Ayer, 5 de noviembre de 2021, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, encargada de realizar la investigación sobre el caso Pandora Papers en el que está vinculado el presidente Guillermo Lasso, aprobó con seis votos a favor de los 9 integrantes de la Comisión, el informe que debe entregar al pleno de la Asamblea.
Esto dice brevemente el informe:
En la investigación se recogieron datos y fueron “revisadas exhaustivamente”, según el informe que se leyó en la sesión 43 de la Comisión. El informe dice que la comisión revisó las publicaciones realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) relacionadas al caso Pandora Papers. Según el informe final, la Comisión adoptó el mecanismo de comparecencia pública de autoridades de las instituciones nacionales relacionadas en el caso, de expertos académicos y de personas con información sobre la investigación. El informe dice que la Comisión también pidió que las instituciones nacionales entreguen información sobre el caso.
“El esfuerzo realizado durante el proceso de recopilación de información obtuvo buenos resultados”, dice el informe. También dice que hubo incomprensiones del propósito de la investigación, entre esas que algunas autoridades no entregaron información “como muestra de transparencia” para aclarar lo que dice la investigación periodística. En la lectura del informe no se nombró a las autoridades convocadas que no asistieron.
El informe tiene una descripción sobre el ICIJ, también dice que el ICIJ filtró más de 11,9 millones de archivos confidenciales, trabajó con más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación que examinaron información. En el informe dice que la investigación Pandora Papers reveló que 15 políticos de Latinoamérica están relacionados con tener empresas offshores, 11 de ellos son expresidentes y 3 son actualmente presidentes — de Chile, Sebastián Piñera; de República Dominicana, Luis Abinader; y de Ecuador, Guillermo Lasso.—
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En el informe también hay un extracto de la investigación periodística que habla sobre Lasso. Recopila información ya publicada: dice que Lasso es un exbanquero que fue elegido presidente en 2021, que transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos, en diciembre de 2017, tres meses después que la Asamblea aprobará una ley que prohíbe a los funcionarios públicos activos y bienes en paraísos fiscales. También habla sobre siete empresas que han sido disueltas. Sobre Lasso dice que esas empresas no tienen existencia legal, que todo uso anterior de cualquier empresa offshore era legítimo.
El informe incluye las comparecencias de periodistas que participaron en la investigación periodística. Una de esas es la argentina Cynthia García, periodista argentina, quien dijo que participó en la investigación hasta marzo de 2017 sobre tres empresas offshore que eran propiedad de Lasso. En la empresa Banisi Holding, Lasso es el presidente, su esposa María de Lourdes Alcívar la tesorera y su hijo Santiago Lasso es el secretario.
La Casa de Valores de Guayaquil bajo juramento informó a la Comisión de Garantías Constitucionales que Lasso no tenía inversiones en algún consorcio comercial, banco o fideicomiso desde el 2010 hasta la fecha.
En la sesión del 23 de octubre del 2021, participaron algunos expertos. Eric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas, “los ricos a nivel del mundo utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos sin disimular la realidad de su patrimonio y en ciertos casos para lavar dinero y capitales…”, dijo Toussaint a la Comisión. Ramiro Chamurris de la Universidad de la República de Uruguay, dijo que “los espacios reservados para la evasión de los capitales de empresas o corporaciones no son solo islas sino también Estados”.
También participaron asambleístas que no pertenecen a la Comisión, con información del Tribunal Contencioso Electoral, que negó una objeción hecha en la candidatura de Lasso a la presidencia del Ecuador, presentada por la coalición Unión por la Esperanza (UNES) en septiembre de 2020. El tribunal negó la objeción a pesar de que, según los denunciantes, el entonces candidato tenía, supuestamente, recursos o empresas en paraísos fiscales a pesar de la prohibición de la ley. El informe de la Comisión dice que el Consejo Nacional Electoral, en el proceso de calificación de candidaturas, no pidió a instituciones nacionales o extranjeras, ningún documento para convalidar la objeción de UNES.
