30 asambleístas enfrentaron procesos penales

Robo, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, injuria, tráfico de influencias, calumnia son algunos de los delitos en los expedientes de 30 de los 151 asambleístas electos para el período 2025-2029. De estos, la bancada con más asambleístas con procesos penales es la Revolución Ciudadana (RC), en alianza con el movimiento RETO, con 14. Le sigue Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento oficialista de Daniel Noboa, con 12. En tercer lugar está Pachakutik, con 2, y detrás, dos asambleístas de Gente Buena y Somos Carchenses. 

Estos datos son parte de la investigación colaborativa ‘La radiografía penal y judicial de los candidatos a asambleístas nacionales’, en la que participaron 38 periodistas y 40 medios aliados. De los 236 candidatos que tenían procesos penales —según la página del Función Judicial—, GK verificó quiénes fueron elegidos en las elecciones de 2025, el 9 de febrero como asambleístas nacionales y provinciales. 

Aunque los asambleístas no podrán ser enjuiciados mientras están en funciones, según el artículo 111 de la Ley de la Función Legislativa, las causas penales que empezaron antes de su posesión seguirán en trámite ante la jueza o juez que lleva el proceso.

Es decir, según el abogado penalista Miguel Ángel Angulo, si los legisladores electos ya tienen una investigación previa, el Legislativo debería levantar la inmunidad parlamentaria para que se formalice el proceso penal y se pueda realizar la audiencia de formulación de cargos. Si ya hubo formulación de cargos, no es necesario que se levante ninguna inmunidad. 

Te contamos quiénes son los asambleístas con procesos penales. 

La Revolución Ciudadana y RETO

De los 67 asambleístas con los que la Revolución Ciudadana en alianza con RETO consiguió la mayor fuerza política para el período 2025-2029, hay 14 que tienen o tuvieron procesos penales. 

Uno es Raúl Chávez, psicólogo clínico y magíster en Administración de Empresas por la Universidad Espíritu Santo, quien tiene un proceso aún en trámite por presunta calumnia. 

Chávez ha ocupado cargos públicos desde 2017. Ese año fue director de Comunicación de la Empresa Pública de Medios Públicos de Comunicación y luego asesor de la gerencia general de la misma empresa. En 2023, fue elegido concejal de Guayaquil por la RC. En 2024 también ocupó el cargo de vicepresidente administrativo del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club. El 4 de enero de ese año, Chavez dijo en una rueda de prensa que recibió presiones de un funcionario del Ministerio de Deportes para permitir la inscripción de la nueva lista directiva, según una nota de Ecuavisa. 

Ese funcionario era Julio Escobar Cárdenas, ex director de Asuntos Internos Deportivos del Ministerio del Deporte, quien lo denunció el 18 de enero de 2024 porque dijo que recibió imputaciones de Chávez “perjudicando su buen nombre y acciones que, como ex servidor público, afectan a su familia así su estabilidad laboral”.

Otro asambleísta con proceso penal de la RC-RETO es Sergio Jesús Peña, abogado y experto en gestión aduanera. 

Desde 2022, Peña está procesado —junto a otras personas— por supuesta asociación ilícita. Según la Fiscalía, él habría formado parte de un grupo que ofrecía altos cargos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) a cambio de dinero. El juez consideró que no había suficientes evidencias para llamarlo a juicio, pero la Fiscalía apeló. 

En 2023, el tribunal aceptó el recurso y en marzo de 2025 el proceso continúa, aunque no se ha fijado fecha para la próxima audiencia. 

Lizardo Manuel Casanova fue alcalde del cantón Quinindé, provincia costera de Esmeraldas, entre 2014 y 2019. En ese período, cuando era militante de Alianza País —antes de la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno, fue procesado por presunto enriquecimiento ilícito.

La Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por las declaraciones patrimoniales juradas de Casanova. Siendo alcalde, compró una propiedad por 86.201 dólares y, según el informe, no pudo justificar el origen de ese dinero.

Sin embargo, fue sobreseído porque la Fiscalía se abstuvo de acusarlo.

Casanova tiene otro proceso por usurpación y simulación de funciones públicas, en el que fue sobreseído. 

Ricardo Patiño, una de las figuras más importantes de la Revolución Ciudadana, también tuvo procesos en su contra. Patiño fue ministro de Economía y canciller durante el gobierno de Rafael Correa. 

En 2018, cuando dejó la función pública, dio un discurso en la cuarta convención de la Revolución Ciudadana en Latacunga, en la provincia de Tungurahua. Según la Fiscalía, él incitaba a la “resistencia combativa” durante el gobierno de Lenín Moreno. Además, hacía un llamado a “tomarse las carreteras e instituciones públicas”. 

