¿Ha habido juicio político a un presidente ecuatoriano?

En ningún momento de la historia política reciente de Ecuador —desde el retorno a la democracia, en 1979—, ha habido un juicio político a un presidente. 

Por eso, lo que pasa en la Asamblea Nacional podría ser importante e histórico. La Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, creada en enero de 2023 para investigar los supuestos vínculos entre el gobierno de Guillermo Lasso y la mafia albanesa, aprobó su informe el 1 de marzo de 2023. 

Este informe deberá ser debatido en el pleno. Ahí, los asambleístas votarán. Si se lo aprueba, un asambleísta deberá proponer el juicio político. 

Si lo aprueban, para comenzar un juicio político contra el Presidente o el Vicepresidente es necesario un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Sin ese fallo, el juicio político no puede avanzar. 

Si Lasso va a juicio político, sería la primera vez que esto suceda.

Aunque ningún presidente ha sido enjuiciado políticamente en el país, el Congreso sí destituyó a uno: Abdalá Bucaram. Y un vicepresidente tuvo juicio político en los años 90: Alberto Dahik.

Durante el mandato de Lenín Moreno, debido a las denuncias de sobornos pagados por Odebrecht, se empezó a armar el proceso de juicio político para el entonces vicepresidente Jorge Glas. Sin embargo, el proceso no prosperó porque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en enero de 2018, decidió no continuar con él ya que Glas fue removido de su cargo.

Te contamos sobre la destitución de Bucaram a cargo del Congreso, y el juicio político —también llevado por el congreso— en contra de Dahik.

La destitución de Abdalá Bucaram

Entre el 10 de agosto de 1996 y el 6 de febrero de 1997, Abdalá Bucaram fue presidente de Ecuador. A punto de cumplir 6 meses en el poder, Bucaram fue destituido por el Congreso de entonces, el 6 de febrero. 

¿La razón? 

El Congreso Nacional utilizó la figura de incapacidad mental, contemplada como una de las causales para cesar al Presidente, lo que estaba en el artículo 100 de la Constitución, vigente en ese momento —la de 1978. 

De los 80 diputados presentes en la sesión —en esa época el Legislativo estaba compuesto por 82 miembros—, 44 votaron a favor de la destitución de Bucaram por incapacidad mental. Hubo 34 votos en contra y dos abstenciones. 

La propuesta de destitución salió del diputado Franklin Verduga, del Partido Social Cristiano (PSC).

Los meses de Bucaram resultaron turbulentos, tanto por acusaciones de corrupción —en casos como los de la leche Abdalact, criticada por su baja calidad; o por el proyecto de la Mochila escolar, para darle una mochila con útiles escolares a niños de bajos recursos, donde se descubrió un desvío de fondos— y hasta de nepotismo. Bucaram puso en puestos estratégicos a familiares y amigos.

Un hecho constantemente recordado en la política ecuatoriana es cuando Bucaram, de acuerdo a notas de prensa de la época, puso a su hijo Jacobo Bucaram Pulley a la cabeza de las aduanas de Guayaquil.

Incluso el entonces embajador de Estados Unidos en Ecuador, Leslie M. Alexander, hizo pública las denuncias de ciudadanos estadounidenses, a quienes se les cobraba una cuota especial para ingresar su cargamento al país. La leyenda nacional habla de que “Jacobito” —como Abdalá Bucaram se ha referido a él públicamente— realizó un festejo a lo grande cuando consiguió su primer millón de dólares, producto de estar en ese cargo.

La misma Corte Suprema de Justicia presentó dos juicios en contra de Abdalá Bucaram, por mal manejo del gasto público y sobreprecio por el caso de las mochilas escolares.

Para fines de 1996 e inicios del año siguiente, la política económica de Bucaram —que tuvo en el economista argentino Domingo Cavalho a su ideólogo— significó la elevación del precio de los servicios básicos. En enero de 1997, el tanque de gas pasó de costar 7.200 sucres a 10 mil sucres, por ejemplo. Las protestas y el descontento generalizado era mayúsculo.