El informe también habla sobre la responsabilidad jurídica. Eso es sobre un daño que ha padecido una persona natural o jurídica o bien jurídico protegido por la sociedad y el Estado, que puede ser la vida, libertad, igualdad o dignidad. “En consecuencia un sujeto es jurídicamente responsable cuando el sistema jurídico prescribe que ese sujeto por sus acciones u omisiones ha de pagar por un daño ocasionado a otro sujeto o a un grupo de ellos”.
También describe la responsabilidad política en el caso Pandora Papers. Según Iván de la Garza Santos, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, la responsabilidad política es la facultad que tiene el poder legislativo para censurar la gestión presidencial, para verificar si las acciones gubernamentales están en sintonía con los intereses de los mandantes de la soberanía, dice el informe.
El informe hace 8 recomendaciones
Una de ellas es que el pleno de la Asamblea verifique la falta de cumplimiento de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, conocida como Pacto Ético de 2017 que estableció que los candidatos y funcionarios no podían tener relación con compañías en paraísos fiscales.
Eso, dice el informe, justificaría la destitución del Presidente bajo el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, que dice que la Asamblea puede removerlo del cargo por “grave crisis política y conmoción interna”.
Además, la Comisión recomendó enviar el informe a la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, el Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Bancos. Para que esas instituciones “procedan acorde con sus competencias constitucionales y legales” de forma independiente de lo que resuelva la Asamblea.
Otra de las recomendaciones fue que el presidente Lasso comparezca ante el pleno de la Asamblea en un plazo máximo de 8 días “para que entregue la información solicitada”. Lasso fue convocado a comparecer ante la Comisión en 2 ocasiones. Sin embargo, no asistió porque dijo que la Asamblea no era la institución que debía investigar este caso sino la Contraloría. Actualmente, el presidente Lasso está en Madrid, España, regresará al país, mañana 7 de noviembre.
También estaban convocados a comparecer María Lourdes Alcívar, esposa de Lasso y Santiago Lasso, su hijo, para rendir su versión. Según una carta enviada al asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías, ambos no asistieron porque al no ser funcionarios públicos, no están obligados a atender a la invitación.
Para continuar con la investigación del caso, el informe de la Comisión recomendó que se levante la reserva de toda la información que ha sido catalogada como tal que esté relacionada a las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso en las que está involucrado Guillermo Lasso.
También sugiere que el pleno comunique a todas las las instituciones del Estado que el Presidente ha renunciado públicamente al sigilo bancario. que es la obligación que tienen los bancos de no revelar información de sus clientes a terceros, salvo que exista una causa justificada. El informe dice que se le dé un plazo de 48 horas a las instituciones del Estado para que entreguen información sobre las cuentas del Presidente a la Asamblea Nacional.
El documento aprobado hoy termina recomendando que se haga un juicio político a las autoridades que no comparecieron ni facilitaron información requerida por la Comisión. Sin embargo, esa lista todavía no ha sido definida.
Además de ir al pleno de la Asamblea, el informe dice que la Comisión de Garantías Constitucionales seguirá “ejerciendo su deber de fiscalización a las instituciones del Estado” en lo relativo a los temas tratados en ese documento.
El asambleísta Virgilio Saquicela, parte de la Comisión de Garantías Constitucionales —de la Bancada del Acuerdo Nacional, en la que también está CREO, el partido del Presidente— dijo en la sesión de la Comisión de ayer que presentará un informe de minoría sobre el caso de los Pandora Papers. Según él, “no se ha demostrado absolutamente nada” y por eso estaba en desacuerdo con las 8 recomendaciones del informe. Por eso, en el que él planea presentar pedirá que la investigación se archive.
Sin embargo, el documento aprobado no es vinculante. Es decir, que no es obligatorio cumplir con las recomendaciones que hace.
