Entre ofertas e incumplimientos, la falta de transparencia en los contratos de Ecuador con China continúa

“Hoy ya podemos hablar de estos contratos [de deuda con China]. ¿Qué razón había de que sean confidenciales, de que sean secretos, si hablamos del interés de los ecuatorianos?”, dijo el presidente Guillermo Lasso en febrero de 2022, al regresar de su viaje al país asiático. En esa entrevista, Lasso criticó a sus antecesores por no haber transparentado la información sobre la deuda y los contratos entre los dos países. El Presidente dijo que “llegó un gobierno que no quiere mantener la reserva sobre información pública de interés para todos los ecuatorianos”. Sin embargo, poco más de un año después, la puerta de hierro que protege la información sobre los contratos con el país asiático se mantiene firme, y la falta de transparencia en los contratos de Ecuador con China perdura. 

Es cierto que con este gobierno sabemos más cosas que hace algunos años. Hace un año, Lasso también dio algunas cifras que antes no habían sido confirmadas públicamente. El Presidente dijo que hasta ese momento, la deuda con China era de 4.600 millones de dólares. De esos, 2.100, dijo Lasso, son para el Banco de Desarrollo Chino (CDB, por sus siglas en inglés) y están ligados a la entrega de barriles de petróleo. Hasta febrero de 2022, dijo Lasso, Ecuador debía 120 millones de barriles de crudo para saldar esa deuda. 

Las obligaciones financieras con China comenzaron a acumularse desde 2010, aunque ya había inversión del país asiático en Ecuador desde el 2000. En 2010 se firmaron varias líneas de crédito con bancos chinos con formas de pago que incluían el envío de petróleo y otros con condiciones como la contratación de empresas chinas para los proyectos que se financiaban con ese dinero. “Ecuador ha sido un destino importante para las inversiones chinas en América Latina”, dice Carolina Viola, docente de la Universidad Católica del Ecuador y coordinadora del Observatorio Socioambiental de la Inversión China en Ecuador. Viola dice que hay rankings que ubican a Ecuador como el tercer país en el mundo que más dinero ha recibido de China desde 2005. 

Desde un principio, estos contratos y esta deuda estuvieron marcados por el hermetismo. Los contratos con los bancos y las empresas fueron clasificados como “confidenciales” por los gobiernos de los dos países. Por más de 10 años los pedidos de información hechos a Ministerios y otras entidades públicas por parte de los medios, académicos y las organizaciones de la sociedad civil fueron ignorados.

Además de la falta de transparencia en las condiciones en las que se negociaron los préstamos, los contratos con empresas chinas han estado rodeados por múltiples acusaciones de vulneraciones a los derechos humanos y los de la naturaleza; casos de corrupción e investigaciones por otros presuntos delitos. 

Guillermo Lasso ofreció que todo eso iba a cambiar. Quería renegociar la deuda, deslindarla de la entrega de petróleo, transparentar la información de los contratos e investigar casos de corrupción. 

Un año después de esos ofrecimientos, todavía quedan varios pendientes. 

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En febrero de 2022, el presidente Lasso dijo que le pidió a Xi Jinping, presidente de China, que “de manera personal y en nombre de todos los ecuatorianos” necesitaba desvincular los contratos de comercialización de petróleo. Es decir, dejar de enviar barriles de crudo como parte del pago de la deuda. Aunque ese pedido no fue concedido, en septiembre de 2022 Ecuador logró una renegociación con su acreedor más importante en deuda bilateral. 

El presidente Guillermo Lasso en un evento en Nueva York, en Estados Unidos, antes de hacer el anuncio de que Ecuador logró renegociar la deuda con China. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del presidente Guillermo Lasso.

