Solo dos universidades públicas del Ecuador están entre las cien mejores de América Latina, según el QS Latin American University Ranking 2020, y a las dos el Estado les quiere recortar el presupuesto. La Escuela Politécnica del Litoral (Espol) está en el puesto 64, la Politécnica Nacional (EPN) en el 98. El mismo día de la publicación del ranking (el 22 de octubre de 2019), la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt) les notificó que en el 2020 recibirán 5 millones menos (la Espol) y 6 millones menos (la EPN). El recorte, sostienen ambas escuelas, afectará su desempeño investigativo.
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Cada año, la compañía británica Quacquarelli Symonds analiza alrededor de 400 universidades públicas y privadas de América Latina y 1000 en el resto del mundo. El ranking global lo encabezan el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) y la Universidad de Stanford.
Para crear su ranking, QS mide lo que llama la “reputación académica”. Averigua qué piensan otros pares sobre una universidad determinada, qué tan “empleables” son sus egresados —preguntando a los empleadores de qué universidades son sus trabajadores más competentes y eficientes. También califica la relación entre la cantidad de profesores y de estudiantes, cuántos docentes tienen un título de PhD, comprueba el compromiso de la enseñanza e investigación de las universidades, su red de internacionalización —la colaboración en investigaciones con otras universidades, la movilidad de sus docentes a dar clases a universidades extranjeras—, el impacto de sus investigaciones, cuán citadas son sus publicaciones científicas y su promedio de investigaciones publicadas en los últimos cinco años. Para el ranking QS 2020, revisó publicaciones del 2013 al 2017. QS mide, también, lo que llama “el impacto web” —cómo las universidades hacen visible su trabajo en internet.
En el Ecuador, para asignar recursos a las universidades públicas, el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) se basan en una fórmula que se explica en el reglamento expedido por el CES en el 2018. Básicamente, premia el número de matriculados en las universidades y politécnicas.
El reglamento dice que para la distribución de recursos se considera la ampliación y diversificación de la oferta, inclusión de grupos sociales excluidos históricamente, y planificación óptima de los recursos públicos que reciben. Ningún parámetro coincide con los del último ranking de QS. En lugar de premiar e incentivar la investigación y la producción científica, no le da demasiado crédito, castigando a la EPN y a la Espol con la disminución de presupuesto.
Pedí, una entrevista con el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán. Su equipo de comunicación dijo que no era necesaria porque daría todas las respuestas sobre el tema en una rueda de prensa el viernes 8 de noviembre de 2019. La rueda de prensa fue breve. En ella, Albán no dijo nada que no esté en el reglamento del CES: se limitó a decir que, para entregar presupuestos, la Senescyt sí toma en cuenta las posiciones de universidades públicas en rankings internacionales, pero que privilegia la tasa de matriculación. “El gobierno no da ningún incentivo por estar en el ranking”, dice Cecilia Paredes, rectora de la Espol.
Albán dijo, además, que se le quitaron recursos a las universidades Central de Quito, Estatal de Guayaquil, Espol y EPN porque no usaron esos fondos en 2019. “Solo cuatro universidades no reciben un incremento, universidades que no han ejecutado esos recursos”. Además, explicó que los recursos que no se utilizaron se los reasignará en 2020 a “universidades regionales que sí los necesitan”, porque en esas instituciones se ha incrementado la tasa de matrícula. Cecilia Paredes dice que el presupuesto anual tiene “una subejecución” en los procesos de compras públicas dentro del sistema de Servicio Nacional de Contratación Pública. “Son procesos largos y engorrosos, muchas veces se reinician”, dice Paredes. Según ella, que no se ejecute parte del presupuesto es porque muchas veces el Ministerio de Finanzas tarda en desembolsar los fondos, “y no se puede iniciar procesos de compras porque no hay disponibilidad presupuestaria”, dice Paredes. El presupuesto para 2020 que publicó el Ministerio de Economía y Finanzas el 31 de octubre de 2019 considera ese recorte.
