Richard Martínez, uno de los pilares más controversiales del gobierno de Lenín Moreno, renunció al Ministerio de Economía y Finanzas. Ocupó el cargo por dos años y cuatro meses, desde mayo de 2018 hasta octubre de 2020. Estuvo a la cabeza del Ministerio durante el paro nacional de octubre pasado y tuvo que lidiar con los primeros siete meses de la pandemia por el covid-19. Junto a María Paula Romo, fue el ministro que más críticas concentró y más polémicas decisiones tomó: de cierta forma, fue un pararrayos, el más resistente de los fusibles del gobierno. 

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Fue la tercera persona en dirigir el Ministerio de Economía de Lenín Moreno. Fue el primero en no tener una relación con el gobierno de su antecesor, Rafael Correa. El primer ministro de Economía de Moreno, Carlos de la Torre Muñoz, fue parte de varios proyectos económicos durante el gobierno Correa —el Banco del Sur y la elaboración del Código Monetario en 2014. Hoy es uno de los principales críticos de la política de Moreno y Martínez. 

Después de la Torre, en marzo de 2018, el Presidente designó a María Elsa Viteri como Ministra. Viteri había ocupado el mismo cargo —aunque en ese entonces solo se llamaba Ministerio de Finanzas— entre septiembre de 2008 y abril de 2010, cuando Correa era presidente y Moreno su Vicepresidente. Apenas dos meses después, Viteri fue removida por una mora hipotecaria con la Corporación Financiera Nacional, lo cual la inhabilitaba para ejercer el ministerio.

Llegó entonces el momento de Martínez, en ese momento presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, organización que representa al sector productivo privado del país con la que el gobierno anterior chocó en varias ocasiones. Era también el momento de la quiebra definitiva de Lenín Moreno con su antiguo aliado y principal promotor de su candidatura presidencial en 2017, Rafael Correa. Habían roto ya por los escándalos de corrupción y por la alegada traición de Moreno, pero la designación de un economista que venía de una visión menos estatista de la economía. Su designación representaba, también, el viraje final hacia la derecha de Moreno. 

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Una de sus primeras tareas como Ministro fue poner en marcha la Ley de Fomento Productivo. Con ella, se esperaba mejorar el difícil panorama económico del país, golpeado desde que el precio del petróleo, su principal producto de exportación, empezó a caer en 2015. En noviembre de 2018, cuando Moreno pidió la renuncia de todo su gabinete, Martínez fue uno de los primeros ratificados en su cargo. Desde finales de 2018, Martínez anunció que tuvo reuniones “para presentar los avances institucionales y económicos que ha tenido Ecuador” con organismos internacionales. Entre líneas parecía cada vez más claro que el Ecuador iba a pedir nuevos créditos para intentar sostener una economía que durante demasiado tiempo dependió demasiado del Estado. 

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En marzo de 2019 Ecuador llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito por 4.200 millones de dólares. Martínez dijo que con la decisión se restablecía “la confianza de la comunidad financiera mundial en el país”. Era una medida que el país había abandonado durante la gestión de Correa, que sostenía que por “ser malos alumnos” del FMI, al país le iba bien. En su gobierno, el país prefirió otras fuentes de endeudamiento, como los créditos chinos —que tenían tasas de interés mucho más altas

Desde su aprobación, el acuerdo fue criticado. La disconformidad explotó en octubre de 2019 cuando Moreno anunció reformas económicas y laborales tomadas para cumplir el acuerdo con el FMI. La más radical era eliminar el subsidio al diesel y la gasolina extra, que le cuestan al país más de 1.400 millones de dólares al año y que, según el gobierno, beneficiaba a grandes consumidores y contrabandistas. La decisión desencadenó 11 días de protestas y violencia en las que murieron al menos ocho personas, más de 1.340 fueron heridas y el país perdió más de 2.500 millones de dólares

El 3 de octubre de 2019, el primer día de las manifestaciones, Martínez insistía en que no cederían en la eliminación del subsidio. “El gobierno va a sostener esta decisión sobre la base de que es lo correcto”, decía Martínez desde el Centro Histórico de Quito. Días después, desde la mesa de diálogo entre los líderes indígenas y el gobierno ecuatoriano, Martínez mantenía su posición. El exministro dijo que si derogaba el decreto que eliminaba los subsidios “se favorecerá a los contrabandistas y a los más ricos”. Sin embargo, parecía más abierto a un consenso cuando hizo un llamado a encontrar mecanismos que “no permitan subsidiar a los más ricos y que beneficien a los que menos tienen”. Después de más de dos horas y media de receso, llegaron a un acuerdo y el decreto 883 que eliminaba los subsidios fue derogado. Esa fue quizá su gran derrota.

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Las decisiones tomadas por Martínez generaron constantes críticas y pedidos de remoción que se intensificaron a lo largo de la pandemia por el covid-19. Una de las más criticadas fue el pago de 341 millones de dólares a los tenedores de deuda en marzo de 2020 —en plena crisis por el covid-19— para evitar caer en default en los bonos que vencían este año. 


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En esa misma época, había retrasos en el pago de los salarios de los funcionarios públicos, incluyendo maestros y médicos, y se había anunciado un recorte presupuestario a la educación superior pública. Muchos adujeron que el gobierno prefirió la deuda sobre la atención de la emergencia y a las necesidades de los ecuatorianos. En una comparecencia virtual ante el pleno de la Asamblea en abril de 2020, Martínez llamó “una complicación” al retraso en los pagos de sueldos que superaban los 331 millones de dólares. Sin embargo, los problemas económicos del país —incluyendo el retraso de los pagos de sueldos y proveedores estatales— no estaban solucionados.

