El expresidente Osvaldo Hurtado se ha referido al documental La muerte de Jaime Roldós en un reciente texto autobiográfico. Sus afirmaciones, en las que especula sobre lo que pudo haber sucedido el 24 de mayo de 1981, cuando el avión en el que viajaba el entonces presidente Roldós se estrelló en una montaña al sur del Ecuador, motivaron una dura réplica de su hijo Santiago en noviembre de 2019. Me ha parecido necesario, como codirector del documental, referirme también a las afirmaciones del expresidente para aclarar la información errada que contienen y para reflexionar sobre algunas de sus implicaciones.
El doctor Hurtado afirma que la comisión parlamentaria que investigó el caso en 1982 descartó que el siniestro hubiera sido causado por un atentado. Además, según él, los expertos de la Policía suiza que analizaron algunas partes del avión siniestrado concluyeron que en el percance del avión presidencial “no intervinieron acciones delictuosas”. Estas dos afirmaciones son falsas.
El informe de la Policía de Zúrich es probablemente el único examen pericial digno de crédito en este caso. Ciertamente, es el único que ofrece un atisbo de certeza acerca de lo ocurrido.
En junio de 1982, la Cámara Nacional de Representantes (el legislativo ecuatoriano de ese entonces) encargó a este cuerpo forense la tarea. Fue una recomendación del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador fundada en el prestigio que tenía en investigación de accidentes aéreos.
Los forenses suizos trabajaron entre el 15 de junio y el 9 de julio de 1982. A esas alturas no quedaba sobre el terreno ninguna huella de lo sucedido y los restos del avión se encontraban embodegados en Quito, por lo que una pericia completa era ya imposible. Los peritos suizos aceptaron hacer un examen puntual de algunos vestigios.
Los diputados Juan Tama Márquez y Franklin Verduga, delegados de la comisión parlamentaria que investigó el caso, fueron hasta Zúrich a entregar una hélice, una turbina, muestras del cadáver del piloto, algunas partes del fuselaje, y la agenda y la chaqueta del Presidente.
Los expertos suizos se dieron cuenta de que la hélice y la turbina que estaban analizando correspondían en realidad al lado derecho del avión, cuando la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) las había entregado indicando que eran las del lado izquierdo. Además, los croquis hechos por la FAE con la ubicación de los restos de la nave en el terreno eran contradictorios. Las dudas que despertaban solo se aclararon gracias a los videos que grabaron los canales de televisión la mañana del 25 de mayo, según consta en el informe de la policía suiza.
Por cierto: en la documentación que reposa en el Archivo Biblioteca de la Función Legislativa consta que no se enviaron a Suiza las dos turbinas y las dos hélices, como habría sido deseable, porque la FAE no lo permitió.
El 1 de julio los forenses anticiparon a los diputados Tama y Verduga sus hallazgos. En primer lugar, no hubo una explosión en el avión. Por un lado, no había rastros de explosivos en las partes analizadas y, por otro, los agujeros presentes en el fuselaje no correspondían a proyectiles sino al desprendimiento de las cabezas de algunos pernos.
En segundo lugar, les explicaron que la deformación de la hélice derecha revelaba que la turbina no estaba “entregando potencia” al momento del impacto. Esto se confirmó al examinar el interior de la turbina, donde no hallaron rastros del frenado abrupto que se habría producido de haber impactado el suelo a plena potencia. En su informe, dicen:
En resumen, nuestras investigaciones nos llevaron a la conclusión de que el motor examinado no se encontraba en funcionamiento en el momento del choque en tierra.
A juzgar por las fotos, que se enviaron con las cintas de vídeo, debido a las deformaciones de las palas de la hélice, es muy posible que tampoco el motor izquierdo, que no examinamos, estuviese entregando ninguna potencia en el momento del impacto en el suelo.
De nuestra parte, en el momento actual, ya no se puede aclarar cuál pudo haber sido la causa del fallo.
Las conclusiones de la comisión parlamentaria, que fueron aprobadas por la Cámara Nacional de Representantes, tomaron como base el informe suizo. “¿Cuál fue la causa de la causa inmediata y directa?, esto es, ¿cuál fue el motivo para que las turbinas dejaran de funcionar?”, se pregunta el informe de la comisión. El cuerpo legislativo se responde diciendo que el siniestro no pudo ser sino causado por una de tres posibilidades: falla mecánica, falla humana (en el mantenimiento del avión, en el suministro de combustible o una falla humana coadyuvante a la mecánica en el pilotaje), o sabotaje.
