Esmeraldas —la provincia con la tasa de homicidios más alta de Ecuador y una de las más altas de la región— despertó con una escena que evidencia el incremento de la violencia: dos cadáveres aparecieron colgados en el puente peatonal de Aire Libre, en el sur de la ciudad de Esmeraldas. A las dos de la mañana del 31 de octubre de 2022, varios vehículos que recorrían la zona, que es uno de los accesos a Esmeraldas, descubrieron los cadáveres. Primero pensaron que era una broma de Halloween, pero al acercarse se dieron cuenta de que eran cuerpos humanos sin vida. 

Última Actualización: 1 noviembre, 2022
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Hasta las nueve y media de la mañana del 31 de octubre, la Policía aún no había confirmado las identidades de las personas asesinadas. Una de ellas apareció en el barandal superior del puente, que está frente a la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada y que es el ingreso al barrio La Guacharaca, uno de los más pobres y violentos de la ciudad. Mientras que la otra, estaba en el centro del puente, a menos de un metro del asfalto. Una fuente policial —que prefirió no ser identificada— le dijo a GK que los cadáveres tenían signos de violencia y heridas de arma blanca. 

Mujeres como María*, una madre comerciante de la ciudad, extorsionada por una banda delictiva, enfrentan amenazas a diario. María vive con miedo pero se ha acostumbrado a las amenazas. Pero con el hallazgo de los cadáveres, dice, se siente sola. “Mire, nosotros hemos tratado de convivir con esto que vemos a diario. Todos los días matan. Pero esto [los cadáveres] es para hacernos ver que aquí no hay gobierno. Son ellos quienes mandan. Estamos solos. Porque quien habla aquí o se calla, o se va o se muere.  Yo ya no sé ni cómo voy a vender, cómo voy a mantener a mi niña”, lamenta María. 

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Es la primera vez que cadáveres aparecen colgados en un puente peatonal en Esmeraldas. Sin embargo, es la segunda ocasión en la que el país atestigua ese tipo de violencia: el 14 de febrero de 2022, los restos de Carlos Escobar y Wilmer Santana Parrales fueron colgados en el puente peatonal de ingreso al cantón Durán, en la provincia de Guayas. 

Una familiar de Escobar le dijo a GK que su cuerpo fue reconocido por el tatuaje de una virgen. “Era pobre, vendía comida. Desconocemos si él estaba metido en algo, pero nos ha dolido ver esas imágenes y que todos digan que eran malas personas”, dijo la mujer, ese mismo 14 de  febrero. 

Meses más tarde, el 28 de septiembre de 2022, la Policía detuvo a 18 miembros de la organización criminal Chone Killers y los culpabilizó de la muerte de Escobar y Santana Parrales. 

Esmeraldas reclama intervención 

Desde junio de 2022, a través de un decreto reservado, Esmeraldas es una Zona de Seguridad Especial. La resolución establecía que la Fuerza de Tarea Conjunta —un grupo conformado por personal del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía Nacional— se instalaría en la ciudad para “lograr la paz”. El ex ministro Patricio Carrillo aseguró que más de 1300 militares y 400 policías se quedarían para articular operativos en Esmeraldas. 

Pero la presencia de militares y policías no ha dado resultados, cuestiona Luis Córdova, docente universitario y coordinador del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia. Para él, uno de los mayores problemas para afrontar la escalada de violencia en Ecuador es, por un lado, “el enfoque securitista y militarista” del gobierno, pero también la falta de entendimiento de los antecedentes de la violencia en provincias como Esmeraldas. 

Los cuerpos encontrados hoy están en el ingreso a La Guarachaca, un barrio donde los niños han crecido en círculos de la violencia no desde hace dos años, sino durante décadas, cuestiona Córdova. La Policía ha dicho, más de una vez, que la banda Los Tiguerones está conformada por los niños que crecieron en la zona. Y a la violencia, dice Córdova, se suma “la falta de cobertura de necesidades básicas de la población, sobre todo, en las zonas que han sido marginadas”. Esmeraldas, continúa el académico, es ahora el reflejo de la “ausencia de políticas públicas sociales, pero también de seguridad que no logran ver el problema en su integralidad”. 