Tres meses después, en julio de 2020, Martínez anunció que Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con los tenedores de bonos de deuda ecuatorianos para reducir el capital de la deuda en 1.500 millones de dólares. Dijo que las “decisiones responsables” como el pago de los bonos que vencían en marzo de 2020 permitieron llegar al compromiso con el que también redujeron el interés, extendieron el plazo de pago y dieron un periodo de gracia de 5 años para el pago de capital. El 3 de agosto de 2020, la propuesta ecuatoriana obtuvo el 97% de la aprobación de los tenedores de bonos. Ese, en cambio, fue quizá el más significativo de sus logros.

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Richard Martínez deja el Ministerio siete días después de anunciar otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En junio de 2020 se dio de baja el que el país firmó en 2019 y Martínez dijo que estaban trabajando en otro que respondiera a “la nueva realidad del país”. El 28 de agosto de 2020, el Directorio Ejecutivo del Fondo aprobó el nuevo convenio: entregará 6.500 millones de dólares al Ecuador en los próximos 27 meses.

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El primer desembolso —de 2 mil millones— se hizo inmediatamente. El 4 de octubre por la noche, el presidente Moreno dijo que gracias a ese desembolso el gobierno “está al día en los sueldos de servidores públicos”. Prometió, además, que pronto pagará a los 17 mil pequeños y medianos proveedores con quienes el Ejecutivo mantiene deudas de hasta 500 mil dólares. Como se hizo costumbre durante la emergencia sanitaria, Martínez participó en una rueda de prensa al día siguiente para responder preguntas y aclarar lo anunciado por Moreno el día anterior. Aseguró que “se va a sentir rápidamente un alivio con los pagos” con el dinero entregado por el FMI y otros organismos multilaterales. Además de cumplir con las obligaciones vencidas del Estado, según Martínez, el dinero servirá para expandir la cobertura de protección social y avanzar hacia la recuperación económica. 

Pero el acuerdo no ha estado exento de cuestionamientos. A pesar de que su tasa de interés es de 2,9%, para calibrar los ingresos —una de las metas esperadas— el Fondo propone una reforma fiscal “ambiciosa, inteligente y progresiva”. Incluye que, desde septiembre de 2021, se incrementa el impuesto del valor agregado (IVA) en 3 puntos porcentuales —del 12% al 15%. La imposición fue muy criticada —al punto que el Ministerio aseguró en Twitter que no existía un proyecto de ley que proponga un incremento del tributo. Un día después, Martínez renunció. Si el país se recupera o el incremento se concreta no será bajo el mando del Ministro, ni del gobierno de Moreno.  

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La evidencia de que Martínez fue uno de los grandes deflectores de Lenín Moreno es que se va con cinco pedidos de juicio político en su contra. Ya fueron aprobados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y pueden hacerse hasta después de un año de que haya dejado el cargo. 

Los legisladores que lo acusan dicen que incumplió sus funciones con el mal manejo de asignaciones presupuestarias en la crisis sanitaria del covid-19, que tuvo una gestión irregular de la deuda externa, que no les pagó a los jubilados, que afectó al presupuesto de la educación, entre otras causales. Empezar el proceso dependerá de César Litardo, actual presidente de la Asamblea. 

Incluso en su renuncia de Martínez —tan anhelada por grupos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)—  no dejó de generar encontrones. El flamante exministro anunció que aceptó la invitación del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, para ocupar el cargo de Vicepresidente de Países de la entidad. 

Martínez no es un extraño para el BID. Fue designado por unanimidad como el presidente de la Asamblea de Gobernadores —los representantes de los países ante el BID— en 2019. Además, Ecuador apoyó la candidatura de Claver-Carone, primer estadounidense en presidir el BID en más de seis décadas y uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los representantes de Argentina y Chile ante el Banco temían que Claver-Carone convierta a la entidad en un brazo político de Trump en el continente.

No solo es eso lo que ha generado las críticas a la aceptación del puesto de Martínez. Se dan, además, porque hay la posibilidad de que su decisión incumpla con la Constitución ecuatoriana. Su artículo dice que los ministros que hayan terminado su estadía en el cargo no podrán “ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país” por dos años y el BID le ha prestado dinero a Ecuador por años. Solo durante la pandemia se han aprobado créditos por más de 750 millones de dólares. En su defensa, Martínez dijo que un equipo jurídico del gobierno nacional analizó la invitación que recibió y concluyó que no hay una objeción a que acepte la propuesta laboral porque el BID es un organismo multilateral que se enfoca en políticas de desarrollo.

Martínez continuó justificando su respuesta diciendo que los socios del Banco son los países, no bancos privados. El artículo de la Constitución, dijo Martínez, hace referencia a entidades privadas que tengan “intereses particulares”. Sin embargo, la Constitución no hace esa diferenciación entre las entidades financieras internacionales acreedoras del país. 

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Richard Martínez se fue casi como empezó: agradeciendo la confianza del presidente Moreno y ofreciendo un futuro mejor. La diferencia, que no es tan sutil, es que se lleva un talego de cuestionamientos, juicios políticos y enemigos que será difícil de cargar. Ese futuro mejor parece aún muy lejos: cuando Martínez aceptó el cargo, aseguró que su objetivo y el de su equipo era “garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y promover el crecimiento económico para generar empleo”. Ahora deja el puesto en medio de la peor crisis económica que el país ha vivido: el decrecimiento proyectado para 2020 es del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano y hay más de 420 mil personas que han perdido su trabajo formal en los últimos seis meses. El pararrayo del gobierno se va, a Washington probablemente, pero la tormenta no solo sigue: se ha puesto aún más severa.