Wilson Torres: “Somos perseguidos en la Policía Nacional por pensar diferente”

“Los policías somos obedientes y no deliberantes, sí, pero obedientes a la ley, yo no voy a ser sumiso”, dice el coronel Wilson Torres, con la voz grave y firme. Sostiene en sus manos documentos de, al menos, cuatro investigaciones administrativas que se le han abierto en el Departamento de Asuntos Internos de la institución, en los últimos cinco  años. Todas se abrieron luego de que Torres—que lleva 29 años de servicio en la Policía— hiciera una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. Lo constaté revisando los documentos de cada proceso. 

En una pequeña sala —llena de libros e insignias policiales— de una casa en el norte de Quito, el coronel Torres, sin su uniforme y vestido con un pantalón color vino, una camisa blanca y un blazer caqui, asegura que intentan silenciarlo con sanciones y, sobre todo, con al menos cinco pases en un solo año. 

En 2022, Torres pasó por cinco dependencias policiales, incluyendo la Comandancia del Distrito Portete, uno de los más violentos de Guayaquil, donde fue noticia nacional la falta de mantenimiento y arreglo de los vehículos de patrullaje. Ahora, trabaja en la Dirección Nacional de Salud de la Policía. 

“Oiga, ¿usted quiere dañar la imagen de la institución”, le habría dicho el general Fausto Buenaño, entonces comandante de la Zona 8, en Guayas, durante el liderazgo de la ex comandante de la Policía, la general  Tannya Varela, cuando —después de la filtración de un informe— se conoció a escala nacional la falta de recursos y patrulleros en Portete en 2021, según el coronel Torres. 

El coronel cuestiona, además, las investigaciones que llegaron por sus publicaciones en Facebook y Twitter, donde ha cuestionado la falta de presupuesto para dependencias policiales, la falta de autonomía en la Policía y la securitización de la seguridad sin depuración. 

Aunque la mayoría de indagaciones se archivó por falta de argumento, el coronel Torres sí fue sancionado por una “falta leve”, de nuevo, por un tuit. Quien dispuso la sanción es el general Mauro Vargas, actual Inspector General de la Policía, cuestionado por su gestión cuando fungía como subdirector general de Inteligencia durante el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. 

En medio de la peor crisis de seguridad en la historia de Ecuador, con el crimen organizado permeado las calles y el poder formal, el coronel Torres —al contrario de la versión oficial— dice que los ecuatorianos “estamos perdidos” si pensamos que la inseguridad y las muertes causadas por la violencia impuesta por las redes de delincuencia organizadas se reduce con más policías y militares. Habla también de la importancia de la despolitización de la Policía, cuyos altos mandos, dice, han bailado según la agenda política de turno. 

El coronel Wilson Torres dice que las sanciones en su contra han sido intentos de callarlo por «denunciar» la falta de recursos en la Policía. Fotografía de Diego Lucero para GK.

No es el único que piensa eso, pero muchos policías prefieren no decirlo con su nombre y apellido por temor. En noviembre de 2022, entrevisté a Carla*, una joven mujer policía que dijo que los roles más bajos de la institución “pagan los platos rotos de los altos mandos corruptos”. Carla pidió que su identidad fuese protegida por temor a represalias. Un mes después, el departamento de Asuntos Internos de la institución solicitó a GK confirmar su identidad. No lo hicimos. 

Dice el coronel Wilson Torres —también abogado y candidato a doctor en Ciencias Sociales— que esta entrevista podría causarle una nueva sanción. Pero asegura que asumirá las consecuencias de este amplio testimonio sobre la situación policial y su propia experiencia “defendiendo la libertad de expresión” en la institución.

Lleva 29 años siendo policía, ¿por qué decidió ingresar a una institución que ha sido históricamente cuestionada? 

Tenía 18 años cuando entré a la institución. Soy el primer policía de mi familia. Yo vengo de una familia humilde del cantón Sucúa, en la provincia de Morona Santiago. 

Mire, sinceramente, mi papá quería que sea ingeniero civil. Ya me había matriculado en Cuenca, incluso, para que esa fuera mi carrera. Sin embargo, yo quería ser policía desde que ingresé al colegio. 

