Pasadas las cuatro de la tarde de hoy, 8 de noviembre de 2021, el asambleísta Fernando Cabascango Collaguazo entregó el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, sobre el caso Pandora Papers a la Asamblea Nacional. Cabascango es asambleísta por el movimiento Pachakutik y presidente de la comisión.

El informe —que aduce que los nexos del presidente Guillermo Lasso con empresas offshore significaría una violación legal que podría significar su destitución por supuesta “grave conmoción interna”— fue aprobado, además de Cabascango, por sus colegas Édgar Quezada y Mario Ruiz (de Pachakutik), Victoria Desintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo (de la coalición Unión por la Esperanza). Los asambleístas Virgilio Saquicela, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), y Gruber Zambrano, ahora independiente, antes del Partido Social Cristiano, votaron en contra. Sofía Sánchez, de Pachakutik, se abstuvo. 

El informe ha sido respaldado por asambleístas de Pachakutik como Salvador Quishpe, Patricia Sánchez, Dina Farinango, Salvador Maita y Mario Ruiz, quienes han marcado su posición contra el presidente Guillermo Lasso. En cambio, la oficialista BAN arremetió contra el informe. CREO, que integra dicha bancada, dijo que la comisión “es una herramienta del golpismo que ha impulsado el correato”. 

La posición del gobierno frente al informe se expuso en tres comunicados diferentes que decían lo mismo: rechazo al informe, aduciendo que con el que “se sostiene la falsa hipótesis de que el presidente inobservó el pacto ético”. 

Después de entregar el informe, Cabascango insistió en sus alegaciones contra Lasso. “Hoy estamos ingresando el informe en físico con más de 800 fojas de pruebas. Nos han dicho que no había, aquí están”, dijo Cabascango. 

Sobre la crítica del BAN, afirmó: “Yo creo que algunos legisladores todavía están haciendo una mala interpretación de un documento que aún no era oficial. Ayer [7 de noviembre], en horas de la tarde, recién fue enviada toda la documentación y el expediente de este caso”, alegó el asambleísta por la provincia de Pichincha. 

Hoy también fue presentado otro informe, de la minoría de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Tiene 45 páginas y recomienda el archivo de la investigación. 

¿Qué dice el informe de la Comisión?

El informe recoge informaciones que, afirma, fueron “revisadas exhaustivamente”, según el informe que se leyó en la sesión 43 de la Comisión, el 6 de noviembre pasado. El informe dice que la comisión revisó las publicaciones realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) relacionadas al caso Pandora Papers. La Comisión recibió la comparecencia pública de autoridades de las instituciones nacionales relacionadas en el caso, de expertos académicos y de personas con información sobre la investigación. 

El informe sostiene que la Comisión también pidió que las instituciones nacionales entreguen información sobre el caso. “El esfuerzo realizado durante el proceso de recopilación de información obtuvo buenos resultados”, dice el documento. También afirma que hubo incomprensiones del propósito de la investigación. Entre esas, que algunas autoridades no entregaron información “como muestra de transparencia” para aclarar lo que dice la investigación periodística. En la lectura del informe no se nombró a las autoridades convocadas que no asistieron. 

El informe tiene una descripción sobre el ICIJ. También dice que el ICIJ filtró más de 11,9 millones de archivos confidenciales, trabajó con más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación que examinaron información. En el informe dice que la investigación Pandora Papers reveló que 15 políticos de Latinoamérica están relacionados con tener empresas offshores, 11 de ellos son expresidentes y 3 son actualmente presidentes — de Chile, Sebastián Piñera; de República Dominicana, Luis Abinader; y de Ecuador, Guillermo Lasso. Toda esta información era ya de conocimiento público. 

En el informe hay un extracto de la investigación periodística que habla sobre Lasso. Recopila información ya publicada: dice que Lasso es un exbanquero que fue elegido presidente en 2021, que transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos, en diciembre de 2017, tres meses después que la Asamblea aprobará una ley que prohíbe a los funcionarios públicos activos y bienes en paraísos fiscales. También menciona siete empresas que han sido disueltas. Sobre Lasso, dice que esas empresas no tienen existencia legal, que todo uso anterior de cualquier empresa offshore era legítimo.

El informe incluye las comparecencias de periodistas que participaron en la investigación periodística. Una de esas es la argentina Cynthia García, periodista argentina, quien dijo que participó en la investigación hasta marzo de 2017 sobre tres empresas offshore que eran propiedad de Lasso. En la empresa Banisi Holding, Lasso era el presidente, su esposa María de Lourdes Alcívar la tesorera y su hijo Santiago Lasso es el secretario. 

