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Un paso adelante, no una victoria definitiva

Lenín Moreno anunció que el país logró un acuerdo preliminar con el grupo más importante de tenedores de bonos para reducir la deuda en 1.500 millones de dólares y renegociar otros términos. Sin embargo, el arreglo aún no está vigente.
  • acuerdo de Ecuador para renegociar la deuda

    Ilustración de Paula de la Cruz.

El 6 de julio de 2020, el Ecuador amaneció con una buena noticia por primera vez en mucho tiempo. El presidente Lenín Moreno anunció en un tuit que su gobierno logró un acuerdo preliminar con el grupo más importante de tenedores de bonos emitidos por el país. El arreglo permitiría reducir la deuda externa en un 9%, unos 1.500 millones de dólares. Con el acuerdo se mejorarían las condiciones de pagos de capital, flujos, plazos, interés y los periodos de gracia para los siguientes 20 años. Esto dejaría al Ecuador en una mejor situación para pagar su deuda.

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Los bonos son una de las formas en las que Ecuador adquiere financiamiento. Son títulos emitidos por el Estado que generan una acreencia a favor de quienes los compran —el dinero que pagan es el que el país usa, entre otras fuentes, para operar y tener liquidez. Aunque generan deuda, no son iguales a otros créditos que tenemos con gobiernos, como China, o con organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los bonos se ofrecen en el mercado internacional y son adquiridos, usualmente, por grupos de inversión privados, como Goldman Sachs. Los bonos renegociados en el acuerdo preliminar equivalen a casi un tercio de la deuda total del Ecuador; que incluye la deuda interna, con otros gobiernos, bancos, organismos multilaterales, entre otros. 

En el mercado internacional, los títulos —que es lo que se vende y da el derecho sobre el dinero que se paga de la deuda— se comercializan como activos. Sarah Carrington, investigadora de la Universidad de las Américas (UDLA), dice que su oferta y demanda dependerá de qué tan seguro sea un país para sus acreedores. Ecuador, con un riesgo país sobre los 2 mil puntos, es un lugar poco confiable. Las condiciones en que se están negociando incrementaría la confianza de los acreedores porque evitarían que el país se declare en default (es decir, no pague sus deudas a tiempo).

Si se concreta el acuerdo preliminar la deuda se reducirá en 1.500 millones de dólares, su tasa de interés bajaría de 9,3 a 5,2%, y el plazo para pagar se duplicaría. Habría, además, hasta 5 años de gracia. Según el presidente Moreno, se liberarían 16.000 millones en los próximos 10 años. 

Los expertos en política monetaria consideran que los términos son favorables. Santiago Mosquera, director del Business School de la Universidad San Francisco de Quito, dice que la reducción del 9% del capital —de 17.374 millones a 15.835 millones— puede no parecer importante, pero que desde el punto de vista general —con la extensión de los plazos, el tiempo de gracia y la reducción del interés— los términos son muy beneficiosos para el país. 

Con el acuerdo, Ecuador lograría que los acreedores esperen hasta que nos recuperemos de la actual crisis. El plazo máximo actual para pagarlos es 2030, en el nuevo plan lo extendería hasta 2040. El tiempo promedio para pagar los bonos en las nuevas condiciones se duplicaría: de 6,1 años a 12,7. Carrington dice que tratos como el que se logró con el grupo de tenedores son necesarios “porque estamos con muchas obligaciones de deuda, pero también debemos mantener la economía en uno de los tiempos más difíciles de la historia”. En una situación como la actual, desplazar esos gastos y ganar ese oxígeno sería una ventaja sustancial. 

