A 50 días de diálogo, Conaie y gobierno nacional discrepan en resultados

La tensión entre la Conaie y el gobierno nacional, encabezado por Guillermo Lasso, ha aumentado al cumplirse 50 días de las conversaciones que comenzaron como fin del paro nacional de junio de 2022. 

Solo se ha  firmado un acuerdo, el primero de las mesas de diálogo. Pero el 1 de septiembre de 2022, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), puso en duda la efectividad de las mesas. 

El 31 de agosto de 2022, en la reunión de evaluación en la que participaron las autoridades del Gobierno de Guillermo Lasso, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la dirigencia indígena, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, habló de su “enorme preocupación”. Según Iza,  no se ha avanzado en el tratamiento de las otras mesas. En el tema de combustibles, dijo, “se sigue dando largas”.

Iza también adujo que aunque hay una resolución para dar alivio financiero a los ecuatorianos, que “en la práctica no pasa nada”.  Un día antes, Leandro Ullón, dirigente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), advirtió que se podrían realizar nuevas movilizaciones en la Costa, si no se condonan las deudas de hasta 10.000 dólares. 

Esta organización ha mantenido su postura de no ceder sobre el monto de la condonación. Exige que se incluyan las deudas con la banca privada. La Fenocin ha rechazado la oferta del gobierno de condonar deudas de 3.000 dólares en la banca pública.

Iza también exigió un control de precios. Dijo que los precios de los productos de primera siguen subiendo. Aseguró que “no hay resultados en la mesa”.  Varios expertos habían anticipado que el alza de los precios de muchos productos no retrocedería, salvo en las cadenas de supermercados a las que los más pobres no tienen acceso. Por eso, concluyeron los expertos, el impacto económico del paro de junio de 2022 sería sentido por los más pobres.

Iza dijo a los mediadores que desde que se instalaron las mesas de diálogo las organizaciones han asistido con lo que llamó “voluntad, criterio y propuestas”. A pesar de ellos, dijo el presidente de la Conaie, “sentimos que de estas mesas no va a haber resultado”. Además, Leonidas Iza aseguró que  “es de enorme preocupación porque nosotros esperamos la posibilidad de resolver vía diálogo y esté siendo tomado como un proceso de disuadir los procesos de lucha”.

Iza también dijo que las organizaciones sociales  tienen la  predisposición de concluir el diálogo dentro de los 90 días de plazo y exigió  al gobierno de Guillermo Lasso que hasta el 9 de septiembre entregue “en las condiciones que sea” las respuestas a las demandas de las cinco mesas: 

• Focalización de subsidios a los combustibles, 
• Banca pública y privada, 
• Control de precios, Energía y recursos naturales y 
• Fomento productivo.

La respuesta del gobierno a los cuestionamientos de la Conaie

En respuesta a las declaraciones de Leonidas Iza, el Ministerio del Gobierno publicó un comunicado sobre el avance de los acuerdos de las mesas de diálogo.  

COMUNICADO| Sobre el trabajo desarrollado en las mesas temáticas con las organizaciones indígenas se informa 🔽🔽 pic.twitter.com/GE88oCRnPq

— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 31, 2022

Afirmó su compromiso político con las organizaciones indígenas y sociales. “La muestra más visible es lo acordado en la mesa de banca pública y privada en la que se logró sellar un acuerdo definitivo”. Y detalló los avances:

• 77,4 millones de dólares han sido colocados en cooperativas de ahorro y crédito a través de la Corporación Nacional de Finanzas Públicas y Solidarias, de un total de 120 millones de dólares que se entregarán hasta diciembre de 2022.
• 94,7 millones de dólares entregados en créditos al 1% de interés y a 30 años plazo a través de BanEcuador.
• 8,8 millones de dólares entregados para la condonación de 25.928 créditos irrecuperables a través de BanEcuador.
• Instrumentalización de una política pública para que las nuevas entidades del sistema financiero estén en capacidad de reestructurar y financiar las operaciones crediticias de los segmentos de: microcrédito, crédito productivo, Pymes y educación, a través de la resolución emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera.