La situación actual del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador y sus vocales es como un laberinto en constante cambio, donde los actores políticos deben navegar entre reglas, interpretaciones legales y la presión de la opinión pública.
En este complejo entramado, los consejeros suplentes María Cristina Kronfle, Mónica Noriega y José Merino intentaron, sin éxito, asumir sus cargos el 20 de noviembre de 2024, cuando expiraba el período de seis años de las autoridades actuales: Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera.
El intento de los suplentes fue frustrado por un despliegue policial que bloqueó su acceso al complejo electoral, en la avenida Seis de Diciembre de Quito, un evento que no solo evidenció la tensión existente, sino que también reflejó la lucha por la legitimidad en un sistema que, a pesar de sus imperfecciones, es fundamental para la democracia ecuatoriana.
En este contexto, la espera de una respuesta de la Corte Constitucional a una acción constitucional presentada el 19 de noviembre de 2024 por los vocales suplentes María Cristina Kronfle, Mónica Noriega, José Merino y Andrés León, ahonda la incertidumbre política que rodea al CNE.
La acción busca que la Corte dirima si los periodos de los consejeros son definitivos e inalterables, o si pueden prorrogarse.
Kronfle, en una rueda de prensa, argumentó que esta decisión es crucial para garantizar la estabilidad democrática del país.
La mediación de la consejera actual Elena Nájera, quien instó al diálogo entre las partes en conflicto, añade una capa de complejidad a un escenario ya tenso, sobre todo, porque se acercan las Elecciones Generales 2025.
El 11 de diciembre de 2024, Nájera publicó un memorando dirigido a Diana Atamaint. Le pidió, por tercera vez, que presentara su renuncia a la Presidencia del CNE o que su hermano, Kar Atamaint Wamputsar, quien fue nombrado por el gobierno de Daniel Noboa como Cónsul de Ecuador en Queens, Estados Unidos, deje el cargo.
Según la consejera, lo hizo en el contexto del reciente lanzamiento del ‘Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción’, el 9 de diciembre, al que acudieron los representantes de todas las funciones del Estado, entre ellos, el presidente Noboa.
Nájera aseguró que es una “tercera insistencia para precautelar la transparencia, seriedad e imparcialidad” de las elecciones. “No se aferre al cargo de Presidenta, ni comprometa la imagen de este Órgano Electoral”, dice en el memorando.
Además, hizo un llamado a los demás vocales para que se sumen a este pedido.
#URGENTE
— Elena Nájera Moreira (@ElenaNajeraM) December 11, 2024
Para no comprometer la transparencia de las #Elecciones2025Ec, conmino a la Pdta del #CNE a presentar su renuncia o, en su defecto, que su hermano deje el cargo que ostenta en el Consulado de Ecuador en Queens, Estados Unidos.
Aquí mis argumentos ⤵️ pic.twitter.com/oiDnPbSXkx
El retraso en la renovación parcial del CNE
Mónica Jaramillo, abogada y presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, explica que, según el artículo 218 de la Constitución y el artículo 24 del Código de la Democracia, el CNE está integrado por cinco consejeros principales que deben ejercer sus funciones por seis años.
Se renuevan parcialmente cada tres años. Dos miembros en la primera ocasión y tres en la segunda. Además, hay cinco vocales suplentes, quienes también deben ser renovados.
En 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, encargado de elegir a las nuevas autoridades electorales, aprobó la designación de Esthela Acero, Enrique Pita, José Cabrera, Diana Atamaint y Luis Verdesoto como consejeros principales para el período 2018-2024.
Hasta noviembre de 2024, explica Jaramillo, solo ha sido reemplazado Verdesoto, que renunció en 2021. Lo sustituyó Elena Nájera.
En agosto de 2021, empezó el proceso de renovación parcial del CNE. El 9 de noviembre de ese año se convocó a cinco ciudadanos y cinco delegados de las funciones del Estado para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de organizar, calificar y enviar el informe final de los postulantes.
