Seis de los 16 candidatos a la presidencia de Ecuador, plantean en su plan de gobierno, eliminar el examen para entrar a la universidad pública , hoy llamado Examen de Acceso a la Educación Superior. Pero ni en los planes de gobierno ni en los debates presidenciales o en entrevistas, los candidatos han dicho qué van a hacer luego de la eliminación del examen. Los candidatos tampoco dicen si van a crear un nuevo Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA) para la matrícula en las 33 universidades y 112 institutos técnicos y tecnológicos públicos. De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología (Senescyt) es la encargada de “diseñar, implementar, administrar y coordinar” ese sistema. Para eliminar el examen, hay que reformar la LOES y solo Yaku Pérez, candidato por Pachakutik es el único presidenciable que ha pensado en hacer esa reforma en la ley para eliminar el examen.
Los argumentos para eliminar el examen de admisión de Guillermo Lasso, Lucio Gutierrez, Yaku Pérez, César Montúfar, Gerson Almeida, Giovanny Andrade, no están técnicamente justificados. En su plan de gobierno, Lucio Gutierrez candidato por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y expresidente del país en 2003, habla “sobre la libertad de nuestros jóvenes de escoger la profesión que deseen, libre ingreso a la educación universitaria”. Guillermo Lasso, candidato por el movimiento CREO propone “libre ingreso a las universidades e independencia académica de las universidades de sus entes reguladores”, pero tampoco especifica cómo lo hará. La independencia académica se refiere a que ni la Senescyt o el Consejo de Educación Superior las regulen o controlen en cuanto a la capacitación a los docentes, asignación de cupos, manejo de recursos financieros o tecnológicos.
Alessandra Dirani, especialista en educación de adultos y en gestión de proyectos, opina que ninguno de los candidatos ha hecho un análisis de la situación de la educación en Ecuador, que incluiría, por ejemplo, pensar en los jóvenes del campo. Eliminar el examen, parece una propuesta demagógica que no permitiría el acceso de todos los estudiantes a la educación superior, y que, además, la debilitaría más.
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Eliminar el examen de ingreso a las universidades públicas implica dejar de lado la cobertura y calidad de la educación superior. Guillermo Santa María Suárez, un académico de la Universidad de Guayaquil dedicado a investigar la educación superior del Ecuador, dice que la demanda por enseñanza superior supera la oferta en más del 40 %. Es decir que incluso cuando todo el sistema educativo está ocupado al 100% con estudiantes, aún quedan 40% de aspirantes que no logran acceder.
Según los datos de la Senescyt, en 2016 al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión—creado en 2013 por la Senescyt para entregar cupos en la educación superior pública— se inscribieron 337.502 postulantes (estudiantes bachilleres recién graduados o graduados en otros años escolares), de los que se llegaron a matricular en las universidades públicas 107.101. Es decir que, en 2016, se pudieron inscribir menos de un tercio (31.7%) de los estudiantes que postularon a la universidad. La cifra mejoró apenas en 2018, se inscribieron 340.469 postulantes y se matricularon en las universidades públicas solo 131.212 estudiantes, solo 38% de los aplicantes, pudieron entrar.
Santa María dice que la calidad de la educación superior se evidencia cuando cumple tres estándares — lo que en la LOES se llaman funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Los docentes deben tener títulos académicos alineados a las cátedras que enseñan, dice Santa María. Un profesor de Física, debe ser Máster o PhD sobre esa ciencia. Alessandra Dirani cree que, además, todos los docentes deberían ser pedagogos, “por que si no, tenemos el típico profesor que si no tiene la polla en las manos o la tablet no pueden dar una clase”.
El segundo estándar para mantener la calidad tiene que ver con la investigación universitaria. Santa María dice que en el tiempo más grave de la pandemia del covid-19, las universidades públicas no pudieron hacer proyectos de investigación para enfrentar la pandemia. La Universidad San Francisco de Quito, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador o la Universidad Tecnológica Equinoccial, que son universidades privadas, hicieron investigación en la pandemia. La Escuela Politécnica Nacional, dependiente del Estado, realizó un modelo matemático para determinar los escenarios de la propagación de covid-19 pero la mayoría de las universidades públicas no la hicieron, porque además sus presupuestos fueron disminuidos. En los planes de gobierno de Guillermo Lasso, Lucio Gutiérrez o de Gustavo Larrea no hay propuestas para reestablecer o mantener los presupuestos para las universidades. Andrés Arauz, Yaku Pérez, César Montúfar y Ximena Peña ofrecen restituir el presupuesto para la educación superior. Peña habla sobre crear acuerdos con la Asamblea Universitaria —representación de las universidades y el Consejo de Educación Superior que regula el sistema de educación superior.