Mi familia fue víctima de varios delitos. Lo viví yo mismo luego de que mi padre falleciera en un accidente de tránsito que quedó impune. Y, de alguna forma, quería proteger a la gente. Servir, porque ser policía es servir.  

Para poder desarrollar mis estudios de niño y adolescente tuve que venirme a Quito. Estudié en el colegio fiscal Amazonas. Una tarde estaba hablando con mis compañeros sobre nuestras aspiraciones y ahí les conté que sería policía. 

Aunque debía ir a Cuenca, le pedí a mi papá que me diera una oportunidad. Y él me apoyó, aunque para la familia  significaba un gasto enorme. Yo tengo once hermanos y mis padres, que se dedicaban a la ganadería, tenían que ver de dónde sacaban para que nosotros pudiésemos estudiar y ser profesionales. 

Lo único que me dijo mi padre es: “si tú quieres ser policía o funcionario público no hace falta que llegues a la cima, sino que dejes una huella. Va a haber una resistencia porque eres del pueblo”. He intentado cumplirlo. Tengo la primera antigüedad de mi generación [Es decir, la nota más alta de mi promoción].

Y, bueno, con la aprobación de mi papá ingresé a la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo. Me formé como oficial y abogado. Tengo que decir que el Estado me permitió formarme, me becó y así pude viajar para prepararme en otros países en maestrías de seguridad pública. 

Desde que entré, creo que siempre ha sido necesaria una institución diferente, sobre todo, en temáticas de seguridad. Pero también pienso que una transformación es importante por la profunda crisis de liderazgo en la Policía. Se ha asumido que la institución es responsable de la seguridad. No se entiende que es, en realidad, multifactorial.  

Quizá digan después que tengo este discurso porque quiero ser político y no es así. Yo no busco eso, yo soy un oficial de la Policía. Respeto y quiero a la institución, pero no podemos quedarnos callados ante los errores. 

Los policías son obedientes y no deliberantes. Eso lo ha dicho hasta la propia institución. Pero, en el interior de la Policía, ¿qué implica serlo?

Creo que a veces es mal concebida aquella definición. Nosotros, como policías, debemos ser muy obedientes, pero a la ley, a la Constitución. No obedientes a disposiciones arbitrarias, o a disposiciones ilegales. 

El policía Wilson Torres lleva 29 años en la institución. Fotografía de Diego Lucero para GK.

¿A qué disposiciones arbitrarias se refiere? 

La Policía es una institución de protección de derechos y libertades. Por lo tanto, la libertad de expresión es uno de ellos. 

El permitirnos cuestionar y exigir los derechos laborales es uno de ellos. Si hay silenciamiento o situaciones directivas que vayan contra los derechos humanos, se convierten en disposiciones arbitrarias. 

Como comandante y oficial, he intentado defender esos derechos laborales. Mire, un policía trabaja más de 300 horas mensuales. No hay una política institucional sobre los traslados y pases. Un policía puede estar en Quito, pero mañana puede estar en Guayaquil, en Loja o en otra ciudad. Eso afecta directamente la situación de los policías en sus familias. 

También hay un tema sobre la especialidad dentro de la institución. No puede ser justo que una persona se capacite en Criminalística en otro país y cuando llega le den el pase a otra actividad. ¿Cuánto gasta el Estado en esa preparación? 

Tenemos que discutir la situación de los recursos logísticos, de la dotación a la Policía. Pero de eso no quieren hablar en la institución. Yo he sido crítico con eso. 

Se debe comprender que la Policía se debe al Estado y a la sociedad, no a un partido político o a un gobierno. Por eso mi cuestionamiento es también a la politización de la institución. 

Usted habla sobre los traslados y los pases, de una falta de política institucional en el interior de la Policía, ¿cómo se aplican actualmente, desde su propia experiencia? 

Los pases son también aplicados como un mecanismo sancionador. Sobre todo, para ciertos oficiales que son incómodos. Yo, por ejemplo, he sido objeto de cinco pases en menos de un año. 

Y lo que dice el mando policial es que es por “interés institucional”. Mire, yo creo que hice un buen trabajo en el distrito Portete, en el que estuve seis meses. 

Me gané la confianza de todo el conglomerado de policías y comenzamos a trabajar con la comunidad. Y de pronto, de la nada, me dan el pase a Pastaza. 