La información oficial en ese momento decía que se reestructuraron 1.395 millones con el Banco de Desarrollo Chino y otros 1.832 millones de dólares con el Banco de Exportación e Importación de China (Exim Bank). Es decir, se mejoraron las condiciones con las que se pagaría ese dinero. Con esos acuerdos, se extendió la fecha de vencimiento de los pagos que estaban pendientes por 3 años, se redujeron los intereses de los préstamos, y se suspendieron las amortizaciones de las líneas comerciales con el Exim Bank por un periodo de gracia de 6 meses. Es decir, esto nos daba más tiempo para pagar, en mejores condiciones, y garantizaba la liquidez del país en los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023.  

Además, ese mismo mes de la renegociación —septiembre de 2022—, Petroecuador, la empresa petrolera estatal ecuatoriana, llegó a un acuerdo con China para extender hasta 2027 el plazo de las entregas de los barriles que están pendientes y que debían hacerse hasta 2024. Petroecuador dijo que postergar esas entregas permitiría que obtenga 709 millones de dólares como ingresos entre 2022 y 2023, según las condiciones del mercado petrolero de ese momento. Los barriles se enviaban a China con un precio preferencial, y postergar las entregas le permitió al país vender más barriles a precio de mercado —que en ese momento superaba los 70 dólares— y tener mayores ganancias. 

En un comunicado del 19 de septiembre de 2022, el Ministerio de Economía dijo que todos los acuerdos logrados entre Ecuador y China para el reperfilamiento de la deuda —incluyendo los relacionados al petróleo— le ahorraría al país 1.400 millones de dólares hasta 2025. 

Después de esos anuncios, que fueron muy aclamados por expertos económicos en su momento, poco o nada se ha hablado de la deuda entre Ecuador con China, y la información se ha mantenido como privada. Andrés Lozano y Leonardo Gómez, investigadores de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo —enfocada en el fomento de la participación ciudadana, el control social, entre otros temas relacionados—, dicen que desde finales de 2022 hicieron una solicitud de información al Ministerio de Economía y Finanzas para que les expliquen las condiciones de la renegociación. 

Pese a que por ley una solicitud de este tipo debe ser respondida en 15 días laborables, hasta el momento —más de 10 semanas después— no les han entregado la información que, según el Presidente, no debía ser confidencial porque era “del interés de los ecuatorianos”. En febrero de 2022, Lozano y Gómez revisaron el quipux del Ministerio —el sistema de gestión de documentos públicos— y se dieron cuenta de que su solicitud había sido archivada. “Tocará seguir la pelea e ir a Presidencia porque esa es una estrategia para no entregarnos los documentos”, dice Leonardo Gómez. “Es un serio problema de transparencia”. 

El 13 de febrero GK pidió una entrevista al Ministerio de Economía y Finanzas para preguntarle sobre las condiciones de la renegociación y la próxima firma de un tratado de libre comercio entre Ecuador y China. Después de un breve correo en el que consultaban sobre cómo sería la entrevista, no hubo más respuesta hasta el cierre de edición de este reportaje. En febrero de 2022, cuando se anunció la renegociación de la deuda, GK también hizo un pedido de información sobre la situación actual de la deuda, las condiciones de las líneas de crédito y en qué se ha utilizado el dinero. Esa solicitud tampoco fue contestada. 

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La falta de respuestas no es nueva y no ha cambiado con los gobiernos: empezó con Rafael Correa, continuó con Lenín Moreno, y ahora sigue con Guillermo Lasso. 

La poca información que sí está disponible sobre la deuda y los contratos está incompleta y no permite conocer los detalles de los acuerdos entre los dos países. Carolina Viola dice que lleva años rastreando el proceso de contratación de Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país que desde hace ocho años tiene miles de fisuras en sus distribuidores de agua que todavía no han sido reparadas y que continúan aumentando. El daño es tan grande, que el gobierno ecuatoriano se ha rehusado a recibir oficialmente el proyecto y está considerando concesionarlo a Sinohydro —la empresa que lo construyó— para que ellos paguen el arreglo. 