Grupos sociales y partidos políticos estaban hartos y muchos salieron a las calles para dejar en claro que no querían a Bucaram.

Tampoco le ayudó al “Loco” —como en ese tiempo se autodenominaba Bucaram desde el marketing político— la imagen chabacana que proyectaba desde la Presidencia. Sí, Ecuador siempre ha sido ese tipo de país que no perdona esas actitudes de sus mandatarios. Ya sea reunido en enero de 1997 con el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, en la famosa foto vestido con un traje típico de la sierra, chupándose los dedos, luego de probar un poco de hornado.

O cantando y bailando con Los Iracundos, el 9 de octubre de 1996, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil, para presentar el disco que había grabado con el grupo uruguayo, titulado, Un loco que ama. 

Lo cierto es que para febrero de 1997, su suerte estaba echada. El 5 de febrero hubo manifestaciones concertadas en varios puntos del país, en rechazo a su administración; lo que permitió que las fuerzas políticas tuvieran la sesión en el Congreso Nacional al día siguiente, donde se llegó a argumentar que como él mismo se hacía llamar “Loco”, pues era evidente que no estaba capacitado metalmente para ser presidente.

Abdalá Bucaram en 2021. Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Abdalá Bucaram.

Alex Rodríguez tenía 11 años cuando esto pasó. Es un ciudadano quiteño y hoy recuerda los días previos y haber estado viendo con su padre la transmisión televisiva. Porque sí, se estaba viendo en vivo por televisión ese momento importante de la política ecuatoriana. 

“Sentía un clima de guerra, así se sentía”, dice Rodríguez. “Todo cerrado, la gente llegando a su casa a pie. Solo los medios informaban y era todo el día. Sentías que en verdad el país se fue al carajo. Vivíamos en el norte de Quito y era un silencio total”. 

Con el tiempo, él es una de esas personas que ha llegado a una conclusión que es enarbolada por quienes simpatizaban y quienes no simpatizaban con Bucaram: “Ahora, luego de leer sobre eso, sin duda, siento que se debía hacer, aunque no como lo hicieron. A Bucaram lo sacaron por  «loco», pero no existió ningún informe de algún psicólogo diciendo eso o verificándolo”, dice. 

Con la destitución de Bucaram, el Congreso decidió que su presidente, Fabián Alarcón, sea el nuevo presidente interino del Ecuador, por encima de la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Esto dio paso a una crisis de al menos cuatro días, en los que Arteaga rechazó la designación de Alarcón ya que la figura del interinazgo no estaba contemplada en la Constitución. 

Pero al poco tiempo, el Congreso Nacional consiguió el apoyo de otros poderes y Rosalía Arteaga se vio obligada a renunciar, con lo que Fabián Alarcón se convirtió en presidente interino. 

Abdalá Bucaram salió de Ecuador, con destino a Panamá, el 8 de febrero de 1997.

El juicio político a Alberto Dahik

Un par de años antes de lo que sucedió con Abdalá Bucaram, el vicepresidente Alberto Dahik —cuando Sixto Durán Ballén era presidente del país— fue llamado a juicio político por el Congreso Nacional.

¿El motivo? Acusaciones de malversación de fondos por el uso de los llamados gastos reservados.

¿Qué eran los gastos reservados? 

Eran gastos a los que recurrían la Presidencia, Vicepresidencia y el Ministerio de Gobierno para asegurar la estabilidad del Estado o gobierno. Durante la administración de Durán Ballén hubo un cambio legal, ya que el ministro de Finanzas, Mario Ribadeneira, emitió el “clasificador por objetos de gasto” como parte de la Ley de Presupuestos. Ahí se definió que los gastos reservados no podían ser previsibiles durante la formulación del presupuesto. 

Alberto Dahik en un evento en la UEES. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la UEES.

Es decir, era dinero que estaba por fuera de la regulación. 

El 5 de junio de 1995, según los relatos periodísticos, el vicepresidente Dahik, en una reunión con periodistas, dijo que diputados habían pedido dinero al gobierno para aprobar leyes y que lo mismo habían hecho jueces de la Corte Suprema, pero para dar fallos favorables para el Ejecutivo. 

