Este reportaje es parte de la alianza entre GK y Mongabay Latam
El pasado 7 de abril de 2020 se rompieron los dos oleoductos del Ecuador: el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El OCP es el más nuevo. Empezó sus operaciones en noviembre de 2003 y por día transporta entre 450 mil y 517 mil barriles desde la Amazonía hasta un terminal marítimo en la provincia costera de Esmeraldas.
Luego de la rotura de hace casi un mes, la empresa —que lleva el mismo nombre: Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador— informó, mediante un comunicado que lo que desencadenó la rotura de la tubería fue la erosión en el cauce del río Coca. Según la empresa, “el bombeo de crudo se suspendió a las 17h30” del 7 de abril del 2020. En ese momento no se dio más información, ni se dijo ni cuánto petróleo cayó al río. Mongabay Latam se comunicó con OCP e indicaron que calculan que serían alrededor de 8.900 barriles. Pero que “una vez que se reanude el bombeo, puede existir una variación en esta cantidad”.
Aunque el derrame del SOTE y OCP para muchos fue una sorpresa, para los expertos era un evento predecible. El SOTE, inaugurado en 1972 en pleno boom petrolero, tuvo varias roturas a lo largo de su historia. Pero en el caso del OCP, los expertos advirtieron los peligros con anterioridad pues, desde su planeación, fue un proyecto cuestionado por encontrarse en la misma ruta del SOTE, considerada una zona de alto riesgo. Es un área sísmica, con frecuentes deslizamientos de tierra y volcanes a su alrededor. A pesar de las advertencias, el Estado ecuatoriano desestimó las observaciones. “Nadie va a joder al país… el OCP va porque va», dijo Gustavo Noboa, entonces presidente de Ecuador.
Cuando varios movimientos ecologistas cuestionaron la obra, Noboa afirmó en 2001 que había «un grupo de ecuatorianos hipócritas que no quieren que se construya el oleoducto”. Los acusó, además, de operar desde el anonimato. “Antes sabíamos cómo se llamaban, pero ahora están escondidos”.
Zona inestable para una obra enorme
Sebastián Valdivieso, director de programa de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador, dice que una de las razones por las que se construyó el OCP era la necesidad de aumentar la producción del sector privado. “Se necesitaba un oleoducto para el transporte de productos pesados, el SOTE transporta crudos más livianos y hay una pérdida de calidad del petróleo cuando se mezclan los crudos livianos con los crudos pesados”, dice. La construcción del OCP —de la empresa privada OCP Ecuador S.A— comenzó el 15 de febrero de 2001.
Las expectativas estatales para el proyecto eran grandes. El optimismo del gobierno de entonces radicaba en que las ganancias para el país se estimaban en alrededor de 440 millones de dólares anuales una vez que el OPC entrara en operación. Además, se decía que el nuevo oleoducto generaría empleo para 11 000 personas.
Para agosto de 2003, los 485 kilómetros del oleoducto ya estaban construidos. Pero antes de iniciar la obra ya había surgido la primera advertencia: la ubicación era peligrosa. Martha Echavarría, especialista en manejo ambiental para sectores productivos y agua, estuvo involucrada en los procesos de consulta previa con las poblaciones locales del proyecto del OCP. Dice que fue muy controversial y se generó un debate muy extenso porque antes de su construcción se sabía que iba a pasar por varias áreas de protección importantes como la zona de Papallacta, lo que podría afectar el sistema de agua potable que abastece a gran parte de la provincia de Pichincha, donde está la capital del país. En Papallacta se encuentra el Parque Nacional Cayambe- Coca y la Reserva Ecológica Antisana. Ambas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La cascada San Rafael es considerada como la más alta de Ecuador, con una caída de agua de 150 metros. Fotografía de © Peter Stonier / Conservación Internacional Ecuador.