Ahí me fue bien, incluso hice contacto con las comunidades amazónicas para ejecutar proyectos interculturales y apenas dos meses después me dan el pase a Quevedo. 

En Quevedo seguí trabajando fuerte, después del escándalo de Don Naza. Acompañé a mis policías en las diferentes audiencias de los procedimientos para que se sintieran respaldados. 

Hice un acercamiento con las autoridades, con el alcalde, con la academia, con la universidad, incluso construimos un plan de seguridad en conjunto con la participación de los jóvenes. Pero luego me dieron el pase, de nuevo. 

Y con mucha frustración tuve que salir de mi cargo por orden del mando policial, porque además denuncié a un fiscal que aún sigue en funciones. 

¿Por qué lo denunció?

Porque decidió no acusar a una persona que fue detenida en un operativo que implicó dos meses de investigación. 

Llegaron incluso unidades especializadas de antinarcóticos que recabaron pruebas y evidencias. La fiscalía emitió un dictamen abstentivo. 

Mi rol como comandante era también asumir la responsabilidad de denunciar actos de corrupción. Quizá así la situación mejore, aunque hasta el día de hoy no me han notificado de lo que ha pasado con la denuncia que presenté ante el Consejo de la Judicatura. 

Por eso yo también he cuestionado hasta al propio gobierno. 

Hace unos meses, cuando comandaba el distrito Quevedo, fuimos a realizar un saludo protocolario, la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez, nos dijo: “yo quisiera que trabajen no solo el 100%, sino que trabajen más”. Bueno, yo le respondí que cómo más podemos trabajar si hay policías que están muriéndose. 

Ella, como representante del Ejecutivo, debía saber que nosotros no queremos discursos, queremos recursos. 

Pero las personas en las calles también exigen un trabajo efectivo de la Policía y se ha cuestionado la poca eficacia de unidades para asistir a emergencias. Usted habla de “no querer discursos, sino recursos”, ¿qué significa? 

Mire, en Quevedo tampoco había parque automotor, motocicletas, vivienda. Entonces, yo lo que cuestiono es que no me diga que quieren el 200% de trabajo, si ni siquiera tenemos herramientas. Lo que necesitamos es que se convierta en acciones para el fortalecimiento de la institución. 

Yo entiendo que soy un funcionario público y debo rendir cuentas a la sociedad, pero con la verdad pues. Los policías no teníamos protección, peor presupuesto para patrullaje. Y eso estábamos exigiendo. 

Y a eso se suma que hoy la responsabilidad de la seguridad es de la Policía, cuando no debería ser así. Nosotros, quienes hemos estado en las calles, hemos visto los niveles de empobrecimiento y desigualdad, incluso la desnutrición crónica infantil en el país, la falta de oportunidades de niños y adolescentes que no pueden ingresar ni al colegio, sino a la universidad. 

No es una cuestión de decir en el discurso: yo apoyo. Setenta policías murieron en 2022 y cada que pasaba, las autoridades decían: “no quedará en la impunidad”. Pero las investigaciones no avanzan. Detrás de un policía también hay niños y familias.

Me parece una insensibilidad del gobierno, porque la garantía de seguridad es su responsabilidad. No se necesitan leyes, se necesita voluntad política. 

El coronel Wilson Torres ha comandado zonas como Portete y Quevedo. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Claro. Pero el liderazgo en la propia Policía es importante y usted ha dicho que hay una profunda crisis de liderazgo, ¿cómo se ha hecho evidente? 

Sí. Lamentablemente hay una crisis de liderazgo porque tampoco hay planificación operativa con los propios policías. Ahí es cuando se califica la eficacia de un comandante. 

Lo que intento decir es que quien califica el liderazgo no son los oficiales de arriba o los altos mandos, sino la propia tropa porque son ellos quienes conocen a detalle la gestión de sus comandantes. 

Yo sí quisiera que se haga una medición desde los generales, los coroneles, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, entre otros, para conocer el nivel de aceptación. O que por lo menos hicieran una encuesta para conocer esa percepción. Yo me sometería y si es que en esa encuesta dicen que yo no he sido un buen comandante, pido la baja. 

Luego, por otro lado, creo que esa crisis de liderazgo se hace evidente en el abordaje de la seguridad, desde los conceptos y discursos que hay. 

