De acuerdo al Plan Específico de Seguridad Pública y Ciudadana 2019-2030, la seguridad ciudadana es el conjunto de acciones que buscan garantizar la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la prevención de todo tipo de violencia. Esta seguridad se logra a través de la interacción de actores públicos —como el Estado—, privados —como servicios de seguridad— y con la participación activa de los ciudadanos.
Cada uno debe cumplir un rol en específico y entender cómo funciona la coordinación entre todos.
El ente rector es el Ministerio del Interior, encargado de elaborar las políticas gubernamentales para la seguridad ciudadana, la protección interna del país y el orden público.
Algo que se articuló en 2019, cuando en la etapa de María Paula Romo como Ministra del Interior, se lanzó el Plan Específico de Seguridad Pública y Ciudadana 2019-2030.
El objetivo de este plan fue “desarrollar las capacidades nacionales para enfrentar las amenazas a la seguridad pública y del Estado”. Para lograr ese objetivo, el plan se fundó sobre cuatro principios: inteligencia, prevención y anticipación, protección y sanción.
De acuerdo al principio de inteligencia, se deben elaborar escenarios actuales y prospectivos para valorar los riesgos y amenazas y poder asesorar a quienes toman las decisiones, en este caso al Estado y las entidades de seguridad. Desde la prevención y anticipación se generan estrategias y acciones para reducir las amenazas y saber proteger y responder oportunamente ante las situaciones de seguridad que se generen.
Mientras que según el principio de protección, se deben promover y establecer medidas que se puedan adaptar, dependiendo de la situación, “para reducir las vulnerabilidades”, sin llegar a restricciones “en la vida social y económica de la ciudadanía”.
Finalmente, el principio de sanción busca complementar las estrategias desde la parte judicial, para establecer “acciones pertinentes frente a las amenazas”.
Las amenazas son varias y en distintos ámbitos.
En el Plan del Ministerio del Interior están especificadas y dice que todas están “bajo la responsabilidad ministerial y policial”. Según el documento, hay seis tipos de amenazas:
- Vida, libertad e integridad: incluye homicidio, diferentes tipos de violencia —física, psicológica, sexual, entre otras—, secuestro y explotación
- Propiedad: incluye extorsión, estafa, robo y hurto
- Economía: incluye usura —cobro de dinero o de una ganancia interés excesivo sobre un préstamo, bien material, o servicio—, lavado de activos, captación ilegal, contrabando y defraudación
- Información: incluye interceptación ilegal, acceso no consentido y revelación ilegal
- Naturaleza: incluye contaminación, minería ilegal y tráfico de flora y fauna
- Estado: incluye terrorismo, delincuencia organizada, rebelión y tráfico de armas
Para poder hacer frente a todas las amenazas, el Ministerio trabaja en coordinación con la Policía Nacional que, según el artículo 163 de la Constitución del Ecuador, es la encargada de “atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”.
La Policía Nacional es una de las entidades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. Reciben capacitaciones en Derechos Humanos y género. Fotografía de la página oficial de la Policía Nacional.
Según el mismo artículo, la Policía hace esto en coordinación con los “con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados (Gads)”.
Es decir, desde la parte estatal hay varias entidades involucradas, a distintos niveles, en velar por la seguridad ciudadana y hacer frente a las amenazas que pueden aparecer. Cada entidad tiene su función y los lineamientos de cómo debe actuar en base a cada reglamento institucional.
Según la página Political Database of the Americas de la Georgetown University de Estados Unidos, las instituciones encargadas de y/o relacionadas con la seguridad ciudadana en Ecuador son dos: las nacionales y las fuerzas operativas de la seguridad ciudadana.
Entre las entidades nacionales están el Ministerio de Gobierno —ahora dividido en Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior—, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaria General del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) —ahora Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado—, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público de Ecuador —ahora Fiscalía General del Estado—, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA).
Mientras que las fuerzas operativas de la seguridad ciudadana son la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).
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Cada entidad tiene su función y objetivos, que coordinados tratan de garantizar la seguridad ciudadana.
El Ministerio de Gobierno, cuyo ministro actual es Henry Cucalón, se encarga de velar por la gobernabilidad de la nación, la coordinación inter e intrainstitucional dentro del Ejecutivo y los demás poderes del Estado y gobiernos seccionales. Además se responsabiliza por la planificación del cumplimiento del plan nacional de desarrollo, la paz y seguridad ciudadana, el mantenimiento de la democracia y el “irrestricto respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos”.
El Ministerio del Interior, cuyo ministro actual es Juan Zapata, es el encargado de hacer las políticas gubernamentales para la seguridad ciudadana, la protección interna del país y el orden público. La Policía Nacional, cuyo comandante actual es César Zapata, se encarga de atender la seguridad ciudadana y el orden público, y “proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”. Son los encargados de coordinar las acciones con los Gads y municipios para el cuidado de la ciudadanía.