En su investigación, Viola ha identificado que hay “al menos una treintena de documentos que deberían estar disponibles y que no aparecen” por ejemplo anexos o informes que incluyen detalles sobre los proyectos. 

Se sabe que esos anexos o informes existen porque son nombrados en otros documentos (como contratos), pero Viola y su equipo no han podido encontrar esos archivos. La falta de esos documentos impide que se pueda rastrear el problema de contratación e identificar posibles irregularidades. “Los gobiernos ecuatorianos, todos, no han manejado políticas para combatir la falta de transparencia. Entonces si ellos no exigen transparencia, el gobierno chino no va a dar más de lo que le exigen”, opina Viola. 

La investigadora dice que así como en el caso de Coca Codo Sinclair en el que no se encuentran al menos 30 documentos, en todos los otros proyectos sucede algo similar, y por eso hay huecos en la información disponible.

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ha sido señalada como la causa de la erosión del río Coca y la desaparición de la cascada San Rafael en Ecuador. Fotografía de Cecilia Borja para GK.

Esas barreras al acceso a la información han durado tres gobiernos. “Incluso creo que es peor ahora porque cada vez las instituciones tienen menos información y su capacidad de respuesta es muy baja”, dice Viola. Ahora, a las excusas que daban en otros gobiernos —que incluían que los contratos eran confidenciales o ignorar por completo el pedido de información— , Viola dice que se suman otras como “eso se hizo en el anterior gobierno” y por eso nadie tiene información. “Es todavía más difícil acceder a la información porque yo creo que en muchos casos ni siquiera los funcionarios que están ahí saben dónde están”.

Otra explicación para no entregar la información es, supuestamente, por la complejidad. Carolina Viola dice que en el rastreo de Coca Codo Sinclair preguntó por un archivo específico y le respondieron que al ser “un tema muy complejo y técnico, es difícil de comprender”. Y que “como no se entiende, [la prensa y los investigadores] sacan pedazos de cosas y se tergiversa”. Por eso los funcionarios de las empresas consultadas decían que no tenían la información disponible. Lo mismo, dice ella, parece suceder con documentos sobre otros proyectos en los que está involucrada China. 

Los impedimentos para acceder a la información no están solo en los organismos estatales, también están en las empresas e instituciones chinas. Diana Castro, investigadora de Latinoamérica Sustentable (LAS) —organización no gubernamental que trabaja por la protección del medioambiente y de las comunidades locales en el contexto de las inversiones chinas en América Latina y el Caribe—, dice que es muy difícil contactarse con las empresas chinas que operan en Ecuador. Al punto en que en sus sitios web —si es que los tienen— no consta su número, dirección, correo electrónico ni ninguna otra forma de comunicación. Además, dice que no hay canales de diálogo entre las empresas y las comunidades donde están los proyectos. 

El gobierno chino tampoco da esas respuestas con facilidad. GK se contactó con la Embajada de China en Ecuador para pedirle una entrevista sobre la falta de transparencia en los contratos entre los dos países. Por correo electrónico confirmaron que Chen Feng, consejero Económico y Comercial de la Embajada China, respondería las preguntas si se las enviábamos por escrito. 

Después, por teléfono, nos indicaron que respondería solo dos de las siete preguntas porque el resto “debían ser contestadas por las autoridades competentes”. Sin embargo, hasta el cierre de edición de este artículo las respuestas todavía no habían sido enviadas. Una funcionaria de la Embajada China en Ecuador dijo que el atraso en el envío de las respuestas se debía a que estaban “muy ocupados en estos días”. 

En todos estos niveles, “la transparencia trasciende a esta idea de publicar documentos”, dice Diana Castro. Para ella, también es necesario que las empresas y el gobierno tengan canales de diálogo para la solicitud de información y que puedan responder de manera oportuna a esos pedidos. “En el gobierno no hay un espacio actualmente en el que uno pueda recibir esas respuestas”, dice. 

