Un nuevo episodio del vengativo sistema de justicia ecuatoriano

El país es testigo de la mayor crisis del sistema judicial. La desconfianza sobre sus actuaciones es generalizada. Por un lado están las decisiones judiciales controvertidas de los jueces, sobre todo en acciones constitucionales, resueltas en cualquier cantón recóndito del país. Los jueces dictan sentencias que ordenan: la libertad de líderes criminales, la suspensión de concursos públicos —como el de Contralor—, o la destitución o restitución de autoridades públicas.

Por otro lado está la disputa por el poder en la administración de justicia: la pelea por la presidencia del Consejo de la Judicatura, la destitución del Juez Macías, y la investigación penal de los vocales de la Judicatura. 

Parecería que todos quieren acaparar el poder judicial.  

En este caótico escenario se desarrolla un juicio penal en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura y un ex presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; se los acusa del delito de tráfico de influencias por interferir en decisiones judiciales. 

Este juicio refleja todo lo que está mal en el sistema de justicia ecuatoriano. 

Todo empezó en junio de 2022 cuando se filtró un audio en el que se escucha, presuntamente, a los entonces vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, intercediendo ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo. Le piden, supuestamente, que dicte una sentencia en favor de la ex presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, en una acción constitucional con la que Llori pretendía evitar su destitución en la Asamblea.

Ese audio refleja la podredumbre del sistema de justicia y la precariedad de nuestra democracia en general: los llamados a ser garantes de un servicio de justicia de calidad, como son los vocales del Consejo de la Judicatura, aparecen intercediendo ante un Juez. No sólo para obtener una sentencia favorable a sus intereses, sino interfiriendo en otro poder del Estado: la Asamblea Nacional. 

A eso se suma que el audio fue grabado clandestina y deslealmente por un juez que participó del hecho y que no se conoce públicamente quién es. Lo que sí se sabe, es que goza de impunidad.  

Por la filtración del audio se abrió una investigación en la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias. En abril de 2023, la Fiscalía comenzó un proceso penal. La causa fue sorteada y cayó en las manos de Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. 

En esta novela de horrores judiciales, paralelamente comenzó una disputa entre el juez Macías y los vocales de la Judicatura —más específicamente su presidente Wilman Terán y el vocal Xavier Muñoz. Macías fue suspendido de sus funciones por una queja presentada en su contra relacionada con otro proceso judicial. Y, finalmente, fue destituido de manera irregular: la decisión de Terán y Muñoz no tuvo el voto de la mayoría de los vocales del Consejo. 

Cuando lo destituyeron, Macías empezó una frenética gira en medios de comunicación, ganó visibilidad y, finalmente, con una acción constitucional logró retornar al cargo de juez, y a recuperar el caso de los vocales. 

Una parte del país celebraba el retorno de Macías y esperaba con ansias que resuelva el caso en contra de sus perseguidores. 

Pero en el mismo tablero había más piezas. 

Meses atrás, la vocal acusada, Maribel Barreno, había advertido que Macías era su enemigo manifiesto, y pidió, a través de un recurso procesal, que sea apartado del caso. Pero un juez resolvió que no había evidencia de que Macías estaba parcializado, y lo rechazó. Decidió que Macías continuaría con el caso.   

Cuando el juez Macías volvió a su cargo y convocó a la audiencia en la que Fiscalía presentaría su acusación contra los vocales y el juez, Barreno ya había intentado, de diferentes maneras, dilatar la audiencia. Entre las formas más absurdas, pidió medidas de protección contra la Fiscal General, Diana Salazar, alegando ser víctima de violencia de género. Un claro grito desesperado. 

A la par de sus medidas distractoras, Barreno seguía alegando que Macías no garantizaba imparcialidad para resolver su causa. En eso tenía razón. La imparcialidad del juez debería ser una garantía de las personas en cualquier estado de derecho. El sistema procesal penal vigente en el Ecuador —es decir, la forma cómo se juzgan los delitos— se conoce como “sistema acusatorio” y está diseñado para que haya dos adversarios que se enfrentan: la Fiscalía y Defensa. Ambos llevan sus tesis ante un tercero imparcial, que es el juez, quien debe resolver en función de lo que le llevan las partes. 

Este Juez también es garante de que la disputa se desarrolle en igualdad de condiciones. Es por eso que no puede tener ningún interés, favoritismo o enemistad con una de las partes porque se rompe el equilibrio del sistema. Y se deslegitima la decisión judicial.    

Cuando Macías fue destituido por el Consejo de la Judicatura emprendió una campaña mediática que ningún juez había hecho. Aunque fue inquietante es hasta entendible que lo haya hecho; defendía su estabilidad en la Corte. Pero lo que no podía hacer, de ninguna manera, era referirse en sus entrevistas a los casos que está llevando. Haberlo hecho —hablar del caso de los vocales de la Judicatura que iba a resolver— es una falta administrativa grave, de acuerdo a las normas que aplican las actuaciones judiciales. 

A pesar de sus intervenciones en medios que evidenciaron la enemistad entre Macías y Barreno, el juez decidió que Macías era lo suficientemente imparcial. 

Así, Macías logró tener en sus manos a sus perseguidores. En la siguiente audiencia no sólo tenía la atribución de aceptar la acusación de la Fiscalía y pasar a la siguiente etapa procesal (el juicio), sino que esto podía desencadenar en la destitución de los vocales. 

Al final, Macías no sólo llamó a juicio a los vocales y los destituyó de su cargo. También dictó una desproporcionada e injustificada orden de prisión preventiva en contra de la vocal Barreno. Lo hizo alegando que Barreno podría obstaculizar la justicia, cuando con su decisión ya la destituía del cargo. 

El juez cobró venganza. Las sospechas de líderes de opinión y sobre todo de abogados que estuvimos atentos al caso se disiparon: el juez estaba condicionado y prejuiciado. Faltó a uno de los deberes más importantes que debe caracterizar a la justicia: la imparcialidad. La perdió, y continuó conociendo el caso a pesar de las advertencias.  

Pero el abuso de Macías tuvo un pare, también desde el sistema de justicia. 

Pocos días después de que dictara la prisión preventiva, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó una acción de habeas corpus y declaró que la orden de Macías atenta a los derechos constitucionales de la ex vocal Barreno. El juez revocó la orden de prisión preventiva para que la exvocal se defienda en libertad en lo que resta del juicio. 

Aunque debería ser obvio, pedirles imparcialidad y prudencia a los jueces es lo mínimo. 

Ecuador es un país donde la política, las ambiciones y las rencillas personales se resuelven en la Corte Nacional de Justicia. Y al resto, no nos queda más que ser espectadores del desastre.