La próxima semana, los ecuatorianos sabrán los detalles del veto presidencial a la ley de intrrupción del embarazo en casos de violación. En una entrevista con Caridad Dávalos y Dagmar Flores, el presidente Guillermo Lasso anunció que la próxima semana se pronunciará sobre su veto al proyecto de ley del aborto por violación.
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El proyecto fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 17 de febrero de 2022. Tenía 30 días para ser revisado por el Ejecutivo para su respectiva aprobación o veto.
El Presidente dijo en la entrevista de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que la próxima semana hará pública “la posición mía respecto a ese proyecto de ley”. Ahí, dijo Lasso, los ecuatorianos verán su posición y la de su gobierno respecto a los plazos del aborto por violación y otros temas relacionados, aunque no mencionó cuáles.
¿Cómo será el veto?
En la entrevista, el presidente Guillermo Lasso fue cuestionado directamente sobre cómo será su veto a la ley. Sin embargo, Lasso prefirió no dar detalles. El Presidente dijo que lo que puede decir es que “estoy trabajando, pensando en ustedes, pensando en todos los ecuatorianos”. Según Lasso, están haciendo —no dijo quiénes— un trabajo “muy serio” al respecto y que por eso no quiero adelantar el tema”.
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Al ser cuestionado sobre su posición personal, Lasso dijo que “yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, pero que en este caso debe actuar como Presidente de la República. Además dijo, antes de tomar cualquier decisión, debe también considerar el dictamen de la Corte Constitucional.
Sobre eso, Lasso dijo que en lo personal no estaba de acuerdo, pero que “como Presidente de la República estoy obligado a respetar ese fallo de una institución del Estado”. Guillermo Lasso también dijo que ahora que ese fallo es un proyecto de ley que ya fue aprobado, lo están trabajando.
Anticipó que ya tienen “algunas definiciones” pero que no entraría en detalles hasta la próxima semana cuando haga pública su decisión.
En entrevistas anteriores, el presidente Guillermo Lasso dijo varias veces que vetaría la ley del aborto por violación “si no cumple con los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional”.
Aunque el presidente vete la ley por completo, el aborto por violación ya fue despenalizado en el país y no es más un delito.
La ley del aborto por violación
El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto en casos de violación. La sentencia de la Corte ordenaba a la Asamblea Nacional aprobar un proyecto de ley que regulara el proceso.
Ese proyecto de ley fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 17 de febrero de 2022. Sin embargo, durante la sesión de votación, la Comisión de Justicia tuvo que modificar varios artículos de la ley para que fuera aprobada.
La ley que se aprobó dice que:
- El plazo para acceder a un aborto en caso de violación es:
- Hasta 18 semanas de gestación, para las niñas y adolescentes menores de 18 años, mujeres de la ruralidad, pueblos y nacionalidades.
- Hasta 12 semanas de gestación, para las mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante.
- Para las mujeres con “discapacidad mental”, el aborto se hará conforme a lo dispuesto en la guía de aborto terapeútico del Ministerio de Salud Pública.
- La objeción de conciencia es individual, no colectiva. Es decir, un hospital no podrá declararse como objetor de conciencia y negarle la interrupción del embarazo a una niña, adolescente o mujer que haya sido violada, en ningún caso.
- El personal de salud debe notificar a la Fiscalía, en un plazo máximo de 48 horas, toda la información que tenga sobre el presunto delito de violación.
- Aunque el personal de la salud debe notificar del presunto delito a la Fiscalía, la denuncia de la víctima no es un requisito para interrumpir el embarazo.
- El consentimiento informado escrito es una obligación. El documento debe presentarse antes de cualquier procedimiento médico.
- La interrupción del embarazo debe realizarse en un plazo máximo de cuatro días desde que es solicitado.
- Entre las medidas de reparación integral se debe garantizar un acompañamiento psicológico, legal y social al menos por un año después de la interrupción del embarazo.