Si yo asumo el discurso de que la seguridad es nuestra responsabilidad, asumo una estrategia errónea de no comprender el fondo. Es un debate más amplio sobre la contaminación de varias instituciones, incluida la Policía. 

El propio Presidente habló de narcogenerales o narcopolíticos. Pero usted ve que aquí se sigue pensando en la política estadounidense como combate a la inseguridad. En los cursos en los que he estado en Estados Unidos, he sido muy frontal en decirles que su política es un fracaso. 

Mire, cuando yo era comandante del distrito Portete, le dije a un funcionario de la embajada estadounidense que era necesario que entreguen los informes a la Fiscalía sobre los narcogenerales porque deben estar presos. El embajador Michael Fitzpatrick nos sigue debiendo esa información. 

Pero que existan narcogenerales es también una responsabilidad de la propia institución policial. Los casos de policías vinculados al crimen organizado en Ecuador se replican. Entonces, ¿en el interior de la Policía no se conoce de la existencia de ciertos mandos coludidos con estructuras criminales? 

El crimen organizado tiene dos instrumentos para desarrollarse: la corrupción y la violencia. 

Yo, como comandante, exijo que los procesos de depuración sean permanentes. 

Como usted decía, ha habido oficiales y policías metidos en bandas, agarrados con droga. Y lo que nosotros tenemos que hacer son estos procesos de autodepuración. 

Esa depuración ha sido ofrecida más de una vez. El ex ministro Patricio Carrillo dijo que “iba en camino”. Incluso habló de una reforma legal. El actual comandante de la Policía, Fausto Salinas, y el ministro del Interior, Juan Zapata, han repetido más de una vez que no hay tolerancia con el crimen. Pero, ¿hay o no depuración? 

No. 

La depuración no se está cumpliendo porque sus palabras son discursos, y los discursos deben venir con acciones fuertes. 

Yo fui parte del equipo creador del nuevo modelo de conducta policial en la Inspectoría General de la Policía, entre 2013 y 2014. Para ese entonces, el general Fabián Solano desvinculó a 900 policías corruptos. Eran policías corruptos, policías delincuentes. 

Los procesos de autodepuración son muy necesarios, pero deben venir desde arriba. En ese proceso de desvinculación que le comento no había leyes, aunque sí voluntad, firmeza. 

Para hablar de depuración es inevitable hablar del débil departamento de Asuntos Internos, que ha sido altamente cuestionado por su falta de eficacia, pero a usted le han abierto al menos cuatro procesos administrativos, ¿cómo se explica? 

No funciona bien. Y en mi caso, mucho peor, porque me han abierto expedientes solamente por cuestionar o denunciar la falta de garantías con las que trabajamos. 

Somos perseguidos en la Policía Nacional por pensar diferente. Yo he sido crítico no desde ahora, sino desde hace muchos años. Hay una política de silenciamiento —que no es actual— y puedo demostrarlo. 

En 2017 me abrieron la primera investigación porque puse un pequeño artículo en Facebook. Escribí que las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones que garantizan la voluntad del ciudadano soberano en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 

Dije, además, que nuestro servicio era al Estado y no con un partido político, sino asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión democrática de la ciudadanía. 

Añadí que los servidores públicos del Consejo Nacional Electoral están sujetos al control ciudadano y enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones. 

Me abrieron un expediente y quisieron sancionarme no por lo que inició, es decir, por ese comentario, sino porque tenía una fotografía en mi página con el uniforme policial. 

El inspector en ese año era el general Edmundo Moncayo, el ex director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, ¿no?, ¿cuál fue su respuesta? 

Sí. Hablé con él y le comenté que la imagen [la foto de perfil de Facebook] era de cuando ascendí a teniente coronel. Fui, incluso, la primera antigüedad. Es decir, la nota más alta de mi promoción. 

Bueno, lo insólito es que me quisieran sancionar por “menoscabar la imagen” de la Policía con esa fotografía, cuando otros generales tenían imágenes con sus uniformes en redes sociales. Hasta quien me sanciona tenía una fotografía en Facebook. 

