La noche del 1 de junio de 2017, el presidente del Ecuador Lenín Moreno tomaba whiskey en casa de un amigo, en Guayaquil. Distendido y risueño, como acostumbra, el hombre que sucedió a Rafael Correa en el poder, no parecía estar pendiente de nada más que del vaso, la conversación y la compañía. Unas horas después, a las cinco de la mañana, varios escuadrones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), una de las unidades élites de la Policía Nacional, allanaron la casa de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, el incómodo vicepresidente del Ecuador. Una hora y media después, cuando la luz de la mañana ya había terminado de adueñarse del día, el presidente Moreno tuiteó “Estamos prestando todo nuestro respaldo a la Función Judicial en la lucha contra la corrupción. No vamos a permitir que ningún acto de corrupción quede impune, venga de donde venga. Todos los involucrados en el caso Odebrecht deben responder a la justicia”. El de la casa de Rivera era apenas uno de los doce allanamientos en tres ciudades (Guayaquil, Quito y Latacunga) que dejaron cinco detenidos, cerca de 200 mil de dólares en efectivo y hasta un cheque de más de 900 mil dólares de la constructora brasileña incautados, y un estado de incertidumbre política que no se sentía en el Ecuador hacía más de una década.
Las delaciones de los directivos de Odebrecht en Brasil, donde están presos por una red de sobornos que cruzó América Latina a un paso firme que jamás siquiera soñó la espada de Bolívar, agitaban una vez más el avispero político ecuatoriano. Ya lo habían hecho unos meses antes, cuando la justicia brasileña revelaba que los pagos ilegales en Ecuador ascendían a treinta y tres millones y medio de dólares durante el gobierno de Rafael Correa. Era plena época electoral en el Ecuador, y la lista de Odebrecht se convirtió en una especie de santo grial: todo el mundo sabía de su existencia, pero no aparecía por ningún lado. Ahora, con el presidente Moreno ya posesionado y en funciones, las investigaciones relacionadas a la dichosa lista —que sigue sin aparecer en su totalidad— terminaron en los operativos de búsqueda y aprehensión del 2 de junio de 2017. Y tenían en Rivera a su implicado más notorio.
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Rivera tiene sesenta y ocho años, la cara estirada y la nariz respingada que revelan el paso de los bisturís estetas, y era, hasta hacía poco, un completo desconocido. De su existencia se supo por un par de investigaciones periodísticas y su momento de mayor notoriedad fue el 12 de febrero de 2017. La noche de ese domingo protagonizó uno de los momentos más célebres —tristemente célebres— de la campaña presidencial de 2017 cuando se encontró con el entourage del candidato presidencial Dalo Bucaram. Hacía unos minutos, en una declaración en vivo desde Facebook, Bucaram había mostrado documentos que, según él, probaban la corrupción que rodeaba al vicepresidente Glas. En esa historia (grabada para eterna memoria) Rivera era un personaje central. Después de hablar en la red social, Bucaram se fue con un grupo de allegados al restaurante Chilis, una cadena de comida texmex al norte de Guayaquil, donde por esa alineación cósmica de la política ecuatoriana, estaba Ricardo Rivera, el gran acusado, el personaje oscuro del que muy pocos habían oído hablar en el Ecuador, y al que Bucaram había acusado con nombres, apellidos y parentescos de ser parte de un inmenso engranaje de corrupción.
Las cámaras de seguridad del local inmortalizaron la secuencia: Rivera llama a Bucaram desde su mesa con un de la mano que dice ven ven. Bucaram parece primero no enterarse, pero luego se da la vuelta, y ambos hombres se paran el uno frente al otro. El candidato presidencial del partido FE —un refrito populista religioso del partido con el que su padre llegó al poder en 1996, el PRE— se remanga su camisa blanca. No hay un registro del audio pero ambos están cada vez más cerca, en esa atávica postura de los machos alfa que se intimidan: el pecho inflado, la quijada en cuarenta y cinco grados, los brazos ligeramente abiertos. De la mesa donde está la gente de Bucaram, un hombre macizo y alto se para y empieza a caminar, entre casual y apurado, hacia los enfrentados. Es el hermano mayor del candidato, Jacobo, que se acerca por detrás y le da un trompón a traición a Rivera, que cae aparatosamente. Dalo, su hermano, se asusta con el sopapo y hace lo que los píxeles borrosos de la toma parecen un gesto de desaprobación: el que sacaba el golpe primero, perdía. Y su hermano, como siempre, como tantas otras veces, lo sacó primero. Y a traición.
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El nombre de Rivera no era nuevo en los reportes de prensa: en noviembre de 2016 el portal 4pelagatos reportaba el viaje que había hecho en 2010 como supuesto representante de Jorge Glas en China. Sin ser funcionario público, ni haber presentado documentos que acreditasen su identidad o encargo, Rivera era llamado Special One.
