La inseguridad en Ecuador es la principal preocupación de los ciudadanos. El 60% de los encuestados por Ipsos en julio de 2023 dijo que este tema encabeza su lista de preocupaciones. El 2022 fue el año más violento de la historia de Ecuador. Y en 2023, las cifras siguen en aumento. Por eso, mejorar la seguridad ciudadana debería ser una prioridad de todos.
La seguridad ciudadana es el proceso en el que se establece, fortalece y protege el orden civil democrático y que requiere un enfoque participativo en el que se involucren todos los sectores: el Estado, el sector privado —como servicios de seguridad— y los ciudadanos.
Según la Constitución del Ecuador, la seguridad ciudadana es una función pública que compete al Estado en todos sus niveles de gobierno. Los municipios, por ejemplo, juegan un rol fundamental al momento de implementar políticas y acciones concretas para prevenir y combatir la delincuencia.
Ecuador tiene 221 municipios distribuidos en las 24 provincias del país. Todos tienen una autonomía política y administrativa, ejercen el control sobre la gestión de sus territorios y son responsables de proveer servicios públicos a los ciudadanos.
Te contamos cómo tres municipios del país —Guayaquil, Quito y Cuenca— implementan acciones para garantizar la seguridad ciudadana de sus habitantes.
Guayaquil
En la ciudad más grande del país, con una alarmante tasa de 66,9 muertes por cada 100 mil habitantes, está la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG). Esta entidad sin fines de lucro se enfoca en temas de acción social y cívica. Está integrada por las siguientes instituciones clave:
- Policía Nacional,
- Gobernación del Guayas,
- Fuerza de Tarea Conjunta del Guayas,
- Comisión de Tránsito del Guayas.
En la Corporación también participan instituciones privadas como la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, la Asociación de Canales de Televisión, entre otros. En total son 17 miembros.
En esta ciudad, el municipio ha implementado acciones concretas como la vigilancia urbana a través de un sistema, de 1.433 videocámaras, denominado Ojos de Águila.
Para atender emergencias, ya sean del ámbito de auxilio y rescate, sanitario, de tráfico y seguridad, los ciudadanos pueden llamar al número 112. Esta línea coordina a entidades como Bomberos, Policía Nacional del Ecuador, Cruz Roja, Defensa Civil y la Comisión de Tránsito del Guayas.
Jacobo Quintero tiene 44 años de edad, nació y creció en Guayaquil. Cree que en la nueva alcaldía —liderada por Aquiles Álvarez, desde mayo de 2023— ha habido avances para mejorar la seguridad en la ciudad. Quintero, que vive en Urdesa, al norte de la ciudad, insiste en que todavía hay aspectos por mejorar.
Uno de los cambios, según Quintero, es la mejora de la comunicación entre las mesas de diálogo, la corporación de seguridad ciudadana (ECU 9-1-1) y la Policía Nacional. “Hoy existe una respuesta ante las emergencias, algo que en la gestión anterior del municipio, no había. No existía esta sincronización de información”, dice.
Según el municipio de Guayaquil, en junio de 2023, la CSCG trabajó un plan territorial en los 10 distritos de la ciudad. En él se analizó los niveles de violencia y delitos de oportunidad. Es decir, aquellos actos delictivos que se cometen en el momento y lugar en que se presenta una oportunidad conveniente para el perpetrado o autor. Estos delitos a menudo no son cuidadosamente planificados con antelación, sino que se aprovechan de circunstancias específicas, como la falta de vigilancia, la presencia de objetos de valor desatendidos o la vulnerabilidad de una situación en particular.
La información del plan sirvió de base para desarrollar una metodología que, según el Municipio de Guayaquil, prioriza la intervención en zonas con elevados índices de muertes violentas, violencia de género, así como delitos de robo a personas, accesorios, vehículos y motos.
En junio de 2023 también se hizo una operación que implementó acciones concretas para prevenir delitos y regularizar las actividades comerciales en Urdesa, ubicada al norte de Guayaquil. En esta operación participaron direcciones municipales y dependencias adscritas al Consejo de Seguridad del cantón.
Esta operación incluyó patrullajes regulares en avenida Víctor Emilia Estrada y sus calles paralelas. Además, representantes del Cuerpo de Bomberos, Dirección de Justicia y Vigilancia, Departamento de Catastro y Aseo Cantonal hicieron visitas para garantizar que se cumpla con los permisos en cada establecimiento.
Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos revisó los permisos de funcionamiento para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.
Valeria Maza tiene 25 años y vive en Urdesa. Dice que desde inicios de julio tiene una sensación de seguridad que antes no tenía. Hace nueve meses, las veredas afuera de su casa eran ocupadas por vendedores ambulantes de chicles en bolsas, chupetes, jugos en botellas plásticas. Con la presencia policial, dice Maza, los vendedores ya no están.
