La educación es un derecho humano, que permanece para todas las personas a lo largo de su vida. Es un derecho clave para promover el desarrollo individual, la participación ciudadana, la reducción de la desigualdad social y la justicia ambiental.
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Si recorremos la educación en la historia ecuatoriana encontramos una deuda social acumulada del Estado con las diversas generaciones. Se han atendido unos ámbitos y se han abandonado otros, por ejemplo, se ha dado impulso al acceso y se ha descuidado la calidad educativa. Se ha atendido la educación básica —de primero a décimo nivel— y no la educación inicial —de 0 a 6 años—. Se ha promovido la evaluación y no la formación docente permanente, se ha puesto énfasis en las construcciones monumentales en detrimento de las escuelas comunitarias.
La situación se agravó a niveles alarmantes por la pandemia del coronavirus, que nos enfrenta a problemas más allá de lo pedagógico: a problemas sanitarios, emocionales y de violencia en hogares. Las condiciones para acceder a la educación virtual —obligada por las condiciones sanitarias— evidencian aún más esa brecha entre los estudiantes más privilegiados y los menos. Además, la situación económica y política también potencia o estanca el desarrollo de los estudiantes porque tiene efectos en la alimentación, los servicios básicos, el estado físico y emocional.
Uno de los resultados de la pandemia es la fuerte deserción escolar, pues no todas las familias disponen de los mismos recursos para enfrentarla. Las desigualdades se profundizan en el ámbito rural, donde las carencias son mayores.
Aunque la educación incluye tres grandes ámbitos; el sistema formal institucional para estudiantes de inicial, básica, bachillerato, institutos técnicos y universidades; el sistema no formal para personas jóvenes y adultas en múltiples destrezas y ocupaciones, y la educación informal, generada en diversidad de espacios y formas, —como en la familia las plazas— para el próximo gobierno, quizás los mayores desafíos están en el primero.
Conectividad y estudio a distancia
La conectividad a internet es un tema muy importante para el estudio a distancia, sin embargo, esta modalidad abarca muchos aspectos complementarios para estudiantes, docentes y familias: la disponibilidad de equipos (computador, laptop, celular), el manejo de la tecnología, la adecuación didáctica a este medio, la imposibilidad de pago del servicio para muchas familias, entre otros.
En Ecuador, 67 de cada 100 de hogares con estudiantes tiene conexión a internet. En las ciudades, la cifra aumenta un poco: son 70 de cada cien, mientras que en el sector rural, baja a 54 de cada cien. Eso significa que la mitad de hogares rurales no tiene posibilidades de hacer el seguimiento a las clases virtuales directas.
Eso demuestra que es imprescindible dotar de acceso a internet gratuito a las familias con menos recursos, con niñas, niños y jóvenes en edad de estudiar. Si eso no ocurre, la falta de internet se convierte en un obstáculo para la continuidad educativa. También es necesaria la atención a la necesidad de las familias de acceder a equipos que les permitan conectarse a internet: celulares, computadoras, tablets, sin dejar de lado mecanismos alternativos como radio, televisión e impresos.
Condiciones sanitarias, servicios básicos e infraestructura
El contexto de la pandemia puso en evidencia la carencia de condiciones adecuadas en los hogares y en los centros educativos, para el convivir cotidiano, más aún para enfrentar la emergencia sanitaria.
De cada cien instituciones educativas rurales, 48 no dan tratamiento al agua que beben. Lo mismo ocurre en 38 de cada cien en la zona urbanas. Además, el 40% de instituciones tienen letrinas en estado deficiente de mantenimiento. Si estas condiciones se mantienen es impensable pensar en el retorno al sistema presencial.
La preocupación para considerar un retorno a las aulas tiene, por lo tanto, que abarcar desde la dotación de agua, baños, espacios adecuados, hasta la existencia de jabón y otros implementos sanitarios.
Esta situación debe revertirse, y a pasos más acelerados, en el sector rural a fin de que la brecha educativa se vaya eliminando.
El Ministerio de Educación indicó que el retorno se hará diferenciado para los establecimientos, según vayan cumpliendo los requisitos básicos sanitarios, de infraestructura y espacios adecuados. También dijo que tiene cuantificado el presupuesto necesario para invertir en obra sanitaria e infraestructura. Sería importante que el detalle de esta información sea pública —cuántos establecimientos tienen la infraestructura necesaria, qué se considera infraestructura necesaria, entre otros—.
Lo que haga en este ámbito, quedará en manos del próximo gobierno que deberá responder a estas necesidades básicas para garantizar condiciones sanitarias en los establecimientos educativos. Para eso hará falta un presupuesto que debe ser asignado y detallado.