¿Dónde está la coherencia? El general Moncayo me dijo, en ese tiempo, que las puertas de su oficina estaban abiertas. Llamó a un funcionario del departamento jurídico, que leyó el informe que recomendó el archivo. El General dijo que quería sancionarme de todas formas. 

El policía Wilson Torres narra los motivos por los que se iniciaron procesos administrativos en su contra. Fotografía de Diego Lucero para GK.

¿Qué pasó con la sanción, quedó en firme? 

No. Tiempo después, la sanción fue revocada. No tuvieron de dónde agarrar. 

Luego, en 2021, cuando yo comandaba el Distrito Portete, tuve que denunciar a un general por descalificaciones en mi contra. 

Ese mismo año, mientras la general Tannya Varela lideraba a la Policía, fue noticia nacional el estado deficiente de los vehículos de patrullaje del Distrito ¿Qué pasó? 

Sí, justamente la denuncia administrativa de la que le hablaba la presenté por un conflicto que comenzó a partir de lo ocurrido con el parque automotor. 

Mire, yo como comandante, pedí informes a todos los departamentos, incluido el logístico. En ese informe constaba que el 55% del parque automotor estaba dañado. Le alerté esto al general Fausto Buenaño, que era comandante de la Zona 8, para que se subsanara. 

Un día, estando de franco, recibo una llamada del general Buenaño diciendo que cómo se filtró el informe a los medios de comunicación. 

Me dijo que yo estaba en contra de la Policía y del gobierno. Yo le respondí que mi deber era notificarle a él sobre la problemática del parque automotor, pero que si se filtraba no era mi problema. 

Incluso dijo en un chat que yo era un oficial resentido. Yo decidí presentar una denuncia en su contra por la forma en la que intentó desprestigiarme. Pero ahí sí archivaron la denuncia. 

¿Lo responsabilizaron por la filtración del informe? 

Claro que quisieron. Días después, la comandante general Tannya Varela me llamó, justo cuando estaba en reunión con varios oficiales. Todos escucharon cuando me preguntó por qué se había filtrado el informe. 

Yo le dije que envíe a inteligencia para que el personal lo determine. Efectivamente, llegaron dos policías de inteligencia y les dije que hagan lo que tuvieran que hacer. 

Lo que más le interesó a la general Varela fue cómo se filtró la información antes de solucionar el tema, que yo ya lo había notificado antes de que se hiciera mediático. Incluso, hubo una orden de llamar a los periodistas que publicaron la noticia para que averigüen quién fue. 

Lo triste es que, después del escándalo, sí se tuvo el apoyo y se arreglaron los patrulleros. Pero es que no debería ser necesario llegar a eso. 

¿Cuánto tiempo estuvo en el distrito Portete? 

Cinco meses. Poco tiempo después de lo ocurrido con el parque automotor, me dieron el pase a Pastaza por “interés institucional”. Sinceramente, yo estaba bien en el distrito Portete. 

Había comenzado proyectos con líderes comunitarios, pero ya no pudieron prosperar. 

En Pastaza llegó otra investigación [en mi contra]. 

Y esta vez, ¿por qué fue? ¿otra publicación? 

Así es. Escribí en mi Twitter: “Uno de los ejes claves del fortalecimiento de una institución es el liderazgo. Necesitamos autoridades, generales, directores con valores éticos y morales vocación de servicio transparencia íntegro y con capacidades intelectuales”. 

Uno de los ejes claves del fortalecimiento de una institución es el LIDERAZGO, necesitamos autoridades, generales, directores con valores éticos y morales; vocación de servicio; transparencia; íntegros y con capacidades intelectuales.

— LIBERTYTEX (@LibertyteX) March 5, 2022

¿A quién ofendí con ese mensaje? Solo ejercí mi derecho a decir lo que pienso. Bueno, me dieron 48 horas para presentar pruebas de descargo. Evidentemente, no hubo argumento para sancionarme y volvieron a archivar ese proceso. 

Después de eso, ¿llegaron más investigaciones en su contra? ¿Todas fueron por tuits? 

¡Todas!

En el siguiente proceso —del 16 de septiembre de 2022— también me abren un expediente administrativo por una falta disciplinaria leve.  ¿Quién? El general inspector Mauro José Enrique Vargas Villacís por una publicación en Twitter. 