Los videos de su discurso se difundieron en las redes sociales y, para la Fiscalía, “a través de un discurso político se puede instigar” a la resistencia. Sin embargo, ese proceso por el presunto delito de instigación prescribió, porque Patiño estaba prófugo y no hubo cómo juzgale.

Fernando de la Torre de la Torre, ex coordinador en el Plan de Alfabetización en dos zonas de la provincia andina de Imbabura. De la Torre, quien además dirigió la Junta de Agua Potable de una pequeña parroquia, enfrentó un proceso por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente.

Según el archivo de la Función Judicial, fue detenido en febrero de 2023 después de que supuestamente golpeara a su esposa, quien tenía una boleta de auxilio. Es decir, él no podía acercarse a su pareja, e incumplió. Aunque había fotografías de las lesiones e informes médicos de que la víctima estuvo incapacitada por tres días, nunca se formularon cargos porque, según el expediente, De la Torre no recibió la notificación con la boleta de auxilio. Para el reportaje que reveló que 236 candidatos a la Asamblea tenían procesos penales, De la Torre fue contactado, contestó la llamada, pero tras escuchar la pregunta, cortó la llamada y no volvió a contestar.

Otro asambleísta que tiene una investigación archivada es Marcos Alvarado Espinel, vicealcalde del cantón Quevedo, de la provincia agrícola de Los Ríos, entre 2014 y 2018. 

Poco antes de que asumiera ese cargo, en mayo de 2012, fue denunciado por robo. Blanca Elvia Hernández presentó una denuncia contra Alvarado y otras dos personas por el robo de madera teca —con la que se hacen muebles. Supuestamente, entraron a su propiedad para cortar árboles. 

El caso se archivó. Alvarado fue electo como asambleísta por la RC para 2021 y luego de la muerte cruzada, decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso en 2023, quiso llegar a la Prefectura de Los Ríos, pero no lo logró.  

Esta vez regresa a la Asamblea con el correísmo.  

Sandra Figueroa Aguilar, asambleísta electa por la RC, enfrentó un proceso penal en 2014, cuando Josué Narváez, hermano del ex alcalde de Durán, Dalton Narváez, la acusó de violar la propiedad privada. 

Según la denuncia, Figueroa, que entonces era funcionaria municipal de Durán, la ciudad más violenta del país, fue parte de un operativo en el que expropiaron un local comercial de Josué Narváez, supuestamente, sin mostrar la orden. La investigación fue archivada. 

Eustaquio Tuala, uno de los rostros más visibles de la Revolución Ciudadana, fue acusado de irrumpir en el edificio de la Asamblea Nacional en el paro de octubre de 2019, por la eliminación del subsidio a los combustibles.

Tuala y otros 71 manifestantes fueron detenidos por el presunto delito de rebelión.

Pero el caso fue archivado porque los abogados dijeron que la audiencia de flagrancia se hizo luego de las 24 horas. La demora fue porque no les habían informado sobre la audiencia en su idioma natal a dos implicados —eran indígenas— y porque todos fueron trasladados a un cuartel policial en lugar de a un juzgado.

“Hemos trabajado unidos con la gente y mi caso se abrió cuando se hizo un abuso del Gobierno. Pero soy un hombre formado en valor. No soy de quebrar valores y siempre hemos peleado por esos derechos. Fue por un reclamo social colectivo”, respondió Tuala cuando fue consultado por este caso para la investigación colaborativa. 

Otros asambleístas que también tuvieron procesos penales que ya fueron archivados son Liliana Durán por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones; Victoria Desintonio, ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de decisiones legítimas. 

Bertha Vélez, ex funcionaria del Municipio de Quito, fue denunciada por falsificación y uso de documento falso, cuyo proceso está en la etapa de llamamiento a juicio, y por tráfico de influencias, cuyo proceso fue archivado.  Jaime David Estrada, empresario atunero y dirigente deportivo, por intimidación, pero el caso fue archivado. 

Christian Hernández, primo del ex alcalde de Quito Jorge Yunda fue acusado del presunto delito de asociación ilícita por la compra irregular de pruebas PCR en 2021, junto a Sebastián Yunda, hijo del ex alcalde. Sin embargo, fue declarado inocente porque se determinó que no participó en el delito. 

Y César Palacios tuvo un proceso por injuria, pero prescribió.

Acción Democrática Nacional (ADN)

La bancada de ADN será la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional con 66 legisladores. De ellos, son 12 asambleístas con procesos penales. 

Entre los personajes más conocidos que llegaron al Legislativo en las elecciones de 2025 de la mano del movimiento oficialista están Niels Olsen, ex ministro de Turismo; Diana Jácome, ex asesora presidencial; Esteban Torres, ex viceministro de Gobierno; Sade Fritschi, ex ministra de Ambiente, y Valentina Centeno, actual asambleísta y jefa del bloque de ADN. 