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La merma recoge un viejo dilema en el Ecuador (ya resuelto en otras partes): las universidades, son impresoras de títulos o productoras de conocimiento e innovación. “La investigación científica es la razón de ser de las universidades”, dice Pablo Jarrín, experto en educación superior y docente de la Universidad Regional Amazónica (Ikiam). Las universidades en Ecuador y otros países de Latinoamérica, antes eran manejadas como grandes colegios: “a un colegio se va a estudiar y nada más”, dice Jarrín. Lo que debe hacer la universidad —y aún parece que no nos enteramos del todo— es generar conocimiento de ciencia y tecnología.
Para eso se necesita presupuesto. “Más que cubrir los salarios de los docentes y administrativos”, explica Jarrín, debe servir para “los costos de la investigación científica, reparación de equipos, mantenimiento y equipamiento de laboratorios, convocatorias para crear proyectos de investigación”, dice.
Esos son los presupuestos que se les estaría recortando a la EPN y a la Espol. Paredes, rectora de la Politécnica del Litoral, dice que el gobierno ecuatoriano no está tomando en cuenta la eficiencia y el desarrollo de investigación de las universidades para repartir los fondos.
“En su lugar, prefiere ver cuáles son las que tienen más estudiantes, y cuántas horas clases tienen”, dice Paredes.
Florinella Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional —a través de un comunicado— dijo que rechaza la fórmula de asignación de recursos, porque en esa distribución la Senescyt se concentra en premiar el aumento de matrícula pero sin considerar la disponibilidad de aulas y laboratorios, y la formación de sus docentes, “ni la investigación con estándares internacionales, que permita equiparar la formación de nuestros estudiantes a la de cualquier estudiante universitario a nivel mundial”, dijo Muñoz.
Para eso se necesita producción e investigación científica —lo que la Espol y la EPN hacen mejor que otras universidades públicas, y por lo que están entre las cien mejores de América Latina. Guillermo Santa María Suárez, un académico de la Universidad de Guayaquil dedicado a investigar la educación superior del Ecuador, cree que el sistema universitario ecuatoriano no tiene dirección en cuanto a calidad. Dice que el CES y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) no tienen un modelo de evaluación apropiado que potencie todas las capacidades del sistema universitario. “Por eso las universidades mejor rankeadas se sienten castigadas por el sistema”, dice Santa María.
La tensión presupuestaria no es nueva. En el 2018 se discutió una disminución de 145 millones en asignaciones a´la educación superior pero, al final, el presupuesto de 2019 se mantuvo congelado. El Estado ecuatoriano destinó ese año 1213 millones de dólares a la educación superior. En 2020, serán 37 millones de dólares menos, y el golpe lo están asumiendo —además de las dos escuelas politécnicas en la lista de las cien mejores de América Latina— y la Universidad Central del Ecuador (de paso, 139 del ranking QS) que recibirá 8 millones menos, la Universidad de Guayaquil, que recibirá 10 millones menos.
Aunque, a las instituciones de educación superior emblemáticas, como la Universidad de las Artes se las excluye de la fórmula para la distribución de presupuestos, también tendrá un recorte de alrededor de 6 millones, según dijo el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, esa disminución se invirtió en infraestructura realizada en 2019.
La Espol pasará de recibir 66 millones a recibir 61. La EPN recibirá 53, en lugar de 59. Albán, de la Senescyt, dijo en Twitter “con la proforma presupuestaria 2020 reconocemos el esfuerzo de las universidades y escuelas politécnicas públicas que han generado mecanismos para aumentar el acceso y permanencia de estudiantes”. El Ecuador quiere medir a sus universidades por volumen de estudiantes, y no por calidad de la producción científica. Eso podría tener efectos negativos. “Si el Ecuador no produce investigación, permitimos que otros piensen por nosotros, convirtiéndonos en simples repetidores de lo que otros han investigado”, escribió Pablo Astudillo, candidato doctoral de la Universidad de Oxford e investigador en el Growth Lab de la universidad de Harvard, cuando reflexionaba sobre el modelo universitario del Ecuador.