Echavarría dice que uno de los puntos más álgidos era el paso por la zona de los Quijos, donde estaba la famosa cascada San Rafael, “la más inestable geológicamente”. El sitio es propenso a deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y terremotos. Los Quijos está en la provincia del Napo, entre la Cordillera oriental de los Andes y la Amazonía. Se caracteriza por grandes movimientos tectónicos y erupciones volcánicas, además de fuertes lluvias. Echavarría dice que “siempre se supo” que la zona podría verse afectada por la cascada San Rafael y también por el volcán Reventador, que es activo. “Había un riesgo muy grande”, dice.
Lo que se sabía hace 17 años se ha confirmado más de una vez. Hace unas semanas, la noche del 15 de abril, ocho días después de la rotura del OCP en Ecuador, se registró actividad eruptiva en este volcán.
Un informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reveló que en las primeras horas de la noche “se pudo observar una emisión de ceniza con una altura de 600 metros de altura sobre el cráter con dirección al Oeste”. El nivel de alerta, según el Instituto, fue naranja. Las principales amenazas de eventos volcánicos como el del Reventador están en la expulsión de flujos piroclásticos —gases y material sólido, como ceniza y rocas de diverso tamaño, capaces de fluir a grandes temperaturas y velocidades y de sobrepasar obstáculos a su paso— que pueden afectar a las carreteras y a los oleoductos; provocándoles serios daños e incluso rompiéndolos.
Sebastían Valdivieso dice que para “transportar el petróleo de la región amazónica hacia la Costa para la exportación, [el OCP] tiene que atravesar unos sitios de alta sensibilidad ambiental y alto valor de conservación”. Entre ellos, las estribaciones de la Cordillera de los Andes en su vertiente oriental, una zona altamente biodiversa.
Se construye el OCP a pesar de las advertencias
De acuerdo con Martha Echavarría, la decisión de construir el OCP en la misma ruta del SOTE fue una: no afectar zonas nuevas. En ese momento, según cuenta, argumentaron que se quería evitar la exposición de otros sitios con alta biodiversidad y en buen estado de conservación. Por este motivo, comenta, se decidió mantener un solo corredor “donde tienes buen acceso y donde tienes todos los sistemas de contingencia listos para responder en el momento que se presente una emergencia”, explica la experta. La decisión de construir el OCP en ese sitio se basó en el control que otorgaba la existencia de infraestructura ya construida para el SOTE y sus rutas de acceso.
Fotografía de©️ Lucas Bustamante /@tropicalherping.
Pero, donde unos veían una reducción de riesgos, otros expertos veían una multiplicación. Sebastián Valdivieso de WCS Ecuador dice que es muy peligroso que las dos principales tuberías petroleras que salen desde la Amazonía pasen por el mismo lugar: “comparten los mismos riesgos”. Si ocurre un deslizamiento de tierra, un terremoto o una erupción volcánica se pueden afectar ambas líneas. “Eso fue lo que pasó el 7 de abril. Se produjo una erosión y el posterior colapso de los oleoductos”, explica Valdivieso.
A inicios de siglo, aunque los riesgos de la construcción estaban sobre la mesa, Echavarría dice que primaron los nuevos diseños y técnicas de construcción. La nueva tecnología prometía “un monitoreo permanente para prevenir que haya derrames y que en el momento que se presente algún daño se puedan cerrar las válvulas y reducir el volumen de petróleo que se pueda descargar”, comenta.
A pesar de que el OCP se asienta en una zona de alto riesgo, los líos “han sido relativamente pocos” hasta el momento, explica Sebastián Valdivieso. Para él, el principal problema es estructural: “Ecuador no se ha caracterizado por tener una planificación muy fuerte para garantizar que los riesgos ambientales y operacionales de este tipo de proyectos se minimicen”. En su opinión, lo que se debió hacer, antes de construir el oleoducto, era tomar en cuenta las experiencias negativas había tenido el SOTE, que ya existía en el lugar hacía muchos años.
De hecho, en 1987, después del terremoto ocurrido en la provincia del Napo, a 25 kilómetros del volcán Reventador, se rompió el SOTE. Esto provocó un derrame de 240.000 barriles de crudo que afectó a los ríos Coca y Napo, llegando hasta el Perú y el río Amazonas.