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Soporte emocional
En este dramático contexto de emergencia es vital el seguimiento a la situación emocional de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, autoridades escolares, familias.
Las principales preocupaciones para los estudiantes son, en orden de prioridad, que las personas de la familia enfermen o mueran por el coronavirus, que se acaben los recursos económicos para comprar comida y otras cosas necesarias para la casa, que no pueda pasar el año escolar. Por otro lado, el hacinamiento en los hogares —en 2014, 12 de cada cien hogares en el país, vivían en condiciones de hacinamiento— la falta de trabajo, el aumento de la violencia dentro del hogar—desde el 12 de marzo hasta el 6 de octubre de 2020, se han recibido 63 mil 795 llamadas por violencia doméstica al Ecu911— y la depresión por la ruptura de los espacios de relacionamiento de niñas, niños y jóvenes, obliga a priorizar la atención a la condición emocional de estudiantes y el resto de la comunidad educativa. El uso de recursos sicológicos, lúdicos, artísticos es vital.
Eso demanda, inevitablemente, a que el próximo gobernante incluya, dentro de su propuesta de educación, acciones y políticas claras para cubrir esta necesidad.
Currículo
En este período es imposible mantener el currículo anterior. Se ha propuesto una tregua curricular, es decir hacer un cambio radical a la estructura tradicional, que abarque como ejes la comprensión lectora y la expresión escrita, como primera prioridad; el dominio de las cuatro operaciones, en segundo lugar, otros aprendizajes de acuerdo a las condiciones específicas, la incorporación de temas de arte, como mecanismo pedagógico y emocional.
Formación docente y condiciones laborales
En el sistema educativo la labor de docentes es trascendental, tanto en épocas regulares de estudio como en la emergencia por el covid 19. En este período se ha puesto a prueba su capacidad de adaptación a las nuevas modalidades de trabajo, al acompañamiento a estudiantes y familias en el proceso de educación virtual, a su formación tecnológica y a dar soporte emocional a la comunidad educativa. En el país hay 178.000 docentes. Algunos factores limitan su trabajo, la disminución de remuneraciones, la demora en el pago mensual, la falta de asistencia técnica para poder hacer un seguimiento mejor a estudiantes en la situación de crisis sanitaria y la falta de recursos tecnológicos.
Por eso, quien gobierne el país en el próximo período tendrá que ocuparse, primordialmente de atender a docentes en asesoramiento y dotación de insumos tecnológicos y preservar las condiciones laborales para un desempeño profesional sin presiones económicas.
Financiamiento necesario
Ninguno de los ámbitos urgentes puede concretarse si no hay suficiente inversión en educación. La asignación de recursos debe contemplar la prioridad del sujeto de derechos, es decir de niñas, niños y jóvenes; con este eje debe orientarse la política pública.
El Ministerio ha previsto tres momentos del proceso educativo a partir de la emergencia: Aprendemos juntos en casa, período de educación exclusiva en casa. También está Juntos aprendemos y nos cuidamos, período combinado de casa y escuela, y De vuelta a la escuela, retorno a la educación presencial.
Para iniciar el segundo período ha establecido tres fases: un plan institucional de cada establecimiento para el retorno, el reencuentro en unidades educativas, y la fase de continuidad y adaptación.
Es importante revisar el plan de retorno, aportar con una mirada territorial, con las particularidades de cada zona, de cada institución educativa y hacer el seguimiento a fin de que se den las condiciones adecuadas para la educación presencial y no se generen focos de contagio que vayan de escuelas a hogares y viceversa.
Para eso es fundamental potenciar la decisión local —poder escuchar las necesidades desde las voces de quienes las viven—. Eso significa consultar a las familias, docentes y autoridades parroquiales y cantonales que tienen el conocimiento directo de las condiciones para determinar el momento y requisitos más adecuados para el retorno.
El próximo gobierno debe, además, hacer un compromiso para sostener la educación pública universal y gratuita. Eso significa preservar los proyectos de vida de la presente y las siguientes generaciones, por un país con perspectivas de igualdad y gobernabilidad.
Es fundamental que el próximo gobierno entienda la educación como una responsabilidad colectiva, donde todos participan, no solo el ministerio, las instituciones o los docentes. Debe haber mecanismos para involucrar a la comunidad, la familia y acercarse al trato de los problemas cotidianos, no solo a temas académicos. Eso significa también preservar el financiamiento para educación, considerando sus diferentes ámbitos, ya que cada recorte significa desestructurar el sistema.
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La visión de educación tiene que ser a largo plazo y ese es un compromiso que el próximo presidente debe asumir para responder a una deuda permanente en este sector.