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El sistema de educación superior del Ecuador ha cambiado desde el 2018. Ese año, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) fue reformada, eliminando la evaluación para categorizar a las universidades. La categorización —vigente desde 2009— asignaba una calificación (de la A, para las mejores, a la E, para las peores). Esta calificación la hacía el extinto Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea), que desde el 2011 pasó a ser el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (Ceaaces). Desde 2018, con la reforma, es llamado Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).
A diferencia del Conea y el Ceaaces, el Caces solo hace evaluación para acreditación, es decir, para asegurar la calidad básica de la educación superior. No otorga el ránking de la A a la E como lo hacían sus predecesores.
En 2012, el Conea cerró definitivamente 14 universidades en todo el país porque no cumplían con estándares de calidad básicos. Guillermo Santa María Suárez dice que las universidades se esforzaban por no bajar de categoría, y utilizaban la calificación como gancho publicitario. Pero ahora, dice Santa María, las universidades trabajan para lograr lo básico en “docencia, investigación, y vinculación con la sociedad”. La docencia es dedicarse a impartir clases, la investigación es que un docente dedique parte de su jornada a la publicación de artículos científicos, y la vinculación con la sociedad es contribuir con sus investigaciones a la solución de problemas de la sociedad.
Lo que la reforma pretendía cambiar también pero no pasó por las fuertes críticas que la propuesta recibió, fue que todos los profesores titulares de las universidades tengan un título de PhD. La medida, dice la LOES, entrará en efecto en enero de 2023. Este es uno de los parámetros que califica el ranking QS a las universidades.
La exigencia del PhD para los profesores universitarios titulares, que casi se elimina en el Ecuador, no está ni siquiera en discusión en Estados Unidos, Europa o Asia. “Es inimaginable que alguien pretenda hacer carrera académica sin título de doctorado”, dice Santa María. Pero en el Ecuador, el rol fundamental de las universidades sigue sin entenderse del todo. La propuesta de eliminar el requisito del PhD fue hecha, nada más y nada menos, que por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que decía que no se necesite título de PhD para ser rector y profesor principal de una universidad del Ecuador.
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En el Ecuador, el acceso a la educación superior sigue siendo un problema por resolver. Quizá por eso el Estado prefiere premiar más matriculados, que más producción científica. Es un problema regional. Camilla Mella, investigadora de la Universidad de Oxford, explica que América Latina aún enfrenta graves problemas de equidad en el acceso y término de la educación superior. “Quienes entran y terminan la educación superior siguen siendo los mismos: aquellos con mayor capital cultural, con padres más educados y mayores recursos económicos”, dice Mella.
Pero en un país como el Ecuador, que necesita desesperadamente encontrar modelos alternativos a la dependencia de la materia prima, privilegiar lo primero —más matrículas— por sobre lo segundo —innovación— puede ser el pan de hoy y el hambre de mañana.
Los dos propósitos no deberían ser, necesariamente, excluyentes entre sí. “Hay universidades como la Espol que tiene la capacidad, conexiones y la experiencia para hacer docencia con investigación”, dice Cecilia Paredes. “En Ecuador hay universidades que tienen excelencia en docencia, entonces pueden dedicarse a dar clases.”, dice Paredes. La rectora de la Espol propone que el Caces tenga dos o tres modelos de evaluación, no solo uno con el que evalúa a todas las universidades y escuelas politécnicas.
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Los rankings sirven para satisfacer la demanda de información fácil, rápida y confiable de las universidades. “Promueven las competencias entre las universidades y escuelas politécnicas. Ayudan a establecer diferencias entre tipos de universidades”, dice Santa María, “pero como se ha evidenciado, no ayudan ni son analizados a la hora de asignar presupuestos en Ecuador”.
