El presidente Guillermo Lasso obtuvo dos decisiones favorables hoy. Primero, en la mañana se supo que la Contraloría archivó su investigación sobre los Pandora Papers. Esta noche, pasadas las 8,  la Asamblea Nacional votó por el informe sobre ese caso y tampoco aprobó ninguna de las mociones presentadas respecto de los nexos del presidente con compañías offshore. De esta forma, Lasso se salva de lo que había sido el mayor escollo político que había enfrentado en sus casi 7 meses en el poder. 

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La sesión se instaló con 132 asambleístas de los 137 que tiene el legislativo ecuatoriano. Después de 20 intervenciones, se presentó la primera moción.

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Fue hecha por la asambleísta Paola Cabezas, de UNES, quien mocionó para que se le aplique al Presidente de la República el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República: destituirlo por la “grave crisis política y conmoción interna” que, según ella, ha causado el caso Pandora Papers. La propuesta de Cabezas no fue aprobadaTuvo solo 51 votos a favorHubo 77 votos en contra y 7 abstenciones.

Después, Fernando Cabascango, asambleísta de Pachakutik y de la Comisión que preparó el informe presentó la segunda moción. Cabascango proponía que el Presidente de la República comparezca ante la Asamblea para dar explicaciones sobre su aparición en los Pandora Papers —algo a lo que Lasso se había negado alegando que tal situación había sido ya materia de un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en septiembre de 2020 por una impugnación a su candidatura hecha por la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). 

La moción de Cabascango tampoco pasó. Tuvo apenas 61 votos afirmativos. Se necesitaban al menos 92 para que fuera aprobada. Hubo, además, 27 abstenciones y 47 votos en contra. 

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¿Qué decía el informe?

El informe fue hecho por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional

El documento sostenía que los nexos del presidente Guillermo Lasso con empresas offshore serían una violación al llamado Pacto Ético, una ley de 2017 que prohibía a una persona que sea beneficiario directa o indirectamente de una compañía domiciliada en un “paraíso fiscal” ser candidato a una dignidad de elección popular.

Según el informe, las revelaciones de los Pandora Papers de que Lasso tuvo relaciones en compañías offshore ameritaban su destitución por supuesta “grave conmoción interna” —un cargo que hoy la Asamblea desechó. El documento fue aprobado por los miembros de la comisión: 

  1. Fernando Cabascango, su presidente (de Pachakutik)
  2. Édgar Quezada (de Pachakutik)
  3. Mario Ruiz (de Pachakutik), 
  4. Victoria Desintonio (de la coalición Unión por la Esperanza)
  5. Paola Cabezas (de la coalición Unión por la Esperanza) y,
  6. Fernanda Astudillo (de la coalición Unión por la Esperanza)

Votaron en contra: 

  1. Virgilio Saquicela, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), 
  2. Gruber Zambrano, ahora independiente, antes del Partido Social Cristiano,

Sofía Sánchez, de Pachakutik, se abstuvo. 

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El informe recogía informaciones que, afirma, fueron “revisadas exhaustivamente”. La comisión, decía el documento, revisó las publicaciones realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) relacionadas al caso Pandora Papers. La Comisión recibió la comparecencia pública de autoridades de las instituciones nacionales relacionadas en el caso, de expertos académicos y de personas con información sobre la investigación. 

El informe hoy desechado sostenía que la Comisión también pidió que las instituciones nacionales entreguen información sobre el caso. “El esfuerzo realizado durante el proceso de recopilación de información obtuvo buenos resultados”, dice el documento. También afirma que hubo incomprensiones del propósito de la investigación. Entre esas, que algunas autoridades no entregaron información “como muestra de transparencia” para aclarar lo que dice la investigación periodística. En la lectura del informe no se nombró a las autoridades convocadas que no asistieron. 