En medio de la pandemia por el covid-19, el Estado redujo más de 105 millones de dólares al presupuesto universitario de 2020. Las universidades públicas y las privadas cofinanciadas por el Estado se afectaron en la contratación de docentes y personal administrativo y en la entrega de becas. Hubo una demanda ante la Corte Constitucional por el recorte a las universidades. La Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Ambato otorgó medidas cautelares al pedido hecho por la Universidad Técnica de Ambato para que el presupuesto sea devuelto. Pero el 31 de agosto de 2020, la Corte Constitucional falló a favor del Ministerio de Finanzas por considerar que durante un estado de excepción ese ministerio puede hacer modificaciones que requiera para responder al déficit económico, en este caso el causado por la pandemia del covid-19. El dinero no se devolvió.
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La discusión sobre el examen de acceso a la universidad parece pasar por alto uno de los mayores problemas en la educación previa: las disparidades que existen entre la educación inicial, básica y de bachillerato en las ciudades grandes y el campo; en los establecimientos privados y los públicos; entre otras diferencias que acrecientan la brecha entre unos estudiantes y otros. Uno de los elemento que más evidencian esa distancia entre unos y otros es la infraestructura, el espacio físico en el que estudian, las adecuaciones, las instalaciones, los equipos informáticos, los espacios verdes, entre otros. Y eso es algo que los candidatos pasan por alto pues, la mayoría de las propuestas, dice Alessandra Dirani se enfocan en construir escuelas “pero no es cuestión de construir sino de mejorar las escuelas que tenemos”. Mejorar las que ya existen implica una menor inversión que construir escuelas desde cero, además permite reducir las brechas estudiantiles en ese rango de educación. En Ecuador de cada 100 instituciones educativas rurales, 48 no dan tratamiento al agua que beben, lo mismo pasa en 38 de cada 100 escuelas en la ciudad. El 40% de instituciones educativas en el país tienen letrinas en estado deficiente de mantenimiento. Lasso promete reabrir y fortalecer 900 escuelas rurales.
Eso no es lo único que los candidatos deben considerar. También es necesario que los docentes estén capacitados en distintos ámbitos. Xavier Hervas candidato por el partido Izquierda Democrática, propone la capacitación a los docentes en temas técnicos y pedagogía. También Hervas propone hacer investigación en temas agropecuarios entre los institutos técnicos, cámaras de producción y agricultores. Por su lado Lucio Gutierrez plantea hacer un “Plan Nacional de Reeducación”, que consistirá en reformar las mallas curriculares “para alcanzar una preparación académica y humanística de calidad”, dice en el plan de gobierno, sin ahondar en el significado de esas palabras. En el plan de Isidro Romero no hay ninguna propuesta sobre hacer investigación en las universidades o capacitación a los docentes.
Por eso, proponer la eliminación del examen de ingreso a la universidad como si eso fuera garantía suficiente para que los estudiantes accedan a la carrera de su elección, es demagógico. Por más que se elimine ese examen, si no se trabaja en la enorme brecha de conocimientos, aptitudes y accesos que tienen los jóvenes previo al acceso a la universidad, tampoco se podrá garantizar —incluso sin examen— que la educación superior dé los mismos frutos para todos.
Otra de las consideraciones que deberían hacer los candidatos —y luego, el futuro gobernante— es que, al cambiar el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), se consideren algunos en estos estándares internacionales para las universidades. Por ejemplo el Ranking QS que analiza más de 400 universidades públicas y privadas en América Latina y más de 1000 en el mundo, mide cuán “empleables” son sus egresados —preguntando a los empleadores de qué universidades son sus trabajadores más competentes y eficientes. Califica cuántos docentes tienen un título de PhD, analiza la colaboración en investigaciones con otras universidades, la movilidad de sus docentes a dar clases a universidades extranjeras o el impacto de sus investigaciones, entre otras.