Al parecer, su mejor argumento para agenciar frente a las grandes corporaciones chinas en nombre del Estado ecuatoriano era su relación de familia con el entonces Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. Pero la relación entre Glas y Rivera va más allá del parentesco en segundo grado que los une. Rivera fue gerente y socio en la empresa TV Satelital que Glas fundó en la década de 1990. Cuando su sobrino era Presidente del Fondo de Solidaridad —un conglomerado de empresas eléctricas, telefónicas y de otras áreas estratégicas que existió hasta 2008— Rivera fue nombrado Intendente de Telecomunicaciones. Según una investigación del portal MilHojas, en marzo de 2008 fue cesado después de que reportes de prensa revelaran los conflicto de interés que impedían al tío del Vicepresidente ejercer el cargo. El golpe del mayor de los Bucaram, más allá de hematoma que le dejó en la mitad de la cara, era, de cierta forma, un alivio: del oscuro personaje que presentaban los medios pasaba a ser un hombre mayor, casi un anciano, atacado, por la espalda, por un violento militante del populismo noventero. Era la oportunidad para volver al silencio y las sombras que ha ocupado durante los diez años en que su sobrino, exsocio y representante escaló desde el anonimato hasta la cumbre del poder político en el Ecuador.
Ahora Rivera es uno de los acusados en el caso Odebrecht. La madrugada del 3 de junio, una jueza de la provincia de Pichincha formuló cargos contra seis personas. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, lo hizo por “presunta asociación ilícita que los vincularía al caso Odebrecht”. Los otros imputados son los empresarios Gustavo Massuh, Kepler Byron Verduga y José Antonio Catagua Delgado, el exfuncionario de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) Carlos Villamarín, y José Rubén Naranjo Terán. El exalcalde de Latacunga José Rubén Terán Vásconez fue puesto en libertad porque la Fiscalía no presentó ningún cargo en su contra.
Los motivos para acusarlos del delito de asociación ilícita revelarían el alcance de las coimas de Odebrecht. Según la resolución de la jueza Gloria Mayora, al proceso se han adjuntado los registros de la Superintendencia de Compañías que certifican que la compañía NORBERTO ODEBRECHT tenía actividades en el Ecuador desde 1987. Además, se han adjuntado copia de los contratos de la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca y sus estaciones, del contrato del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, de la refinería del Pacífico, del trasvase Daule-Vinces y del acueducto La Esperanza, todas obras ejecutadas por la firma brasileña. Según las investigaciones presentadas por la Fiscalía, las evidencias se encontraron en los allanamientos “donde fueron detenidos los ahora procesados”. Eran documentos relacionados con Odebrecht, dinero en efectivo, vehículos, y lo que la resolución judicial llama “otras evidencias relacionadas con la infracción”.
De acuerdo a la corte, Villamarín habría recibido pagos para que la empresa brasileña obtenga contratos cuando era parte de la comisión licitadora de Senagua. Rivera se habría valido “de su parentesco con un funcionario de Estado” (léase, con Jorge Glas, el Vicepresidente de la República) para que se entreguen no uno sino varios contratos a la compañía. Terán servía de intermediario entre la empresa y ciertos funcionarios públicos para conseguir los contratos. Massuh Isaías lo habría acompañado en esas gestiones ilícitas. Verduga sería el gerente y representante legal de la compañía Equitransa, y Catagua uno de sus accionistas mayoritarios. Esa empresa habría servido de intermediaria “para efectivizar el dinero me refiero a EQUITRANSA que luego servía para entregar a los ciudadanos referidos anteriormente. Todo con el fin de beneficiarse económicamente ellos y beneficiar también a la empresa Odebrecht a través de la concesión de contratos. En el caso de Ricardo Rivera se ha encontrado dinero en efectivo sin que haya podido ser justificado así como documentación relacionada con Odebrecht.” Según las pesquisas, hay un “cooperador eficaz” llamado Fernando Fernández. En buen romance, es un delator a cambio de clemencia que ha entregado información relevante para que la Fiscalía se convenza de que los acusados son autores del delito del que los acusa. La Jueza lo ha creído también.
Los cinco implicados han recibido prisión preventiva. A Rivera, por ser mayor de 65 años, la jueza le ordenó arresto domiciliario.
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Los allanamientos fueron mantenidos en secreto y solo se supieron de ellos cuando sus espectaculares operativos estaban ya en marcha. Un vecino de Rivera lo documentó en Twitter. Otro de los operativos en Guayaquil se hizo en en las instalaciones de TV Satelital, el canal que fundó Jorge Glas y del que es dueño su tío. Cerca de las nueve de la mañana, Rivera fue llevado a sus oficinas. Ni la Policía ni la Fiscalía explicaron para qué. Como si no hubiese ya ninguna certeza en el Ecuador de quién controla a quién, otro de los allanamientos de alto perfil de la mañana del 2 de junio se dio en la casa del Contralor General del Estado, Carlos Pólit. Según la legislación ecuatoriana, la Contraloría es el máximo organismo de control fiscal. En breve: es la institución que supervigila cómo se usan los fondos y bienes estatales en el país. Pero Pólit no estaba, había salido del país con permiso médico el 26 de mayo. Sin embargo, según versiones no corroboradas por la Fiscalía, policías y fiscales entraron a la vivienda y la requisaron por algunas horas. En Quito, la habitación del hotel de lujo en la que vive el Contralor mientras ejerce sus funciones también fue allanada. Según testigos presenciales, los agentes se llevaron una caja fuerte.
