, a un asunto de exclusivo interés particular: que el Servicio de Rentas Internas había iniciado en su contra alguna fiscalización”.

El 24 de marzo, el presidente Lasso dijo públicamente que Hervas —quien es un empresario exportador de brócoli— le pidió que el SRI no le cobrara impuestos a cambio de conseguir votos de los asambleístas de Izquierda Democrática —partido que lidera— a favor del proyecto de ley. Lasso hizo ese anuncio en un evento, horas antes de que el proyecto de ley sea archivado por la Asamblea. 

En la carta de la tarde del 26 de marzo, Lasso dice que sus acusaciones no pueden “limitarse a lo político, hay que avanzar en lo legal”. Por eso, el Presidente le escribe a Andrade que debe “hacerle notar la siguiente información pública, a efectos que se la considere en los procesos de fiscalización que se hubiese iniciado o se los inicie en caso contrario”. 

Lasso dijo que entre 2009 y 2020 Xavier Hervas pagó 3.666 dólares en total de impuesto a renta —que se paga sobre los ingresos recibidos anualmente. Y agrega “incluso que en algunos de estos años lo declarado fue cero”. Esto representaría, según Lasso, que generó ingresos gravados de 20 mil dólares en esos más de 10 años. 

En ese mismo periodo, dice la carta, Hervas pagó 9.556 dólares de impuesto a la salida de divisas (ISD) —que se paga por las transferencias o el traslado de divisas al exterior. Eso, dice Lasso, representaría un movimiento de divisas al exterior de casi 200 mil dólares, lo que representaría un valor mucho más alto que los ingresos declarados. 

Después de dar esa información, el presidente Lasso dijo que por medio de la carta dirigida a la Gerente del SRI le da “instrucciones expresas para que se investigue exhaustivamente los indicios mencionados” en el documento para que, de ser el caso, se presente una denuncia en la Fiscalía. 

Luego de la publicación de la carta de Lasso, Xavier Hervas dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter que en la reunión, el Presidente le dijo que necesitaba “el apoyo de la Izquierda Democrática en la ley de inversiones”. Según Hervas, él le contesto que “no voto porque no soy asambleísta y tampoco soy dueño de los votos de los demás”. En el video, el excandidato presidencial que quedó en cuarto lugar en la primera vuelta, asegura que “con eso nos despedimos con el Presidente. Jamás le he pedido nada”. Agregó que nunca lo hará. El ex candidato presidencial dijo que quedó “muy sorprendido y adolorido” cuando Lasso lo acusó públicamente dos días después de la reunión.