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El 14 de enero de 2021, la Senescyt abrió las inscripciones para el primer periodo del examen de acceso a la universidad pública de 2021. Para este periodo se inscribieron 279.771 personas que quieren un cupo en la educación superior pública En julio, en el segundo periodo de 2020, se inscribieron 198.685 postulantes, de los que 188.000 rindieron el examen. De ese periodo, hasta diciembre de 2020, 99.613 cupos fueron asignados, dice la Senescyt. Es decir, solo uno de cada dos postulantes obtuvo un cupo en la universidad.
En 2010, se aprobó la Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) y ahí se estableció que la Senescyt se encargue del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). Desde 2013, el SNNA comenzó a aplicar el Examen Nacional de Educación Superior (Enes).
El examen tenía dos objetivos: obtener el 30% de la nota de grado que permitirá a los estudiantes graduarse como bachilleres y a la vez de acuerdo al puntaje, permitirles acceder a un cupo en las universidades públicas del país. El Enes tenía 155 preguntas calificadas y 5 como prueba piloto, que no tenían calificación, únicamente servían para hacer análisis cuantitativos y sean incluidas en futuras aplicaciones del examen, dice la Senescyt. Cuando el examen cambió de nombre, Ser Bachiller en 2017, también se cambiaron el número de preguntas: pasaron a 120 y 4 preguntas piloto. Hoy, con un tercer cambio de nombre — Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES)— decidido entre julio y agosto de 2020 en plena pandemia por el covid-19 y vigente hasta hoy, el EAES tiene 80 preguntas sobre Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Hoy, el EAES solo sirve para calificar a los aspirantes a la universidad pública.
Antes de que se establezca este examen en la LOES, el 70% de universidades públicas y privadas tenía un curso de nivelación para recibir a sus futuros estudiantes. El 16% tenían otros métodos como entrevistas personales o exámenes de inglés y el resto tenía un examen general de ingreso o un examen específico según la carrera.
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La aplicación del examen llamado Enes, Ser Bachiller o EAES ha tenido muchas críticas. En enero de 2020, varios estudiantes en Guayaquil se quejaban porque muchos estudiantes no alcanzaron el puntaje para obtener un cupo, lo mínimo es sacar 700 puntos sobre 1000. Otras quejas tienen que ver con plagio, copia o filtración de las preguntas del examen. En enero de 2020, las supuestas filtraciones del Ser Bachiller se habían hecho a través de WhatsApp y un blog en el que había videos y documentos del examen, más de 70 mil personas habían visto la filtración.
El problema que tiene que resolver el próximo presidente no es eliminar el examen, sino resolver el problema de la calidad de la educación básica, dice Pablo Jarrín, experto en educación superior y docente de la Universidad Regional Amazónica (Ikiam).
Jarrín habla sobre los resultados de la prueba PISA(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos que la aplica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, cada tres años en sus países miembros. PISA, por sus siglas en inglés), que mide las competencias de jóvenes de 15 años de colegios públicos y privados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. En esa prueba Ecuador reprobó en 2017, “son resultados desastrosos, muestran una incapacidad para ser ciudadanos productivos”, dice Jarrín.
En la prueba PISA de 2017, Ecuador sacó 409 en lectura, 399 en ciencias y 377 en matemáticas, muy por debajo de los promedios regionales. Pablo Jarrín dice que eliminar el examen de ingreso a la universidad, no permite que el Ecuador tenga una cultura de excelencia.
Los exámenes de ingreso son para escoger a los mejores estudiantes. Pablo Jarrín opina que a pesar de los plagios del examen de acceso a la universidad o de reprobar la prueba PISA, el camino no es eliminar el examen, sino mejorarlo, “ solo es una cuestión de voluntad política de colocar a los estudiantes más idóneos para que entren en el sistema y lo hagan más robusto y funcional”. Jarrín dice que el examen debe aplicarse porque es un diagnóstico de cómo está la educación en el país. “Si eliminamos la prueba, eliminamos esa información y no sabemos qué está pasando con nuestra juventud”.
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Si se deja de tomar el examen, podría retomarse la “palancocracia”, que es la ayuda de funcionarios en las universidades o gente externa, para obtener un cupo a cambio de dinero.
Guillermo Santa María dice que antes del examen, en las universidades no había cursos preuniversitarios de nivelación para que los estudiantes fueran preparados para entrar al primer semestre. Tampoco había un sistema unificado de admisión a las universidades, dice Santa María. El experto recuerda que la gente dormía por tres o cuatro días fuera de los edificios de las universidades para obtener un cupo.
