El presidente Guillermo Lasso envió documentación sobre sus bienes y capitales a la Contraloría General del Estado. El anuncio se hizo la mañana de hoy, 11 de noviembre, en un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom). Sin embargo, la documentación enviada a la Contraloría dice que fue enviada el 9 de noviembre y recibida ayer, 10 de noviembre.

Según el gobierno, los documentos entregados “acreditan fehacientemente que al inscribir su candidatura presidencial” el 23 de septiembre de 2020, Guillermo Lasso no incumplió lo que dice la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular. En su artículo 4, esta legislación aprobada en 2017 dice que está prohibido que los candidatos a cargos públicos de elección popular sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en paraísos fiscales. 

Las investigaciones sobre los bienes de Lasso y su presunta relación con entidades en paraísos fiscales comenzó después de la publicación de la investigación Pandora Papers, que reveló que varios políticos a nivel mundial —incluyendo a Lasso— tienen o tuvieron relación con empresas off shore y fideicomisos en paraísos fiscales. 

El presidente ha insistido en que su relación con estas empresas se terminó antes de inscribir su candidatura. Sin embargo, varias instituciones —incluyendo a la Asamblea, Contraloría y la Fiscalía— tienen investigaciones abiertas por el caso. 

¿Qué envió Lasso a la Contraloría?

Además del comunicado, la Segcom difundió la carta enviada por el presidente Lasso a Verónica Del Rocío Cargua, la jefa del equipo de la Contraloría General del Estado, sobre la documentación. Sin embargo, no fueron difundidos los certificados y otros documentos presentados por Lasso a la Contraloría. 

En la carta a Cargua, Lasso dice que el 14 de octubre pasado le notificaron sobre el comienzo de un examen especial en su contra con el objetivo de determinar “si el examinado es propietario de bienes o capitales” en paraísos fiscales. El examen dice que servirá para determinar si Lasso es propietario “a su nombre o a través de sociedades en las que participe como socio, accionista, constituyente o beneficiario bajo cualquier modalidad”. 

Por eso, dice la carta, le solicitaron enviar copias certificadas sobre los bienes o capitales en paraísos fiscales “que forman parte de su patrimonio o que estuvieron a su nombre”. 

Lasso dijo que ni al inscribir su candidatura el año pasado ni hoy, está incumpliendo lo que dice la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular. Para comprobarlo, dijo Lasso, presentó los siguientes documentos:

• Certificados apostillados y traducidos que acreditan que 10 de las entidades mencionadas en la investigación Pandora Papers estaban disueltas antes del 23 de septiembre de 2020, fecha en la que inscribió su candidatura. 
• Certificados apostillados y traducidos de Trident Trust Company y de la firma Sucre, Arias y Reyes que determinan que Lasso no tiene relación de propiedad ni de administración sobre otras tres de las entidades mencionadas en la investigación. Y que no la ha tenido desde antes del 23 de septiembre pasado. 

Además, en la carta Lasso dijo que toda comunicación futura deberá hacerse al correo electrónico de su abogado Eduardo Carmigniani, quien también se encargará del resto de gestiones necesarias.  

Otras investigaciones en contra de Lasso

Además del examen de la Contraloría, hay un proceso en contra de Lasso que es investigado por la Asamblea Nacional. El caso está siendo investigado por la Comisión de Garantías Constitucionales. 

El pasado 5 de noviembre, la comisión aprobó su informe sobre la investigación por los Pandora Papers en los que está relacionado el presidente Lasso. 

El informe dice que la comisión revisó las publicaciones realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que lideró la investigación del caso Pandora Papers. El documento recomendó que el pleno de la Asamblea verifique la falta de cumplimiento de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular. Según el informe, eso justificaría la destitución del Presidente bajo el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, que dice que la Asamblea puede removerlo del cargo por “grave crisis política y conmoción interna”.

En la carta enviada a la Contraloría esta semana, el presidente Lasso dijo que la Asamblea Nacional “decidió arbitrariamente” encargarle la investigación a la Comisión de Garantías Constitucionales. Sobre el informe, Lasso dijo que rechazaba “enfática y tajantemente semejante ligereza que, insisto, no se funda en prueba alguna”. 

El Presidente dijo que le parecía “impresentable” que la Comisión “se haya permitido afirmar, sin prueba alguna” que él incumplió la ley al inscribir su candidatura. 

El informe no es vinculante. Es decir, que no es obligatorio cumplir con las recomendaciones que hace, pero ya fue entregado al pleno de la Asamblea para que decidan qué hacer.

Además, el pasado 21 de octubre, la Fiscalía abrió una investigación previa por defraudación tributaria contra Guillermo Lasso. Se hizo a raíz de la denuncia interpuesta por el ex candidato presidencial Yaku Pérez. Todavía no se han dado más detalles sobre este proceso.