Los pedidos de información ignorados continúan en esta administración.

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Otro de los ofrecimientos de Guillermo Lasso en la entrevista de febrero de 2022 fue entregar a la Procuraduría General del Estado y a la Fiscalía “la información llamada confidencial” de los contratos de la deuda para que se abran investigaciones contra intermediarios ecuatorianos y extranjeros que podrían haberse beneficiado de los contratos con el país asiático. El presidente Lasso no dio más detalles sobre cuándo entregaría esa información o quiénes serían los presuntos involucrados que se aprovecharon de las negociaciones de Ecuador con China. 

Hasta el momento no se ha hecho pública ninguna investigación relacionada directamente a esta información, tampoco se sabe si es que ya fue enviada por el Presidente. En el portal de consultas de la Procuraduría General del Estado no hay ningún proceso relacionado a la deuda china. 

La Fiscalía tampoco ha anunciado un proceso específico relacionado a los documentos que mencionó Lasso. Sin embargo, el 22 de febrero de 2023 la Fiscalía anunció que formulará cargos contra el ex presidente Lenín Moreno y otras 36 personas en el caso Sinohydro —antes llamado INA Papers— en el que se investiga una presunta red de sobornos y compañías offshore en paraísos fiscales. El caso toma el nombre de la empresa china Sinohydro que estaría en el centro de esta red de sobornos. 

GK le preguntó a la Fiscalía si es que esta investigación estaba relacionada a la información sobre los contratos chinos que el presidente Lasso ofreció entregar, pero dijeron que no se podían dar más detalles hasta que se formulen los cargos, lo que se hará en una audiencia el 2 de marzo de 2023. 

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Por lo general, los proyectos de infraestructura hechos en Ecuador por las empresas chinas se hacen con cláusulas conocidas como “llave en mano”. Carolina Viola dice que son contratos en los que la empresa se compromete a entregar al gobierno el proyecto funcionando al terminar su construcción. “De ahí viene el nombre, porque al terminar el proyecto se entrega la llave y ahí se traspasan las funciones”, dice Viola. 

El argumento es que son proyectos de alta ingeniería y por eso no cualquiera puede ejecutarlos, así que de eso se encargan las empresas chinas. Gracias a esa modalidad, todo el proceso de construcción queda en manos de la empresa extranjera, y el gobierno pierde la capacidad de monitorear los procesos de contratación y compra de insumos. 

En el caso de los proyectos chinos, los contratos con llave en mano son una condición que se suma a la modalidad del “triángulo de hierro”, término acuñado por el Banco de Desarrollo de China que consiste en que un banco chino le presta dinero a un país con la condición de que se contrate bienes o servicios de empresas chinas y que la obra tenga un porcentaje de trabajadores de este país. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, entre 2010 y 2019 se recibieron 16.114 millones de dólares por créditos bajo la modalidad del  “triángulo de hierro”. 

Un ejemplo de esos proyectos es la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Esta infraestructura se hizo con un préstamo de 1.682 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de China — o Exim Bank—aunque la Fiscalía y el Ministerio de Energía estima que el costo total del proyecto fue de más de 3 mil millones de dólares, la diferencia fue cubierta por el gobierno. La construcción de este multimillonario proyecto estuvo a cargo de la empresa Sinohydro y es parte de la investigación del caso homónimo en el que se investiga una presunta red de sobornos. 

Los contratos “llave en mano” le dan a la empresa china la potestad para decidir sobre todo el proceso de construcción. Carolina Viola dice que ya que no hay una fiscalización constante del gobierno ecuatoriano en estos casos, “eso explica que después haya problemas cuando toca la entrega”.

