¿Qué dice el estado de excepción después del asesinato de Fernando Villavicencio?

Horas después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el presidente Guillermo Lasso dictó estado de excepción en todo el país por 60 días. Villavicencio fue víctima de sicariato el 9 de agosto de 2023 después de recibir varios tiros en la cabeza, al salir de un mitin político al norte de Quito. 

El estado de excepción es una medida que permite que se suspendan o se limiten ciertos derechos como la libertad de tránsito y de información.

Según el decreto, firmado la madrugada del 10 de agosto de 2023,  el estado de excepción se dicta “por grave conmoción interna, en todo el territorio nacional”. Entre los motivos para recurrir esta medida está el “incremento de la actividad criminal a nivel nacional”. El decreto busca “precautelar y garantizar la seguridad e integridad, así como demás derechos de los ciudadanos; el orden público, la paz social y el orden constituido”.

El estado de excepción de 10 de agosto se suma a otros que ya estaban vigentes. El 24 de julio de 2023 el presidente Lasso decretó estado de excepción en las cárceles, después de una masacre carcelaria que dejó 31 muertos. 

Además, ese día también decretó estado de excepción por grave conmoción interna en el cantón Durán, en Guayas, y en las provincias de Manabí y Los Ríos. 

Lasso también firmó un decreto que declara 3 días de duelo nacional por el asesinato de Fernando Villavicencio. 

¿Qué incluye este estado de excepción?

Entre las medidas decretadas en el estado de excepción del 10 de agosto están: 

Movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se movilizarán en todo el país. El presidente Lasso ordenó que “las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional” hasta que se haya restablecido el orden público y la seguridad ciudadana. 

Inviolabilidad de domicilio

Se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en todo el país. Durante el estado de excepción, la fuerza pública puede hacer inspecciones y requisas para “prevenir posibles atentados y actos violentos”.

Inviolabilidad de correspondencia

Se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida en todo el país. El estado de excepción dice que esto se hace para identificar identificar mensajes que “tengan por objeto el cometimiento u ocultamiento de algún ilícito” que esté relacionado con el asesinato a Villaviencio. 

El uso progresivo de la fuerza

El decreto firmado el 10 de agosto dice que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas “quedan autorizadas para hacer uso ilegítimo y excepcional de la fuerza”, según lo dispuesto en la Ley Orgánica que Regula el Uso legítimo de la Fuerza.

Según la ley, se puede hacer uso de la fuerza cuando: 

1. No sea posible proteger por otros medios los derechos, garantías constitucionales y bienes jurídicos protegidos por la legislación. 
2. Haya violencia contra las personas, los policías o los militares. O cuando haya amenazas por una persona armada y que ponga en riesgo la vida o la integridad física o sexual de terceras personas, los policías o de los militares. 
3. Una persona intervenida desobedezca una dispocisión o ponga resistencia a los policías o militares en caso de delitos flagrantes, registros, incautaciones, allanamientos y otros operativos. 
4. Cuando no pueda inmovilizarse o detenerse de otra forma los medios de transporte cuyos conductores no obedezcan la orden de detenerse dada por las fuerzas públicas. Pero no cabe usar armas para detener un vehículo en fuga si no representa una amenaza inminente para las personas. 
5. Cuando se hayan dado los avisos de advertencia previo a usar un arma de fuego, la persona no la acate y siga siendo una amenaza contra la vida de otras personas. 

Otras decisiones

Las requisas, según el decreto, estarán a cargo del Comandante de la Policía Nacional o, en caso de ser necesario, del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se harán “en casos de necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación”. 

Además, el decreto dice que estas se harán garantizando los derechos de las personas, el orden y la seguridad interna. El abogado Alarcón dice que un estado de excepción “la forma en la que las instituciones pueden actuar tiene que hacerse siempre en el marco y restricto de los derechos de libertades fundamentales que se mantengan vigentes”. Según él, es necesario que se garanticen y respeten los derechos que están en la Constitución. 

Cambios en el decreto

Originalmente el decreto decía que se limitaba el derecho a la libertad de reunión. Según el documento, esto se hacía para “impedir la propagación de acciones violentas”. Sin embargo, ese artículo fue eliminado la noche del 10 de agosto de 2023. 

El decreto original decía que mientras dure el estado de excepción, las fuerzas públicas tienen la facultad de impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen “posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana”.

Pero no estaba claro qué tipo de eventos serían cancelados o prohibidos. 

El abogado constitucionalista Mauricio Alarcón le dijo a GK la mañana del 10 de agosto que en varios de los estados de excepción que ha dictado Guillermo Lasso en sus dos años de gestión “no hay claridad y hay muchas dudas en lugar de existir certezas”. Según Alarcón, el estado de excepción después de la muerte de Fernando Villavicencio es uno de los que no están claros. 

“No se sabe las condiciones o qué queda efectivamente suspendido a propósito de la suspensión del derecho de reunión”, dice el abogado.