El informe tenía una descripción sobre el ICIJ. También dice que el ICIJ filtró más de 11,9 millones de archivos confidenciales, trabajó con más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación que examinaron información. El informe sostenía que la investigación Pandora Papers reveló que 15 políticos de Latinoamérica están relacionados con tener empresas offshores, 11 de ellos son expresidentes y 3 son actualmente presidentes — de Chile, Sebastián Piñera; de República Dominicana, Luis Abinader; y de Ecuador, Guillermo Lasso. Toda esta información era ya de conocimiento público. 

En el informe había un extracto de la investigación periodística que habla sobre Lasso. Recopilaba información ya publicada: dice que Lasso es un exbanquero que fue elegido presidente en 2021, que transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos, en diciembre de 2017, tres meses después de  que la Asamblea aprobará una ley que prohíbe a los funcionarios públicos activos y bienes en paraísos fiscales. 

También mencionaba siete empresas que han sido disueltas. Sobre Lasso, decía que esas empresas no tienen existencia legal, que todo uso anterior de cualquier empresa offshore era legítimo.

El informe incluyó las comparecencias de periodistas que participaron en la investigación periodística. Una de esas es la argentina Cynthia García, quien dijo que participó en la investigación hasta marzo de 2017 sobre tres empresas offshore que eran propiedad de Lasso. En la empresa Banisi Holding, Lasso era el presidente, su esposa María de Lourdes Alcívar la tesorera y su hijo Santiago Lasso es el secretario

La Casa de Valores de Guayaquil bajo juramento informó a la Comisión de Garantías Constitucionales que Lasso no tenía inversiones en algún consorcio comercial, banco o fideicomiso desde el 2010 hasta la fecha. 

También participaron asambleístas que no pertenecen a la Comisión, con información del Tribunal Contencioso Electoral, que negó una objeción hecha en la candidatura de Lasso a la presidencia del Ecuador, presentada por la coalición Unión por la Esperanza (UNES) en septiembre de 2020. El informe de la Comisión dice que el Consejo Nacional Electoral, en el proceso de calificación de candidaturas, no pidió a instituciones nacionales o extranjeras, ningún documento para convalidar la objeción de UNES. 

El documento también sugería la responsabilidad política en el caso Pandora Papers y pedía que el pleno verificase la falta de cumplimiento de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, conocida como Pacto Ético de 2017, que estableció que los candidatos y funcionarios no podían tener relación con compañías en paraísos fiscales. 

Eso, decía el informe, justificaría la destitución del Presidente bajo el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, que dice que la Asamblea puede removerlo del cargo por “grave crisis política y conmoción interna”. Eso ha sido hoy descartado por la Asamblea. 

La Contraloría también liberó de responsabilidad a Lasso

Hoy, 7 de diciembre de 2021, la Contraloría General del Estado hizo oficial su dictamen en torno al caso y decidió archivarlo

En el documento, firmado por Carlos Riofrío González, contralor subrogante, la Contraloría dice que, luego del análisis de la documentación entregada por Lasso, se determinó que: entre el 23 de septiembre de 2020 y el 24 de mayo de 2021, fechas de inscripción para ser candidato a la presidencia y de su posesión, Guillermo Lasso Mendoza “no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales” en empresas domiciliadas en paraísos fiscales. 

En noviembre de este año, Lasso entregó documentación a la máxima institución de auditoría del Ecuador, que, según él, acreditaba que su candidatura fue legítima sin haber incumplido la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, que prohíbe ser candidatos a cargos de elección popular en el Ecuador a que quienes sean beneficiarios de empresas domiciliadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. De acuerdo con el presidente Lasso, antes de lanzarse como candidato, disolvió las firmas. Luego de conocerse la resolución de la Contraloría, Lasso se pronunció. “Cuando uno trabaja de forma transparente, la verdad siempre prevalece. Comparto con ustedes la notificación de la Contraloría General del Estado, que ha demostrado que cumplí con la ley. Sigo sirviendo al país y a los ecuatorianos con gran sentido de responsabilidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

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(Ecuador, 2011) Periodismo que importa sobre lo que te importa.