El polémico proyecto de Lavinia Valbonesi en Olón, explicado

El 6 de mayo de 2024 se activó la alarma en Olón, una comuna en la provincia costera de Santa Elena. Un vídeo publicado en X muestra cómo un grupo de trabajadores con chalecos naranja corta árboles en una zona declarada como bosque protector, y que es cuidada por la gente que vive allí. 

La publicación fue el origen de una polémica por un posible conflicto ambiental en Olón que, en cuestión de horas, terminó por salpicar a varias figuras del gobierno de Daniel Noboa, incluyendo a su esposa, Lavinia Valbonesi.

Los árboles habrían sido cortados para instalar ahí el proyecto inmobiliario Echo Olón, de la empresa Vinazin S.A. Según la plataforma integral EMIS—con una amplia base de datos de mercados—, la empresa se dedica a operar arrendadores de bienes inmuebles en Guayaquil y brinda servicios de distribución de material publicitario.

Según la misma plataforma, Vinazin S.A. fue fundada el 8 de junio de 2016. En la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dice que los accionistas actuales de la empresa son Ángela Lavinia Valbonesi Acosta y Daniel Patricio Correia Peñaherrera, quien, según su perfil de LinkedIn, es gerente administrativo en la división naviera de corporación Noboa —de la familia del Presidente. 

Según la Superintendencia, la empresa Vinazin S.A. tiene un capital de 10 mil dólares. De ellos, 9.999 son de Valbonesi, la esposa del presidente Noboa, y solo 1 dólar de Correia.

El proyecto Echó Olón, de acuerdo a las denuncias públicas en redes sociales —principalmente de la Fundación La Iguana y reportes periodísticos de Primicias y La Hora— tendría cuatro edificios altos, además de 24 unidades de vivienda, e incluiría áreas sociales, áreas verdes, parqueaderos, vías de acceso, ingreso a la playa y un malecón. 

El área total sería de, aproximadamente, 6300 metros cuadrados.

Lo que comenzó con la tala de 21 algarrobos—árboles que pueden llegar a medir hasta 40 metros— de los 54 que están planeados tumbar para construir el proyecto, en las riberas del Bosque Protector esterillo Oloncito, ha desencadenado un escándalo en el que han sido involucrados funcionarios del gobierno de Daniel Noboa y de su movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN).

Desde el lunes 6 de mayo, los comuneros de Olón permanecen en vigilia en la zona, para evitar que continúe la tala. Por las denuncias públicas, la Fiscalía inició el miércoles 8 de mayo una investigación sobre el caso, pero no especificó cuál sería el presunto delito investigado.

En junio de 2023, los comuneros ya pusieron una denuncia en la Fiscalía por el presunto delito contra la fauna y flora, cuando se enteraron que ahí se instalaría el proyecto. Sin embargo, la denuncia fue archivada. 

El martes 7 de mayo, un día antes de que la Fiscalía abriera la investigación, la fundación La Iguana le dijo a GK que los trabajadores de la empresa fueron a seguir talando los árboles y prendieron las motosierras. Sin embargo los comuneros se subieron a los árboles y los trabajadores no los talaron. También dijo que a la zona llegaron policías y militares. 

Dos días después de que saltó la alarma, la tarde del miércoles 8 de mayo, el presidente Daniel Noboa se refirió por primera vez a esta polémica. En una publicación en X, dijo que “la decisión de Fiscalía de iniciar un proceso de investigación previa sobre el proyecto inmobiliario del que grupos políticos han tratado de aprovecharse les dará a los ecuatorianos la claridad que se merecen. Esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas”.

La posición del gobierno es que se trata de un intento de agrupaciones políticas de oposición de afectar su imagen, de cara a las elecciones de 2025.

Una zona donde no se deberían construir proyectos

El proyecto inmobiliario se construiría en la comuna de Olón, al norte de la parroquia de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena. Por ahora, está en la fase de limpiar el área para la construcción. Esta limpieza se debía realizar a 261 metros del Esterillo Oloncito que, según el Acuerdo Ministerial No. 072 del Ministerio del Ambiente, 2,25 hectáreas del Esterillo Oloncito fueron declaradas, en noviembre de 2001, Bosque Protector. 

Por ahora, todo proceso ligado a esta construcción está interrumpido por la presencia de los comuneros en la zona.

Los bosques protectores no forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y tampoco son propiedad del Estado. Pero “sí tienen protección de acuerdos ministeriales”, según María Lourdes Luque, gerente ambiental y de consultoría en la agencia privada Corpei. Luque fue ministra de Ambiente en el gobierno de Gustavo Noboa, cuando se firmó la declaratoria en el 2001 para el Esterillo Oloncito. 

Este tipo de bosques, explica Luque, sí tienen un sistema de protección y están inscritos como patrimonio forestal. Según la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre no se puede adquirir “el dominio ni ningún otro derecho real por prescripción sobre las tierras que forman el patrimonio forestal del Estado, ni podrán ser objeto de disposición por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario”.