“Ahora la Policía no puede firmar convenio ni con el presidente del barrio, solo el Ministerio rector: así estamos. Ascensos y traslados en muchos casos por la política urge que se le devuelva la autonomía a la Policía”. Ese es el tuit. 

Ahora, la policía no puede firmar convenio ni con el presidente del barrio -solo el ministerio rector- así estamos; ascensos y traslados en muchos casos manipulados x la política. Urge q se le devuelva la autonomía a la Policía Nacional. https://t.co/AnXSgb76zK

— LIBERTYTEX (@LibertyteX) September 6, 2022

¿Hago alguna ofensa a la institución? Yo no creo. Imagínese, cuando yo estaba de comandante en el distrito Quevedo, el Municipio quería dar camionetas, pero no las entregaban por falta de un convenio entre el Ministerio del Interior con el alcalde. 

Lo mismo sucedió con la Prefectura. Había una posibilidad de colaboración. Incluso un mayor de la Policía de Quevedo aceptó que arreglen los patrulleros y casi lo sancionan.

Aquí está el derecho colectivo en juego: que la ciudadanía no tenga seguridad por estar esperando un convenio. Y no es que lo esté haciendo con una persona particular, sino con los municipios, las prefecturas. 

En ese entonces, el ex ministro Patricio Carrillo se paseaba por todo el país en diferentes reuniones con policías. Yo estuve en una y le repetí que necesitamos recursos y no discursos. 

En este proceso, el general Vargas me absolvió el 22 de septiembre de 2022, porque él mismo no vio ninguna falta. Pero no terminó ahí. 

¿La falta leve con qué se sanciona? 

Con amonestación verbal y la baja de puntos. Y eso influye directamente en mis méritos para poder ascender y ser general, porque me bajan el puntaje. 

¿Llegó otra investigación después de que fue absuelto? 

Sí. El mismo general Mauro Vargas me abre otro expediente el 17 de enero de 2023. 

¿Por qué? 

Por otro mensaje en Twitter: “Por un lado, la gerencia pregona en promover al operativo a directivo. Ellos postulan y unos son favorecidos al curso de directivos. Ahora les exigen el cese”. 

La mayoría de los procesos abiertos contra el coronel Wilson Torres se han abierto por tuits publicados en su cuenta. Torres muestra los documentos en los que constan cada uno de los procesos. Fotografía de Diego Lucero para GK.

¿En qué contexto lo dijo? 

Mire, lo que pasa es que los policías operativos, es decir, los técnicos, rindieron pruebas para hacer el curso para ser policías directivos. Es decir, para ser oficiales. Varios están haciendo actualmente el curso desde enero de este año [2023]. 

Uno de ellos, preocupado, me comentó que le estaban obligando a pedir la baja. Son personas que tienen desde 5 hasta 18 años de servicio. Es decir, les pidieron la baja para que dejaran de ser policías y volver a hacerlos policías. 

¡Insólito! Por un lado la gerencia pregona en promover al operativo a directivo. Ellos postulan, unos son favorecidos al curso de directivos. Ahora les exigen el cese. ¿Dónde queda los años de servicio? ¿Así se motiva? ¿Hay coherencia? El Art 93 de adorno. pic.twitter.com/0zisRaYfMq

— LIBERTYTEX (@LibertyteX) December 27, 2022

No tiene sentido. Son derechos adquiridos que podían perder, ¿dónde quedan sus 18 años de aportes al Isspol? Imagínense el problema que causan decisiones como esa. 

Y dicen que así es la ley, pero si quieren promocionar la labor de los policías, debe haber incentivos. Queremos oficiales buenos, pero necesitamos que la Policía también permita el desarrollo profesional. Sin embargo, en este caso, el señor no podía ni dormir. 

El general Vargas me sancionó sin esclarecer si la cuenta era mía y si es personal, es decir, sin materializar la evidencia y atentado a mi derecho a la libertad de expresión. Apelé a la Comandancia General, que me ratificó la sanción. 

Pero yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Presenté un recurso extraordinario de revisión, porque esta sanción no tiene sentido. El mismo general me absolvió de un proceso similar y ahora me sanciona. 

Si después del recurso de revisión le vuelven a ratificar la sanción, ¿qué hará?