Diputados —entre ellos Santiago Bucaram y Óscar Célleri, del PRE, y Juan José Castelló, del MPD— presentaron un pedido de juicio político en contra de Dahik. Un par de meses después, los diputados Xavier Neira y Rafael Cuesta, del PSC, denunciaron ante la Corte Suprema que la vicepresidencia había depositado en cuentas privadas aproximadamente 1.100 millones de sucres —400 mil dólares, al cambio de la época—, dinero proveniente de los gastos reservados.

Entre denuncias, pedidos de renuncia a Dahik —incluso por parte de Durán Ballén, en una cadena nacional en octubre de 1995—, el vicepresidente se presentó ante el Congreso Nacional para enfrentar el juicio político el 2 de octubre de 1995. Y se defendió durante 6 horas, en transmisión televisada.

Con intervención de los diputados acusadores y con una nueva participación de Dahik como derecho a réplica, el 6 de octubre de 1995 los diputados votaron. El vicepresidente Alberto Dahik no fue censurado: la moción de destitución solo tuvo 39 votos cuando necesitaba 52.  Hubo 20 votos en contra y 14 abstenciones.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia siguió con el proceso penal que había levantado contra Dahik y el 11 de octubre de 1995, el presidente de la Corte, Carlos Solórzano, dictó orden de prisión en contra de Dahik. Para ese momento, el vicepresidente ya había montado un plan para salir del país.

Un día antes, Dahik se habría enterado de la orden de prisión. Salió por vía aérea hacia Costa Rica, país que le otorgó asilo político. El 12 de octubre, Sixto Durán Ballén anunció que había aceptado la renuncia de Dahik como vicepresidente.

Alberto Dahik regresó al país en 2005, cuando la Corte Suprema de entonces, liderada por Guillermo Castro Dáger, un abogado cercano a Abdalá Bucaram, declaró la nulidad del juicio en su contra. Sin embargo, Castro y los otros integrantes de la conocida como “Pichicorte” (en alusión al sobrenombre de Guillermo Castro que era Pichi) fueron destituidos y todas sus decisiones reversadas. 

En ese tiempo, Dahik estuvo unos días en Ecuador, para pasar con sus familiares en el país; pero volvió a Costa Rica.

Finalmente en 2011, 16 años después de pedir asilo político, Dahik volvió definitivamente al Ecuador, después de que se le sustituyera la medida de prisión preventiva. Meses después, en diciembre de 2012, el juez Hernán Ulloa anuló todas las acciones penales en su contra. En 2013, el juicio fue archivado definitivamente.

Seis presidentes destituidos en Latinoamérica

Con la destitución de Abdalá Bucaram, Ecuador es uno de los seis países en los que los presidentes han sido destituidos o cesados de sus funciones por decisión del congreso. 

Entre ellos, Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, en 1993, destituido por malversación de fondos y peculado. Manuel Zelaya, de Honduras, destituido en 2009, por una orden de la Corte Suprema de Justicia, acusado de traición a la patria; Zelaya fue detenido por fuerzas militares y luego el Congreso lo destituyó —técnicamente sería un golpe de Estado, pero hay intervención legislativa.

En junio de 2012, el Congreso paraguayo destituyó al presidente Fernando Lugo por mal desempeño en sus funciones. 

Dilma Rousseff, durante su segundo mandato consecutivo como presidenta de Brasil, debió enfrentar un proceso ocho meses de juicio político por maquillar el déficit en su gobierno. En agosto de 2016 fue destituida por el Congreso brasileño.

El último de los mandatarios latinoamericanos destituidos fue Pedro Castillo, en Perú. En los primeros días de diciembre de 2022, Castillo dio un mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Congreso. Pero nadie le hizo caso. 

El Congreso peruano tenía agendado tratar una moción de vacancia en contra Castillo —acusado de corrupción por sus opositores— para el 7 de diciembre de 2022, cuando el mandatario dio su discurso. El Congreso se reunió y lo destituyó y horas más tarde, la justicia detuvo a Castillo.