El tiempo en pandemia parece funcionar de forma distinta. Los 200 días que han pasado desde que empezó la emergencia sanitaria por el covid-19 en Ecuador se han ido muy rápido y a la vez muy lento. Sin importar la percepción del tiempo transcurrido, una cosa es segura: ha dejado una marca en la realidad sanitaria, social, política y económica del país. En el análisis de mercados, 200 días es un periodo críticamente importante para examinar tendencias generales. Con una técnica conocida como el promedio móvil simple de los 200 días, los comerciantes y analistas determinan cómo se comportará el mercado a largo plazo. El método puede indicar si la tendencia de los precios sube o baja, pero también identifica áreas de apoyo o resistencia. Las últimas 28 semanas de pandemia permiten hacer predicciones más realistas e identificar cuáles son los puntos críticos y las tareas pendientes.
Hace 100 días, el Banco Central del Ecuador (BCE) estimaba que el parón productivo del país provocaría un decrecimiento del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano de 2020. Hoy, la realidad es mucho más clara y superó las proyecciones. El último reporte del Banco —publicado el 30 de septiembre— dice que la reducción fue del 12,4% en el segundo trimestre de 2020 (en comparación con el mismo periodo de 2019). Es la mayor caída trimestral desde el 2000.
Aunque es un golpe económico histórico, la reducción del PIB ecuatoriano es menor a la de otros países de la región. La economía chilena decreció en un 14%, la colombiana casi un 15% y la peruana en más del 30%. Sin embargo, algunos de esos países —por sus políticas financieras, la moneda que utilizan, su deuda pública, entre otros factores— podrían recuperarse más rápido que Ecuador.
La reducción del PIB ecuatoriano se ha dado por múltiples factores. Uno de los principales, la disminución del 16% de las exportaciones nacionales. La economista Betty Silva dice que como la economía del país depende de ellas, está sujeta a los cambios en la demanda internacional de los productos que vendemos al extranjero. El principal producto ecuatoriano fue uno de los más golpeados: en la pandemia, la demanda mundial de crudo disminuyó en un 80%.
La golpeada demanda provocó la caída histórica de los precios del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) que Ecuador utiliza como referencia. En abril de 2020 llegó por primera vez a precios bajo cero. Entre ese mes y junio de 2020 se produjeron 16 millones de barriles de petróleo ecuatoriano menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que significó una merma del 28% en ingresos petroleros. Aunque poco a poco el valor se ha recuperado, sigue siendo menos de lo esperado. A doscientos días de la emergencia sanitaria, Ecuador sigue obteniendo un promedio de 10 dólares menos de lo proyectado en el Presupuesto General del Estado por cada barril de petróleo que exporta.
Las exportaciones no petroleras cuentan otra historia. Pese a la pandemia, se han mantenido relativamente constantes. La economista Mónica Rojas —decana del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito— dice que eso se debe a que la demanda internacional de los productos agrícolas y de consumo —como banano, café y cacao— no ha disminuido. En algunos casos, como el del camarón, incluso aumentó en un 8%. Sin embargo, el Banco Central aclara que la pandemia provocó una disminución generalizada de los precios internacionales y un decrecimiento en los ingresos. Además de los precios, las ventas fueron afectadas por la suspensión de contratos, cancelación de ferias internacionales y problemas logísticos.
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En estos 200 días, el mundo ha tratado de comparar la crisis desencadenada por la pandemia con otros eventos que han impactado la economía de maneras similares. Aunque se ha encontrado poca información, se sabe que la pandemia de la influenza de 1918 redujo las ganancias de los negocios entre 40 y 70%, la venta de comida disminuyó en más del 30% y los salarios bajaron un 9% en algunas partes de Estados Unidos. La evidencia, según expertos, indica que la mayoría de los efectos económicos de la pandemia de 1918 fueron a corto plazo, entre uno y dos años.
Sin embargo, lo vivido en los últimos meses probablemente remodelará al mundo y al país. El economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, dice que el Ecuador está atravesando “una de las crisis más severas de su historia” por su intensidad social, económica y política. Después de la crisis de finales del siglo XX, cuando colapsó el sistema financiero nacional, los ahorros se pulverizaron y millones de ecuatorianos emigraron, nuestro país entró en la fase de recuperación desde mayo del 2000. La recuperación fue posible por los ingresos petroleros y las remesas enviadas por los migrantes— que llegaron a superar los 3.000 millones de dólares anuales.
Pero en las actuales circunstancias, ninguna de las dos fuentes son prometedoras. Lo del petróleo está claro y las remesas no pueden generarse porque el covid-19 dañó la economía de todo el planeta —incluyendo la de los países a donde emigraron los ecuatorianos. Hace dos décadas, la gente se fue y empezó a inyectar dinero enviando remesas a sus familias que se quedaron.