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El objetivo de la renegociación es ordenar la deuda y el proceso de pago. El economista Alberto Acosta Burneo dice que el “endeudamiento mal hecho y agresivo” de la última década puso al país en una posición en la que era “casi imposible” no caer en default (es decir, no dejar de pagar las deudas del país). Con el plan de pago vigente hasta el momento, dice Acosta Burneo, hay años en los que se deben pagar cantidades muy altas, que “podrían desfinanciar a cualquier gobierno”. Hay otros en los que el pago es muy bajo. En 2022, el país debía pagar 3.486 millones de dólares y en 2027, 4.386. Pero en 2025, el valor debía ser menor a los 2 mil millones. 

Con el acuerdo preliminar, se eliminarían estos picos y se suavizarían los pagos anuales. La nueva estructura de pago tiene más probabilidades de ser cumplida. 

Este año, por el fuerte impacto del covid-19, no se pagará nada más de lo que ya ha sido desembolsado hasta el momento, y el país ahorrará 1.361 millones. En 2021, en un escenario sanitario y económico que todavía es incierto, solo se pagarán 79 de los 2.954 millones de dólares que corresponden. “Prácticamente nada”, según dijo el ministro de Finanzas Richard Martínez, en la rueda de prensa en la que explicó la renegociación. El nuevo flujo de pagos sería mucho más sostenible a largo plazo. 


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Para evitar las cuotas desmesuradas en ciertos años, el acuerdo preliminar establece valores máximos y 5 años de gracia sobre el capital de la deuda. Según la presentación de Martínez, los pagos mensuales no superarán los 2 mil millones de dólares mensuales hasta 2030 y los 2.500 millones hasta 2035. El ordenamiento de la deuda le ahorraría a los siguientes dos gobiernos 9.166 millones y 5.739 millones, respectivamente. 

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Hace unos meses, el gobierno del Ecuador fue duramente criticado por haber pagado 341 millones en media pandemia. En la rueda de prensa del 6 de julio en la que las autoridades explicaron los términos del acuerdo preliminar, Juan Sebastián Roldán, secretario general de gabinete de la Presidencia, dijo que fueron “responsables”. Dijo que si no hacían ese desembolso, “Ecuador quedaba con 300 millones de dólares, pero con las puertas del mundo cerradas”. Aún así, tras el anuncio del acuerdo, los detractores del gobierno insistieron en que en ese momento el gobierno prefirió la deuda sobre la atención de la emergencia. Roldán dijo en la rueda de prensa que la decisión fue elemental para el proceso de renegociación pues “incrementó la confianza” de los tenedores de bonos.

Ecuador tenía una urgente necesidad de quedar bien ante los inversionistas por su pésimo historial de crédito. El bono de marzo fue el segundo que el país ha pagado completo en sus dos siglos como nación independiente. El primero se pagó en 2015, después de 8 defaults. Estamos en segundo lugar, después de Argentina, en la lista de los peores historiales de la región. Santiago Mosquera dice que “es una suerte” que Ecuador no haya caído en mora este año. La esperanza es que se concreten las negociaciones y pueda cumplir normalmente con los pagos en los próximos años. 

Pocas horas después del anuncio del acuerdo preliminar, el riesgo país cayó casi 500 puntos. Mosquera dice que la reducción de este indicador muestra que los inversionistas le tienen más fe al Ecuador. “Vieron un proceso de negociación de buena fe y que se ha comportado de manera responsable” dice Mosquera. “A ojos de mercados financieros, ha hecho una negociación transparente y ya consiguió el apoyo que garantiza ya cierto éxito a la transacción”, sostiene. Sin embargo, la situación del país no está solucionada. 

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La renegociación todavía no se ha formalizado. Hasta el momento, Ecuador cuenta con el apoyo del grupo más grande de tenedores de deuda, que equivale casi al 50%. Para que el plan sea aprobado oficialmente debe contar con el apoyo del 66% para los bonos de casi todos los años. Excepto los del 2024, para los que necesita la aprobación de los tenedores del 75% de la deuda. Mosquera dice que es una buena estrategia negociar con los principales tenedores y poder garantizar que ellos —en un porcentaje muy alto— apoyan la estructura de canje de deuda que el gobierno propone. Aunque no garantiza el éxito de la operación, la probabilidad de éxito es bastante alta. 