Estas conclusiones contradecían el informe de la Junta Investigadora de Accidentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (JIA), según la cual habría sido el piloto, el coronel Marco Andrade, quien habría causado la tragedia al equivocar el rumbo de la nave.
Como vemos, al contrario de lo que afirma el expresidente Hurtado, la comisión de 1982 dijo expresamente (fundada en el informe suizo) que una acción criminal pudo causar que el avión presidencial se estrellara. La comisión añadió que no había encontrado pruebas concluyentes a favor de ninguna de esas hipótesis, por lo que la resolución del caso quedaba abierta. Y así sigue hasta la fecha.
Cómo fue silenciado el informe suizo
Es interesante que en su texto el expresidente Hurtado haga alusión —y dé crédito– al informe suizo. Lo hace por primera vez, después de que su gobierno lo descalificara y lo condenara al silencio en 1982.
A mediados de ese año el país esperaba los resultados de la pericia de la policía de Zúrich. El rumor de que sus conclusiones contradecían el informe de la FAE estaba en boca de todos. Se decía, incluso, que la publicación del informe podría desestabilizar la recién recuperada democracia ecuatoriana. A propósito de esto, León Roldós (hermano de Jaime que fue elegido vicepresidente por el parlamento a raíz de la tragedia) le dijo en una carta a Otto Arosemena, presidente de la comisión legislativa: “Yo pienso que la democracia y todas las instituciones de valor político, deben sustentarse y consolidarse en la verdad.”
Tan pronto la comisión parlamentaria conoció oficialmente el informe suizo el 9 de julio, la familia Roldós pidió que se hiciera público. Pero la Comisión desoyó este pedido y tomó la decisión de guardarlo en reserva durante un mes, hasta el 10 de agosto de 1982. Según Otto Arosemena, lo hacían “para evitar polémicas y malestar en el país”.
La reserva, sin embargo, no fue absoluta. La prensa de la época reseñó que el informe fue comunicado al Alto Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la sesión reservada que mantuvo con la comisión parlamentaria entre el 19 y el 22 de julio de 1982.
Mientras el país estaba atento al Campeonato Mundial de Natación que el presidente Hurtado había inaugurado en Guayaquil el 29 de julio, el 1 de agosto de 1982 una delegación de la FAE conformada por los oficiales Carlos Puga y Wilson Pazmiño partió al Canadá llevando consigo las hélices y las turbinas del avión. La Fuerza Aérea se tomó la libertad de solicitar un nuevo peritaje de las turbinas sin notificar y sin tener el consentimiento de la comisión parlamentaria.
La empresa elegida para este peritaje tenía una apariencia de imparcialidad, pero en realidad el examen fue efectuado, como la misma FAE lo declaró, en las instalaciones de Pratt & Whitney, la empresa fabricante de las turbinas.
Este examen se hizo entre el 3 y el 6 de agosto de 1982. De modo que, cuando el informe de la policía de Zúrich se hizo público, el 12 de agosto, la FAE ya tenía lista su réplica, que fue difundida en cadena nacional de radio y televisión diez días después. Naturalmente, en ese informe se confirmaba que las turbinas no habían fallado.
La imparcialidad de este peritaje fue cuestionada de inmediato. “Habiendo un cuestionamiento [por parte de la policía de Zúrich] sobre el estado de las turbinas, por elemental ética, la empresa canadiense debió abstenerse de desarmarlas… porque podría ser responsable de haber alterado evidencias,” dijo León Roldós a diario El Comercio el 26 de agosto. “¿A quién se le puede ocurrir que la firma constructora de las turbinas va a decir que éstas fallaron?”, declaró Otto Arosemena. “El informe de la JIA adolece de imparcialidad porque [lo elaboraron] los fabricantes y la FAE, institución que tuvo a su cargo la custodia del avión”, dijo el diputado Juan Tama Márquez.
Nadie hizo caso de estos reparos. El gobierno de Osvaldo Hurtado, en lugar de solicitar, por ejemplo, una ampliación del informe suizo a la comisión parlamentaria, o que se enviasen las turbinas a un segundo laboratorio independiente, se solidarizó con la FAE en un comunicado oficial el 27 de agosto: “Es necesario que cesen las acusaciones irresponsables y las alusiones malintencionadas, con las que se pretende afectar el honor y la dignidad de personas e instituciones que merecen el respeto y la consideración de todos los ecuatorianos”. En otra parte, decía: “El gobierno desea expresar su adhesión y solidaridad con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuyas altas virtudes cívicas y morales aprecia”.