Hubo otros problemas que no se tomaron en cuenta durante la construcción. Los estudios de impacto ambiental para el OCP fueron cuestionados. Martha Echavarría dice que la calidad del estudio no fue buena porque no se podía garantizar la independencia de la compañía que los realizaba, “no mantenía su objetividad para decir ‘esta puede ser una ruta mejor’ sino que seguía todo lo que el contratista [OCP] exigía”, dice Echavarría.
Cuando Mongabay Latam contactó a OCP sobre los problemas que identificaron en la zona durante los estudios de impacto ambiental, la empresa dijo que la construcción estuvo “apegada a normas técnicas muy estrictas de monitoreo del terreno, tanto así que el SOTE ha estado en ese mismo sitio desde los años setenta y no había tenido ningún problema”. Además, indicó que lo ocurrido fue producto de un fenómeno natural reciente y que “no era posible ser previsto”.
A pesar de esto, en los Estudios Ambientales se advierte el peligro en la zona. Sobre el riesgo geológico se indica que “la actividad sísmica de los ambientes tectónicos del Ecuador presenta una amenaza potencial a las obras propuestas del OCP”. Ademá,s dice que “el trazado del oleoducto propuesto, prácticamente atraviesa en sentido este-oeste la parte septentrional del país, por lo que en su trayectoria se encuentran todos los sistemas de falla que afectan al Ecuador”. La razón detrás de este sistema de fallas es que Ecuador se encuentra entre la Placa Sudamericana y la Placa de Nazca, lo que provoca terremotos y eventos naturales como erupciones volcánicas.
El derrame del OCP el 7 de abril no ha sido el único. En 2009 se derramaron 11 070 barriles en el sector de Santa Rosa en la provincia de Napo y en abril del 2013, en el sector de Wincheles, provincia de Esmeraldas, se derramaron 12 690 barriles.
Las consecuencias de hoy
Para Martha Echavarría lo que pasó hace unos días responde a la erosión regresiva —un proceso en el que se van debilitando las paredes de los ríos y va subiendo su lecho— que hay en el río Coca que “parecería ser por la construcción de la presa Coca Codo Sinclair”, dice.
En publicaciones anteriores, Mongabay Latam ha intentado comunicarse con la hidroeléctrica para averiguar sobre este tema, pero no ha recibido ninguna una respuesta. Sin embargo, el 23 de abril la hidroeléctrica emitió un comunicado público en el que indica que “la Corporación Eléctrica del Ecuador –CELEC EP- estructuró un grupo de especialistas nacionales de alto nivel para la realización de estudios sobre el impacto del socavamiento en la cuenca del río Coca y su posible afectación a la central Coca Codo Sinclair, ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos”.
A pesar de que expertos geólogos e hidrólogos han advertido que la erosión regresiva del río Coca podría afectar en un futuro a la hidroeléctrica, el viceministro de Electricidad, Luis Vintimilla, aseguró que: “tenemos casi el 100 % la confianza de que central hidroeléctrica no corre un riesgo inminente, ni a mediano o largo plazo con este problema que ocurre en la cuenca del río Coca”.
Hasta el cierre de este reportaje ni el gobierno del Ecuador ni las compañías PetroEcuador y OCP habían dado cifras claras de cuánto crudo se derramó ni hasta dónde ha llegado. Además, no se ha dicho cuáles serán los mecanismos de mitigación para un evento que, hasta el momento, ha afectado a comunidades indígenas kichwa que viven aguas abajo.
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Luis Suárez, vicepresidente y director ejecutivo de Conservación Internacional Ecuador, dice que no ha habido un análisis sobre cuál será el impacto del derrame. Para Suárez, esto no solo afecta a Ecuador sino que también podría haber llegado a Perú. La fractura del OCP es una muestra de los peligros que hay detrás de la construcción de grandes obras en zonas de riesgo que no tomaron en cuenta las recomendaciones que se dieron en su momento.
Este reportaje fue publicado originalmente en Mongabay Latam