Voy a la justicia ordinaria y presentaré una acción de protección. Pese a todo, aún creo en la justicia. Y espero que hagan valer mis derechos, porque yo no estoy peleando por una sanción en mi contra, sino que no se silencie al conglomerado de la Policía Nacional. 

Si sancionan a un coronel, si sancionan a un comandante, ¿qué pensará un cabo o un sargento? Ellos no hablan por miedo de que sean sancionados.

En el documento de la sanción pude ver que la Inspectoría decía usted había infringido el Código de Redes Sociales, ¿usted lo niega? 

Nunca una directiva puede estar en contra de un derecho fundamental. La columna vertebral de una democracia es la libertad de expresión. Y si ese derecho está en juego estamos viviendo una dictadura. Y más aún cuando se da en una institución de protección de derechos y libertades. 

Esta es una persecución en mi contra porque creo que soy incómodo. Lamentablemente, lo he demostrado. 

En menos de un año, cinco pases, imagínese: Portete, Pastaza, Quevedo, y luego me dieron el pase a la Dirección Nacional de Logística y ni me hicieron llegar. Ya en Quito, antes de ingresar, me llamaron para decirme que iba a la Dirección Nacional de Salud. 

Yo denuncié al general Mauro Vargas en la Dirección de Asuntos Internos porque él me ha sancionado con una falta administrativa sin motivación. No puede ser que intenten sancionar repetidamente a una persona por pensar diferente, por exigir logística para mis compañeros. Él tiene que responder sobre esto. Y que no haya el falso espíritu de cuerpo. 

Yo, incluso, le invitaría al general Vargas a un debate conjunto con los medios de comunicación para poner en discusión lo que estamos viviendo. 

No es tan común que un coronel admita estos problemas con nombre y apellido. Recuerdo al comandante William Calle, uno de los pocos oficiales que admitió el desborde de la violencia en Esmeraldas y que, luego, fue trasladado a otra unidad, ¿cuáles son los efectos?

Las sanciones, los pases por castigo o las persecuciones generan silenciamiento. Ese paradigma debe cambiarse. 

Los policías en Quevedo, por ejemplo, me comentaban que, cuando llegaba la entonces ministra Alexandra Vela, tenían prohibido decir algo sobre el parque automotor, por orden de la comandante Tannya Varela. 

Por eso hablo de lo necesario de un buen liderazgo, que no responda a intereses políticos. 

Es innegable que la Policía tiene un alto poder político: oficiales están en instituciones como el SNAI o el Ministerio del Interior. Pero después de que usted asegura que la Policía está politizada, hay silenciamiento y no depuración en plena escalada de violencia, ¿qué efectos tiene?, ¿civiles no deberían estar en estos cargos? 

Si es que nosotros vemos el abordaje de la inseguridad, la violencia carcelaria y el crimen organizado solamente desde una perspectiva policial, militar y securitizada, estamos perdidos. 

Peor si hablamos de cárceles. Yo, por ejemplo, estoy preparado para ser policía, no para dirigir un centro carcelario. El centro carcelario es otro modelo: rehabilitación. 

La seguridad no es un fin en sí mismo, es un medio. La seguridad se construye con la satisfacción de otros derechos: disminuyendo la pobreza, la igualdad de oportunidades. Y si es que nosotros vemos que la seguridad es un fin en sí mismo, estamos equivocados. 

La seguridad se construye con desarrollo productivo. Se construye cuando se disminuye la desnutrición crónica infantil, cuando hay una buena planificación territorial, siempre habrá problemas. 

Ese es un gran reto de los municipios locales: construir ciudades inteligentes, inclusivas y con derechos. Y el deber del gobierno es construir una política social para fortalecer el campo. 

Pero la tónica policial en el gobierno es la misma. El mismo día en el que se encontraron dos cuerpos colgados en un puente en el centro de Esmeraldas, más de 6 mil nuevos policías ingresaron a la institución en una ceremonia.

El ministro Juan Zapata dijo que la prensa era muy negativa por no visibilizar la buena noticia del día, ¿se necesitan más policías?

La seguridad no es solo un tema policial. No es que tienen que ingresar más policías a las calles porque, en realidad, lo que hacemos con eso es poner en peligro y en riesgo la vida de policías que a veces no tienen ni chalecos. 