El Ministerio de Defensa Nacional, cuyo ministro actual es Luis Lara, se encarga de dirigir la política estratégica de defensa y administrar las Fuerzas Armadas. Es decir, armonizan las acciones entre las funciones del Estado y los militares. La Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado —antes llamada Secretaria General del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)— está dirigida por el Secretario Wagner Bravo, la Secretaria se encarga de elaborar políticas, planificar y coordinar el Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
Por otro lado, la Procuraduría General del Estado, cuyo responsable actual es Juan Carlos Larrea se encarga de “ejercer la representación y defensa del interés público y patrimonio del Estado”. Esto lo hace mediante la “oportuna aplicación de la ley” con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica.
La Fiscalía General del Estado —antes llamada Ministerio Público de Ecuador— está encabezada por Diana Salazar y se encarga de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal. Esto lo hace buscando el acceso a la justicia “con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas”.
La Defensoría del Pueblo, con César Córdova como principal, es la institución nacional de derechos humanos del Ecuador. Se encarga de promover y proteger los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que viven en Ecuador, de las ecuatorianas y ecuatorianos que viven en el exterior y de los derechos de la naturaleza. Su objetivo es “propiciar la vida digna y el buen vivir”.
Por otro lado, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) se encarga de atender, proteger y defender los derechos de la adolescencia y la niñez. Finalmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se encarga de defender la soberanía y la integridad territorial, apoyar al desarrollo nacional, contribuir con la seguridad pública y del Estado y participar en operaciones de paz y ayuda humanitaria. Su máxima autoridad actual es el general Nelson Proaño.
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En 2023, Ecuador entró en el top 10 de los países con mayor índice de criminalidad. El índice evalúa a 193 países basado en tres temas: mercados criminales, actores criminales y resiliencia. El país pasó de 6,25 en el índice de criminalidad de 2021 a 7,07 en el índice de 2023.
Es por ello que la seguridad ciudadana no debe quedar en manos, únicamente, de las autoridades, fuerzas de seguridad y del Estado en general. Los ciudadanos y sociedad civil también pueden hacer pequeñas acciones para que la seguridad en su entorno sea mayor y puedan vivir en ambientes más seguros.
En el Valle de los Chillos, por ejemplo, a 30 minutos de Quito, un grupo de vecinos se organizó para combatir la inseguridad y otros temas que afectan a su sector, Mirasierra. Ahora son alrededor de 700 vecinos unidos que saben qué hacer frente a una amenaza.
En junio de 2022 los vecinos de Mirasierra organizaron una marcha blanca por el fin del paro nacional. Fotografía cortesía de Guadalupe Rojas.
Entre las acciones que tomaron fueron crear comisiones que se encarguen de seguridad ciudadana, vialidad y medioambiente, comunicarse todo el tiempo por chats de Whatsapp que integran entre 300 y 350 vecinos, dividirse por cuadrantes para sectorizar de mejor forma el lugar y estar alerta ante cualquier persona o acción sospechosa.
A Fanny García, dueña de una tienda de víveres en el barrio, la conocen como “el timbre”. Siempre está alerta de lo que pasa, conoce a todos los vecinos y sabe de quién es cada auto. Cuando ve algo o a alguien desconocido o que le parece raro manda un Whatsapp al chat de sus vecinos alertando lo que pasa.
En uno de los chats a los que GK tuvo acceso, se pueden leer mensajes como “Vecinos no tengo el botón de pánico, me podrán dar llamando a la policía, se intentaron meter a mi casa” o “Atentos vecinos, este vehículo está ahí, hace más de 15 minutos”.
Mensajes como estos hacen que los vecinos se sientan más seguros y con cierta confianza, dice Selene Torres, habitante del sector, cuya casa ha sido robada en tres ocasiones en los diez años que vive en el sector. Ella cuenta que, hace dos años, en la última vez que tuvo un intento de robo los vecinos encendieron las alarmas de los autos y de los conjuntos e hicieron que los ladrones salgan corriendo y no se roben nada más, ni les hagan daño.
Los vecinos también tienen botones de pánico que se activan por medio de sus celulares. Los botones están conectados a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector y una vez que los activan, la Policía llama a averiguar qué ocurre. La Comisión de Seguridad también da charlas y capacitaciones mensualmente, junto a la Policía Nacional, sobre las amenazas y riesgos que hay en el barrio para crear una cultura de seguridad ciudadana.
En las capacitaciones dan tips sobre cómo estar seguros al caminar por la calle, al estar estacionados, manejando, detenidos en un semáforo, en el cajero automático o mientras hacen compras. En estos espacios también dan recomendaciones sobre cómo actuar cuando una persona es asaltada, qué hacer ante un secuestro, y normas de autocuidado. Toda la información la comparten por los chats de Whatsapp para que todos estén informados.
Son acciones sencillas, que están a la mano de todos.
Coordinarse mediante chats del Whatsapp o de otra red social, prender las luces de los vehículos, las alarmas comunitarias, alarmas de las casas o los carros, pedir información sobre autocuidado, gestionar capacitaciones con personas expertas en seguridad y estar atento de los problemas que acogen al sector son pequeñas acciones que pueden hacer un poco más seguro el lugar y, sobre todo, dar cierta tranquilidad porque no se está solo. Ya que en la seguridad ciudadana participan todos.
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