La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó su informe sobre la investigación por los Pandora Papers en los que está relacionado el presidente Guillermo Lasso. Después de sesionar todo el día, la noche de hoy, 5 de noviembre, la Comisión aprobó el documento con 6 votos a favor.
La noche de hoy, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) publicó un comunicado en el que dice que el gobierno rechaza el informe aprobado por la Comisión. Según el comunicado, “se ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece la validez jurídica”. El gobierno dice que hace un llamado para la Asamblea Nacional para que rechace “semejante injurídica e inmotivada opinión” que está desconectada de los hechos del caso.
El 7 de octubre, el pleno de la Asamblea resolvió con 105 votos a favor que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad sería la encargada de analizar si el presidente Lasso incumplió la ley que prohíbe que los funcionarios y políticos sean beneficiarios de compañías domiciliadas en paraísos fiscales.
Sin embargo, el documento aprobado hoy no es vinculante. Es decir, que no es obligatorio cumplir con las recomendaciones que hace.
¿Qué dice el informe?
El informe hace 8 recomendaciones.
Una de ellas es que el pleno de la Asamblea verifique la falta de cumplimiento del Pacto Ético de 2017 que estableció que los candidatos y funcionarios no podían tener relación con compañías en paraísos fiscales.
Eso, dice el informe, justificaría la destitución del Presidente bajo el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, que dice que la Asamblea puede removerlo del cargo por “grave crisis política y conmoción interna”.
Además, la Comisión recomendó enviar el informe a la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, el Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Bancos. Para que esas instituciones “procedan acorde con sus competencias constitucionales y legales” de forma independiente de lo que resuelva la Asamblea.
Otra de las recomendaciones fue que el presidente Lasso comparezca ante el pleno de la Asamblea en un plazo máximo de 8 días “para que entregue la información solicitada”.
Lasso fue convocado a comparecer ante la Comisión en 2 ocasiones. Sin embargo, no asistió porque dijo que la Asamblea no era la institución que debía investigar este caso sino la Contraloría. Actualmente, el presidente Lasso está en Madrid, España, regresará al país el 7 de noviembre.
También estaban convocados a comparecer María Lourdes Alcívar, esposa de Lasso y Santiago Lasso, su hijo, para rendir su versión. Según una carta enviada al asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías, ambos no asistieron porque al no ser funcionarios públicos, no están obligados a atender a la invitación.
Para continuar con la investigación del caso, el informe de la Comisión recomendó que se levante la reserva de toda la información que ha sido catalogada como tal que esté relacionada a las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso en las que está involucrado Guillermo Lasso.
También sugiere que el pleno comunique a todas las las instituciones del Estado que el Presidente ha renunciado públicamente al sigilo bancario. que es la obligación que tienen los bancos de no revelar información de sus clientes a terceros, salvo que exista una causa justificada. El informe dice que se le dé un plazo de 48 horas a las instituciones del Estado para que entreguen información sobre las cuentas del Presidente a la Asamblea Nacional.
El documento aprobado hoy termina recomendando que se haga un juicio político a las autoridades que no comparecieron ni facilitaron información requerida por la Comisión. Sin embargo, esa lista todavía no ha sido definida.
Además de ir al pleno de la Asamblea, el informe dice que la Comisión de Garantías Constitucionales seguirá “ejerciendo su deber de fiscalización a las instituciones del Estado” en lo relativo a los temas tratados en ese documento.
El asambleísta Virgilio Saquicela —de la Bancada del Acuerdo Nacional, en la que también está CREO, el partido del Presidente— dijo en la sesión de la Comisión de hoy que presentará un informe de minoría sobre el caso de los Pandora Papers. Según él, “no se ha demostrado absolutamente nada” y por eso estaba en desacuerdo con las 8 recomendaciones del informe. Por eso, en el que él planea presentar pedirá que la investigación se archive.
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¿Qué son los Pandora Papers?
Los Pandora Papers es una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que reveló los vínculos con entidades offshore y fideicomisos de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países en el mundo.
Según el sitio web del ICIJ, la investigación se hizo gracias a la “filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia”. Se filtraron un total de 11,9 millones de archivos de 14 proveedores de servicios de empresas offshore. Los periodistas que participaron en la investigación examinaron “miles de correos electrónicos, documentos e imágenes para encontrar nombres que fueran de interés público”. La investigación duró dos años y logró revelar las conexiones de muchos políticos y sus familias con paraísos fiscales.
En Ecuador, el único político que aparece en la investigación es el presidente Guillermo Lasso. Según la investigación, Lasso ha tenido vínculos con 14 entidades —entre compañías offshore y fideicomisos— en Panamá y Estados Unidos (en los estados de Dakota del Sur y Delaware).
Algunas de las empresas de Lasso que fueron disueltas eran: la Fundación Bernini, Bretten Holdings, la Fundación Da Vinci, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Postiano Trade LLC y la Fundación Internacional Tintoretto.
Lasso dijo que eliminó esas empresas en 2017, después de que se aprobara una ley que prohibía que los candidatos y funcionarios sean beneficiarios de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