El crimen organizado se asienta en democracias débiles, fronteras porosas, puertos débiles, en cárceles que no están funcionando bien. 

El coronel Wilson Torres dice que no cree en la estrategia policial y securitista actual como eje angular de combate a la violencia. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Y en complicidad del Estado. 

La corrupción de cualquier funcionario público, claro, sea de policías, militares, funcionarios judiciales o políticos, crece mucho más cuando hay impunidad.

De acuerdo a Transparencia Internacional, Ecuador está en el puesto 101 de 180 países en el índice de percepción de corrupción. Según un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla, de México, en el 2020, Ecuador estaba en el puesto 55 —de 69— en impunidad. Esos son indicadores que nos hacen ver que estamos mal. 

¿Quién controla los esteros? En Guayaquil, ¿dónde están asentadas la gran mayoría de muertes violentas? Todos los barrios que colindan alrededor de los esteros. Hay desigualdad, hay pobreza. No hay presencia efectiva del Estado.

¿Quién controla los puertos y los ríos? Nadie. 

Guayaquil, además, ha crecido sobre la base de barrios informales, de personas que han tenido que asentar su hogar ahí porque no tienen de otra. 

Mire la Nueva Prosperina, ahí está Monte Sinaí, todos los barrios informales. Entonces, la delincuencia es una construcción histórica, es una construcción de malos políticos y administradores que hacen que las ciudades crezcan de forma desorganizada. Ahí está el crimen organizado, incluso en la venta de tierras. 

¿Y ahí el crimen organizado puede reemplazar al propio Estado, en barrios como esos? Recuerdo que en Quevedo, que usted comandó, había fuerte apoyo a Don Naza, mentalizador de Big Money. 

Ahí uno tiene que reflexionar: cuando el poder formal no funciona, cuando no funciona el Estado, cuando no funciona la política, viene el poder informal: el crimen organizado y el narcotráfico. 

Alguna vez leí un tuit suyo sobre la base social que teje el crimen organizado. Ellos aprovechan los sectores donde está ausente el Estado. Por eso los niños son cooptados. 

Aunque yo llegué después, claro, el efecto post Don Naza era terrible. La gente respaldaba a Don Naza porque él ayudaba a los barrios con comida, limpiando las canchas deportivas. 

Piensa que puede haber un cambio en la Policía, ¿qué hace falta? 

Voluntad política. 

La solución no es policial de la inseguridad, es política. Lamentablemente estamos viviendo una crisis política, una falta de credibilidad de los políticos, una falta de confianza en todas las instituciones. Ustedes ven que la confianza del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, sistema de justicia, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Armadas, está quebrada. 

Yo estudio antropología. Hago etnografía: vivir, penetrar en la realidad de las personas, porque no es solamente ir a dar un discurso. 

Nuestro trabajo es estar con la gente y, muchas veces, con gente empobrecida. Conocemos las historias de las madres que mueren en los corredores de los hospitales, estamos cerca de la desigualdad. No podemos olvidarnos de eso. 

¿Cree que esta entrevista le pueda costar otra sanción?

Sería la sexta investigación administrativa. 

Pero, créame, lo hago porque quiero a mi institución, porque hay policías que intentan hacer su trabajo bien.

Si tengo que recibir otra sanción, lo asumo. Seguiré con la lucha porque creo que tengo los organismos de protección de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, que estoy seguro de que ellos estarán pendientes de este caso. 

Estos son los riesgos por cambiar y pensar diferente. Lo hago con respeto a la ley. 

Y, sabe, hay un fenómeno en la institución: decenas de policías están pidiendo la baja ¿Será porque la Policía está bien? Varios coroneles, tenientes coroneles y sargentos ya se han ido desde hace unos tres o cuatro meses. 

Yo quisiera que los generales se hagan una pregunta: ¿les gustaría que sus hijos se hagan policías? No creo, porque hay un problema interno que hay que solucionar: horas laborales, uniformes, vivienda fiscal. 

Esos nuevos policías que se van a graduar, ¿habrá dónde albergarles?, ¿habrá cuarteles o un sistema de salud fuerte para ellos?, ¿tendrán chalecos y armas de dotación?

¿Habrá depuración?, ¿nos miraremos al espejo? 

Que los altos mandos respondan.