El pasado 10 de octubre, el alcalde de Guayaquil, con representantes de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) presentaron un proyecto para la seguridad ciudadana para el período 2023-2030. Este proyecto, según el mismo municipio, busca recuperar la administración de la seguridad en el cantón y reconstruir las conexiones sociales.
En el evento, Andrés Sandoval, gerente de Segura Ep, dijo que “uno de los problemas actuales son los desafíos contemporáneos que enfrenta el Puerto Principal, con una estructura social deteriorada, altos niveles de violencia y delincuencia”.
Quito
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito coordina sus acciones de seguridad a través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Según la página oficial, la institución “prioriza que la prevención y la seguridad sean primordiales para la comunidad”.
La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad trabaja en conjunto con la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito y Cuerpo de Bomberos.
Para mantener a los ciudadanos informados todos los días, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, en su cuenta de X —anteriormente Twitter—, informa sobre las medidas específicas para enfrentar la violencia en la ciudad. Incluyen detalles sobre el patrullaje policial en barrios, operativos de control en espacios públicos y eventos, así como anuncios de creación o renovación de Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
Las acciones para enfrentar la inseguridad no son suficientes para Judith Gil. La señora de 76 años dice, con preocupación, que algunos sectores continúan desprotegidos, como la zona Calderón al norte de Quito. “A veces salgo a botar la basura entre las cuatro y seis de la tarde, y dos casas más allá están robando o me entero que han asaltado a alguien; ni un policía pasa por aquí”, dice.
Este tipo de quejas también se dan en otros barrios. En Chillogallo, en el sur de la ciudad, Stefy S. dice que sus vecinos se sienten inseguros. La señora de 40 años, que prefirió no ser identificada con su nombre completo, cuenta de un robo reciente en la zona. “Mi tío se bajó del auto por unos minutos para comprar en una tienda, y al regresar, su auto ya no estaba”, dice.
Según Stefy, a pesar de la intervención policial y la revisión de cámaras de seguridad en la zona, la falta de evidencia del delito hace que los afectados se sientan impotentes frente a la creciente inseguridad.
El reciente lanzamiento oficial del metro de Quito, inaugurado el pasado 1 de diciembre, marcó un hito significativo en la ciudad. Para garantizar la seguridad de los usuarios, un grupo de 247 policías van a estar tanto fuera como dentro de las estaciones.
Además, el municipio ha dicho que se implementará un refuerzo adicional con más de 200 agentes metropolitanos y personal de seguridad privada. Este despliegue, según el municipio de la ciudad, busca no sólo facilitar la movilidad, sino también asegurar un viaje seguro y tranquilo para los usuarios del nuevo sistema de transporte público.
Los resultados de esos operativos se verán en los próximos meses.
Cuenca
En Cuenca, donde según la Policía Nacional, entre 2021 y 2022, las muertes violentas y los robos de autos aumentó más del 100%, funciona el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca (CSC). Es una organización técnica de formulación, coordinación, planificación y ejecución de políticas públicas, programas, planes de acción, en general, relacionadas con la garantía efectiva del derecho a un hábitat seguro.
En esta entidad se coordinan acciones de la Policía Nacional, Bomberos, Policía Municipal de Cuenca, Gestión de Riesgos, Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, Gobernación de Azuay y Tercera División de Ejército Tarqui.
Las medidas que han sido implementadas este año van desde operativos de control en áreas de acceso público y durante eventos.
En octubre, el director del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, Pablo Cueva, junto a personal de la Corporación Municipal hicieron un recorrido en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, ubicado al norte de Cuenca, previo a los eventos por las fiestas de la ciudad. La idea fue evaluar el lugar y garantizar un control de acceso, así como prevenir posibles incidentes durante las celebraciones.
Iván Collar tiene 42 años y es comerciante cuencano. Para él, a pesar del breve tiempo que el alcalde Cristian Zamora lleva en el cargo, ha estado trabajando gradualmente para mejorar la seguridad en la ciudad. Sin embargo, dice que ahora la situación es muy preocupante porque, con frecuencia, escucha noticias sobre extorsiones o chantajes que generan inquietud entre los habitantes. Cree que es complicado que Zamora logre devolver a Cuenca la tranquilidad que solía tener.
El Consejo también ha instalado sistemas de videovigilancia en ubicaciones estratégicas —como en las parroquias rurales de la ciudad— y en el redondel denominado la Chola Cuencana. En mayo, los alrededores de este monumento fueron catalogados como una zona para actividades delictivas como la venta de drogas, robos y extorsiones —a menudo realizadas bajo la modalidad de vacunas.
El Consejo también capacita a los ciudadanos y da mantenimiento a los sistemas de alarmas comunitarias en diferentes parroquias como Ricaurte, Turi y Barrio Santa Marianita del Arenal.
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