El presidente Guillermo Lasso no hizo públicas sus denuncias contra asambleístas antes porque “esperó hasta último momento que con espíritu patriótico los legisladores analicen la ley [de inversiones] y voten a conciencia”, dijo Carlos Jijón, portavoz del gobierno de Lasso. 

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Jijón hizo esas declaraciones en una rueda de prensa la tarde de hoy, 28 de marzo de 2022, desde Carondelet.

El pasado 26 de marzo, el presidente Lasso le pidió a la Fiscalía que investigue a un grupo de asambleístas de Pachakutik que habrían pedido “beneficios económicos” a cambio de votar a favor del proyecto de ley de inversiones en el pleno. La Fiscalía abrió una investigación sobre los presuntos hechos al día siguiente. 

Eso oficializó las denuncias que el Presidente hizo públicamente en un evento y en redes sociales el pasado 24 de marzo. La mañana de ese día, Lasso dijo que el ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, le pidió que el Servicio de Rentas Internas (SRI) no le cobre impuestos a cambio de votos a favor del proyecto de ley. El SRI, por pedido de Lazo, está analizando la información enviada por Lasso sobre Hervas. 

El proyecto de ley de inversiones fue tratado en el pleno pasadas las 2 de la tarde del 24 de marzo y los asambleístas aprobaron una moción para archivarlo. 

Horas después de que el Legislativo tomó su decisión, las acusaciones de Lasso continuaron. El Presidente publicó un video en su cuenta de Twitter en el que aseguró que la propuesta no fue aprobada “porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto”.

La tarde de hoy, en la rueda de prensa de Carlos Jijón, una de las periodistas presentes le preguntó por qué el Presidente no denunció públicamente a los asambleístas cuando pidieron los presuntos sobornos —que según la carta de Lasso fue “durante el mes de marzo”— sino que esperó hasta después de que la ley de inversiones sea archivada. 

Jijón le respondió que “la reacción fue prácticamente inmediata” y que lo hizo la misma tarde del 24 de marzo —el día que la ley se archivó. El portavoz añadió que Lasso estaba esperando por el “espíritu patriótico” de los legisladores. Sin embargo, el proyecto de ley fue archivado con 85 votos a favor. 

Respuestas a las acusaciones del Presidente 

Luego de la publicación de la carta de Lasso, el 26 de marzo, Xavier Hervas dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter que en la reunión, el Presidente le dijo que necesitaba “el apoyo de la Izquierda Democrática en la ley de inversiones”. El ex candidato presidencial dijo que quedó “muy sorprendido y adolorido” cuando Lasso lo acusó públicamente dos días después de la reunión. 

En otro video, del 24 de marzo, después de las acusaciones públicas de Lasso, Xavier Hervas aseguró que “el Presidente le mintió al país, el evasor no soy yo”. Según Hervas, hubo “presiones” por parte del gobierno para “pasar una ley que no ha tenido el debate ni el aporte y lleva sesgos de agendas personales”, pero no dio más detalles de a qué se refería.

En cambio, el movimiento Pachakutik publicó un comunicado en sus redes sociales el 26 de marzo en el que dijo que exigen que “se investigue con objetividad, transparencia y en el marco de la ley todo acto que no esté pegado a la ética de cualquier funcionario público”. En el comunicado, Pachakutik le pidió al sistema judicial que “si alguno de nuestros compañeros ha traicionado a nuestro pueblo que pague como la ley lo determine”. 

En una rueda de prensa de la mañana de hoy, los asambleístas de Pachakutik dijeron que tenían pruebas de su inocencia que presentarán cuando las autoridades lo requieran, pero que no serían de conocimiento público porque la Fiscalía tiene una investigación previa abierta. Estas declaraciones son contradictorias con lo que dijo Edgar Quezada, uno de los asambleístas señalados por Lasso, en el portal Informa Ec:  «Nos reunimos con un alto funcionario del gobierno que nos hizo propuestas indecentes, nos ofreció contratos a cambio de que nos alineemos con el gobierno y nosotros hemos dicho que no vamos a caer en ese tipo de tentaciones». En una entrevista en GK, Quezada evitó señalar nombres, alegando que ya había una investigación previa abierta. Por ley, este tipo de procesos son de carácter reservado.  

¿Y la muerte cruzada?

En varias ocasiones, el presidente Lasso ha dicho que la muerte cruzada es una opción que podría ser considerada por su gobierno. Sin embargo, la decisión oficial no se ha tomado y podría nunca tomarse. La muerte cruzada es el nombre coloquial a la institución jurídica de anulación institucional mutua entre dos funciones del Estado: el ejecutivo y el legislativo.

En la rueda de prensa de hoy,  Jijón dijo que la muerte cruzada es una herramienta constitucional de “última instancia, cuando haya una grave crisis política”. Según el portavoz, el gobierno considera que todavía no se ha llegado a ese momento y que tiene las herramientas necesarias para seguir gobernando. 

“La muerte cruzada está en manos de la Asamblea”, advirtió Jijón. El portavoz dijo que se la consideraría si la Asamblea “incurriera en un acto desestabilizador o que amenace gravemente de manera irremediable a la la institucionalidad y democracia del país”. Según Jijón, el gobierno sabe que cuenta con esa herramienta constitucional, pero “está en manos de la Asamblea” si el Ejecutivo toma la decisión de aplicarla. 

Susana Roa 150x150
Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.

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