En noviembre de 2022, diez comisionados asumieron sus funciones y el concurso de oposición y mérito comenzó en marzo de 2023 con una convocatoria masiva de postulantes.
Sin embargo, el proceso fue suspendido temporalmente por una acción de protección y, posteriormente, por decisiones judiciales. En enero de 2024, se retomó gracias a un fallo judicial.
Pero hasta el 4 de diciembre de 2024 no ha avanzado porque, después de dos años desde que se conformó la Comisión Ciudadana de Selección, algunos comisionados habrían desistido o renunciado al proceso.
Es por ello que el CPCCS solicitó a la Función de Transparencia y la Función Legislativa que ratifique o envíe a nuevos integrantes para conformar nuevamente, afirma.
Hay otra preocupación para Jaramillo. Algunos de los postulantes han adquirido nuevas experiencias, títulos o posgrados desde 2021 hasta la actualidad.
Al ser un concurso de oposición y méritos, estos logros suman puntos.
Por lo tanto, es crucial que para evitar una acción de protección —que postergue aún más el concurso— exista una fase de actualización de méritos. Así se podrá, dice, garantizar que todos los postulantes sean evaluados bajo las mismas condiciones.
Mientras tanto, Diana Atamaint, Esthela Acero, Enrique Pita, José Cabrera y Elena Nájera continúan en funciones. Pero la prórroga ha generado una discusión sobre su legitimidad, algo que pone en alerta a 2025, año electoral.
De esta forma, Atamaint, con seis años en el cargo, cumplidos el pasado 20 de noviembre, se convirtió en la persona con más tiempo en la presidencia del CNE.
Domingo Paredes ocupó el cargo desde 2011 hasta 2014. Juan Pablo Pozo ejerció esas funciones de 2014 a 2017. Posteriormente, Nubia Villacís asumió la presidencia en 2017. Su mandato fue breve: finalizó en 2018.
En 2018, durante el periodo transitorio, Gustavo Vega ocupó el cargo durante tres meses.
La Procuraduría se pronunció, y también es cuestionada
Se ha abordado el tema en cuestión en tres ocasiones: en noviembre de 2017, en noviembre de 2021 y el más recientemente: el 15 de noviembre de 2024.
En esta última, el CNE consultó a la Procuraduría General del Estado si los vocales, así como el vicepresidente, Enrique Pita, y la presidenta, Diana Atamaint, quedan prorrogados en sus funciones hasta que se elija a los nuevos representantes.
La Procuraduría General representa legalmente al Estado, asesora en asuntos jurídicos y defiende sus intereses en litigios nacionales e internacionales.
Ante la consulta del CNE, dijo que en efecto, al no concluirse el concurso público de méritos y oposición para la renovación parcial de las y los consejeros del CNE, y al estar la institución inmersa en el cumplimiento del calendario de las Elecciones Generales de 2025, “el órgano electoral debe contar con sus representantes” actuales.
La postura de la Procuraduría ha sido cuestionada por varios expertos. Argumentan que el respeto a los periodos establecidos en la Constitución es vital para la legitimidad del organismo electoral.
El abogado constitucionalista José Chalco sostiene que no es posible otorgar una prórroga a los vocales principales. “La Constitución establece que el ejercicio de funciones de los vocales del CNE es de un periodo fijo de seis años”, asegura.
Además, dice que el Código de la Democracia, que es la ley especial que regula el funcionamiento del CNE, no contempla la posibilidad de prórrogas en el ejercicio de sus funciones. “Este país requiere desde hace mucho un serio respeto a la institucionalidad, que es el único camino hacia la honestidad y el ejercicio responsable del derecho, sin cálculos ni pactos políticos que no miren al Estado”, afirma Chalco.
Por otro lado, el docente y experto en materia electoral, Diego Zambrano, sostiene que los consejeros principales actuales deben prorrogarse en sus funciones hasta que se designe a sus reemplazos.
