Ecuador atraviesa una crisis de violencia e inseguridad. Ya no es considerado uno de los países más seguros de la región. El 2022 fue el año más violento de la historia del país: la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes pasó de 10,5 a 25,5. Eso ha hecho que la seguridad ciudadana esté en riesgo. 

En enero de 2023, según una encuesta de Gallup, más del 64% de los ecuatorianos dijo haberse sentido inseguro en los últimos cuatro meses. Eso convirtió a Ecuador en el país de América Latina con el mayor porcentaje de ciudadanos que perciben un aumento del crimen y la delincuencia. 

Ese dato, dice la encuesta, es consistente con otro dato: la mitad de las personas ecuatorianas encuestadas dijo que al menos un miembro de su familia había sido víctima de un robo o asalto en los últimos cuatro meses. 

Estos factores influyen en la seguridad ciudadana, una de las condiciones necesarias para el desarrollo de los ecuatorianos. Aquí te explicamos qué significa.

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¿Qué significa seguridad ciudadana?

La seguridad ciudadana es el proceso en el que se establece, fortalece y protege el orden civil democrático, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Eso se logra “eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo que haya una coexistencia segura y pacífica”. Es decir que los ciudadanos puedan vivir sin miedo de que los roben, los maten o los ataquen de cualquier manera violenta. 

Garantizar la seguridad ciudadana es una de las principales responsabilidades del Estado. 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dice que el concepto de seguridad ciudadana ha ido evolucionando. En la antigüedad, el Estado se preocupaba sólo “por garantizar el orden como expresión de la fuerza y la supremacía de su poder”. Era una forma de mantener el control, no de garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

En cambio, hoy en día en los Estados democráticos deben promover que la protección de los ciudadanos debe darse respetando a las leyes, los derechos fundamentales y a la institución encargada de protegerlos—el Estado, la Policía, entre otros. 

Por eso, dice la CIDH, el énfasis de la seguridad ciudadana debe estar en la prevención y el control de lo que causa la violencia y la inseguridad. En vez de enfocarse en tareas represivas o reactivas ante hechos que ya sucedieron. Por ejemplo, es mejor tener un barrio organizado para prevenir la inseguridad —con presencia policial, alarmas comunitarias, iluminación en las calles—, que linchar a un ladrón cuando ya se cometió el delito.   

No se trata sólo de reducir los delitos, aunque es una parte importante. La seguridad ciudadana debe ser una estrategia “estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población”, dice el PNUD. Esa estrategia debe incluir acciones para prevenir delitos, acceso a un sistema de justicia eficaz y educación basada en valores, el respeto a la ley y la tolerancia. 

La justicia es un problema grave en Ecuador. Un informe del Observatorio de Derechos y Justicia de mayo de 2023 dice que solo en 2022 se levantaron 123 alertas sobre irregularidades en el sistema de justicia y sus funcionarios. A esto, dice el informe, se le suma que desde 2022 el sistema de justicia está en una crisis que incluye denuncias de corrupción y pugnas por el poder. Aquí puedes leer más sobre la mayor crisis del sistema judicial. 

La seguridad ciudadana en Ecuador

La violencia en Ecuador ha aumentado en los últimos años, lo que ha puesto en riesgo su seguridad ciudadana. Por ejemplo, el número de muertes violentas se ha quintuplicado en los últimos 5 años. En 2019 estaban por debajo de las mil anuales, pero se estima que en 2023 se podría llegar por sobre las 5 mil.  

Solo entre 2021 y 2022, las muertes violentas crecieron en un 85% en el país. El año pasado, 2022, cerró con 4.632 muertes violentas, según la Policía Nacional. Y la violencia sigue aumentando, para septiembre de 2023 ya se había superado las muertes violentas de todo 2022 con 4.835. 

Cinco de las 24 provincias concentran el 80% de las muertes violentas a nivel nacional: Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Todas están en la región Costa del país. La que tiene índices más altos de violencia es Esmeraldas, donde hay una tasa de 80 muertes por cada 100 mil habitantes. Cifra que está muy por encima del promedio nacional que fue de 25,5 en 2022. 

Las muertes violentas no son el único delito que ha aumentado en los últimos años en Ecuador. Las denuncias de extorsión pasaron de 2.700 en 2021 a 7.740 en 2022. Este delito, en el que una persona presiona a otra para que haga algo sobre su voluntad, comenzó a incrementarse en Ecuador desde enero de 2022.  

La modalidad más común en Ecuador es el cobro de vacunas extorsivas —como se conocen comúnmente cuando los delincuentes piden dinero para “garantizar” seguridad— se ha vuelto uno de los más comunes. Aquí puedes leer más sobre las extorsiones y aquí sobre qué hacer si eres víctima de este delito.

Otro de los delitos que ha aumentado son los robos. Entre 2021 y 2022, los robos a personas aumentaron en un 22%, el robo a motos un 55% y el robo a carros en un 52%. 

Mientras estas cifras se mantengan tan altas, la seguridad ciudadana de Ecuador seguirá amenazada. Lo que tiene consecuencias en la economía del país —porque hay menos inversión— y en la salud física y mental de sus ciudadanos.

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Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.
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