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Conseguir el consentimiento del porcentaje necesario restante no debería ser difícil para el gobierno. Sin embargo, algunos tenedores —que no pertenecen al grupo principal— están en desacuerdo con las condiciones del acuerdo. El 10 de julio, Reuters reportó que un Comité Directivo, integrado por más de 25 inversores de los bonos de 2024 —para los que Ecuador necesita la aprobación del 75% de los tenedores— pidió que se mejoren los términos. Según Reuters, el grupo exige que el acuerdo dé “un trato equitativo a todas las partes”. El Comité no confirmó la cantidad de dinero en bonos que tienen sus inversionistas, pero la petición podría complicar la tarea que días antes se cantaba como una victoria. 

Aunque el nuevo acuerdo favorecería al Ecuador, si completa el porcentaje de acreedores que necesita para oficializarlos, a sus acreedores también les interesa llegar a un arreglo. Pablo Vega, economista e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, dice que los grupos de inversiones “corren el riesgo de recibir cero” si Ecuador se declara en default. Lo mejor, dice Vega, es llegar a un acuerdo que sea posible de cumplir, incluso si es a largo plazo. 

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Ecuador tiene hasta el 15 de agosto para que el acuerdo de reestructuración de bonos de deuda sea oficial. Su éxito dependerá de las conversaciones de los próximos días con los tenedores restantes, especialmente los de los bonos que se pagan 2024. Aún logrando el total del acuerdo, el país sigue muy complicado. 

Con los cambios de los términos de esta parte de la deuda, en los siguientes dos años Ecuador evitará perder liquidez, pero al ser un país dolarizado necesita garantizar la entrada de dinero. León Padilla, investigador de la UDLA de uniones monetarias y dolarización, dice que el país hizo lo correcto al renegociar la deuda. El primer paso era alivianar la salida de dólares para poder cumplir con el segundo: reactivar la economía y mantener la moneda extranjera. Para eso Ecuador tendrá que endeudarse. 

Las nuevas condiciones del acuerdo permitirán que  el dinero que se ahorre o que entre al país se invierta en la reactivación económica, como ofreció el ministro Martínez, no en pagar deuda. Esa es la importancia de haberla renegociado: garantizaría un futuro económico para el país. 

Otros expertos creen que la renegociación de la deuda por bonos es solo la punta del iceberg y que todavía falta mucho por hacer. Alberto Acosta Burneo dice que la deuda es evidencia del problema más fuerte: la irresponsabilidad fiscal. La reducción del capital, según Acosta Burneo, permite devolverle sostenibilidad al endeudamiento. “Es decir, hemos controlado esta fiebre, pero eso no significa que el paciente no tenga una infección”, dice. Esa infección de la que habla es una crisis fiscal de gran magnitud en la que el país gasta mucho más de lo que puede pagar. Si no se soluciona el problema de raíz, la infección no desaparecerá —solo se habrá pospuesto. 

El nuevo acuerdo tampoco ha solucionado todos los síntomas. Falta renegociar los otros tipos de deuda. Los bonos apenas representan el 30% del total. Mosquera dice que Ecuador tiene que solucionar su deuda interna a corto plazo, su deuda externa con China que sigue en conversaciones, y continuar elaborando un acuerdo con organismos internacionales, como el FMI. “Solo entonces podremos decir que las finanzas públicas son sostenibles”, dice. Mientras tanto, no se puede cantar un pequeño avance como una victoria total. 

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Hasta el momento no se han confirmado más renegociaciones oficiales de deuda a largo plazo, pero Mosquera cree que el país va en la dirección correcta. Las elecciones del próximo año, sin duda, serán un factor de incertidumbre para los mercados. Sin embargo, la situación económica del país este año y los que vienen se ve mucho mejor que hace un par de meses.

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista. En GK cubre tecnología, derechos y economía.