María de Lourdes Luque explica que la decisión de declarar el lugar como Bosque Protector se tomó luego de que la Fundación Ecológica Oloncito solicitara al Ministerio de Ambiente, en 2001, declararla como tal porque el lugar tenía “biodiversidad mezclada entre manglar y especies de bosques seco tropical”.  

Luque también dice que en ese entonces la comunidad del lugar tenía dos preocupaciones: “que los comuneros lo vendan en pedacitos, y que se pierda ese estuario que salía del río Olón”. Desde el Ministerio ordenaron los estudios e informes necesarios, y firmaron la declaratoria.

La ex ministra Luque explica que en un bosque protector no se puede “construir una urbanización” porque se debería “desmontar la protección que se le dio a través de esta declaratoria de bosque”. En espacios como estos, colocar un área de camping o espacios para observar el medioambiente está permitido, explica, pero “una carretera no”. 

Además, los manglares son considerados en la Constitución del Ecuador como “ecosistemas frágiles y amenazados” y en estos lugares, según el artículo 406, el Estado debe regular “la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio” de estos espacios. También, desde 1991, Ecuador es signatario de la Convención Ramsar en la que se compromete a proteger los manglares.

A pesar de esta protección, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica presidido por Sade Fritschi, el 5 de diciembre de 2023 —12 días después de la posesión del gabinete de Noboa— otorgó los permisos ambientales para el desarrollo del proyecto. 

María de Lourdes Luque dice que tal vez el Ministerio no haya “tenido la información de que es un bosque protector, porque hay muchos bosques protectores y es probable que no tengan los registros al día”.  Pero incluso con los permisos otorgados por el Ministerio para el área de 2,25 hectáreas, no se podrían construir los departamentos que el proyecto planea.

Esto, porque la tala de árboles en los ecosistemas denominados como frágiles está prohibida, y además el manglar, al ser considerado un ecosistema sensible, para ser intervenido requiere “un permiso especial de tala de manglar y se debe comprometer a hacer una forestación igual o mayor a la que vas a deforestar en otros lugares”, explica Luque. 

Más allá de la protección o no que tenga este espacio, Franklin Buchelli, especialista en gestión ambiental explica que el ecosistema de manglar cumple funciones ecológicas fundamentales por lo que debería ser preservado. 

Algunas de estas funciones son: dar hábitat, refugio y protección a especies como peces, reptiles, aves y mamíferos, desalinizar el agua marina y actuar como barreras de protección para disminuir los efectos de inundaciones, marejadas y erosión de la costa. 

Otro obstáculo para construir en esa zona es que es un área comunal. Esto obliga a que “cualquier tipo de intervención” en un bosque protector debe ser informada a la población por medio de una consulta previa, libre e informada a la población, algo que no ha sucedido. 

El abogado ambiental Bucheli dice que la tala de los 21 algarrobos  en “constituye un delito ambiental que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal por la destrucción de la biodiversidad de este ecosistema”. 

Los presuntos vínculos del proyecto con funcionarios del gobierno 

Más allá de que Lavinia Valbonesi sea la accionista mayoritaria de Vizanin S.A., la empresa detrás de este proyecto, hay otros nombres cercanos al presidente Noboa que se mencionan.

María Beatriz Moreno, presidenta nacional de ADN —el movimiento oficialista—, es la gerente de la empresa Vinazin. La ministra de ambiente Sade Fritschi otorgó los permisos al proyecto desde el Ministerio de Ambiente. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y ministro encargado de Energía y Minas, fue hasta noviembre de 2023 gerente de Geosísmica, la empresa que hizo los estudios de factibilidad para el proyecto realizados en septiembre de 2023. Hoy sigue siendo accionista de la empresa. 

La ministra Mónica Palencia también aparece entre la lista de funcionarios ligados a este escándalo. “En el 2020 recibimos autorizaciones para realizar actos societarios concretos, únicamente, y a favor de una empresa de actividad lícita y en nuestras funciones como abogadas”, publicó en su cuenta de X, Palencia, en referencia a su participación en este proyecto. Es decir, la Ministra y su hija fueron contratadas por Vinazin para, desde sus trabajos como abogadas, realizar un cambio societario en la empresa.

Si bien la participación de Luque y Palencia se dio dentro de sus labores profesionales y antes de que Daniel Noboa ganara las elecciones, la duda persiste. Sobre todo porque la posición del gobierno hasta el momento es la de acusar a rivales políticos de lo que está sucediendo, como lo hizo la Ministra del Interior la mañana del 8 de mayo en una entrevista en Ecuavisa.

