La investigación contra el presidente Guillermo Lasso por su presunto vínculo con 10 compañías offshore y fideicomisos cuando fue candidato presidencial que se inició a partir del trabajo periodístico global de los Pandora Papers en octubre pasado— no va más. 

Hoy, 7 de diciembre de 2021, la Contraloría General del Estado hizo oficial su dictamen en torno al caso y decidió archivarlo. En noviembre de este año, Lasso entregó documentación a la máxima institución de auditoría del Ecuador, que, según él, acreditaba que su candidatura fue legítima sin haber incumplido la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, que prohíbe ser candidatos a cargos de elección popular en el Ecuador a que quienes sean beneficiarios de empresas domiciliadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. De acuerdo con el presidente Lasso, antes de lanzarse como candidato, disolvió las firmas. 

Luego de conocerse la resolución de la Contraloría, Lasso se pronunció. “Cuando uno trabaja de forma transparente, la verdad siempre prevalece. Comparto con ustedes la notificación de la Contraloría General del Estado, que ha demostrado que cumplí con la ley. Sigo sirviendo al país y a los ecuatorianos con gran sentido de responsabilidad”, escribió en su cuenta de Twitter. 

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¿Qué dice el dictamen de la Controlaría? 

En el documento, firmado por Carlos Riofrío González, contralor subrogante, la Contraloría dice que, luego del análisis de la documentación entregada por Lasso, se determinó que: entre el 23 de septiembre de 2020 y el 24 de mayo de 2021, fechas de inscripción para ser candidato a la presidencia y de su posesión, Guillermo Lasso Mendoza “no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales” en las empresas:

  • Positano Trade LLC, ubicada en el estado de Delaware, en Estados Unidos 
  • Da Vinci Foundation, localizada en Panamá
  • Fundación Bienes Raíces, localizada en Panamá
  • Fundación Internacional Tintoretto, localizada en Panamá
  • Nora Investment US LLC, localizada en Panamá
  • Nora Group Investment Corp, localizada en Panamá
  • Pietro Overseas S.A., localizada en Panamá
  • Barberini Foundation, ubicada en Panamá
  • Bretten Holdings Inc, localizada en Panamá
  • Bernini Foundation, localizada en Panamá
  • Banisi S.A., localizada en Panamá
  • Banisi Holding S.A, localizada en Panamá
  • Banisi International Foundation, localizada en Panamá
  • Brother ‘s Investment, ubicada en las Islas Caimán.
  • Bretten Trust,  ubicada en Dakota del Sur, en Estados Unidos
  • Liberty U.S. Trust, ubicado en Dakota del Sur, en Estados Unidos

La Contraloría decidió archivar la investigación “por no encontrar elementos objetivos que demuestran que, a fecha de la inscripción de la candidatura”a la presidencia y posesión del cargo, Lasso hubiese sido propietario directo o indirecto de bienes o capitales “considerados como paraísos fiscales o que ostentaba la condición de directivo en sociedades establecidas, constituidas, o domiciliadas” en dichas jurisdicciones. 

¿Y ahora, qué? 

El presidente Guillermo Lasso ha quedado deslindado de responsabilidades administrativas, luego de que la Contraloría no hallara irregularidades en el examen especial que realizó en torno a los Pandora Papers. Pero en la Asamblea Nacional aún se discute un informe sobre el caso Pandora Papers.

A las tres y media de la tarde de hoy, 7 de diciembre, se debatirá ese informe, que preparado y presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Luego, se aprobará una resolución respecto al documento, que contiene 291 páginas. En el informe, se realizaron una serie de recomendaciones que no son vinculantes. Es decir, que no es obligatorio cumplir con ellas. 

Una de ellas, la principal, es que el pleno de la Asamblea sea quien verifique la falta de cumplimiento de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, conocida como Pacto Ético de 2017, que estableció que los candidatos y funcionarios no podían tener relación con compañías en paraísos fiscales. 

Eso, dice el informe, justificaría la destitución del Presidente bajo el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, que dice que la Asamblea puede removerlo del cargo por “grave crisis política y conmoción interna”. 

¿Qué decía el informe de los Pandora Papers sobre Lasso? 