La Casa de Valores de Guayaquil bajo juramento informó a la Comisión de Garantías Constitucionales que Lasso no tenía inversiones en algún consorcio comercial, banco o fideicomiso desde el 2010 hasta la fecha. 

En la sesión del 23 de octubre del 2021, participaron algunos expertos. Eric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas. “Los ricos a nivel del mundo utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos sin disimular la realidad de su patrimonio y en ciertos casos para lavar dinero y capitales”, dijo Toussaint a la Comisión. Ramiro Chamurris, de la Universidad de la República de Uruguay, dijo que “los espacios reservados para la evasión de los capitales de empresas o corporaciones no son solo islas sino también Estados”.  

También participaron asambleístas que no pertenecen a la Comisión, con información del Tribunal Contencioso Electoral, que negó una objeción hecha en la candidatura de Lasso a la presidencia del Ecuador, presentada por la coalición Unión por la Esperanza (UNES) en septiembre de 2020. El informe de la Comisión dice que el Consejo Nacional Electoral, en el proceso de calificación de candidaturas, no pidió a instituciones nacionales o extranjeras, ningún documento para convalidar la objeción de UNES. 

El documento también describe la responsabilidad política en el caso Pandora Papers. Según Iván de la Garza Santos, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, la responsabilidad política es la facultad que tiene el poder legislativo para censurar la gestión presidencial, para verificar si las acciones gubernamentales están en sintonía con los intereses de los mandantes de la soberanía, dice el informe.    

Estas son las recomendaciones de la Comisión

El documento tiene una serie de recomendaciones que no son vinculantes. Es decir, que no es obligatorio cumplir con ellas. 

Una de ellas es que el pleno de la Asamblea verifique la falta de cumplimiento de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, conocida como Pacto Ético de 2017, que estableció que los candidatos y funcionarios no podían tener relación con compañías en paraísos fiscales. 

Eso, dice el informe, justificaría la destitución del Presidente bajo el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, que dice que la Asamblea puede removerlo del cargo por “grave crisis política y conmoción interna”. 

Además, la Comisión recomendó enviar el informe a la Fiscalía (que ya ha abierto su propia investigación por los Pandora Papers), la Contraloría General del Estado, el Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Bancos. Para que esas instituciones “procedan acorde con sus competencias constitucionales y legales” de forma independiente de lo que resuelva la Asamblea.

Otra de las recomendaciones fue que el presidente Lasso comparezca ante el pleno de la Asamblea en un plazo máximo de 8 días “para que entregue la información solicitada”.  Lasso fue convocado a comparecer ante la Comisión en 2 ocasiones. Sin embargo, no asistió porque dijo que la Asamblea no era la institución que debía investigar este caso sino la Contraloría. Actualmente, el presidente Lasso está en Madrid, España, regresará al país, mañana 7 de noviembre. 

También estaban convocados a comparecer María Lourdes Alcívar, esposa de Lasso y Santiago Lasso, su hijo, para rendir su versión. Según una carta enviada al asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías, ambos no asistieron porque al no ser funcionarios públicos, no están obligados a atender a la invitación. 

Para continuar con la investigación del caso, el informe de la Comisión recomendó que se levante la reserva de toda la información que ha sido catalogada como tal que esté relacionada a las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso en las que está involucrado Guillermo Lasso. 

También sugiere que el pleno comunique a todas las las instituciones del Estado que el Presidente ha renunciado públicamente al sigilo bancario, que es la obligación que tienen los bancos de no revelar información de sus clientes a terceros, salvo que exista una causa justificada. El informe dice que se le dé un plazo de 48 horas a las instituciones del Estado para que entreguen información sobre las cuentas del Presidente a la Asamblea Nacional. 

El documento aprobado finaliza recomendando que se haga un juicio político a las autoridades que no comparecieron ni facilitaron información requerida por la Comisión. Sin embargo, el informe no dice quiénes son.

Además de ir al pleno de la Asamblea, el informe dice que la Comisión de Garantías Constitucionales seguirá “ejerciendo su deber de fiscalización a las instituciones del Estado” en lo relativo a los temas tratados en el  documento.

El asambleísta Virgilio Saquicela, parte de la Comisión de Garantías Constitucionales —de la Bancada del Acuerdo Nacional— dijo en la sesión de la Comisión del 6 de noviembre que presentará un informe de minoría sobre el caso de los Pandora Papers. “No se ha demostrado absolutamente nada”, alegó, y por eso estaba en desacuerdo con las 8 recomendaciones del informe. 

Por eso, en el que él planea presentar pedirá que la investigación se archive. Y lo cumplió. Hoy, 8 de noviembre.