No me cabe duda de que lo sucedido en esas semanas de julio y agosto de 1982 merece una profunda investigación. La extensa sesión reservada que mantuvo el Alto Mando de la FAE con la comisión parlamentaria, cuya transcripción consta en el expediente de la comisión, revela la tensión que existía.
La decisión de la FAE de hacer una nueva pericia, atropellando la autoridad moral que tenía la comisión parlamentaria —en la que participaban todos los partidos representados en la Cámara— y a la Función Judicial que para entonces ya había tomado conocimiento del caso, constituía un agravio a la institucionalidad democrática. El comunicado del gobierno deja en claro que este atropello contó con la anuencia del presidente Osvaldo Hurtado.
Mi visita al departamento forense de la policía de Zúrich
En 2007, cuando comenzábamos la producción del documental La muerte de Jaime Roldós, me entrevisté con el señor Kurt Zollinger, director del departamento forense de la Policía de Zúrich. Le expliqué mi interés y me invitó a visitarlo. Zollinger me entregó una copia del informe de 1982 y me explicó que el doctor Jacob Meier, antiguo director del departamento y perito responsable de ese informe, estaba ya retirado.
Le informé a Zollinger acerca de la suerte que tuvo su informe. Me dijo con ironía que se repondrían de la noticia. Le pedí que le hiciera llegar a Meier la copia del informe de la empresa Pratt & Whitney que me habían entregado en el Ministerio de Defensa. Mi intención era pedirle a Meier y a sus colegas que lo revisaran y me dieran su opinión.
Antes de irme, le pregunté a Zollinger cuánto tiempo tomaba, en promedio, la investigación de un percance de aviación. Meditó su respuesta y me preguntó: “¿se refiere usted al informe preliminar o al definitivo? Se puede tener un informe preliminar en seis meses”, me dijo. “Un informe definitivo tomará más tiempo, no menos de un año”. Cuando le conté que la FAE había resuelto el caso en siete días, Zollinger estuvo muy sorprendido. “Es un tiempo muy corto”, me dijo. “En siete días, como mucho, se puede aventurar una hipótesis.”
Zollinger me aclaró, además, que el informe de la entidad responsable del vuelo (la FAE, en este caso) no podía ser definitivo porque carecería de imparcialidad. La regla general manda que los percances de aviación sean investigados siempre por los forenses, me dijo. Menos definitivo podía ser el informe del fabricante del avión.
Después, llamé a Meier y le pedí que mirara el informe de Pratt & Whitney. Meier accedió. “Lo importante es que la verdad prevalezca”, me dijo. Tardó algunas semanas, pero finalmente se dio el trabajo de volver a su antiguo despacho a reunirse con dos de sus colaboradores de 1982 para revisar el informe canadiense. Traté de que me enviara una respuesta por escrito, pero el departamento de relaciones públicas de la Policía no lo autorizó. Solo me dijo por teléfono: “lo hemos revisado; no tenemos motivos para cambiar nuestra opinión original”.
Novelizar la causa de la causa inmediata
Hallar “la causa de la causa inmediata” constituye un problema central del relato de la transición democrática ecuatoriana. Tenemos una causa desconectada de las secuencias de las demás causas. Múltiples secuencias de causas están obrando de modo simultáneo en la Historia. Todas las tramas se conectan, se interrumpen, se afectan unas a otras.
De pronto, un eslabón de una de esas tramas estalla en mil pedazos, cortocircuita las demás y todo cambia. Las huellas se borran y solo resta el silencio. No nos queda otro camino que la especulación, es decir, dicho etimológicamente, mirar el aspecto de las cosas. En ese camino nuestro único límite es la verosimilitud. En este caso, se trata de un límite ético.
El expresidente Hurtado se entrega a una especulación particularmente reñida con ese límite.
Esta es la secuencia de hechos a la que se aferra: dice que Jaime Roldós era temerario al volante, que le gustaba la velocidad y que una vez se burló de las consignas de seguridad de un piloto de avión. Después añade color al relato señalando que el vuelo de aquel día era peligroso, el tiempo apretado y el clima adverso. El peligro al que alude es pura invención, lo apretado del tiempo es discutible, y lo del clima adverso es totalmente falso: la misma FAE en su informe confirma que el piloto gozó de una visibilidad de 30 kilómetros. Hurtado añade que un testigo le dijo que esa mañana el piloto dibujaba atajos en un mapa mientras desayunaba. “Por aquí acortaré camino”, habría dicho.