En concreto, el informe recoge informaciones que, afirma, fueron“revisadas exhaustivamente” —según la Comisión. El documento ha recibido críticas por presentar hechos que son de conocimiento público y por algunas faltas de concordancia y redacción. Sin embargo, los miembros de la comisión que lo suscribieron, insisten en sus hallazgos. 

El informe dice que la comisión revisó las publicaciones realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) relacionadas al caso Pandora Papers. La Comisión recibió la comparecencia pública de autoridades de las instituciones nacionales relacionadas en el caso, de expertos académicos y de personas con información sobre la investigación. 

El informe sostiene que la Comisión también pidió que las instituciones nacionales entreguen información sobre el caso. “El esfuerzo realizado durante el proceso de recopilación de información obtuvo buenos resultados”, dice el documento. También afirma que hubo incomprensiones del propósito de la investigación. Entre esas, que algunas autoridades no entregaron información “como muestra de transparencia” para aclarar lo que dice la investigación periodística. En la lectura del informe no se nombró a las autoridades convocadas que no asistieron

El informe tiene una descripción sobre el ICIJ. También dice que el ICIJ filtró más de 11,9 millones de archivos confidenciales, trabajó con más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación que examinaron información. 

En el informe dice que la investigación Pandora Papers reveló que 15 políticos de Latinoamérica están relacionados con tener empresas offshores, 11 de ellos son ex presidentes y 3 son actualmente presidentes: de Chile, Sebastián Piñera, de República Dominicana, Luis Abinader, y de Ecuador, Guillermo Lasso. Toda esta información era ya de conocimiento público. 

En el informe hay un extracto de la investigación periodística que habla sobre Lasso. Recopila información ya publicada: dice que Lasso es un exbanquero que fue elegido presidente en 2021, que transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos, en diciembre de 2017, tres meses después que la Asamblea aprobará una ley que prohíbe a los funcionarios públicos activos y bienes en paraísos fiscales. También menciona siete empresas que han sido disueltas. Sobre Lasso, dice que esas empresas no tienen existencia legal, que todo uso anterior de cualquier empresa offshore era legítimo.

El informe incluye las comparecencias de periodistas que participaron en la investigación periodística. Una de esas es la argentina Cynthia García, periodista argentina, quien dijo que participó en la investigación hasta marzo de 2017 sobre tres empresas offshore que eran propiedad de Lasso. En la empresa Banisi Holding, Lasso era el presidente, su esposa María de Lourdes Alcívar la tesorera y su hijo Santiago Lasso es el secretario. 

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La Casa de Valores de Guayaquil bajo juramento informó a la Comisión de Garantías Constitucionales que Lasso no tenía inversiones en algún consorcio comercial, banco o fideicomiso desde el 2010 hasta la fecha. 

En la sesión del 23 de octubre del 2021, participaron algunos expertos. Eric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas. “Los ricos a nivel del mundo utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos sin disimular la realidad de su patrimonio y en ciertos casos para lavar dinero y capitales”, dijo Toussaint a la Comisión. Ramiro Chamurris, de la Universidad de la República de Uruguay, dijo que “los espacios reservados para la evasión de los capitales de empresas o corporaciones no son solo islas sino también Estados”.  

También participaron asambleístas que no pertenecen a la Comisión, con información del Tribunal Contencioso Electoral, que negó una objeción hecha en la candidatura de Lasso a la presidencia del Ecuador, presentada por la coalición Unión por la Esperanza (UNES) en septiembre de 2020. El informe de la Comisión dice que el Consejo Nacional Electoral, en el proceso de calificación de candidaturas, no pidió a instituciones nacionales o extranjeras, ningún documento para convalidar la objeción de UNES —aunque esto sería contradictorio, pues con la resolución del TCE, quedaba desechada tal impugnación. 

El documento también describe la responsabilidad política en el caso Pandora Papers. Según Iván de la Garza Santos, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, la responsabilidad política es la facultad que tiene el poder legislativo para censurar la gestión presidencial, para verificar si las acciones gubernamentales están en sintonía con los intereses de los mandantes de la soberanía, dice el informe.

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Recibió una Mención de Honor de los Premios Eugenio Espejo por su crónica Los hijos invisibles de la coca. Coautora de los libros 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible' y 'Muros: voces anticarcelarias del Ecuador'.

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