En el caso de Coca Codo Sinclair, eso incluyó irregularidades en la forma de contratación, denuncias de corrupción que ya se están investigando y múltiples vulneraciones de los derechos humanos. Después de XX años, el proyecto no ha sido recibido oficialmente por el gobierno porque todavía no se reparan las miles de fisuras que están en los distribuidores que reciben el agua del río y que la canalizan hacia las turbinas de la hidroeléctrica. Ya se han hecho reparaciones, pero las fisuras siguen apareciendo, por eso el proyecto todavía no ha sido entregado oficialmente. 

Algunos de los derechos vulnerados en el proyecto Coca Codo Sinclair son los laborales. Estas irregularidades han tenido consecuencias fatales. En diciembre de 2014, un derrumbe causó la muerte de 14 trabajadores de la empresa china y otros 12 resultaron heridos. La Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación, pero luego fue archivada porque consideraron que pasó por causas naturales. Sin embargo, estudios geológicos y de ingeniería concluyeron que la tragedia era previsible. 

Los impactos al medioambiente de la construcción de la hidroeléctrica ya han dejado secuelas permanentes en la zona. En febrero de 2020, la cascada de San Rafael, la más alta del país, se secó por la erosión regresiva que hay en esa zona. Según un Informe Sombra Medio Término del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y otras organizaciones, este fenómeno se aceleró en un 42% por la construcción de Coca Codo Sinclair, lo que se hizo sin los estudios ambientales necesarios. 

Después de que la cascada se secó, la erosión regresiva ha seguido teniendo consecuencias. Una de las más graves fue que en abril de 2020 dos oleoductos colapsaron provocando el segundo derrame de petróleo más grande de la historia del Ecuador. Se derramaron 57 millitros de petróleo en los ríos Napo y Coca, y más de 20 mil personas fueron afectadas. Además, se han caído carreteras, colapsado puentes, entre otras cosas. Esos impactos también han afectado los derechos a la alimentación, agua y salud de las personas —en su mayoría indígenas— que viven en la zona. 

El oleoducto SOTE también paralizó operaciones temporalmente el 3 de junio de 2020 por avance de la erosión lateral en el río Coca. Fotografía de Petroecuador.

Coca Codo Sinclair no es el único proyecto hecho por una empresa China que ha tenido irregularidades y acusaciones de vulneraciones de derechos. 

En 2018, el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se hizo sobre China, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y otras organizaciones hicieron recomendaciones sobre “las obligaciones extraterritoriales de China articuladas a sus operaciones empresariales” en América Latina después de identificar violaciones a los derechos humanos. El país asiático hizo compromisos en este examen que debía cumplir. Se las evaluaría después de dos años y medio, y después de 5 años, en el próximo EPU.

Sin embargo, un Informe Sombra Medio Término publicado por las mismas organizaciones en 2022 comprobó que todavía hay vulneraciones a los derechos humanos en los proyectos chinos en estos países. En el caso de Ecuador, están relacionadas al medioambiente, los pueblos indígenas y a los derechos laborales en al menos otros ocho proyectos además de Coca Codo Sinclair. Algo similar sucede con los proyectos chinos en Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, México, Venezuela, Brasil y Chile. 

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La falta de transparencia y las vulneraciones a los derechos han hecho que el dinero de China sea clasificado como un “capital corrosivo” en un estudio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, presentado en septiembre de 2022. Este concepto fue acuñado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) y se usa para “definir al financiamiento que carece de transparencia, rendición de cuentas y orientación al mercado que fluye de los regímenes autoritarios a las democracias nuevas y en transición”. 

Además de los ya mencionados impactos al medioambiente y los derechos humanos, esos capitales corrosivos chinos han tenido como consecuencia casos de corrupción por sobreprecios, cohecho y otros presuntos delitos. También, dice el estudio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se incrementan las brechas de gobernanza que aparecen cuando el gobierno de un país “carece de la capacidad o la voluntad de hacer cumplir las reglas y las normas”. 

