Ricardo Rivera es tío en del Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas Espinel. Fue además gerente y socio de la empresa TV Satelital, fundada por Glas. Entre 2007 y 2008, Rivera ocupó el cargo de Intendente de Telecomunicaciones en el gobierno de Rafael Correa, mientras su sobrino estaba al frente del Fondo de Solidaridad, un conglomerado de empresas telefónicas, eléctricas y de otras áreas estratégicas, que existió hasta 2008. El portal 4Pelagatos reportó que 2010 Rivera había viajado como representante de Jorge Glas a China, sin que ejerciera ningún cargo público. Según un supuesto un intercambio de mails entre varios lobbistas y representantes de empresas de ese país asiático, el comportamiento de Rivera había sido considerado inapropiado y dañino para los intereses del Ecuador en China.

José Catagua fue funcionario —presidente de la Comisión de Licitaciones— de la Secretaría del Agua, Senagua, creada durante el gobierno de Correa para gestionar los recursos hídricos del país.

Gustavo Massuh es un empresario guayaquileño, accionista en la Sociedad Agrícola San Carlos y de otras 10 empresas nacionales y de la firma Clane Managment Inc., domiciliada en las Islas Vïrgenes Británicas, un paraíso fiscal, según lo reporta Plan V.

Uno de los allanamientos se realizó en el domicilio de Pólit, quien se encuentra fuera del país por un tratamiento médico, según lo dijo su abogado, Hernán Ulloa Parada, en una rueda de prensa.

Carlos Pólit fue posesionado por la Asamblea Nacional como Contralor General en marzo de 2017, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana lo seleccionara como el mejor puntuado de los participantes. Pólit inicia su tercer período en el cargo, en el que lleva diez años. Fue posesionado por primera vez en 2007.

Según un reporte de diario El Universo, fuentes de la Contraloría aseguraron que Pólit salió del país el 26 de mayo, dos días después de la posesión de Lenín Moreno, pero dijeron que no se conoce cuándo volverá.

Ulloa afirmó que el allanamiento «es una represalia del Fiscal General porque la Contraloría, hace muy pocos días, presentó un informe de responsabilidad penal justamente en contra de su titular, Carlos Baca Mancheno». La Contraloría no ha hecho públicos cuáles son los cargos contra Baca Mancheno.

El Contralor es indagado por el delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, COIP se refiere al funcionario público que abusando de sus funciones exija cuotas, contribuciones o gratificaciones ilegales. El delito se sanciona con prisión de 3 a 5 años.