El 16 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa decretó el tercer estado de excepción de 2026. Aplica en 10 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y Azuay; y los cantones de la Sierra, La Maná, de Cotopaxi; Las Naves, de Bolívar; y La Troncal, de Cañar.
Durará hasta el 15 de agosto de 2026 —es decir, 60 días. Salvo que la Corte Constitucional determine que no cumple con los estándares constitucionales y lo suspenda total o parcialmente.
La justificación, según el decreto 423, es una “grave conmoción interna” en las 10 provincias y 3 cantones donde “el fenómeno criminal evidencia una significativa capacidad de adaptación, regeneración y reconfiguración operativa, reflejada en la constante fragmentación, reorganización y surgimiento de nuevas células delictivas”.
Según el decreto, la fragmentación de grupos de delincuencia organizada —cuando una organización criminal grande se divide en grupos— permite que sigan con sus “actividades ilícitas, incluso frente a operaciones estatales orientadas a su desarticulación”.
Entre diciembre de 2024 a noviembre de 2025 Ecuador ocupó un lugar entre los países más peligroso del mundo, según el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025. Subió 36 posiciones en un año, de acuerdo con el informe anual. Según el documento, Ecuador tiene más de 50 grupos armados que participaron activamente en hechos violentos en los últimos 12 meses.
Te explicamos qué implica el primer estado de excepción de 2026.
¿Por qué el gobierno dice que hay una grave conmoción interna?
Porque hay un aumento constante de la violencia y la aparición de nuevas formas de delincuencia que buscan obtener ingresos ilícitos —dinero o las ganancias obtenidas mediante actividades ilegales.
En el decreto se exponen hechos violentos que ocurrieron en el país:
Hubo un atentado en el centro comercial Paseo Shopping de Playas que estaría relacionado con la disputa territorial entre las bandas de Los Lobos y Los Choneros en zonas costeras de Guayas, Santa Elena y Manabí, según una nota del 27 de mayo de 2026 del medio Primicias.
Un ataque armado en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, que dejó tres personas asesinadas y dos heridas, según una nota del 27 de mayo de 2026 de diario Extra,
La detención de siete personas vinculadas a extorsiones en Santo Domingo, según un reporte del 28 de mayo de 2026 de diario La Hora.
También ocurrió el asesinato de un hombre en Puerto Santa Ana, una zona turística de Guayaquil, según una nota del 1 de junio de 2026 del medio Ecuavisa. El mismo medio reportó que que el 1 de junio de 2026 hubo un asalto armado a una cadena de tiendas en el norte de Quito, que terminó con el asesinato de un empleado.
Con estas y otras noticias e informes del Centro Nacional de Inteligencia, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, el decreto de Noboa justificó la causal de grave conmoción interna para decretar el estado de excepción.
Las Fuerzas Armadas seguirán apoyando a la Policía Nacional en las 10 provincias y 3 cantones del país para mantener el orden público, reforzar la seguridad y enfrentar a grupos criminales.
La intervención de las Fuerzas Armadas busca prevenir y combatir actividades delictivas que afecten la seguridad y los derechos de la población.
¿Qué implica el estado de excepción?
La medida incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
La inviolabilidad de domicilio protege el espacio privado donde una persona vive o trabaja. Con la suspensión de este derecho, la Policía y las Fuerzas Armadas podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas.
El decreto dice que las autoridades podrán hacer operativos para ubicar y registrar los lugares donde se oculten integrantes de grupos armados organizados o personas vinculadas a la delincuencia organizada. En la práctica, los policías o militares pueden entrar a las casas sin orden judicial.
Asimismo, pueden decomisar armas, explosivos, drogas y otros materiales usados para cometer delitos. Esto con el propósito de desarticular y neutralizar amenazas actuales o futuras.
El derecho a la inviolabilidad de correspondencia protege las comunicaciones privadas —cartas, llamadas, correos electrónicos o mensajes— para que no puedan ser revisados sin autorización.
La suspensión de la inviolabilidad de correspondencia implica la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones y cartas “que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro de un grupo criminal u ocultamiento de alguna conducta ilícita”. Es decir, ocultar miembros de grupos de delincuencia organizada y delitos.
En la práctica, las fuerzas del orden pueden revisar comunicaciones como mensajes, llamadas, correos y chats sin orden judicial.
Además, el decreto ordena la “requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito” cuando sea “estrictamente necesario para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad”. Esto significa que el Estado podrá usar temporalmente bienes o servicios privados que sean necesarios solo en las zonas donde rige el estado de excepción y en situaciones de extrema necesidad.
El decreto dice que los bienes deberán ser devueltos cuando ya no sean necesarios o, si eso no es posible, sus propietarios deberán recibir una compensación económica justa.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.