Después de la presentación del estudio sobre capitales corrosivos, la Embajada de China en Ecuador publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que contestan a los cuestionamientos planteados en el informe. La Embajada dice que los préstamos fueron una solicitud de Ecuador en un momento en el que el país tenía “una necesidad urgente de financiación y el mercado internacional de capitales se los negó”. En el comunicado la Embajada también pregunta “Si China proporcionó ‘capitales corrosivos’, ¿dónde estaban los países que podrían proporcionar ‘capitales sanos’?”. 

Cuando Ecuador empezó a endeudarse con China, en 2008, en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, el país se declaró en default —en incapacidad de pagar— bonos de deuda externa por 3,2 mil millones de dólares y no los pagó porque el gobierno los consideraba “ilegítimos”. Además, declaró su rechazo público, en más de una ocasión, a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional por considerarlos “parte del imperio”. En este contexto en el que quienes habían prestado dinero a Ecuador no eran una opción, China aparecía como la más viable. 

Además, ese dinero entregado por China se utilizó para construir proyectos que no habían sido aprobados por otros multilaterales, como Coca Codo Sinclair. La hidroeléctrica se había querido construir desde la década de 1970 y 1980, pero no se lo hizo porque era considerado como un proyecto riesgoso que no cumplía con los estándares medioambientales que el FMI y el Banco Mundial exigen a los proyectos que financian.

En el comunicado la Embajada también aborda los cuestionamientos por la falta de transparencia y afirma que en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas se puede acceder a “el monto, la tasa de interés, el plazo de los préstamos e incluso los textos de los contratos ejecutados”. Sin embargo, el sitio web del Ministerio incluye pocos documentos sobre los préstamos chinos, pero no están completos. En algunos casos solo están las actas de enmienda de los contratos. 

El comunicado dice que el interés del país es “ayudar a Ecuador a mejorar su capacidad de desarrollo independiente y promover su progreso económico y social”, pero no se menciona nada sobre las acusaciones de vulneraciones a los derechos humanos. Esta fue una de las preguntas enviadas por GK a la Embajada de China en Ecuador que no tuvieron respuesta. 

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En esa entrevista de febrero de 2022 el presidente Guillermo Lasso también anunció que comenzarían las negociaciones para un tratado de libre comercio (TLC) con China. Después de 11 meses de negociaciones, en enero de 2023, el gobierno anunció que se cerraron. Las preocupaciones sobre la falta de transparencia y las irregularidades en los contratos chinos se incrementaron después de ese anuncio. 

Guillermo Lasso con Li Keqiang, primer ministro chino, en febrero de 2022 cuando comenzaron las negociaciones para el TLC con China. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Guillermo Lasso.

Aunque todavía no se ha firmado, según el gobierno, solo falta que se formalicen las ofertas, se traduzcan documentos y se haga una revisión jurídica. Las condiciones completas del TLC con China no se han hecho públicas —no se sabe si algún día lo serán—, pero se sabe que además de mejorar las condiciones para exportaciones se planea también cooperar para la inversión, lo que podría significar más proyectos de infraestructura en Ecuador. 

El TLC también tiene un potencial económico enorme para el país. El Ministerio de Producción dijo que permitirá el acceso preferencial del 99% de las exportaciones actuales de Ecuador a China. Es decir, que tengan menos aranceles y mejores procedimientos aduaneros para potenciar la venta de esos productos. “No es por satanizar un país, es un inversionista y lo necesitamos”, dice Leonardo Gómez. Sin embargo, también hay preocupaciones válidas.  

La falta de transparencia encabeza esa lista. “Lo más preocupante es que estamos en el mismo lugar de partida, vemos que con la renegociación de la deuda con China los estándares de transparencia que maneja el Gobierno no han mejorado”, dice Andrés Lozano. Según él, las condiciones estructurales que hacen que esos capitales se vuelvan corrosivos y tengan graves consecuencias, no han cambiado y es probable que se mantengan en el futuro, no hay nada que indique lo contrario.