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En 2020, explica Rojas, la mayoría de las personas que mandaban dinero al Ecuador tenían trabajos en comercio y servicios, las dos áreas que primero sintieron el golpe del covid-19. Es probable que esos ecuatorianos en el extranjero hayan perdido su trabajo o sufrieran un recorte considerable en sus ingresos: las remesas, en el segundo trimestre de 2020, disminuyeron en un 16%: 132 millones de dólares menos. Las restricciones mundiales de movilidad impidieron, además, que las personas que perdían sus empleos en el país emigrasen en busca de oportunidades.
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Ante la imposibilidad de guiarnos por el pasado, el gobierno debe buscar otras soluciones o, al menos, opciones para seguir a flote. Uno de los planes implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos 200 días fue la reestructuración de la deuda. El 3 de agosto de 2020, confirmó que los acreedores de bonos ecuatorianos aceptaron renegociar la deuda para reducir el capital y las tasas de interés, aumentar el plazo de vencimiento y garantizar un plan de pago sostenible. También se llegó a acuerdos con entidades financieras chinas. Las dos decisiones le dan a la economía ecuatoriana un alivio económico para los próximos años, pero no involucran nuevos ingresos para el país.
Para obtener más recursos líquidos y atender la emergencia, Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un nuevo acuerdo el 1 de octubre de 2020, un día antes de que se cumpla la marca de los 200 días. Con el nuevo financiamiento aprobado, Ecuador recibirá 6.500 millones a 10 años de plazo —con 4 de gracia— y una tasa de interés del 2,9%. La aprobación del Directorio Ejecutivo permitió que se desembolsen 2 mil millones de dólares de inmediato. Otros dos mil se entregarán hasta el 31 de diciembre de 2020.
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El préstamo del FMI y de otros organismos multilaterales podría contribuir a la dinamización de la economía interna y a mejorar el consumo de los hogares, que bajó un 12% en la primera mitad de 2020. La economista Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro, un centro de investigación y acción de políticas públicas y transformación social, dice que si el gobierno usó el dinero para cumplir con los pagos pendientes a proveedores y otros funcionarios —como lo ofreció— es probable que se genere un ciclo de consumo: los fondos entran, sirven para saldar las deudas, quienes los reciben empiecen a gastarlo y se incrementa el consumo familiar.
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Uno de los temas recurrentes de los 200 días de emergencia es la necesidad de reformas laborales. La pandemia confirmó lo que muchos ya sospechaban: Ecuador necesita un sistema de contratación más flexible para garantizar el empleo de sus ciudadanos. Entre marzo y septiembre más de 420 mil personas perdieron su trabajo formal. Si se incluye la pérdida o desaparición de empleos informales, las cifras probablemente serán mucho más altas.
Para generar trabajo, el país necesita inversión privada. No podrá conseguirla si no mejora sus condiciones de contratación para empleados y empleadores. Albán dice que dentro de las reformas laborales se deben incluir contratos por horas y emergentes. Además, dice que se debe fomentar el trabajo decente: que el trabajador tenga ingresos suficientes para una vida digna y una protección adecuada a través de la seguridad social.
Algunas de esas reformas —como los contratos emergentes— fueron incluidas en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, vigente hace más de 100 días. Según el ministro de Trabajo, Andrés Isch, en ese periodo se crearon 156 mil empleos. De esos, 20 mil son contratos emergentes que pueden durar hasta dos años. Sin embargo, para Rojas la ley “se queda corta” porque trata un tema emergente y específico —la pandemia—, pero no resolverá el problema de fondo, que es la excesiva rigidez del marco legal del trabajo. Dice que la verdadera solución al problema recurrente llegará con acuerdos convenientes, fáciles y flexibles que permitan a más personas entrar al mercado laboral. El reto será encontrar el equilibrio normativo para proteger a empleados y empleadores de forma equitativa.
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El futuro del país y el mundo todavía es incierto. A diferencia de los precios de los mercados, 200 días no son suficientes para predecir todas las tendencias e implicaciones de una pandemia que no sabemos cuándo terminará. Recién estamos empezando a probar cómo es vivir sin el estado de excepción, adaptándonos a la vida diaria en un mundo nuevo.
Las elecciones de 2021 solo agravan esa incertidumbre. Según Rojas, el proceso electoral provocará que la toma de decisiones importantes —como la creación de nuevos emprendimientos o productos— se detenga. La larga lista de candidatos presidenciales y las encuestas inconsistentes parecen no dar ninguna respuesta a la importante pregunta de cuáles serán las políticas económicas, laborales y fiscales que tendrá el país desde mayo del próximo año, cuando un nuevo gobierno se posesione.
Además, todavía hay la posibilidad de un rebrote de covid-19 y regresemos al confinamiento total o parcial. Sin embargo, Rojas dice que aunque hay incertidumbre sobre las variables que no se tiene control —como la pandemia— hay una lista clara de reformas con las que se debe avanzar para garantizar que la economía mejore en los próximos meses. Esa tarea será responsabilidad del futuro poder Ejecutivo y Legislativo.
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El plan de acción a largo plazo dependerá en gran parte de lo que pase en los próximos 234 días —los que faltan para que el nuevo gobierno se posesione. Mientras tanto, las reformas y las tareas pendientes seguirán ahí, esperando a ser resueltas.