Para redondear una trama que parece sacada directamente de House of Cards, en una declaración de su abogado particular dijo que el operativo era una retaliación del Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno. Según Pólit, hace pocos días presentó un informe que establecía la responsabilidad penal de Baca Mancheno que ha respondido que no actúa por represalias, sino para esclarecer responsabilidades en delitos. Es muy pronto para saber cómo terminará la pugna entre las cabezas máximas de dos funciones del Estado (que además eran considerados cercanos al expresidente Correa), pero está claro que en el Ecuador no se sabe bien quién controla al contralor ni quién fiscaliza al fiscal.
Tal vez la única certeza es que las investigaciones no se detendrán y sacarán quién sabe qué otros revolucionarios trapos sucios al público. Según Baca Mancheno las investigaciones continuarán. El caso —considerado por la fiscalía como crimen organizado trasnacional— podría dar nuevos giros la semana que entra, cuando Baca regrese a Brasil “para continuar con la recepción de versiones y recolección de evidencias, tareas en las que el equipo mencionado trabajará en coordinación con la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil”. La lista de Odebrecht, aún sin revelarse, seguirá sacudiendo el frágil tablero político ecuatoriano.
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La constructora brasileña Odebrecht ya no puede contratar en el Ecuador por la prohibición de un juzgado en diciembre de 2016. No es la primera vez que está impedida de hacerlo: fue expulsada en 2008 del país por el entonces novel presidente Rafael Correa, pero regresó a operar en el país por intercesión del expresidente brasileño Lula da Silva. Y volvió con más contratos. Entre ellos, el primer y segundo tramo de la Ruta Viva de Quito (una obra municipal en la administración del gobiernista Augusto Barrera), el trasvase Daule-Vinces, el relleno de la Refinería del Pacífico, la Central Hidroeléctrica Manduriacu, y varias otras, cuyo detalle se puede encontrar en el sitio web de la compañía.
En 2013 —año de elecciones, en el que Jorge Glas fue elegido Vicepresidente— la constructora ocupaba el primer puesto del ranking de adjudicaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop): 441 millones de dólares según información publicada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). De acuerdo a Carlos Pareja Yanuzelli, exministro del régimen de Correa, solo en Petroecuador, ese gobierno firmó contratos por 600 millones de dólares con Odebrecht. Pareja está implicado en un escándalo de corrupción en Petroecuador y está prófugo. En una entrevista otorgada a un equipo de diario Expreso que nunca se publicó porque el medio consideró que el exfuncionario no entregó pruebas de sus acusaciones, Pareja dice: “Llegar a los nombres de Odebrecht en Ecuador es más fácil que la tabla del uno”. Después de las elecciones, fiscales y policías investigan a aquellos que están en esa lista —como Rivera— en la que, según el presidente Moreno, hay muchos más implicados.
Mientras tanto, el vicepresidente Glas ha dejado solo a su tío. “Lamentablemente, según la información que tengo, hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones” dijo en la siempre húmeda Babahoyo, donde participaba de una reunión ampliada del gabinete ministerial. ‘Un familiar’, suena tan distante, como lejanas parecen ahora sus palabras de febrero de 2017 cuando en una rueda de prensa denunció el golpe artero de Jacobo Bucaram a Ricardo Rivera. “Tengo que denunciar además que la noche de ayer, Ricardo Rivera Aráuz, de 67 años, al que Abdalá Bucaram Pulley injurió a través de las redes sociales” —dijo en una rueda de prensa el candidato a vicepresidente— “Su grupo, que andaba con él lo atacó, lo agredió físicamente, al estilo de la mafia”. Fue, según Glas, “una agresión por la espalda, como hace la mafia, como lo hacen los Bucaram, al estilo cobarde”. Cuatro meses después, Ricardo Rivera Aráuz no es más que un familiar suyo. Y las acusaciones de Bucaram —a pesar de la violencia grosera y desalificadora de su hermano— van camino de corroborarse. Todo esto mientras el presidente Moreno dirigía la sesión de ministros en Babahoyo donde, según varias fuentes, el ambiente era denso. Podría haber sido por la humedad soporífera de la sabana fluvial —o por la tensión de no saber qué piensa el risueño presidente Moreno, un hombre capaz de reírse en casa de amigos y tomarse un whiskey, mientras espera paciente que pasen las horas (o los días, las semanas, los meses) para poner las cosas en el lugar que él las quiere.