En agosto de 2024, Darwin René Albuja Sandoval presentó una denuncia contra todos ellos, incluido el presidente Noboa, por el presunto delito de asociación ilícita, así como discriminación y odio. Supuestamente, “los servidores públicos se han expresado posiblemente de manera discriminatoria y despectiva hacia la señora Vicepresidenta de la República [Verónica Abad]”, decía la denuncia.

La investigación, que también incluía a otros funcionarios del gabinete de Noboa, fue archivada pero en el sistema público no dice por qué. 

Esteban Torres fue denunciado por usurpación y simulación de funciones públicas; mientras que Sade Fritsch tenía un proceso por tráfico de influencias debido al proyecto inmobiliario que se pretendía construir en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, y en el que estaba relacionada una empresa cuya accionista mayoritaria era Lavinia Valbonesi, esposa Noboa. Las dos investigaciones se archivaron.

Manuel Blacio, quien durante su campaña fue criticado por participar en un evento del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el que se entregaron cocinas y fue denunciado por presunta infracción electoral, tiene una denuncia de 2020 por el presunto delito de defraudación tributaria. La denuncia la presentó el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

En 2022, Blacio, como representante legal de extinta compañía Maydocar y Asociados, dijo que había sido “estrictamente” cumplidora de sus obligaciones. Según la denuncia, la empresa le habría comprado productos a Franklin Procel, un contribuyente considerado fantasma en 2016. Pero, según Blacio, el proceso de control se realizó muchos años antes. Al final, la investigación fue archivada. 

Andrés Felipe Castillo, también asambleísta electo de ADN, fue denunciado por el presunto delito de falsificación de firmas en 2020. Según la denuncia, Castillo habría falsificado una firma al inscribir una lista para las elecciones de 2020 en el Colegio de Abogados. Pero la Fiscalía consideró que el proceso penal no habría tenido un impacto significativo en la persona imputada ni en la sociedad, y lo archivó.

Asambleístas reelegidos por ADN

En 2025, Inés Alarcón fue reelegida como asambleísta. La actual presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad del Legislativo enfrentó tres procesos penales. 

El primero, en 2019, cuando fue denunciada por el presunto delito de engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o el servicio vendido. El segundo, en 2020, por supuesta estafa. Ese año, un ciudadano compró una plancha de sublimación  a la empresa MegaScreen, propiedad de Alarcón, por 3.000 dólares, e hizo un anticipo de mil. La compañía se comprometió a entregarle la plancha, pero no lo habría hecho. Cuando pidió devolución, le habrían dado sólo 200 dólares. 

El tercero también es por el presunto delito estafa y también en 2020. Este caso también involucra a MegaScreen. El cliente compró un cabezal textil en 1.800 dólares y, según la denuncia, depositó el 50% pero nunca le instalaron la máquina. Le dijeron que le devolverían el dinero, pero solo le dieron 400 dólares. 

Los tres casos fueron archivados.

Jorge Luisa Guevara, asambleísta reelecto para el período 2025-2029 y actual presidente de la Comisión Permanente de Derecho a la Salud y Deporte, fue denunciado por estafa. Roberto Jaramillo, integrante de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado y legislador electo, fue denunciado por extorsión.  

Por ADN también fue reelegida Jadira Bayas, quien enfrentó un proceso por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, pero no fue investigado. 

Esperanza Rogel enfrentó dos procesos penales. Fue denunciada porque supuestamente se hizo pasar como abogada, en 2017. Y en 2023 fue investigada por supuesto peculado cuando era comisaria municipal de Yantzaza, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Pero la Fiscalía concluyó que no había pruebas que la vincularan al delito. Los dos casos fueron archivados.

Pachakutik

Pachakutik llega a la Asamblea con 9 legisladores, dos enfrentaron procesos penales. 

José Luisa Nango fue investigado por cohecho en 2016 mientras era secretario en la Fiscalía del Napo, provincia amazónica del Ecuador. El caso fue archivado en 2017. 

Con Pachakutik también entró Carmen Tiupul, reelegida y actual integrante de la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. La lideresa indígena fue procesada por el presunto delito de paralización de un servicio público durante el paro nacional de 2019, pero recibió la amnistía —un perdón legal que se otorga a personas que han cometido delitos— por la Asamblea Nacional.  

Otros partidos y movimientos 

Por el movimiento Somos Carchenses entró el asambleísta Cristian Benavides, denunciado por el presunto delito de tentativa de paralización de un servicio público en septiembre de 2019, cuando supuestamente instó a realizar plantones y caminatas en los diferentes cantones de la provincia andina del Carchi. La investigación fue archivada. 

Por la alianza Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica y Democracia Sí, el asambleísta Édwin Jarrín también enfrentó un proceso penal que fue archivado. En la Función Judicial no especifica qué delito es.