Ricardo Rivera Arauz, uno de los principales sentenciados del caso Odebrecht en Ecuador, murió el 15 de enero de 2022. El ex empresario, ex funcionario estatal y ex lobbista de 72 años falleció de covid-19. Rivera cumplía su condena fuera de la cárcel desde el 9 de diciembre del año anterior. Ese día, salió amparado bajo el régimen semiabierto, que permite terminar las sentencias en libertad bajo ciertas condiciones a quienes hayan cumplido el 60% de su pena.

La tranquilidad de la mañana de este sábado fue alterada por la noticia. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) hizo, cerca de las 9:39 de la mañana, el anuncio oficial: murió Ricardo Rivera. El servicio anunció que procedería a retirarle el dispositivo de vigilancia electrónica que Rivera utilizaba como parte de las condiciones del régimen abierto. 

Aníbal Quinde, abogado de Rivera, confirmó a GK que su cliente murió por covid-19. Rivera era tío de Jorge Glas, quien ocupó varios ministerios y la vicepresidencia del Ecuador entre 2009 y 2017 en los gobiernos de Rafael Correa y de su sucesor y luego enemigo capital, Lenín Moreno. 

En 2007, Ricardo Rivera fue intendente de telecomunicaciones. Su designación fue cuestionada por sus vínculos con Jorge Glas, con quien trabajó y de quien fue socio, y porque tenía vínculos con una compañía de telecomunicaciones, lo que le impedía ejercer el cargo, según la ley de ese entonces. En ese momento, Glas era presidente del Fondo de Solidaridad, una entidad pública que recibía las utilidades de las compañías estatales de telefonía y de electricidad. El fondo usaba esos recursos para inversión social y pago de pensiones jubilares hasta que fue disuelto en 2010.

Rivera salió del cargo en marzo de 2008, tras una dudosa asignación de frecuencias a una de las compañías de las que era accionista, Televisión Satelital. Desde entonces, no se supo mucho más de él. Sin embargo, documentos revelados en 2016 lo señalaron como un intermediario no oficial en negocios entre el Ecuador y una compañía china que buscaba invertir en la Refinería del Pacífico, un proyecto denunciado por nunca haber avanzado a pesar de una multimillonaria inversión inicial. 

Un año después, cuando su sobrino pasó de ser el vicepresidente de Rafael Correa para ser el de Lenín Moreno, Ricardo Rivera cayó preso.

La madrugada del 17 de junio de 2017, doce operativos dirigidos por la Fiscalía del Ecuador dejaron miles de dólares incautados, un cheque de 980 mil dólares de Odebrecht y seis detenidos de alto perfil. Entre ellos estaba Rivera, quien era señalado como pieza fundamental del caso transnacional de corrupción que tuvo como eje central a la constructora brasileña Odebrecht, que montó una red de sobornos en toda América Latina. En Ecuador, involucró a empresarios y funcionarios estatales de alto perfil —entre ellos, Carlos Pólit, entonces contralor del Estado y a quien hoy las autoridades del Ecuador siguen requiriendo para procesarlo (vive en Estados Unidos).

Rivera fue sentenciado a seis años en prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Cuatro años estuvo en prisión, hasta que en mayo de 2021, pidió acogerse al régimen semiabierto, un beneficio que le fue otorgado en diciembre del mismo año. El 9 de diciembre, dejó la la cárcel regional del complejo penitenciario de Guayaquil. Estuvo poco más de un mes en libertad, hasta que falleció. 

¿Qué es el régimen semiabierto?

Es uno de los mecanismos alternativos a la prisión para que las personas cumplan sus penas en libertad o para que sean rebajadas. Según el reglamento del SNAI, para acceder a este sistema, la persona tiene que haber cumplido con el 60% de su pena 60 días antes de comenzar el trámite. 

Una vez que la persona presa comience el proceso de solicitud del régimen semiabierto, el centro penitenciario en el que estaba debe ponerlo en una sección diferenciada. En ese periodo, además, la máxima autoridad de la prisión debe “adoptar medidas preparatorias necesarias” que aseguren que pueda regresar de forma progresiva a la sociedad. 

Estos son los requisitos para acceder a este mecanismo: 

• Haber cumplido el 60% de la pena.
• Presentar un informe de valoración y calificación del plan individualizado del cumplimiento de la pena. 
• Además, debe presentar: 
  • Certificado emitido por el centro carcelario que demuestre que no ha sido sancionado con faltas disciplinarias graves o gravísimas. 
  • Documento que avale que está en una celda de mínima seguridad. 
  • Acta que justifique el domicilio fijo en el que vivirá después de salir de la cárcel. 
  • Informe jurídico del centro penitenciario que indique que no tiene otro proceso penal pendiente. 
  • Informe psicológico que garantice sus condiciones para reinsertarse en la sociedad son favorables.
  • Certificados de participación en grupos de apoyo grupal, psicoterapias o comunidades terapéuticas. 

Si la persona cumple con esos requisitos, podrá terminar su pena en casa, pero controlada por el sistema penitenciario con un dispositivo electrónico u otras medidas que se consideren necesarias. Además, la personas deben cumplir con actividades de reinserción social, laboral, familiar y comunitaria. 

El régimen semiabierto no debe confundirse con la prelibertad. Pues ese mecanismo es un beneficio al que se puede acceder una vez que la persona presa cumplió el 40% de la condena y ya no está vigente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).  En la ley actual, la prelibertad fue reemplazada por el régimen semiabierto.  Sin embargo, la prelibertad todavía puede ser aplicada si una persona fue condenada antes del 2014, año en el que se aprobó el COIP actual. 

Ya que Rivera fue sentenciado en 2017, él debía acogerse al régimen semiabierto.