En 2007, el Diario La Hora reportaba que fuera de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en Quito, capital del país, había largas filas para conseguir un cupo en esa que era la universidad pública más grande del país. Los estudiantes y padres de familia que hacían filas provenían de clases sociales medias y bajas, dice la nota de La Hora. En ese año, los estudiantes migraban a Quito o Guayaquil, donde se concentraban las universidades. Ahora también migran a otras ciudades como Riobamba, Tulcán o Manta donde se crearon nuevas universidades.
La LOES garantiza la igualdad de oportunidad, es decir que todos tengan la misma posibilidad de acceder al derecho a la educación. Santa María dice que eso no se podría lograr si no hay un Sistema Nacional de Nivelación y Admisión bien estructurado. Isidro Romero, candidato por el Partido Avanza, propone mantener el examen de ingreso y garantiza que “podrán escoger la carrera de su preferencia”. Romeo plantea hacer cursos preparatorios en las mismas facultades, para que los jóvenes que no aprueben el examen, se preparen para un nuevo examen y estudien la carrera que escogieron, en su ciudad de residencia.
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Por otro lado, Andrés Arauz de la Alianza UNES, cuya candidatura es impulsada por el expresidente Rafael Correa, que en su gobierno creó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, propone “mejorar el sistema de nivelación y admisión para el ingreso a la educación superior pública, con criterios de accesibilidad, equidad y justicia social”, pero no dice cómo lo va a lograr
Lo ideal sería reformar este sistema de admisión para mejorar el nivel de la educación superior. Alessandra Dirani dice que la eliminación del examen no conduce a algo mejor. La experta cree que los candidatos deberían pensar en que el examen no sea estandarizado, es decir que no se aplique el mismo examen a estudiantes de la ciudad y del campo, porque los jóvenes que crecieron en el campo que aspiren ir a la universidad estarán en desventaja frente a los que estuvieron en un colegio particular y aprendieron un segundo idioma, por ejemplo.
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En el gobierno de Rafael Correa se comenzó la creación de institutos técnicos y tecnológicos públicos. Antes de ese gobierno, solo había algunos institutos privados. Lenín Moreno, su sucesor y hoy su enemigo político, ofreció crear 44 institutos en el transcurso de su gobierno. En febrero de 2020 con estudiantes y autoridades educativas, el gobierno dijo que hasta el 2021 invertirá 135 millones de dólares para la construcción y equipamiento de 13 institutos. En ese mismo evento informó que había dos nuevas sedes y extensiones universitarias en Pujilí y Pedernales. En la rendición de cuentas en el 2020, no habló sobre la construcción de más institutos.
Esas instituciones emitían títulos en tecnologías pero con una reforma a la LOES hecha en 2018, hoy esos títulos tienen la misma validez que un título de tercer nivel o universitario. Guillermo Lasso de CREO habla sobre fortalecer la educación técnica y tecnológica, al igual que Xavier Hervas ofrece la creación de más institutos técnicos, no detallan qué tipo de formación. En esa misma intención, el candidato del movimiento Amigo, Pedro Freile promete que los bachilleres obtengan un “arte u oficio que en casos de emergencia como el actual, puedan transformar al estudiante universitario en mano de obra superior”.
En los otros 15 planes de gobierno, no hay propuestas que se concentren en mejorar la educación superior para poder enfrentar una eventual situación como la pandemia del covid-19 que vivimos. Guillermo Santa María dice que en la pandemia nos dimos cuenta que a más de necesitar médicos, epidemiólogos o virólogos, hoy el mundo necesita más expertos en tecnología porque hoy el trabajo y el estudio se desarrollan en medios tecnológicos. Santa María dice que el próximo gobierno debe preocuparse que las carreras que tienen las instituciones de educación superior se conecten con la actividad productiva y con esta emergencia sanitaria pero seguirá siendo un dilema, dice.
Los candidatos que quieren llegar a Carondelet no están analizando el panorama completo de la educación superior porque la calidad y cobertura no se solucionará eliminando un examen de admisión. El problema de la educación superior lo deberán resolver mejorando la educación básica y bachillerato. La eliminación del examen no hará que la demanda de educación superior baje, sino que es posible que aumente y el problema de que miles de estudiantes queden por fuera de las universidades persistirá.