“Hay un pronunciamiento de la Procuraduría en ese sentido”, dice Zambrano. Según él, “principalizar a los suplentes no tiene ningún asidero jurídico”.
Los vocales alternos aseguran que el criterio de la Procuraduría de 2017 se emitió para el CNE transitorio, que se creó tras la consulta popular de 2018, cuando no existían suplentes. Según los tiempos constitucionales, hasta el 29 de noviembre de 2017 tres integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) debían ser reemplazados.
Los funcionarios que debían terminar sus períodos eran Juan Pablo Pozo, Paúl Salazar y Nubia Villacís. En ese momento, la Contraloría ratificó la prórroga de sus funciones.
Los vocales alternos alegan que ahora la situación es diferente porque ahora el CNE sí tiene vocales alternos y están dentro del periodo para el que fueron designados. Por ello, discrepaban con el nuevo pronunciamiento de la Procuraduría.
Esto lo sostiene Henry Llanes Suárez, sociólogo y analista de temas políticos y electorales, quien advierte que los vocales principales están “ignorando” los artículos 218 de la Constitución y 24 del Código de la Democracia.
Llanes explica que la Procuraduría General del Estado instó a leer el documento que ya se había publicado en 2017, ante la consulta del entonces presidente del CNE, Juan Pablo Pozo. Aquel oficio hace referencia, según Llanes, al numeral 4.1 del artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que describe que si no hay suplentes o encargados, puede prorrogarse en las funciones. Pero en ese año no había consejeros alternos en el CNE.
“El CNE realiza una interpretación errónea”, asegura.
Esta situación plantea un dilema: ¿hasta qué punto es válido extender los mandatos sin comprometer la integridad del sistema electoral?
La respuesta parece estar en manos de la Corte Constitucional.
Prórrogas y continuidad
El consejero Enrique Pita afirma que deben prorrogarse en funciones hasta que se designe a su reemplazo. Se remite a la Ley Orgánica del Servicio Público, que dice en caso de que la selección para la designación de los reemplazos no hubiese terminado a tiempo, quien ejerce el cargo debe continuar en él hasta que concluya el proceso de selección y se posesione el servidor electo.
Además, la Procuraduría argumenta que el CNE está inmerso en la organización de las elecciones generales programadas para febrero de 2025.
Por ello, considera imperativo que el CNE cuente con su representación actual para garantizar la adecuada preparación y ejecución de dicho proceso electoral.
La presidenta Atamaint pidió que se comunique a todas las instituciones públicas sobre la continuidad de las labores de la actual conformación del CNE.
Un concurso que avanza lento
En medio de este embrollo, el concurso para designar nuevas autoridades avanza con lentitud, lo que genera más incertidumbre en un contexto electoral que se avecina.
El 23 de octubre de 2024, a escasos 28 días de que los vocales del CNE concluyeran su mandato, el CPCCS ordenó que se elaborase un instructivo que regule el sorteo público.
Este sorteo se realizará únicamente una vez que finalice el concurso para elegir a los nuevos integrantes del máximo organismo electoral, que actualmente se encuentra en la fase de oposición (exámenes escritos y orales).
La historia reciente del CNE es un reflejo de la lucha constante entre la legalidad y la legitimidad, un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias profundas.
A medida que se acercan las elecciones generales del 9 de febrero de 2025, la incertidumbre se intensifica.
Los ciudadanos observan con preocupación cómo se desarrolla este conflicto, preguntándose si la democracia ecuatoriana podrá sostenerse en medio de tantas disputas y desacuerdos.
La mediación y el diálogo se presentan como herramientas esenciales para evitar que el laberinto se convierta en un callejón sin salida.
La participación ciudadana, en este contexto, se convierte en un pilar fundamental para garantizar que las decisiones tomadas sean representativas y reflejen la voluntad del pueblo.
La situación del CNE de Ecuador es un microcosmos de los desafíos que enfrenta la democracia en el país.
A medida que se acercan las elecciones, la necesidad de un sistema electoral justo y transparente se vuelve más urgente.
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