Si seguimos el hilo de esta especulación, tendríamos que concluir que la causa de la causa inmediata fue que el piloto de la nave, urgido por Jaime Roldós, o el propio Jaime Roldós apagó las turbinas.
Es sintomático que un historiador y un político acreditado, como el doctor Hurtado, se niegue a explorar en la política y en la historia la secuencia de las causas probables. A menos que su atenta observación del talante de Jaime Roldós sea una forma inconsciente de destacar el suyo propio.
No hablemos de las especulaciones más aventuradas —que lo son menos que las de Hurtado— sino de aquellas que destacan el papel de Roldós en la defensa de los Derechos Humanos y que encuentran razonable imaginar que la maquinaria criminal que operó con total impunidad en América Latina en esos años pudo haber intervenido en el fracaso de ese vuelo. Es lo que pensaba y me dijo Rodrigo Carazo, por ejemplo, expresidente de Costa Rica.
Es imposible que el doctor Hurtado no sea consciente de la tensión que provocaba Roldós en la política de América Latina. Es imposible porque cuando murió le correspondió actuar en ese escenario y las huellas de su papel constan por escrito.
Me referiré solamente a dos de ellas: la adhesión a la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador de septiembre de 1981 y la negativa del Ecuador a condenar las violaciones a los Derechos Humanos de Chile, Guatemala y El Salvador, en 1983.
A través de la declaración Franco-Mexicana, los gobiernos de esos países reconocieron el estatuto de fuerza política representativa a la alianza del Frente Democrático Revolucionario y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Era un gesto político que buscaba forzar una salida negociada al conflicto salvadoreño que recién empezaba, frente a la salida militar que defendían los Estados Unidos. Fue una iniciativa del presidente francés, François Mitterrand, que había tomado posesión de su cargo tres días antes de la muerte de Roldós, el 21 de mayo de 1981.
Esta declaración suscitó la condena de la mayoría de los países latinoamericanos que para entonces estaban alineados con la salida militar en América Central que impulsaba el presidente estadounidense Ronald Reagan. El presidente Osvaldo Hurtado fue uno de los que expresaron su solidaridad al gobierno salvadoreño que presidía Napoléon Duarte ante la “injerencia” de México y de Francia. Habría sido inconcebible una situación similar si Roldós hubiera vivido. “No tengo ninguna duda de que Jaime se hubiera sumado a la declaración franco-mexicana”, me dijo Antoine Blanca, quien en la época era asesor del presidente Mitterrand para asuntos latinoamericanos.
Osvaldo Hurtado era aliado de Napoleón Duarte, líder del partido demócrata-cristiano de El Salvador, mientras que el enfrentamiento político entre Roldós y Duarte era conocido en América Latina.
Más tarde, en diciembre de 1983, el canciller del gobierno del presidente Hurtado instruyó al embajador ecuatoriano ante las Naciones Unidas, Miguel Albornoz, para que se abstuviera de votar en la resolución sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile, El Salvador y Guatemala. La motivación de la abstención rezaba así:
Si bien la defensa de los Derechos Humanos es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, si bien la acción conjunta de protección de esos derechos no viola el principio de no intervención, debe respetarse también lo que es atributo y derecho soberano de cada país en cuanto a los procedimientos que establecen sus sistemas constitucionales.
Estas instrucciones eran la negación explícita de la Carta de Conducta que había guiado la política internacional de Roldós.
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Existe, pues, otro camino para encontrar la causa de la causa inmediata. Si la secuencia está bloqueada en retrospectiva, en cambio es enteramente posible reconstruir lo que vino después: la consecuencia de la paralización de esas turbinas.
Ambos caminos nos confrontan con nuestra inteligencia política y con nuestra sensibilidad. Pero en el segundo caso, en el examen de las consecuencias, el esfuerzo imaginativo se puede apoyar en los hechos y en las huellas que dejaron los supervivientes, y cuento entre ellos al expresidente Osvaldo Hurtado. He dado aquí algunos ejemplos que contribuyen a esa reconstrucción. El film La muerte de Jaime Roldós tuvo ese mismo propósito.