Cuando los episodios de violencia crecen y comienzan a radicalizarse, dice Córdova, las redes de delincuencia organizada evidencian que están fortaleciéndose frente a las deficiencias estatales. “No llegan a reemplazar al Estado sino que se aprovechan de que el Estado no tiene capacidades para enfrentarlos”. 

María*, madre de una niña que teme ir a la escuela por las balaceras, continúa pagando “vacunas” —los cobros extorsivos exigidos por bandas narcocriminales para permitirle trabajar, pero también para “seguir viviendo”. 

Hasta el 22 de octubre, Esmeraldas documentó 418 muertes —314 más que las registradas en 2021. Su tasa de homicidios actual es de 63,33 por cada 100 mil habitantes, la más alta del país y una de las más altas de América Latina. Esmeraldas tiene índices de violencia similares a ciudades mexicanas como Zacatecas. La revista especializada Proceso describe la realidad de esa ciudad como una zona abandonada a un control “político y criminal” de dos cárteles internacionales: el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, organizaciones que también están presentes en el país. 

Hasta ahora, no hay medida, ofrecimiento o plan —estatal, gubernamental y municipal— que haya logrado frenar la violencia en la provincia que, según testimonios de esmeraldeños, ha sido abandonada  a las redes de delincuencia organizada. El gobierno, para supuestamente contrarrestar la operatividad de las bandas, anunció que impulsará la “guerra contra las drogas” y “la lucha contra el narcotráfico” como el principal problema de la seguridad nacional. Y lo hará militarizando aún más el país y sumando más de 30 mil policías para “combatir” la delincuencia. 

El 2022 apunta a ser el año más violento en la historia de Ecuador: 3.548 muertes han sido documentadas de enero a la tercera semana de octubre, según los registros del Ministerio de Gobierno.  

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La cifra —que se traduce a vidas arrebatadas y familias rotas— significa que Ecuador ha llegado a un clímax histórico: la tasa de homicidios en el país es de 19,67 por cada 100 mil habitantes. Ha superado ya a períodos críticos de violencia de 2005 y 2007, en los que la tasa de homicidios en el país correspondía a 17,6 y 17,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. 

Hace cinco años, en 2017, la situación en el país era otra: la tasa de homicidios no pasaba de 5,7 por cada 100 mil. Ahora, en zonas como Esmeraldas donde el 53% de sus habitantes vive en la pobreza, y la violencia es parte de su cotidiano desde hace décadas, la situación empeora. 

Las cifras comenzaron a aumentar desde 2018, cuando se registraron los primeros atentados contra cuarteles policiales. Ese mismo año, el Frente Óliver Sinisterra, la narcodisidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderada en ese entonces por alias Guacho, secuestró y asesinó a al menos siete personas en Ecuador. Entre ellos, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, un equipo de Diario El Comercio. 

Ahora en 2022, funcionarios judiciales son asesinados y atentados contra políticos van en aumento. 

El gobierno ha categorizado a la violencia como una “guerra contra el Estado”, declarando al crimen organizado como el principal “enemigo”. Sin embargo, para investigadores como Luis Córdova, docente universitario y coordinador del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, ese discurso solo “intenta fortalecer y legitimar aún más la militarización y el control político de la Policía”, en el país. 

Además, dice que ese discurso desconoce otro tipos de redes de delincuencia que generan violencia como el tráfico de armas, el contrabando de tabaco o de gas. Critica, además, que el Estado y el gobierno tampoco reconocen su falta de cobertura de las principales necesidades de la ciudadanía: acceso a la salud, a la alimentación,  a la educación, a oportunidades laborales en barrios donde familias han visto en economías ilícitas, como el microtráfico, una opción de sobrevivencia.

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.
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