“Nosotros sabemos precisamente que no es una protesta de comuneros. Escuché hasta por los acentos a extranjeros también en la zona protestando”, dijo Palencia sobre la vigilia y protesta que realiza la gente que vive en Olón. Los reclamos de los comuneros se dan en medio de la presencia de agentes policiales y militares en la zona

El caso también llegó al Legislativo. La tarde del 8 de mayo la Asamblea Nacional aprobó la moción del asambleísta Paúl Bustán, del movimiento Construye, para llamar a comparecer la Ministra de Ambiente por la situación de Olón. 

Cerca de las seis de la tarde de ese mismo día, la Ministra publicó un comunicado diciendo que asistirá “gustosa y aclararé que toda la información oficial es y siempre ha sido pública en los portales del ministerio de @Ambiente_Ec”. 

Para activistas y comuneros de la zona, la tala de los árboles en esa zona destruiría lo que ellos han cuidado por años. La declaratoria de Bosque Protector se logró por la organización de los comuneros quienes, para evitar las inundaciones que sufrieron durante el fenómeno de El Niño de 1982 y 1997, trabajaron en la zona y sembraron plantas, como manglares y algarrobos, impidiendo que el agua de la crecida de los ríos inundara a Olón. 

Andrea Fiallos, presidente de la fundación La Iguana —organización no gubernamental dedicada a la conservación de bosques y flora nativa de Ecuador— dijo en entrevista al medio La Defensa que lo que se está haciendo en Olón no es más que la búsqueda de los interesados por ganarse 20 metros de más que se han perdido porque el océano ha crecido. 

La tala de los algarrobos, así como la posibilidad que tiene el proyecto Echo Colón de rellenar parte del esterillo Oloncito, de acuerdo a Fiallos, pondría en riesgo a la comuna de Olón, con consecuencias serias: sin vegetación no habría ese escudo natural que proteja contra inundaciones y aguajes.

De acuerdo a una publicación del diario La Hora, del 8 de mayo de 2024, fuentes desde la Presidencia dijeron que los permisos para este proyecto se tramitaron durante el gobierno de Guillermo Lasso. 

Horas más tarde del mismo miércoles 8 de mayo, el ex ministro de Ambiente en la administración de Guillermo Lasso, José Dávalos Hernández, publicó en su cuenta de X una carta en la que aclara que no se tramitó ningún permiso para el proyecto en el gobierno anterior.

En su carta, Dávalos da las fechas en las que ingresó el proyecto en el  Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)  y del otorgamiento del permiso ambiental. Ambas son en el gobierno de Daniel Noboa.

Al finalizar su carta, Dávalos asegura que las actividades que se realicen en un bosque y vegetación protector se deben hacer en función de la normativa vigente. Entre ellas, hace referencia a que se debe cumplir una sentencia de la Corte Constitucional, del 17 de noviembre de 2023, sobre “la obligatoriedad de realizar una consulta ambiental, a los habitantes de la zona afectada, para lograr la obtención de licencias y registros ambientales”.

Pese a todo esto, desde el movimiento ADN, de Daniel Noboa, se minimiza la situación. La jefa del bloque gobiernista en la Asamblea Nacional, Valentina Centeno, aseguró la mañana del jueves 9 de mayo de 2024, en una entrevista en Teleamazonas, que todo se debe a un ataque a la imagen del Presidente, como parte de una campaña política electoral anticipada.

“Es un tema eminentemente político. Estamos hablando de un proyecto privado, un proyecto que cumple todos los procedimientos, los requisitos, que no afecta áreas protegidas, que tampoco afecta manglares, que es de bajo impacto ambiental y que ha cumplido todo el procedimiento”. 

El proyecto desató un conflicto interno en Olón

El viernes 10 de mayo de 2024, circuló un comunicado firmado por la supuesta dirigencia de la comunidad de Olón en el que mostraban su respaldo al proyecto inmobiliario. 

El documento decía que este tipo de iniciativas ayudaría a impulsar el desarrollo del sector.

Comnucado de la dirigencia de Olón en el que respaldan el proyecto Echo Olón.

Pero un día después, otros comuneros salieron a desmentir el comunicado, alegando que no representaba la posición de toda la comunidad, que no habían tenido una asamblea para discutir el asunto, y que no respaldan la construcción del proyecto inmobiliario Echo Olón.

Vinazin cancela Echo Olón

El mismo 11 de mayo, la empresa Vinazin, de la que es accionista mayoritaria Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, anunció públicamente que suspendía la construcción del proyecto inmobiliario en el esterillo Oloncito.

En un comunicado, la compañía adujo que se perderían 2.783 empleos vinculados al proyecto. 

El motivo, según el comunicado de Vinazin, es la polémica que rodea al proyecto y la empresa, se estaba utilizando con fines políticos —reiterando implícitamente la tesis del gobierno de que el caso se convirtió en una causa abanderada por sus opositores  para desprestigiarlo. 

Comunicado de Vinazin en el que anuncian suspensión del proyecto inmobiliario Echo Olón.

Vinazin aseguró que terminará el cerramiento del terreno y suspenderá las operaciones en el sector.